La relación entre Junts y José Luis Rodríguez Zapatero siempre fue relativamente buena. El expresidente del Gobierno era el encargado de capitanear por parte del PSOE las conversaciones con Carles Puigdemont y la sintonía entre ambos era buena. Pero eso era antes de la imputación del socialista, ahora toca recalcular afinidades y este jueves se ha visto un ejemplo de ello.

El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves una iniciativa del PP en la que se urge al Gobierno a revisar el acuerdo del Consejo de Ministros en el que se autorizó el rescate de la aerolínea Plus Ultra, ante las sospechas de que se pudo producir el delito de tráfico de influencias. Dicho rescate es por el que está siendo investigado Zapatero.

El texto del PP ha sido aprobado gracias al apoyo de Vox, UPN, Junts y Coalición Canaria. Estos dos últimos partidos son socios de investidura de Pedro Sánchez y la votación, aunque no obliga al Gobierno a nada, sí ejerce una importante presión sobre el Ejecutivo.

Con esta moción, el Congreso insta al Gobierno a revisar "de manera inmediata y transparente" el acuerdo del Consejo de Ministros, así como aportar todas las actuaciones administrativas, los informes técnicos que se realizaron, los criterios de solvencia y los mecanismos de control vinculados a dicho rescate. El objetivo, según explica el texto, es el de "esclarecer la eventual existencia de irregularidades".

Los populares también ponen el foco en una reunión que tuvieron Zapatero y el entonces ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá, en el año 2020. El PP sospecha que la reunión pudo influir en el aplazamiento del pago de deudas con la Seguridad Social por parte de Plus Ultra y la moción aprobada también insta al Gobierno a aportar información sobre ello.

La Armada Española ha dado un paso decisivo para asegurar su futuro tecnológico mediante un acuerdo de colaboración con la empresa de ingeniería Ghenova, una de las firmas más activas en el ámbito naval y de defensa.

El pacto, suscrito por el Almirante General Antonio Piñeiro, Jefe de Estado Mayor de la Armada, y el CEO de la compañía, Francisco Cuervas, establece un marco estable de cooperación en I+D+i, ingeniería avanzada y apoyo técnico especializado.

El objetivo es claro: blindar la capacidad tecnológica de la Armada en un escenario internacional marcado por la competencia industrial, la digitalización acelerada y la necesidad de disponer de sistemas propios que garanticen la soberanía operativa.

El acuerdo permitirá compartir conocimiento, desarrollar soluciones conjuntas y fortalecer la relación entre Defensa y el tejido industrial español, considerado un pilar estratégico para la seguridad del país.

Un impulso directo a la innovación naval y a la autonomía tecnológica

El convenio contempla la participación de la Armada en proyectos de análisis, evaluación de sistemas futuros, ingeniería logística y desarrollo de capacidades avanzadas.

Para ello, la institución pondrá a disposición de Ghenova personal, instalaciones y medios, siempre sin interferir en las misiones esenciales de defensa.

Esta colaboración permitirá acelerar la maduración de tecnologías críticas en ámbitos como la guerra electrónica, la ingeniería naval digital, la simulación avanzada y los sistemas de apoyo al ciclo de vida de buques y plataformas.

La alianza se enmarca en la estrategia de la Armada de reforzar su relación con la industria nacional para garantizar que los futuros programas —desde los nuevos buques de superficie hasta los sistemas no tripulados— se desarrollen con una base tecnológica sólida y con participación española.

En un contexto en el que la competencia internacional es feroz, la cooperación con empresas como Ghenova se convierte en un elemento clave para mantener la autonomía y la capacidad de innovación.

Un acuerdo que consolida a Ghenova como socio estratégico de Defensa

La firma del acuerdo coincide con la celebración en Sevilla del Foro Almirante Bonifaz, organizado por Ghenova, que reunió a representantes de las Fuerzas Armadas, instituciones y empresas del sector.

El encuentro se ha consolidado como un espacio de referencia para debatir sobre innovación, investigación y desarrollo tecnológico aplicado a la defensa marítima.

Con esta alianza, Ghenova refuerza su posición como uno de los socios estratégicos del Ministerio de Defensa, ampliando su papel en proyectos de ingeniería naval, sistemas de misión y soluciones digitales.

Para la Armada, supone asegurar un flujo constante de innovación y disponer de un socio industrial capaz de responder a los desafíos tecnológicos que marcarán la próxima década.

Europa no piensa renunciar a su futuro aéreo pese al colapso del FCAS. La división alemana de Airbus Defence and Space ha activado una nueva coalición industrial junto a siete empresas tecnológicas para diseñar un caza de sexta generación, concebido como la alternativa real al programa que España compartía con Francia y Alemania.

La iniciativa, que se presentará en el Salón Aeronáutico de Berlín (ILA), busca mantener la autonomía estratégica europea frente al dominio del F‑35 estadounidense y al avance del programa GCAP liderado por Reino Unido, Italia y Japón.

Para España, que había invertido más de 2.000 millones de euros en el FCAS, esta nueva vía representa una oportunidad para no perder su posición industrial, preservar el conocimiento generado y asegurar un asiento en el desarrollo del futuro sistema de combate europeo.

Airbus toma el control del futuro aéreo europeo tras el colapso del FCAS

El nuevo proyecto nace como respuesta directa a la ruptura con Dassault Aviation, que bloqueó durante meses el avance del FCAS. Alemania ha decidido mover ficha y respaldar a Airbus en la creación de un programa propio, más flexible y con un reparto industrial más equilibrado.

La alianza incluye a compañías clave como Hensoldt, MTU Aero Engines, MBDA Deutschland, Diehl Defence, Liebherr, Autoflug y Rohde & Schwarz, todas ellas con experiencia en sensores, motores, misiles, aviónica y sistemas de misión.

El objetivo es desarrollar un avión con capacidad furtiva avanzada, conectividad total, operación integrada con drones acompañantes y una nube de combate que permita coordinar plataformas aéreas, terrestres y navales.

Este enfoque mantiene la esencia tecnológica del FCAS, pero bajo un liderazgo industrial más claro y sin los bloqueos políticos que paralizaron el programa original.

Fuentes del sector consideran que la entrada de España sería “estratégica”, tanto por su peso industrial como por su papel dentro de la OTAN.

La decisión final dependerá del Ministerio de Defensa y de la capacidad de la industria española para integrarse en el nuevo ecosistema tecnológico.

España busca no quedarse atrás en la carrera por la sexta generación

Aunque el FCAS ha muerto como avión de combate, España mantiene vivos sus programas de I+D a través de los PEM gestionados por Indra y Airbus, que suman 700 millones de euros.

Estos proyectos permiten seguir desarrollando tecnologías críticas como sensores furtivos, sistemas de misión, comunicaciones seguras y capacidades de guerra electrónica.

La alternativa alemana encaja con la necesidad española de sustituir los Eurofighter a partir de 2040 y de mantener una industria aeronáutica competitiva.

Además, el precedente del acuerdo con Airbus para el Eurofighter Halcón demuestra que España puede integrarse en grandes programas europeos si el reparto industrial es equilibrado.

El nuevo caza de sexta generación se perfila como el proyecto que marcará el futuro de la defensa aérea europea. Y España, tras la caída del FCAS, debe decidir si se suma a la nueva alianza liderada por Airbus o si apuesta por un camino propio, más arriesgado y costoso.

El Consejo de Ministros autorizó el pasado martes una nueva inyección de 374 millones de euros procedentes del Fondo de Contingencia, destinada a cubrir los gastos operativos de las misiones internacionales del Ejército español.

Con esta partida, el Ejecutivo eleva a 1.714 millones de euros el total desembolsado en apenas seis meses, consolidando el mayor esfuerzo financiero en operaciones exteriores de los últimos años.

El mecanismo extraordinario, regulado por el artículo 50.2 de la Ley General Presupuestaria, permite atender “necesidades inaplazables” no previstas en los presupuestos anuales, como los costes derivados de despliegues sobre el terreno.

La decisión responde al aumento de la participación española en misiones de mantenimiento de la paz, gestión de crisis y diplomacia militar en África, Oriente Medio, Europa del Este e Iberoamérica.

Despliegues rápidos, la UME y la diplomacia militar

El paraguas económico y legal prorrogado por el Gobierno no solo cubre los contingentes regulares, sino también la capacidad de reacción rápida ante crisis imprevisibles.

En este marco, se autorizan despliegues de corta duración en el exterior de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y otras unidades operativas, capaces de intervenir ante catástrofes naturales, calamidades o situaciones de grave riesgo en países aliados.

El Ejecutivo fija un límite máximo de 400 efectivos operando simultáneamente como observadores, monitores, oficiales de enlace o asesores militares hasta finales de 2026.

Este personal, desplegable a petición del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, es clave para misiones de diplomacia, consolidación de la paz y canalización de ayuda humanitaria.

Además, los fondos financian actividades de seguridad cooperativa y bilateral que buscan fortalecer las capacidades defensivas de países socios y prevenir conflictos en regiones estratégicas para España.

El coste real de proyectar fuerzas a miles de kilómetros

El primer gran desembolso de 2026 se produjo el 10 de febrero, con 698,5 millones de euros destinados al arranque de las misiones.

Tres meses después, el 5 de mayo, el Consejo de Ministros aprobó otro paquete de 641,8 millones, y ahora se suma el tercero, de 374 millones, para mantener la operatividad de las fuerzas desplegadas.

De los 641,8 millones de mayo, 75 millones se destinaron a gastos de personal, 176,6 millones a gastos corrientes en bienes y servicios, y 391 millones se catalogaron como inversiones reales.

Este último concepto refleja el alto coste material, de infraestructura y logística que implica proyectar fuerzas militares a miles de kilómetros.

El Gobierno insiste en que estas operaciones no son misiones aisladas, sino parte de una estrategia alineada con tres pilares: seguridad internacional, diplomacia militar y cooperación con aliados.

El Ministerio de Defensa ha decidido mantener activo el FCAS a través de dos Programas Especiales de Modernización (PEM) valorados en 700 millones de euros, adjudicados a Indra y Airbus.

Aunque el caza conjunto europeo no saldrá adelante, España preserva la inversión en I+D para madurar tecnologías críticas: nube de combate, sensores furtivos y remote carriers.

El objetivo es evitar que los 2.000 millones de euros ya invertidos en la fase 1b se pierdan y consolidar una base industrial nacional capaz de sostener el salto tecnológico hacia la próxima generación de sistemas aéreos. Los PEM —el CTN NGWS y el FCAS Nacional— se integran bajo el proyecto Siagen, que busca un sistema aéreo integral de última generación.

Indra y Airbus sostienen el núcleo tecnológico del programa

Los dos programas, impulsados en 2025, están enfocados en investigación y desarrollo y tienen carácter nacional. Indra, líder del FCAS en España, coordina el Contrato Tecnológico Nacional (CTN NGWS) con un presupuesto de 540 millones de euros, mientras que una UTE formada por Indra y Airbus gestiona el Futuro Avión de Combate Nacional, dotado con 160 millones.

Ambos proyectos cuentan con financiación adicional del Ministerio de Industria, que ya ha transferido 278 millones a las empresas implicadas. El propósito es mantener la maduración de tecnologías clave que puedan integrarse en el futuro avión de combate que España elija como sustituto del FCAS.

Desde Defensa se insiste en que el programa “no puede morir”, y que las capacidades desarrolladas —desde la nube de combate hasta los sistemas furtivos y los sensores avanzados— son esenciales para la autonomía tecnológica del país.

La industria española se reorganiza tras el golpe al caza conjunto

La cancelación del FCAS como avión de combate afecta especialmente a ITP Aero, líder en el desarrollo del motor, que ve truncado uno de sus grandes proyectos.

Sin embargo, el impacto se compensa con la activación de nuevos consorcios como Satnus, formado por GMV, Grupo Oesía y Sener, que ya ha completado vuelos de demostración con remote carriers.

La industria nacional se reorganiza para mantener el impulso tecnológico y la autonomía industrial. En palabras de fuentes del sector, la cancelación del programa “supone un alivio tras un año de bloqueo”, pero también abre la puerta a una nueva etapa centrada en proyectos propios y colaboraciones bilaterales.

Defensa apuesta por mantener el desarrollo de capacidades críticas y por reforzar la posición de España como potencia tecnológica dentro de la OTAN y Europa, con una estrategia que prioriza la independencia industrial y la continuidad de los programas de modernización.

España ha entrado en una fase de modernización acelerada de sus capacidades militares. En lo que va de 2026, el Consejo de Ministros ha autorizado el uso de 1.714 millones de euros del Fondo de Contingencia para sostener las misiones internacionales de las Fuerzas Armadas, una cifra récord que refleja el esfuerzo por mantener presencia operativa en escenarios estratégicos y avanzar hacia el objetivo de inversión del 2 % del PIB en Defensa.

El Ejecutivo ha aprobado tres grandes inyecciones económicas en apenas seis meses —698,5 millones en febrero, 641,8 millones en mayo y 374 millones en junio— destinadas a cubrir los costes operativos de los despliegues en el exterior.

Este mecanismo extraordinario, regulado por la Ley General Presupuestaria, se ha convertido en la herramienta clave para garantizar los compromisos internacionales de España y sostener su papel en la defensa europea.

Despliegues rápidos, diplomacia militar y guerra electrónica

El nuevo marco financiero no solo cubre los contingentes regulares, sino también la capacidad de reacción rápida ante crisis imprevisibles.

El Gobierno ha autorizado despliegues de corta duración en el exterior de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y otras unidades operativas, capaces de intervenir ante catástrofes naturales, conflictos o amenazas híbridas.

El plan incluye un límite de 400 efectivos operando simultáneamente como observadores, monitores, oficiales de enlace o asesores militares hasta finales de 2026.

Este personal especializado, desplegable a petición del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, es esencial para misiones de diplomacia militar, gestión de crisis y consolidación de la paz.

En paralelo, los fondos financian actividades de seguridad cooperativa y bilateral con países aliados, especialmente en África, Oriente Medio e Iberoamérica, regiones consideradas estratégicas para la defensa y la política exterior española.

El coste de la nueva estrategia militar europea

El esfuerzo económico subraya el alto coste material y logístico que implica proyectar fuerzas militares a miles de kilómetros. Solo en mayo, 391 millones de euros se catalogaron como inversiones reales, destinadas a infraestructura, transporte y sistemas de apoyo.

El Ejecutivo insiste en que estas operaciones no son misiones aisladas, sino parte de una estrategia alineada con tres objetivos: proporcionar estabilidad en zonas de tensión, combatir el terrorismo transnacional y disuadir agresores para proteger territorio aliado.

En este contexto, España busca reforzar su papel en la defensa europea ante la nueva guerra de drones y guerra electrónica que redefine el equilibrio militar en el continente.

La inversión en capacidades EW (Electronic Warfare) y plataformas de interferencia y supresión de defensas enemigas (SEAD) se considera prioritaria para mantener interoperabilidad con los aliados y responder a los desafíos tecnológicos que ya dominan los conflictos modernos.

Movimiento Sumar, el proyecto político de Yolanda Díaz, pasa por uno de los momentos más complicados de su corta historia. Esta semana se conoció que Laura Moreno, la que era su secretaria de Organización, dimitió denunciando que la coordinadora, Lara Hernández, había estado cometiendo acoso laboral contra otros compañeros y que había cometido un presunto fraude en la constitución del partido en la Comunidad Valenciana.

A estas aguas ya revueltas se ha sumado ahora Elizabeth Duval, que fue secretaria de Comunicación del partido, uno de sus rostros más visibles, y que también dimitió hace un año. En un artículo publicado este jueves, Duval desvela que los comportamientos de Lara Hernández fueron los que la llevaron a tomar la decisión de abandonar la formación, algo que no había hecho público hasta ahora por "respeto y lealtad, tanto a Yolanda Díaz como a otra mucha gente".

Según explica Duval en una publicación en el digital Artículo 14, Hernández pasó a tener comportamientos tóxicos con ella cuando fue nombrada una de las cuatro integrantes de la coordinadora interina que sustituyó a Díaz, puesto en el que también recayó Hernández. "Pasó a tratarme como a una enemiga, pese a que yo intentara hacerle llegar, incluso por personas interpuestas, que no tenía ambición ni interés en competir con ella, ni por los puestos de salida de unas listas que no me interesaban", explica.

Duval asegura que el mal trato no fue solo con ella, sino también con personas de su equipo, a las que llegó a gritar, y que no puso ninguna denuncia interna porque el departamento de Hernández habría sido el encargado de tramitarla.

"Cuando ese trato alcanzó a una trabajadora a mi cargo, consideré que se había cruzado una línea roja, y a partir de ahí prácticamente no hubo comunicación entre nosotras", asegura Duval. Cuenta que esa trabajadora dejó el partido por otros motivos, pero animada por el trato de Hernández.

"Cuando todo esto sucedió, trasladé que lo más probable era que la siguiente en marcharme fuera yo: por la tensión insostenible con mi departamento y porque no estaba dispuesta, por principios, a votar una lista que mantuviera a Hernández al frente de la organización", añade. "Hernández aplaudía a menudo mis intervenciones en la ejecutiva o recogía después mis argumentos; lo que parecía preocuparle era conservar su poder", apuntala.

La crisis abierta en Sumar tras la dimisión de Laura Moreno, exsecretaria de Organización, ha provocado una cascada de reacciones en el espacio político de la izquierda.

Entre ellas, destaca la del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que ha publicado un mensaje en la red social X advirtiendo a la formación de Lara Hernández y Yolanda Díaz sobre el riesgo de fractura interna. “La mejor manera de reventar a la derecha es no reventar a otras izquierdas”, escribió el diputado catalán, en una clara alusión al conflicto que atraviesa el movimiento.

El comentario llega después de que Moreno denunciara en una carta pública un proceso de aislamiento político dentro del partido, episodios de ansiedad crónica y la existencia de una investigación interna por presunto acoso laboral contra la cocoordinadora general, Lara Hernández.

La exdirigente describe un deterioro progresivo de su salud mental y acusa a la dirección de haber vulnerado los acuerdos democráticos aprobados por la militancia.

Rufián, que ha mantenido una relación de cooperación con Sumar en el Congreso, aprovechó el momento para lanzar un mensaje de advertencia sobre la necesidad de preservar la unidad de la izquierda. “Por muchas facturas y ganas de rajar que tengas.

Que de eso tenemos todos (y no interesan a nadie)”, añadió en su publicación, que rápidamente se viralizó entre dirigentes y militantes de distintas formaciones progresistas.

La crisis interna de Sumar y el mensaje de unidad de Rufián

La dimisión de Laura Moreno ha destapado tensiones acumuladas en la estructura de Sumar desde su proceso constituyente. En su carta, la exsecretaria relata enfrentamientos con Hernández por la gestión territorial en Andalucía, Euskadi y la Comunidad Valenciana, donde denuncia un “fraude sin precedentes” en la elección de los órganos de dirección.

También menciona presiones para alterar acuerdos electorales y un clima de desconfianza que, según su versión, derivó en su marginación política.

El mensaje de Rufián se interpreta como una llamada a la contención en un momento en que el espacio de la izquierda alternativa atraviesa una fase de desgaste.

El diputado de ERC ha insistido en que la prioridad debe ser “evitar que las diferencias internas se conviertan en munición para la derecha”, en referencia al impacto mediático que la crisis de Sumar ha tenido en los últimos días.

La publicación del portavoz republicano contrasta con el silencio de la dirección de Sumar, que se ha limitado a atribuir la salida de Moreno a motivos personales.

Sin embargo, el contenido de la carta y las reacciones posteriores han reavivado el debate sobre el liderazgo de Lara Hernández y la falta de cohesión en el proyecto impulsado por Yolanda Díaz.

Un espacio político en riesgo de fragmentación

La crisis llega en vísperas de la asamblea extraordinaria del 11 de julio, donde Sumar deberá redefinir su estructura y su estrategia política.

La salida de Moreno se suma a las de Íñigo Errejón, Elizabeth Duval, Carlos Martín Urriza y David Comas, en apenas dos años, lo que evidencia un patrón de inestabilidad interna.

El mensaje de Rufián, aunque breve, resume el temor compartido por buena parte de la izquierda: que las divisiones internas acaben debilitando el bloque progresista frente a una derecha en ascenso.

Su advertencia, “no reventar a otras izquierdas”, se ha convertido en una frase que sintetiza el momento político y la necesidad de recomponer puentes antes de que la crisis de Sumar se convierta en una fractura irreversible.

Turquía ha mostrado por primera vez imágenes de su nuevo avión de guerra electrónica Hava SOJ, una plataforma de interferencia a distancia (Standoff Jamming) basada en el Bombardier Global 6000 y desarrollada por Turkish Aerospace Industries (TAI) y Aselsan.

El aparato, todavía en fase de integración, representa uno de los proyectos más ambiciosos de la industria militar turca y podría convertirse en un referente para países que buscan reforzar sus capacidades de guerra electrónica (EW).

Entre ellos, España, que acaba de activar el programa Santiago II para dotarse de nuevas plataformas aéreas de apoyo y ataque electrónico.

Las imágenes difundidas por el Ministerio de Defensa turco y la Agencia de la Industria de Defensa (SSB) muestran el primer prototipo del Hava SOJ, equipado con múltiples barquillas y pods específicos para misiones de interferencia, supresión de defensas enemigas (SEAD) y apoyo electrónico (ES/EA).

Turquía prevé adquirir cuatro aeronaves, todas transformadas en Ankara a partir de aviones Global 6000 ya entregados.

Una plataforma EW de altas prestaciones diseñada para operar fuera del alcance enemigo

El Hava SOJ incorpora una suite de guerra electrónica desarrollada por Aselsan, que incluye sistemas de ataque electrónico, sensores de inteligencia de señales y equipos de autoprotección como el DIRCM Miysis de Leonardo.

Aunque no se han revelado detalles completos, las barquillas bajo las alas recuerdan a los pods AN/ALQ‑218 utilizados por los EA‑18G Growler de la US Navy, lo que sugiere una capacidad avanzada de interferencia y detección de emisiones.

La aeronave estaría preparada para ejecutar misiones SEAD en modo standoff, es decir, desde fuera del alcance de las defensas antiaéreas enemigas, una capacidad crítica en conflictos modernos.

Además, el gran carenado ventral podría albergar un radar AESA con funciones SAR y GMTI, lo que ampliaría su papel a misiones ISTAR.

Para Turquía, el Hava SOJ supone un salto estratégico: un sistema de guerra electrónica desarrollado con recursos nacionales, que reduce la dependencia exterior y refuerza su autonomía militar.

Por qué España mira de cerca el modelo turco para el programa Santiago II

En España, el Ejército del Aire y del Espacio lleva años arrastrando una pérdida progresiva de capacidades en guerra electrónica. En 2025, el Gobierno dio luz verde al programa Santiago II, que contempla la adquisición de tres plataformas aéreas tripuladas de EW.

La industria nacional liderará el proyecto, pero el Ministerio de Defensa no descarta apoyarse en tecnologías ya maduras, como las desarrolladas por Turquía.

El precedente del acuerdo con TAI para el entrenador Hürjet, en el que participan empresas españolas, abre la puerta a una posible colaboración en el ámbito EW.

El Hava SOJ, por su configuración, autonomía y capacidad de carga, encaja en el tipo de plataforma que España necesita para recuperar un rol esencial en operaciones de supresión de defensas enemigas, interferencia electrónica y apoyo a misiones de combate.

La guerra en Ucrania ha demostrado que la falta de capacidades SEAD puede comprometer la superioridad aérea. España, consciente de ello, busca acelerar su modernización, y el Hava SOJ aparece como un modelo a observar muy de cerca.

Hay un bulo que salta de vez en cuando en la política española, cuando la ocasión lo exige, a pesar de que no es más que una mentira. El bulo es ese que viene a decir que la justicia jamás fue capaz de identificar quién era el "M. Rajoy" que aparecía en los papeles de Luis Bárcenas, el extesorero del PP condenado por la financiación irregular de su partido.

Este miércoles ha sido el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el que ha vuelto a recurrir al bulo. En la sesión de control al Ejecutivo, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha referido a Sánchez como "señor P.S.", tal y como figura el presidente en las anotaciones de la fontanera del PSOE Leire Díez.

Aunque desde Moncloa no niegan que "P.S." sea una referencia a Sánchez, el presidente del Gobierno ha respondido a Feijóo diciendo que desde su partido, "lecciones ninguna", y que "si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy".

Sin embargo, no existe ni ha existido ninguna duda sobre quién es ese M. Rajoy que aparecía en los papeles de Bárcenas. Es una evidente referencia al anterior presidente del Gobierno. Lo que no está probado, en cambio, es que Rajoy cobrara de la caja B del PP, tal y como apuntaban esos papeles.

Según la sentencia de la Audiencia Nacional que juzgó el caso, el "M. Rajoy" aparecía en unos papeles de Bárcenas publicados por el diario El País en 2013. En esa misma información se explicaba que a veces aparecía con las siglas y otras veces con el nombre completo. Por lo que dudas, pocas.

Sin embargo, durante el juicio se observaron diferencias entre los papeles publicados por el diario y los aportados por el propio Bárcenas a la justicia. La diferencia principal es que en unos aparecía M. Rajoy y en otros no. Según explicó el extesorero en el juicio, el nombre de Rajoy se introdujo a posteriori para presionar al entonces presidente del Gobierno.

Aunque en la sentencia la Audiencia Nacional pide valorar el testimonio de Bárcenas "con cautela", lo cierto es que no se llegó a demostrar que Rajoy hubiera cobrado o no. Y ahí radica la duda. Se sabe que "M. Rajoy" es el expresidente, lo que no ha quedado demostrado es que recibiera financiación irregular. Sánchez, aun así, ha aireado el bulo este miércoles para defenderse ante sus propios casos de corrupción.

El 2 de abril de 2023, Yolanda Díaz se subió al escenario que Movimiento Sumar había montado en un polideportivo abarrotado en Madrid y lo dijo: "Hoy voy a dar un paso adelante, quiero ser la primera presidenta de España". Sucedió durante la campaña de las pasadas elecciones generales, las del 23J, y así fue como Díaz decidió anunciar su candidatura. Por aquel entonces todavía se la veía como una especie de mirlo blanco de la izquierda, mucha gente depositaba en ella una ilusión puesta a prueba demasiadas veces y los gritos de "¡Presidenta! ¡Presidenta!" fueron habituales durante la campaña.

Apenas han pasado tres años desde ese momento y la ilusión ha mutado hacia la desesperación, al ver que un proyecto que parecía tener futuro en la política española se descompone a pasos agigantados por polémicas internas y dimisiones en bloque. En los últimos dos años, seis altos cargos de la dirección de Movimiento Sumar han dejado su puesto, protagonizando una sangría y destapando las tensiones.

Los últimos en hacerlo han sido David Comas, secretario de Comunicación, y Laura Moreno, secretaria de Organización. La noticia de que habían decidido dimitir se conoció ayer, a la vez que empezó a circular una carta que Moreno había mandado a la dirección del partido para explicar su decisión.

Aunque en la misiva Moreno aludía motivos personales para justificar su dimisión, denunciaba haber sido víctima de "injusticias y faltas de respeto" por parte de la cúpula, criticaba que estaba siendo apartada de sus responsabilidades (aunque había tenido un perfil discreto era la número tres) y posaba el foco de ese malestar sobre la coordinadora Lara Hernández.

En la carta, Moreno desvelaba que Hernández estaba siendo objeto de una investigación interna por denuncias de acoso laboral por parte de seis compañeros y la acusaba de haber cometido "fraude" en el proceso constituyente de Movimiento Sumar en la Comunidad Valenciana, en 2025.

"Defender este proyecto me provocó ansiedad crónica y mediación", asegura Moreno en su carta. "El silencio ante lo que yo, humildemente, considero injusticias produce impunidad. Y lo peor de todo, acaba reproduciendo las injusticias", continúa. "Hablo de la falta de respeto que la dirección de la que he formado parte ha cometido contra su gente, sus militantes y su organización", apuntala.

A raíz del revuelo generado por la dimisión de Moreno, han revivido otras voces que también estuvieron en Sumar y que ahora mantienen muy críticas. Es el caso de Elizabeth Duval, secretaria de Comunicación previa a David Comas y que abandonó la formación en marzo del año pasado. En la red social X, Duval subrayó ayer que desde su dimisión se han producido otras tantas y apunta a Lara Hernández como responsable del "destrozo".

"Lara Hernández, que lleva meses vulnerando los estatutos, con una investigación abierta por acoso laboral, acusada de fraude en primarias internas por su propia exsecretaria de Organización, debería dimitir y no presentarse a la siguiente asamblea de Sumar", publicó.

Hay que tener en cuenta que la propia Yolanda Díaz también dimitió de su cargo como cabeza de Sumar en junio de 2024, tras los malos resultados en las elecciones europeas, dimitió su eurodiputada María Eugenia Rodríguez Palop en julio de ese año, y también dejó el cargo Carlos Martín, que fue nombrado junto a Lara Hernández para sustituir a Díaz y que dio un paso al lado en agosto de 2025, apenas unos meses después de ser nombrado.

Esta crisis desatada llega en un momento muy delicado para Sumar. El partido tiene pendiente convocar una asamblea, la tercera en apenas tres años, para reorganizar la estructura orgánica y la dirección política, a la vez que está en conversaciones con otras formaciones como Izquierda Unida, Más Madrid y los Comunes para reorganizar el espacio político de cara al próximo ciclo electoral. El proceso interno se prevé que puede acabar siendo tenso y que Lara Hernández se acabe enfrentando contra Verónica Martínez, la portavoz en el Congreso.

El Polígono de Tiro y Bombardeo de las Bardenas Reales, situado en Navarra, vuelve a convertirse en un punto de fricción política dentro del bloque que sostiene al Gobierno.

Este miércoles, el PSOE afronta en el Pleno del Congreso el debate de una iniciativa presentada por Sumar, EH Bildu, PNV y Podemos que exige el cierre definitivo de la instalación militar y reclama al Ministerio de Defensa que no renueve el contrato de arrendamiento cuando expire en 2028.

La instalación, operativa desde 1951, es uno de los campos de tiro más relevantes de España y el principal escenario de adiestramiento para las unidades de combate del Ejército del Aire y del Espacio.

Su extensión, su aislamiento geográfico y la posibilidad de realizar ejercicios con fuego real lo han convertido en un activo estratégico para la defensa nacional y para la cooperación con aliados de la OTAN.

Los socios parlamentarios del Gobierno sostienen que la actividad militar es incompatible con la protección ambiental de las Bardenas Reales, declaradas Reserva de la Biosfera por la UNESCO, y con la sensibilidad social de la zona. ç

El PSOE, sin embargo, defiende que el cierre tendría un impacto directo en la preparación operativa de las Fuerzas Armadas y en los compromisos internacionales de España.

Un enclave militar esencial para el adiestramiento del Ejército del Aire

El polígono es utilizado de forma regular por las alas de combate de Zaragoza, Torrejón y Albacete, así como por unidades aliadas que participan en ejercicios conjuntos.

En estas instalaciones se entrenan maniobras aire‑tierra, lanzamiento de armamento guiado y no guiado, aproximaciones tácticas y procedimientos de combate que no pueden realizarse en otros puntos del territorio nacional.

El campo de tiro cuenta con zonas de impacto controladas, sistemas de medición de precisión y protocolos de seguridad actualizados.

Defensa sostiene que su clausura obligaría a trasladar el adiestramiento a bases extranjeras, con un coste económico elevado y una pérdida de autonomía operativa.

Además, subraya que la actividad militar se concentra en áreas muy delimitadas y que la mayor parte del territorio de las Bardenas permanece accesible para usos civiles.

El contrato de arrendamiento, gestionado por la Comunidad de Bardenas Reales, se renueva periódicamente desde hace décadas y supone una fuente de ingresos para los municipios y entidades propietarias.

Sin embargo, la presión política y social ha aumentado, especialmente por parte de colectivos pacifistas y organizaciones ecologistas que reclaman el fin de la actividad militar.

Un choque político que tensiona al Gobierno en plena legislatura

La iniciativa de Sumar, Bildu, PNV y Podemos coloca al PSOE en una posición incómoda: sus aliados exigen el cierre inmediato, mientras el Ministerio de Defensa defiende la continuidad del polígono como infraestructura esencial para la seguridad nacional.

El debate llega en un momento en el que el Ejecutivo necesita estabilidad parlamentaria y en el que cualquier votación ajustada puede complicar la legislatura.

El futuro del polígono dependerá de la negociación política y de la capacidad del Gobierno para equilibrar las demandas de sus socios con las necesidades operativas de las Fuerzas Armadas.

Lo que está claro es que las Bardenas vuelven a ser un escenario donde se cruzan estrategia militar, presión territorial y supervivencia parlamentaria.