La intervención, ayer, de la portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, refleja hasta qué punto puede considerarse Pedro Sánchez seguro en La Moncloa, al menos, hasta el final de la legislatura en el verano de 2027, por cuanto el líder socialista representa a ojos de quien fue condenada por colaboración con el terrorismo como una «ventana de oportunidad para un ciclo social y plurinacional». Si partimos de lo que entienden los herederos de la banda etarra por «plurinacionalidad», que sería el paso inmediatamente anterior a la consecución de la independencia de las Vascongadas, se comprenderá el virtuosismo con el que los socios de investidura se aplican al doble rasero a la hora de encarar la oleada de corrupción que afecta al principal partido del Gobierno. Porque esa «ventana de oportunidad» no es más que la de un presidente débil, mucho más si cabe cuando ha demostrado por activa y por pasiva su obsesión por mantenerse en el poder caiga quien caiga –dos ex secretarios de Organización de su partido conocen ya lo que es la cárcel y una tercera, la actual, está incursa en las investigaciones judiciales de la cloaca– y pese a su incapacidad para sacar adelante las cuentas del Estado, algo que en cualquier democracia que se precie lleva a la dimisión del Ejecutivo y a la convocatoria electoral. Decir que los socios nacionalistas de Sánchez tratan de contemporizar con un escándalo político del que no hay precedentes en la reciente historia democrática española es quedarse demasiado corto, puesto que la opinión pública española asiste atónita a unos juegos malabares y a unas contemplaciones que moverían a la conmiseración si no fuera porque detrás de todas esas cautelas existe un preciso cálculo de las ventajas, a costa de la institucionalidad española, que todavía pueden obtener de su apoyo a Sánchez, pese al evidente desgaste electoral de una posición de tal cinismo que se hace cada vez más difícil de aceptar por la ciudadanía. Por otra parte, el calendario político, que no el judicial, tiende a alinearse en favor de los gubernamentales. Por una parte, no hay previsión de citas electorales hasta mayo de 2027, cuando tienen que celebrarse elecciones municipales y autonómicas, con lo que se pone fin temporalmente a la cadena de derrotas en las urnas de los socialistas y sus aliados de ultraizquierda, y, por otra, la llegada del verano con la suspensión de las Cortes por vacaciones y, especialmente, la pausa en las actuaciones judiciales durante el mes de agosto contribuirán a dar un respiro al sanchismo, a menos, claro, que la instrucción de las diversas causas abiertas o la publicación de las sentencias pendientes de los casos de Ábalos y el hermano de Pedro Sánchez arrojen novedades que impidan a los socios seguir cubriéndose tras unas líneas rojas que van retrasándose política y moralmente de manera sucesiva. Porque lo que parece inevitable es que el inquilino de La Moncloa se atrinchere en el cargo hasta el final.

No, no se ha estropeado el aire acondicionado en Moncloa. Lo que sucede es que en las últimas semanas se ha instalado un clima «peculiar», según lo definen algunas fuentes, en el seno del Consejo de Ministros tras los últimos escándalos. Y es que en la facción socialista hay quienes creen que algunos compañeros de gabinete se están poniendo de perfil con lo que está sucediendo. Cunden, incluso, sospechas de que hay quienes ya miran con interés ofertas para salir del Consejo con destino a organismos internacionales.

El juicio por la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la Diputación de Badajoz ha quedado visto para sentencia. Las defensas, incluida la Fiscalía –que de facto ha ejercido como tal en otra de esas anomalías que han agudizado la degradación de la democracia con el sanchismo– han demandado de forma unánime la absolución para los once acusados, mientras que las acusaciones populares han aumentado hasta los seis años de prisión para el músico por prevaricación y tráfico de influencias por su supuesto enchufe en la administración provincial gobernada por los socialistas. A pocas fechas de conocer la sentencia sobre el caso Mascarillas, que ha sentado en el banquillo a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo, la peripecia judicial del conocido como hermanísimo ya ha puesto de manifiesto las conductas al menos irregulares y sin duda inmorales de los cargos y funcionarios socialistas de la Diputación, con el conocimiento de David Sánchez, que hicieron lo posible y lo imposible para que el familiar del presidente ganara una plaza pública y con posterioridad se beneficiara de otras actuaciones arbitrarias y discrecionales con el objetivo de blindarlo en la fantasmal y prefabricada Oficina de Artes Escénicas, sin incompatibilidades que lo perturbaran en el desarrollo de actividades profesionales paralelas. Será el tribunal el que falle la verdad judicial sobre las maniobras de Moncloa, Ferraz y la Diputación de Badajoz con el epílogo favorable a David Sánchez, pero con graves perjuicios a otros aspirantes con currículums suficientes. Serán los jueces quienes dictaminen conforme a los hechos probados y los fundamentos de derecho si se condena o no. Respetaremos la decisión, como lo hemos hecho con la presunción de inocencia. Pero, a nuestro parecer, las investigaciones de la UCO –las mismas que las defensas han intentado desacreditar con ataques personales a los agentes y críticas vacuas–, los mensajes y las comunicaciones intervenidos y el rastro documental que los implicados dejaron sobre sus planes e intenciones han armado una causa sólida. Veremos si la estrategia de los letrados de la defensa ha sido la adecuada, si el haberse abrazado al relato político, que no jurídico, del Gobierno en los casos de la corrupción conocidos, el de la victimización, el discurso de la conjura o el desmentido despectivo que no refuta nada... tampoco los cinco correos vinculados a su puesto en Badajoz enviados por David Sánchez a una cuenta de Gmail personal identificada como pedrosanchez1212@gmail.com. Más allá de que la inmensa mayoría de los testigos que han pasado por la Audiencia Provincial eran cargos del PSOE, algunos promocionados, nos quedamos con una pregunta retórica y concluyente: Si todo era legal, ¿por qué la cloaca del PSOE organizó y desató la guerra sucia contra la jueza instructora Biedma? El sanchismo aguarda otra sentencia, aunque damos por seguro que el presidente seguirá.

Anda corriendo por las redes un vídeo en el que se puede observar cómo la «lideresa» de Podemos, que dedica buena parte de su tiempo a ejercer de «influencer», queda un tanto en evidencia. Y es que el formato de vídeo «selfie», a tenor de lo visto, tiene truco, ya que un asistente le ayuda a encuadrarse y, aparentemente, a sostener el teléfono móvil con el que se graba. La dura vida del creador digital de opinión…