La Convención de las Naciones Unidas sobre el Genocidio aprobada en 1948 especifica cinco actos que constituyen este crimen cuando se cometen con la intención de destruir, totalmente o en parte, a un grupo. Los dos primeros abarcan los asesinatos en masa y los daños físicos o mentales de gravedad. El cuarto y el quinto tienen que ver con la interrupción de la continuidad biológica de un grupo. La tercera consideración (…) prohíbe “imponer deliberadamente al grupo unas condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física”. Es decir, las formas indirectas de matar, que no golpean frontalmente a los seres humanos, sino el entorno en el que viven. Para que las “condiciones de vida” sean adecuadas hacen falta edificios, hospitales, infraestructuras sociales, redes de alcantarillado y de suministro de agua, la red eléctrica y la agricultura. La destrucción o degradación intencionada de esas estructuras disminuye la capacidad de sobrevivir de una población y, por consiguiente, es una forma de aniquilación lenta y tortuosa.

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