Las pensiones vuelven a situarse en el centro del debate económico y social en España. Millones de jubilados han visto actualizadas sus prestaciones durante este año tras la revalorización vinculada a la evolución de los precios, una medida que busca mantener el poder adquisitivo de los pensionistas frente al aumento del coste de la vida.

Dentro del sistema público existe una cuantía máxima que ningún beneficiario puede superar, independientemente de los años trabajados o de las cotizaciones realizadas. Ese límite también se ha incrementado en 2026 como consecuencia de la subida del 2,7% aplicada conforme al IPC, elevando la prestación máxima que pueden percibir los jubilados españoles.

Como resultado de esta actualización, la pensión máxima de jubilación se sitúa este año en 3.359,60 euros brutos mensuales, lo que supone 92 euros más que la cuantía establecida durante el ejercicio anterior.

Además de las mensualidades ordinarias, los beneficiarios de esta prestación reciben las correspondientes pagas extraordinarias. Gracias a ello, la cantidad anual que puede llegar a percibirse a través de una pensión pública asciende en 2026 a 47.034,40 euros al año, incluyendo las dos pagas ‘extra’.

Junio y noviembre, los meses clave para quienes cobran la pensión máxima

El mes de junio tiene una especial importancia para los perceptores de esta prestación, ya que coincide con el abono de la primera paga extraordinaria del año. De esta forma, quienes cobran la pensión máxima reciben este mes un ingreso de 6.719,20 euros, resultado de sumar la mensualidad ordinaria y la paga adicional de 3.359,60 euros.

La misma situación volverá a repetirse en noviembre, cuando los pensionistas perciban la segunda y última paga extraordinaria correspondiente a 2026.

Según las estimaciones de la Seguridad Social, alrededor de 200.000 pensionistas recibirán este complemento extraordinario asociado a la pensión máxima del sistema.

Pese a estas cuantías, los 47.034,40 euros anuales representan el límite máximo establecido para las pensiones públicas en España. Es decir, ningún beneficiario puede superar ese importe a través del sistema público de jubilación.

Qué condiciones hay que cumplir para acceder a la cuantía máxima

Alcanzar la pensión máxima no depende únicamente de haber trabajado durante muchos años. La normativa exige cumplir una serie de requisitos relacionados con la carrera de cotización, la edad de jubilación y las bases sobre las que se han realizado las aportaciones a la Seguridad Social.

Uno de los elementos fundamentales es haber cotizado por la base máxima de cotización. En 2026, esta se sitúa en 5.101,20 euros mensuales, una referencia clave para calcular posteriormente la prestación que corresponde a cada trabajador.

A ello se suma la necesidad de alcanzar el porcentaje máximo de la base reguladora. Para obtener el 100% de dicha base, este año es necesario haber cotizado al menos durante 36 años y medio.

La edad también juega un papel determinante. En 2026, la edad ordinaria de jubilación que permite acceder a ese 100% de la base reguladora queda fijada en 65 años para quienes hayan acumulado 38 años y tres meses o más de cotización.

Por el contrario, los trabajadores que no alcancen esos 38 años y tres meses deberán esperar hasta los 66 años y 10 meses para jubilarse con derecho al porcentaje completo de la base reguladora.

La combinación de una larga carrera laboral, cotizaciones elevadas y el cumplimiento de la edad exigida convierte a la pensión máxima en una prestación reservada a un grupo relativamente reducido de jubilados dentro del conjunto del sistema público español.

Para muchas personas, pasar varias semanas rodeadas de montañas y naturaleza sería un auténtico privilegio. Ahora, además, esa experiencia puede convertirse en una oportunidad para contribuir a la investigación científica. Un equipo de especialistas busca participantes dispuestos a trasladarse temporalmente a los Alpes italianos para formar parte de un proyecto que analizará cómo influye la altitud en el organismo humano.

La iniciativa está impulsada por Eurac Research, un centro de investigación privado con sede en Bolzano, Italia, y pretende reunir a doce voluntarios que residan durante un mes en un entorno de montaña situado a varios miles de metros sobre el nivel del mar. Además de participar en el estudio, los seleccionados recibirán una compensación económica de 400 euros y tendrán cubiertos todos los gastos relacionados con la estancia.

El objetivo de los investigadores es profundizar en el conocimiento de los efectos que tiene la vida en altitud sobre distintos indicadores de salud, como la presión arterial, el metabolismo o la calidad del sueño.

Un experimento pionero en altitudes intermedias

Aunque existen numerosos trabajos científicos realizados en zonas de gran altitud, los responsables del proyecto destacan que apenas se han desarrollado investigaciones centradas en altitudes medias. Precisamente por ello, el estudio pretende cubrir un vacío de conocimiento sobre los efectos que puede tener vivir temporalmente entre 2.000 y 2.500 metros.

La experiencia se desarrollará en el refugio Nino Corsi, ubicado en el Parque Nacional del Stelvio (Tirol del Sur), un enclave natural que servirá como laboratorio al aire libre para observar la adaptación del cuerpo humano a estas condiciones.

Diversas investigaciones previas apuntan a que pasar temporadas en entornos montañosos podría aportar beneficios relacionados con el metabolismo y el control de la presión arterial. Sin embargo, los científicos quieren comprobar hasta qué punto estos efectos se producen realmente y cómo evolucionan a lo largo de varias semanas de exposición continuada.

Para participar será necesario cumplir una serie de requisitos concretos. La organización busca a doce hombres y mujeres con edades comprendidas entre los 18 y los 40 años que residan actualmente en zonas situadas al nivel del mar.

No obstante, la selección será más estricta. Con el fin de obtener resultados homogéneos y comparables, quedarán excluidos los fumadores, los deportistas de alto rendimiento y las personas que padezcan enfermedades previas.

Mantener la rutina para medir los efectos reales

Los responsables del estudio subrayan que la experiencia no debe entenderse como unas vacaciones convencionales. Aun así, tampoco implicará una carga excesiva para quienes participen.

Durante las cuatro semanas de estancia, los voluntarios deberán continuar con sus actividades habituales en la medida de lo posible, ya sea trabajando a distancia o siguiendo sus estudios. La intención es que los hábitos cotidianos cambien lo menos posible para que los investigadores puedan aislar el efecto de la altitud sobre el organismo.

A lo largo del experimento, un equipo médico realizará un seguimiento constante de diferentes parámetros relacionados con la salud. Entre ellos figuran la calidad del sueño, la alimentación, el nivel de actividad física y otros indicadores fisiológicos que permitirán evaluar cómo responde el cuerpo al nuevo entorno.

Vivir por encima de los 1.500 metros implica enfrentarse a condiciones distintas a las habituales. En estas zonas existe una menor disponibilidad de oxígeno, una presión atmosférica más baja y una mayor exposición a la radiación ultravioleta. Todos estos factores influyen de una u otra forma en el funcionamiento del organismo.

Los expertos recuerdan que algunas investigaciones han asociado la vida en altitud con una menor mortalidad por accidentes cerebrovasculares. Sin embargo, también advierten de que determinadas condiciones pueden incrementar los riesgos para personas con problemas respiratorios. Precisamente por ello, el estudio busca comprender mejor dónde se encuentra el equilibrio entre los posibles beneficios y los efectos adversos derivados de vivir durante un periodo prolongado en estas condiciones.

Hoy comienza el Mundial de Fútbol 2026, una de las grandes citas deportivas del planeta y el evento que millones de aficionados llevan esperando desde hace cuatro años. Durante las próximas semanas, Canadá, México y Estados Unidos se convertirán en el epicentro del fútbol mundial, acogiendo a selecciones, periodistas y seguidores llegados de todos los rincones del mundo.

Para muchos, asistir a un Mundial supone cumplir un sueño. Sin embargo, además de organizar vuelos, alojamiento y entradas para los partidos, también conviene revisar con detenimiento la documentación necesaria para acceder a los países anfitriones. En el caso de quienes tengan previsto viajar a Estados Unidos, existe un aspecto que puede pasar desapercibido y que resulta fundamental: los destinos que se hayan visitado anteriormente.

Y es que haber viajado a determinados países no implica una prohibición permanente de entrada en territorio estadounidense, pero sí puede tener consecuencias importantes para quienes normalmente acceden mediante la autorización electrónica ESTA. Los ciudadanos de países incluidos en el Programa de Exención de Visado, entre ellos España, pueden perder el derecho a utilizar este sistema simplificado si han estado en determinados territorios considerados sensibles por las autoridades estadounidenses.

Países que anulan la posibilidad de viajar con ESTA

Uno de los casos más conocidos es el de Cuba. Las personas que hayan visitado la isla desde el 12 de enero de 2021 no podrán entrar en Estados Unidos utilizando la autorización electrónica ESTA. En estas circunstancias, será obligatorio solicitar un visado de turista tradicional a través de la Embajada de Estados Unidos.

La misma situación afecta a quienes hayan viajado a Irán, Irak, Siria, Sudán, Libia, Somalia, Yemen y Corea del Norte desde el 1 de marzo de 2011. Aunque estos viajeros pueden seguir accediendo a Estados Unidos, ya no podrán hacerlo mediante el procedimiento simplificado del ESTA y deberán completar el proceso ordinario de obtención de visado.

Esta circunstancia puede alterar los planes de muchos aficionados que tenían previsto desplazarse al Mundial y que confiaban en tramitar únicamente la autorización electrónica, un documento que habitualmente resulta más rápido y sencillo de obtener.

La razón por la que Estados Unidos impone esta restricción

La normativa contempla algunas excepciones. Por ejemplo, quienes hayan viajado a estos países en el desempeño de funciones gubernamentales, como personal diplomático o integrantes de misiones oficiales de fuerzas militares, no pierden automáticamente el derecho a solicitar la autorización ESTA.

La explicación de esta medida se encuentra en la política de seguridad estadounidense. El Gobierno de Estados Unidos considera a varios de estos territorios como "países patrocinadores del terrorismo internacional" o los vincula a zonas concretas afectadas por conflictos y riesgos para la seguridad.

Por ello, las autoridades exigen un control adicional a las personas que hayan estado en dichos destinos, sustituyendo la autorización electrónica por el procedimiento tradicional de solicitud de visado. Una circunstancia que conviene revisar con antelación suficiente antes de emprender el viaje al Mundial 2026 y evitar así contratiempos de última hora en uno de los acontecimientos deportivos más esperados del año.

Pablo Iglesias afronta una serie de problemas judiciales vinculados a las publicaciones del medio digital que dirige, «Diario Red», y su vinculación al grupo de tuiteros autodenominado «Redbirds» (pájaros rojos, en español), al que la Justicia investiga en dos causas distintas por la práctica conocida como «doxeo», que consiste en revelar la identidad de la persona que está detrás de una cuenta que opera en redes sociales bajo un alias o pseudónimo.

Hoy mismo, el que fuera vicepresidente segundo del Gobierno está citado para mantener una audiencia previa a la celebración de un juicio en relación a la demanda que interpuso en su contra el exconcejal del Partido Popular (PP) en el municipio pacense de Peraleda del Zaucejo (465 habitantes) Gabriel del Rey Solomando.

A este antiguo edil popular se le acusó en un artículo publicado en su medio de «traficar con odio», de «implementar campañas de desinformación», incitar expresamente a la violencia o se publicaron imágenes de su cara sin consentimiento acompañadas del calificativo político peyorativo «ultraderecha», según consta en la demanda a la que tuvo acceso LA RAZÓN. Del Rey le reclama a Iglesias, al autor de la pieza (Isidro Román Cuesta) y a la sociedad limitada propietaria de «Diario Red», Agitprop Comunicación y Análisis Político el pago de una indemnización de 90.000 euros por haber vulnerado su derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen.

En la vista de hoy, que se celebra en el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Córdoba, se pondrá sobre la mesa la posibilidad de alcanzar un acuerdo entre ambas partes. Si no se produce, se fijarán las condiciones en que se desarrollará el hipotético juicio, tales como las pruebas documentales o testificales a practicar.

El que fuera líder de Podemos y el resto de demandados son representados en este procedimiento por dos letrados vinculados al partido, Jaime Montero Román (forma actualmente parte del equipo legal de la formación morada) y Gorka Ander Velle Bergado. Este último, de hecho, fue asistente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados.

Pero es que se da la circunstancia de que el abogado que representa a este expolítico popular de Badajoz, Jesús Santorio, mantiene, por su lado, otro litigio contra Iglesias y la agrupación de tuiteros conocida como «Red Birds», en relación a que destaparon que era el propietario de la cuenta de «X» @SrLiberal. Fue en agosto de 2025 cuando el Juzgado de Instrucción número 3 de Móstoles (Comunidad de Madrid) abrió diligencias previas contra el exvicepresidente de Pedro Sánchez, su medio, un colaborador y otras cuatro personas por los delitos penales de descubrimiento de secretos, asociación ilícita, acoso digital y discriminación.

Este pasado martes, este profesional de la abogacía acudió al tribunal mostoleño para ratificarse en su denuncia, tras haber sido citado por la instructora.

En el marco de este procedimiento judicial, el fundador de Podemos fue señalado en un informe de la Brigada Provincial de Información de Madrid de la Policía Nacional. Concretamente, los agentes recogen que Iglesias compartió el 8 de mayo de 2025 a través de su perfil de «X» un artículo que se refiere a Santorio como «el abogado fascista tras la cuenta de @SrLiberal». Tras analizar la publicación en cuestión, la Policía identificó la existencia de una «discriminación indirecta o contextual, por el efecto social que este mensaje puede ocasionar identificando plenamente a la persona con nombres y apellidos» y utilizando «términos como ‘fascista’ y ‘ultraderechista’ como una etiqueta de exclusión social produciéndose una estigmatización totalizante».

El contexto del tuit de Iglesias –siempre según los expertos del equipo de extremismo violento y odio– «multiplicó el impacto del mensaje, facilitó su viralización mediante interacciones de terceros (comentarios, compartidos, citas) y aumentó el riesgo de señalamiento, estigmatización y hostigamiento de la persona identificada nominalmente (el abogado Santorio)». Lo que implica también una que se acabó «intensificando el daño reputacional y social derivado del contenido» de la publicación compartida por el exdirigente morado.

La Policía Nacional puso en valor ante la jueza María Inmaculada González que el perfil de Iglesias en «X» tiene dos millones y medio de seguidores, siendo esta cuenta una con «gran alcance, incrementando con ello la capacidad de señalamiento, exposición pública y hostigamiento público».

El tuit que le dedicó al artículo que desvelaba la identidad de Santorio como @SrLiberal, destacan los investigadores, «tiene 47 comentarios» y fue «reposteado» en 788 ocasiones. Acumuló un total de 1.400 me gusta y fue guardado o marcado 25 veces por terceros usuarios de la mencionada red.

En el mensaje compartido, Iglesias daba las gracias al autor del texto y del «doxeo» por el «tremendo trabajo» llevado a cabo y ahora bajo el ojo de la Justicia. Celebraba que se había podido «desenmascarar a @Sr.Liberal» y a otros perfiles vinculados, según él, a las ideas de extrema derecha.

El «caso Leire Díez» ha consolidado las dudas sobre la financiación ilegal y la «caja B» del PSOE. Ya adelantábamos en este periódico la semana pasada que el levantamiento del secreto de sumario del «caso SEPI, del que deriva el «caso cloacas», preveía ser un nuevo clavo judicial para el Gobierno de Pedro Sánchez. Porque, si por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ha conocido que el partido del Ejecutivo financió parte de la actividad orquestada para desestabilizar las causas judiciales que le cercan, se podría dar veracidad –a la espera de que se pronuncie la Justicia– a las pruebas que el comisionista Víctor de Aldama aportó en la Audiencia Nacional sobre la presunta financiación irregular de la formación.

La mayor parte de los comportamientos delictivos que el empresario ha ido señalando han terminado por tener un respaldo policial y jurídico. El comisionista entregó al juez instructor del «caso Koldo» –el magistrado Ismael Moreno– y a la Fiscalía Anticorrupción el pasado mes de marzo el «famoso» sobre que le había supuestamente dado la entonces vicepresidenta ejecutiva de Venezuela Delcy Rodríguez con el membrete de PDVSA, la empresa estatal de petróleo venezolana, y que probaría,a juicio del empresario, una presunta «caja B» del Partido Socialista. Según explicó Aldama, el contenido del sobre solo es un único documento relativo a un cupo de petróleo que tendría que correspondería con el relato del empresario sobre aportaciones a Ferraz y la Internacional Socialista.

Pero esta no es la única referencia que el comisionista de la trama ha hecho respecto a la posible existencia de una «caja B» del PSOE. En su declaración ante el Tribunal Supremo, el pasado mes de abril, Aldama señaló que el exasesor ministerial Koldo García le pedía que consiguiera «donaciones» de constructoras para la «financiación del partido».

Al hilo de esto, cabe no olvidar que le exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán está imputado por el presunto amaño de obras públicas, a cambio de «mordidas».

En esa misma comparecencia ante el alto tribunal, el comisionista llegó a desmenuzar la cantidad exacta que el partido del Gobierno habría ingresado a su caja contable con las comisiones que la «trama mascarillas» habría entregado: un total de 1,8 millones de euros.

Todas aquellas declaraciones del empresario cogen ahora más forma después de conocer que la trama de las «cloacas» encabezada por Cerdán, Díez, y otros tantos miembros, se valía de la logística del PSOE para poner en marcha su actividad presuntamente delictiva. En concreto, entre los pagos que están bajo sospecha tras los registros efectuados por la UCO en la sede de Ferraz y en otros puntos de interés estarían los 4.000 euros mensuales que la exmilitante Díez habría cobrado por tratar de destruir «cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE o del Gobierno».

Se trata de unos montos de dinero que la «fontanera» habría recibido a través de la consultora del exvicepresidente socialista de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y de sociedades ligadas al letrado Ismael Oliver Romero. Para ello, contaban con el beneplácito de la gerente de la Secretaría de Organización del PSOE, Ana María Fuentes Pacheco, también imputada en el procedimiento, que se encargaba de emitir órdenes de encargo sobre las que elaboraba «mendaces facturas» para permitir la transferencia de fondos a Leire Díez.

Otro de los pagos que está bajo el foco de los investigadores es el que la trama destinó a un medio de comunicación vinculado con los miembros de la presunta organización criminal en el marco de una campaña de publicidad de las elecciones europeas del año 2024.

En el sumario del caso se expone que, poco después de la primera reunión de las «cloacas» en Ferraz en abril de 2024, el partido hizo llegar a Crónica Libre una cuantía cercana a los 20.000 euros y que fue supuestamente Ion Antolín, entonces jefe de prensa del PSOE, el encargado de gestionar esta operación.

Este periódico adelantó también la semana pasada que hubo una persona ajena a los miembros de la considerada como organización criminal que les avisó de que ese pago sería «ilegal». Tanto es así, que llegó a aconsejarles que declararan ese pago a Hacienda para no tener «líos».

Hay, no obstante, otra cantidad de dinero en el punto de mira. Según las indagaciones realizadas por la UCO, el letrado que ejerce la defensa de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo, cobró del PSOE «al menos, 125.000 euros» hasta que el exsecretario de Organización fue imputado en una pieza del «caso Koldo», en junio de 2025.

Mientras, el abogado, según pudo saber este periódico, sostiene que ofreció asesoría jurídica a la formación socialista de manera completamente legal y de una forma que está correctamente documentada, pero la UCO apunta a que los pagos «quedaron amparados por un soporte documental aparente y una facturación falaz, cuya confección no habría resultado posible sin la confección de una nota de encargo por Díez a través de Cerdán y rubricada en última instancia por Fuentes, en calidad de directa gerente federal del PSOE».

Por otro lado, hay que tener en cuenta también la declaración en sede judicial de una empresaria imputada en el «caso hidrocarburos», Carmen Pano, que aseguró haber llevado 90.000 euros en efectivo en bolsas de plástico a la sede del Partido Socialista.

En línea con este testimonio, el sumario del «caso Leire» también ha revelado que supuestamente la abogada Leticia de la Hoz, que ejerce la dirección letrada de Koldo García, le ofreció 50.000 euros a cambio de que ésta cambiase su declaración en sede judicial. Esta última cantidad no se sabe si hubiese procedido o no de los fondos de la formación, pero está, en cualquier caso, bajo sospecha de los investigadores, aunque la letrada haya negado este ofrecimiento.

No es de extrañar, por tanto, que el magistrado del procedimiento, Santiago Pedraz, haya accedido a una petición de los agentes para ejecutar una radiografía completa de las cuentas bancarias del partido en los ejercicios 2024 y 2025.

Además, ha solicitado un informe exhaustivo al Ministerio de Hacienda sobre el estado y los movimientos de los productos bancarios del Partido Socialista y de empresas y particulares presuntamente implicados.

Montserrat aguardaba desde primera hora de la mañana la llegada de León XIV. Cientos de personas esperaban al Papa con paciencia. Mientras el pontífice visitaba la prisión de Brians 1, los organizadores cerraban los últimos detalles. Los obispos españoles, que llegaron una hora antes que el Santo Padre, fueron recibidos entre aplausos.

Familias con niños jóvenes, sacerdotes y religiosos y religiosas se agolpaban para recibirle. Pau, de 32 años, remarcaba que se trataba de una "jornada histórica" que "nunca podremos olvidar". "Aunque en Cataluña muchos quieran silenciar a la Iglesia, no lo logarán. Esta visita va a ayudar a que los católicos seamos más valientes", comentaba emocionado. Júlia y Marc son padres de dos hijos y también han querido estar presentes. Para ellos, la Moreneta es especial. Le tienen una gran devoción, algo que les viene de familia. "Mis padres –dice ella– nos lo han inculcado a todos sus hijos y yo se lo estoy inculcando a los míos". Por su parte, Marc comenta que "mi familia no ha sido nunca muy practicante, pero el Señor me ha regalado la fe".

La abadía de Montserrat está situada a unos 40 Km de Barcelona y a unos 720 metros de altitud, en la ladera de la montaña. Junto al monasterio se encuentra el santuario de la Virgen cuyos orígenes son anteriores al monasterio. Desde su fundación, ha estado custodiada por los benedictinos. En su interior se encuentra la imagen, de estilo románico y de madera de álamo, de la Virgen de Montserrat, patrona de Cataluña, que data del siglo XII.

La Mare de Déu de Montserrat representa a la Virgen con el niño Jesús sentado en su regazo y mide unos 95 centímetros de altura. De color oscuro, en su mano derecha sostiene una esfera que simboliza el universo; el Niño tiene la mano derecha levantada en señal de bendición mientras que en la mano izquierda sostiene una piña. El rostro y la cabeza del Niño Jesús fueron retocados en una época posterior y muestran un estilo naturalista ajeno del todo a las imágenes románicas. La leyenda cuenta que fue encontrada en una cueva de la montaña por unos pastores en el año 880, pero la imagen actual es otra.

1.000 niños le esperaban

Subido en un carro de golf, León XIV fue saludando a los congregados y bendiciendo a los bebés que le acercaban mientras sonaban las campanas. En el atrio de la Basílica le esperaban unos 1.000 niños.

Acompañado del obispo de la diócesis, Xabier Gómez, fue acogido por el abad del monasterio, Manel Gasch. En la entrada de la Basílica besó la cruz y procedió a la aspersión de los fieles con agua bendita. Desde allí se dirigió a la Capilla del Santísimo Sacramento, donde se recogió en silencio para rezar unos segundos, para continuar hasta el presbiterio.

El obispo de Sant Feliu le dio la bienvenida y reconoció que su presencia era "una gran alegría". "Gracias por recordarnos la primacía del amor de Dios", afirmó antes de dar paso al abad.

"Su visita nos confirma en la fe y en el significado de este santuario y monasterio milenario", comenzó diciendo, para subrayar a continuación que "en este lugar hemos visto la bendición de Dios en el corazón de sus fieles" y "somos testigos de la unión de la estabilidad de los monjes benedictinos y del paso de los peregrinos".

Poniendo de relieve la devoción que en América existe hacia la Virgen de Montserrat, "donde su culto está vivo y presente como usted bien sabe", apuntó que la imagen "hace visible el misterio de la Encarnación". Asimismo, no dejó pasar la ocasión de expresar el deseo de que "este lugar sea donde el hombre se reencuentre a sí mismo y contribuya a construir un mundo de paz". El abad concluyó dando las gracias al Papa por "su testimonio en favor de todo ser humano" y por "la radicalidad de su denuncia contra la violencia para lograr un mundo sin sangre".

El rezo del rosario ocupó la parte central de la celebración y dio paso a las palabras de León XIV quien, de nuevo, comenzó hablando en catalán y a lo largo del discurso lo utilizó en varias ocasiones. "Estoy contento de poder venir a los pies de la Moreneta para encomendarle, lleno de confianza en su intercesión maternal, mi servicio petrino y la misión de la Iglesia en el mundo que clama pidiendo justicia y paz", dijo.

La rosa de oro de Francisco

Prevost señaló que "los muros de este recinto podrían narrarnos las innumerables historias de devoción, gratitud y esperanza que han contemplado a lo largo de los siglos en torno a la Mare de Déu de Montserrat y también han sido testigos de la sangre derramada por amor a Jesucristo".

Recordó que, en 2023, el Papa Francisco concedió la rosa de oro a la Virgen, reconociendo que "ella suscita en nosotros conversiones profundas, como la de san Ignacio de Loyola, que, en este sugestivo lugar, después de una noche en oración ante la Virgen, entregó sus armas de caballero, momento que marcó el inicio de una vida nueva al servicio de Jesucristo". "Jesús desenmascara la violencia que puede esconderse en nuestras palabras y actitudes: la crítica que humilla, la condena que destruye y la agresividad que divide" sentenció. Asimismo, sostuvo que esa "violencia escondida puede revestirse muchas veces de aparentes armaduras con las que intentamos proteger nuestras heridas, nuestros miedos o el sufrimiento causado por las injusticias".

Aludiendo al lema de su visita, “Alzad la mirada”, pidió levantar "la mirada a María" y suplicar "que nos ayude a revestirnos únicamente con las armas de Dios".

"María, Reina de la paz"

Pero también hizo un llamamiento a "reconocernos hermanos y hermanas, donde nadie quede excluido y donde la comunión sea más fuerte que toda división". Así, concluyó encomendándose a "María, Reina de la paz" para "que nos enseñe a renunciar a las palabras hirientes, al juicio inmediato, a la murmuración y a las calumnias. Y que aprendamos a custodiar y a cultivar el amor en la familia, entre amigos, en el lugar de trabajo, en las redes sociales, en los debates políticos y en las comunidades cristianas, de modo que el odio ceda paso a la esperanza y la paz".

Después de la bendición, el canto de Salve inundó entonces el templo y dio paso al Virolai, un popular himno religioso y composición poética dedicado a la Virgen de Montserrat.

León XIV aludió a todo el viaje, a lo ya vivido en Madrid y a la siguiente etapa en Canarias, elogiando que toda España "está llena de fe, de amor, de este deseo de alabar a Dios, de dar gracias a Dios y de estar unidos". Y fue en este momento cuando renovó la llamada a la acogida de los migrantes: "Gracias a Cataluña por haber recibido a tantas personas de tantos países, porque enseña como integrar a todos en una única familia". "Gracias a la comunidad de fe, a la comunidad de nuestros hermanos los monjes que reciben y acogen a todos los peregrinos que vienen a rezar a María nuestra Señora", terminó.

La agenda del Papa este miércoles dejó poco para lo que no fueran celebraciones o actos oficiales. Sin embargo, sí pudo almorzar con la comunidad benedictina de Montserrat después del encuentro. Se trata de toda una excepción porque la regla de San Benito por la que se rigen establece el silencio durante las comidas, pero también contempla dispensas en la atención a los huéspedes.

El verano en el Mediterráneo suele asociarse a playas abarrotadas, largas jornadas de sol y destinos turísticos que reciben miles de visitantes cada día. En ese contexto, la isla de Cerdeña vuelve a situarse en el centro del debate por una decisión poco habitual que afecta a uno de sus arenales más conocidos: la playa de Punta Molentis, en el municipio de Villasimius, al sur de la isla.

Se trata de un lugar de gran valor paisajístico, caracterizado por su arena clara y aguas turquesas, que cada temporada estival atrae a numerosos turistas nacionales e internacionales. Precisamente para intentar proteger este entorno, el Ayuntamiento ha puesto en marcha una serie de restricciones que marcarán el acceso durante los meses de verano.

Prohibición de sombrillas con excepciones

La medida más llamativa es la prohibición de llevar sombrillas a la playa para la mayoría de los visitantes. A partir de este verano, solo podrán utilizarlas los menores de edad y las personas mayores de 65 años, que quedan exceptuadas de la norma para poder protegerse del sol durante su estancia.

Esta decisión ha generado controversia entre los turistas, especialmente en un destino donde las altas temperaturas y la exposición solar son habituales durante la temporada alta. Sin embargo, las autoridades locales justifican estas limitaciones dentro de un conjunto más amplio de acciones destinadas a reducir el impacto humano sobre el entorno natural.

Aforo limitado, horarios y tasas de acceso

Además de la regulación sobre las sombrillas, la playa de Punta Molentis cuenta con un aforo limitado, lo que significa que no puede superar un número determinado de visitantes al mismo tiempo. El acceso está permitido únicamente entre las 8.00 horas y las 20.30 horas, estableciendo así un horario controlado para la afluencia turística.

A estas condiciones se suma el pago de una entrada de 10 euros por persona, así como la obligación de abonar la tarifa de aparcamiento y una contribución de carácter medioambiental. No obstante, existen algunas excepciones: la entrada es gratuita para personas con discapacidad y para un acompañante.

Protección del entorno tras el incendio

Estas medidas no se entienden sin el contexto ambiental de la zona. El año pasado, un incendio afectó a varias hectáreas de vegetación en el entorno de la playa, obligando incluso a evacuar a los bañistas que se encontraban en el lugar. Este episodio ha reforzado la preocupación de las autoridades por preservar el ecosistema local.

Con la llegada del verano, uno de los periodos de mayor presión turística en la isla, el objetivo del Ayuntamiento de Villasimius es controlar mejor el acceso, reducir el impacto sobre el entorno natural y evitar situaciones de saturación que puedan poner en riesgo tanto el paisaje como la seguridad de los visitantes.

Un debate abierto en plena temporada estival

Las playas de Cerdeña forman parte de uno de los grandes atractivos turísticos del Mediterráneo, pero también se enfrentan cada año al reto de equilibrar la afluencia masiva de visitantes con la conservación del entorno. En este caso, Punta Molentis se convierte en un ejemplo de cómo algunas administraciones locales están optando por medidas más estrictas para gestionar el turismo de verano.

Entre la protección ambiental y la experiencia del visitante, la decisión ha abierto un debate que probablemente continuará durante toda la temporada estival.

¿Puede el dinero comprar la felicidad? Es una pregunta que lleva décadas generando debate entre economistas, psicólogos y sociólogos. Ahora, una investigación realizada por una universidad de Estados Unidos ha tratado de poner una cifra concreta a esa cuestión. Según sus conclusiones, una persona que viva en España necesitaría ingresar 77.192 euros al año para alcanzar el máximo nivel de bienestar económico y reducir al mínimo las preocupaciones relacionadas con las finanzas.

La cifra llama especialmente la atención si se compara con la realidad salarial española. Para la mayoría de los trabajadores, alcanzar ese nivel de ingresos continúa siendo un objetivo muy lejano, lo que pone de manifiesto la diferencia entre los salarios reales y el umbral económico que los investigadores asocian con una mayor satisfacción personal.

El salario que, según el estudio, acerca a la felicidad

La investigación analizó diferentes países y ciudades para estudiar la relación entre los ingresos y la percepción de bienestar. Los autores parten de la idea de que existe un punto a partir del cual el dinero deja de ser una fuente constante de preocupación y permite disfrutar de una mayor estabilidad vital.

En el caso de España, ese umbral se situaría en 77.192 euros brutos anuales. Según el estudio, alcanzar esa cantidad permitiría llegar al máximo nivel de bienestar relacionado con los ingresos económicos. A partir de ahí, el efecto positivo de ganar más dinero sería mucho más limitado.

Sin embargo, los datos salariales reflejan una realidad muy distinta. El sueldo medio anual en España ronda los 29.540 euros, menos de la mitad de la cifra señalada por los investigadores. Esto implica que una gran parte de la población se encuentra muy lejos de ese nivel de ingresos.

Una brecha importante con los salarios reales

La distancia es todavía más evidente si se observan otros indicadores. El salario mediano, que divide a los trabajadores en dos grupos iguales, se sitúa alrededor de los 24.497 euros anuales. Esto significa que la mitad de los empleados españoles percibe ingresos inferiores a esa cantidad.

Por otro lado, el salario más frecuente en España alcanza los 16.520 euros al año, mientras que quienes perciben el salario mínimo interprofesional cuentan con unos ingresos de 15.876 euros anuales, según los datos de 2024.

Los responsables del estudio recuerdan que el dinero no es el único elemento que influye en la felicidad, aunque sí desempeña un papel relevante cuando las necesidades básicas o la estabilidad financiera no están completamente cubiertas. Poder afrontar gastos inesperados, acceder a una vivienda o planificar el futuro con mayor tranquilidad son factores que repercuten directamente en la sensación de bienestar.

Aun así, especialistas en psicología y economía recuerdan que la felicidad depende también de otros aspectos como la salud, las relaciones personales, el tiempo libre, la conciliación laboral o la realización personal. Lo que sí evidencia esta investigación es la importante diferencia existente entre el nivel de ingresos que, según sus conclusiones, proporcionaría la máxima tranquilidad económica y la realidad salarial de la mayoría de los trabajadores españoles.

La Dirección General de Tráfico (DGT) mantiene una vigilancia especial sobre la seguridad vial y, dentro de ella, presta atención a los conductores de mayor edad. Aunque en España no existe una edad límite para seguir conduciendo, quienes superan los 65 años deben cumplir una serie de requisitos específicos para conservar su permiso de circulación.

Las medidas vigentes en 2026 afectan especialmente a este colectivo, ya que cambian algunos aspectos relacionados con la renovación del carnet de conducir. El objetivo no es restringir la movilidad de los conductores veteranos, sino garantizar que continúan reuniendo las condiciones necesarias para ponerse al volante con seguridad.

Renovaciones más frecuentes a partir de los 65 años

Uno de los principales cambios es la duración de los permisos de conducción. A partir de los 65 años, los carnets más habituales, como los correspondientes a coche y motocicleta (B, A, A1, A2 y AM), dejan de renovarse cada diez años y pasan a tener una vigencia máxima de cinco años.

En el caso de los conductores profesionales, como transportistas o conductores de autobús, el plazo es todavía más reducido. Estos permisos deberán renovarse cada tres años una vez alcanzada esa edad.

Con esta medida, la DGT busca aumentar la frecuencia de las revisiones médicas y psicotécnicas, permitiendo comprobar periódicamente que los conductores conservan las capacidades físicas y mentales necesarias para circular.

Durante estos reconocimientos se analizan aspectos como la visión, la audición, los reflejos, la coordinación motora y determinadas capacidades cognitivas que pueden influir en la conducción.

Posibles limitaciones y ventajas para los mayores de 70 años

Los resultados obtenidos en las revisiones pueden derivar en medidas personalizadas para cada conductor. En algunos casos, los especialistas pueden recomendar una vigencia inferior a los cinco años o establecer determinadas restricciones adaptadas al estado de salud de la persona.

Entre las limitaciones que podrían imponerse se encuentran la prohibición de conducir de noche o la restricción para realizar determinados trayectos, siempre con el objetivo de minimizar riesgos en la carretera.

Por otra parte, los conductores mayores de 70 años seguirán contando con una ventaja importante: continuarán exentos del pago de las tasas de la DGT para renovar su permiso de conducción. No obstante, deberán seguir superando los correspondientes reconocimientos médicos obligatorios.

Desde Tráfico recuerdan que la edad, por sí sola, no determina la capacidad para conducir. La continuidad al volante depende exclusivamente del estado físico y mental de cada persona. Por ello, un conductor puede seguir utilizando su vehículo más allá de los 80 años siempre que supere satisfactoriamente las revisiones exigidas y mantenga las aptitudes necesarias para hacerlo con seguridad

El juez del "caso Koldo" ha citado a declarar en calidad de investigado al Guardia Civil responsable de seguridad del Ministerio de Transportes en la etapa de José Luis Ábalos. El subteniente del Instituto Armado tendrá que comparecer en la Audiencia Nacional el próximo 8 de julio a las 10.30 horas.

Se trata del agente que señaló, en su declaración como testigo ante el Tribunal Supremo en el "caso mascarillas", al empresario Víctor de Aldama al asegurar que era la única persona que tenía acceso completo al aparcamiento de autoridades del Ministerio de Transportes sin pertenecer al departamento. En esa misma comparecencia, explicó que Koldo García le presentó en alguna ocasión al comisionista de la red.

"Yo, que trabajaba allí, no podía estacionar en el estacionamiento de autoridades. Sin embargo, el señor Víctor Gonzalo de Aldama, sí. Para mí es el único caso que conozco que, no perteneciendo al Ministerio, sí tenía acceso al Ministerio", dijo. "Subía y entraba sin pedir permiso a nadie", añadió.

El agente de la Guardia Civil solicitó que le levantaran la imputación en el marco de las pesquisas, pero tanto el juez como la Fiscalía se negaron al considerarle "vinculado" con Aldama y con Juan Carlos Cueto, uno de los socios del empresario en la mercantil de la trama ,Soluciones de Gestión, que obtuvo más de 50 millones de euros con la venta de mascarillas.

El Ministerio Fiscal respaldó su negativa a que se le levante la imputación en que aún "están pendientes de ser analizados" que los dispositivos digitales que le fueron intervenidos durante los registros en su residencia habitual de la localidad madrileña de Valdemoro y otra que posee en el municipio leonés de Truchas, a donde se desplazaba por el negocio de las pizarras.

Una sociedad, Comercializadora Pizarras Santa Bárbara, que, por otro lado, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil descubrió que utilizaban para invertir parte de las supuestas comisiones ilegales que obtuvieron de las adjudicaciones.

Asimismo, la UCO señaló que la relación del "hombre para todo" de Ábalos con este guardia civil era "de máxima importancia" porque "conecta de manera directa el nivel más elevado de la gestión de los contratos" bajo sospecha "con una de las sociedades en las que se ha invertido parte de los beneficios".

La digitalización de las carreteras españolas sigue avanzando. Tras la implantación de la baliza V-16 conectada, obligatoria desde enero de 2026 para señalizar averías y accidentes, la Dirección General de Tráfico (DGT) continúa apostando por nuevas herramientas tecnológicas destinadas a mejorar la seguridad vial y optimizar la gestión de incidencias en la red de carreteras.

La última novedad son los llamados conos inteligentes o conos conectados, unos dispositivos equipados con tecnología IoT que permiten comunicar de forma automática el inicio y la finalización de obras o trabajos en la vía. Gracias a esta conexión, la ubicación exacta de la incidencia se transmite a la plataforma de vehículo conectado del Punto de Acceso Nacional de Información de Tráfico y Movilidad (NAP).

El objetivo principal de esta tecnología es ofrecer información más precisa y en tiempo real tanto a los organismos responsables de la gestión del tráfico como a los conductores que circulan por la zona.

Más protección para los trabajadores de carretera

Uno de los principales motivos que han impulsado el desarrollo de estos dispositivos es la seguridad de los profesionales que trabajan diariamente en la conservación y mantenimiento de las carreteras.

Según explica la propia DGT, “el uso de conos conectados favorece la protección de los trabajadores mientras desempeñan labores de conservación, limpieza y adecuación de la vía. Además, con respecto al resto de usuarios de la vía, estos dispositivos les advierten del riesgo que supone la presencia de obras en la calzada a través de los paneles de mensaje variable o en sus propios vehículos conectados”.

La información generada por estos conos permite alertar con mayor antelación a los conductores sobre posibles obstáculos o restricciones, contribuyendo a reducir situaciones de riesgo y mejorando la capacidad de reacción ante cualquier incidencia.

Solo para profesionales y servicios de emergencia

Los nuevos conos inteligentes también resultan útiles en situaciones donde existe algún desperfecto o incidencia en la carretera que requiere señalización temporal, incluso cuando no hay operarios presentes en el lugar.

En estos casos, los dispositivos continúan enviando información sobre la ubicación exacta del problema para que los conductores reciban avisos antes de llegar al punto afectado. Tal y como señala la DGT, “se pueden dar situaciones en las que una obra o desperfecto en la vía debe ser señalizado, aun cuando no se encuentre ningún trabajador en la zona. En estos casos, los conos conectados también alertan a los conductores que se aproximen a ese punto".

Por el momento, únicamente existen dos modelos certificados para operar dentro de este sistema: los desarrollados por API Movilidad y Netun Solutions.

La medida se suma a otras iniciativas tecnológicas impulsadas en los últimos años, como los semáforos inteligentes capaces de adaptar su funcionamiento en tiempo real según la densidad del tráfico. Eso sí, la DGT recuerda que estos conos no estarán destinados al uso particular. Su utilización quedará reservada exclusivamente a empresas encargadas de la conservación y mantenimiento de infraestructuras viarias, así como a los distintos servicios de emergencia que actúan en carretera.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha constatado tras un exhaustivo análisis de correos electrónicos y llamadas telefónicas que la asesora de Moncloa Cristina Álvarez contactaba "de forma habitual" con los patrocinadores de la cátedra de Transformación Social Competitiva que codirigía en la Universidad Complutense Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En esas "labores de asistencia" a Gómez en sus actividades privadas, los agentes inciden en que las comunicaciones se centran sobre todo en el desarrollo del software para una plataforma dirigida a las pymes del que supuestamente se había apropiado la esposa de Sánchez pese a que fue costeado con dinero público.

Hasta el punto de que, dadas las "funciones de gestión y auxilio a la dirección de la catedra" que desarrolló, la Guardia Civil le considera "integrada en el equipo de trabajo de la cátedra". "Independientemente de la ausencia de una relación formal con la universidad", queda acreditada que llevó a cabo "una gestión activa" en el marco de la misma, como atestigua el examen de sus comunicaciones.

Así, la UCO ha hallado más de 200 correos en los que -bien como remitente, destinataria o en copia- se aborda el desarrollo del software. Entre otros, un total de 58 correos, entre noviembre de 2022 y diciembre de 2023, con Deloitte, a la que se adjudicaron dos contratos de consultoría para el desarrollo de esa herramienta digital asociada a la cátedra. Comunicaciones entre las que se incluye, entre otras personas, a la propia Begoña Gómez.

En esos correos se abordan, por ejemplo, cuestiones relativas a reuniones de la cátedra para el proyecto del software (ocho correos entre el 23 y el 30 de noviembre de 2022), reuniones por videoconferencia (cinco correos para esas citas a las que es convocada entre diciembre de 2022 y enero de 2023) o la firma de convenios.

Los agentes contabilizan más de una veintena de correos desde finales de febrero a primeros de julio de 2022 relacionados con el desarrollo de ese software (con copia a la esposa de Sánchez).

95 correos con veinte empleados de Telefónica

En cuanto a los contactos con Telefónica, que aportó "material humano para el desarrollo de un módulo" de esa herramienta digital, el informe de la UCO señala que veinte empleados de la compañía "mantuvieron comunicaciones vía correo" con Álvarez, la mayoría vinculados con el desarrollo de la plataforma digital de medición de impacto social. En total, se intercambiaron 95 correos.

A su vez, Telefónica aportó 66 correos entre el 14 de enero de 2022 y el 1 de marzo de 2023 centrados en la convocatoria de reuniones a través de Zoom para el desarrollo de esa plataforma, entre cuyos destinatarios figura Begoña Gómez pero no su asesora.

Con Indra, figura como destinataria (o en copia) de 37 correos, aunque en la gran mayoría la Guardia Civil no aprecia una "intervención directa" de la asesora en las cuestiones tratadas sobre el software (salvo las gestiones para que Gómez se reuniera con el directivo de la compañía Ángel Bonet.

Con otra de las empresas que colaboraron con la plataforma, Making Science, los agentes han constatado un intercambio de comunicaciones en relación a tres reuniones celebradas entre enero de 2023 y febrero del año siguiente (cuando la sociedad realizó una oferta para una segunda fase del proyecto que finalmente no cuajó).

Los correos intercambiados con las distintas empresas implicadas en el proyecto son numerosos: Google (26 de mayo de 2022 a mayo de 2023); Devoteam (29 comunicaciones para reuniones de seguimiento, a una de las cuales fue convocada Álvarez)

Las llamadas telefónicas

La UCO cumplimenta así el encargo del juez Peinado de julio del pasado año, cuando el instructor encargó a la Guardia Civil el análisis de las llamadas efectuadas o recibidas desde su teléfono móvil con empresas vinculadas a la cátedra que codirigía Begoña Gómez en la Complutense, con la propia universidad y con el empresario Juan Carlos Barrabés y su grupo de sociedades.

Tras analizar la documentación remitida por Telefónica, Vodafone, Indra y Google, entre otras, los agentes concluyen que Cristina Álvarez "formaba parte de forma habitual en diferentes comunicaciones efectuadas con los colaboradores" de la cátedra de la esposa del presidente del Gobierno (empresas que aportaron los correos electrónicos analizados).

Los investigadores no han hallado rastro de llamadas vinculadas con la Organización Mundial del Turismo (OMT), pero si una comunicación de noviembre de 2024 con el Círculo de Bellas Artes, constando en agosto de 2021 la participación de la cátedra en un foro de innovación en artes y humanidades celebrado en la sede de la institución en Madrid.

Cristina Álvarez también se dirigió a dos de las empresas vinculadas a la cátedra, Numintec Comunicaciones (que asumió el pago de 6.000 euros a la cátedra) y Conpymes. Igualmente, constan contactos telefónicos con la Fundación La Caixa, una de las entidades que suscribieron el convenio de creación de la cátedra codirigida por Begoña Gómez, con personal de la Complutense (en particular, con el codirector de la cátedra, José Manuel Ruano), pero no con Barrabés y sus empresas.