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¿Estamos ya en el ‘tardosanchismo’?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la sesión de control al Gobierno, en el Congreso, este miércoles.

En muchos países de nuestro entorno el Gobierno ya habría caído. El día que no se amanece con un sumario, salta una nueva investigación, y las habituales acusaciones de que “todo es lawfare” cada vez resultan menos verosímiles incluso entre las filas del progresismo. Por más que el presidente del Gobierno hable de presentar unos presupuestos, socios clave como el PNV y Junts ya dan por liquidada la legislatura. Cabe preguntarse si estamos asistiendo ya a una fase que podríamos tildar de tardosanchismo. No parece casual que algunos socialistas se hayan atado al mástil en los últimos tiempos, abonándose a las teorías de que hay un supuesto complot judicial, policial, o internacional contra el Gobierno. De un lado, esos relatos son útiles para restarle gravedad a las presuntas tramas que se investigan y sembrar sospechas sobre la Justicia con tal de que no pasen factura. Del otro, que figuras como Óscar Puente denuncien formas “antidemocráticas” para derribar al Ejecutivo rinde cuenta de una lógica aún más profunda: en toda organización política, quien aspire a heredar necesita partir de un relato fundacional que excite las pasiones de su militancia, siempre más escorada que el ciudadano medio o la cúpula. Así como Sánchez llegó a lomos de la narrativa antiélites, tras haberse enfrentado al aparato del partido, quién sabe si otros eventuales aspirantes querrán llegar a lomos del ilegitimismo. Es decir, instilando el recelo de que el Gobierno no cayó por su agonía y parálisis, sino porque había poderes oscuros entre bambalinas.

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La izquierda recurre a los tribunales contra el proyecto de Ayuso de condicionar al padrón el acceso a la tarjeta de transportes

La apuesta de la Comunidad de Madrid por condicionar la tarjeta de transporte a que el solicitante esté empadronado en la región, lo que en este momento deja fuera del sistema a 200.000 estudiantes de otras provincias y migrantes sin este documento, acabará en los tribunales. Así, Izquierda Unida registrará próximamente un recurso contencioso-administrativo en el que pedirá la suspensión cautelar de la medida, según explica su líder madrileña, Carolina Cordero. Además, Más Madrid y el PSOE autonómico estudian qué pasos legales tienen a su disposición. Finalmente, el Ministerio de Transportes, que dirige Óscar Puente, analiza la controversia desde una “óptica legal”, según una fuente gubernamental del máximo nivel. Tras desvelar EL PAÍS la polémica, este lunes la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció un cambio: se firmarán convenios con otras regiones para que el requisito no afecte a estudiantes de otras provincias. Eso deja como principales afectados a los trabajadores residentes en otras comunidades, y a los migrantes, que se enfrentan a un sistema colapsado para darse de alta en el padrón de la capital. El Ayuntamiento de Madrid reconoce el problema y por ello ha habilitado la vía telemática.

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© Daniel González (EFE)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el lunes.
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