La última oleada sobre los costes laborales que ha elaborado el INE sitúa el gasto medio mensual en cotizaciones sociales que paga el empresario por cada trabajador por encima de los 800, es decir, un incremento de la presión impositiva en este rubro del 35 por ciento desde que gobierna Pedro Sánchez, no sólo inferior, por supuesto, a la subida media de los salarios, sino que recae con mayor severidad sobre los autónomos y las pequeñas y medianas empresas. Esta situación, letal a medio plazo para la buena salud económica de un país, podría tener alguna virtud si, al menos, hubiera contribuido a reducir el déficit de la Seguridad Social de manera eficaz, pero la realidad es que este sobreesfuerzo fiscal, que machaca a las clases medias trabajadoras, apenas supone una gota de agua en el enorme pantano seco en que se está convirtiendo nuestro sistema de pensiones. De hecho, según los datos, teñidos de un optimismo que roza lo patético, la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, los ingresos por los impuestos al trabajo han supuesto casi 11.000 millones de euros desde que se aplicaron los nuevos mecanismos recaudatorios en 2023 y hasta 2025, cuando sólo la nómina de pensiones del último mes de mayo supuso un desembolso de 14.000 millones, es decir, un 6 por ciento más que en el mismo mes del año anterior. O dicho de otra forma, la fórmula socialista de exprimir a impuestos a las empresas, que son las que generan la riqueza, ni sirve para solucionar el problema del sistema nacional de pensiones, que gasta mucho más de lo que ingresa por cotizaciones sociales, ni ayuda, precisamente, al dinamismo de la economía y de los salarios, que son la única vía razonable para enfrentar el problema. Demasiados sueldos bajos, como factor principal de la competitividad, y un deterioro de la inversión productiva por parte de unas empresas que soportan una presión fiscal cuatro puntos por encima de la media de la UE sólo puede conducir al colapso del sistema. El Gobierno de coalición, pese a toda su propaganda, ha conseguido unos hitos impresionantes: extensión cada vez más acusada de las subvenciones y las paguitas, tipo Ingreso Mínimo Vital; generalización a la baja del salario más frecuente, aproximándolo al SMI; deterioro del mercado laboral, marcado por un exceso de temporalidad encubierta; recaudaciones históricas de impuestos y tasas y, todo ello, en medio de un proceso inflacionario que no deja de intensificarse. Demasiadas veces se olvida que el Estado de bienestar, tal y como hoy lo conocemos, fue la obra de postguerra de las formaciones conservadoras y democristianas europeas. Su apropiación intelectual por parte de las izquierdas no significa que sus políticas surtan los efectos buscados. Porque, como está comprobando la sociedad española en sus carnes, crujir a impuestos a las clases medias, a los trabajadores y a las empresas no es hacer política social, es echar arena en los rodamientos del mercado laboral, sin cuyo buen funcionamiento solo se llega al endeudamiento público y a la asfixia del cuerpo social. Como prueba, el endeudamiento de la Seguridad Social ha subido de los 35.000 millones de euros de 2018, cuando Sánchez llegó al poder, a los 136.000 millones de marzo de este año. Y va a más.