José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno y figura de gran peso político en el PSOE de Sánchez, se enfrenta a penas de hasta seis años de prisión si no es capaz de acreditar la legalidad de las joyas valoradas en 1,3 millones de euros halladas en una caja fuerte en su despacio. El juez José Luis Calama ha abierto una pieza separada para investigar un posible delito fiscal y de contrabando al considerar que, por el momento, Zapatero no ha justificado el origen de las joyas.

La Información Económica ha consultado a asesores fiscales, inspectores y técnicos de Hacienda qué coinciden en señalar la complejidad del caso y señalan una serie de factores cruciales. La forma en que han sido obtenido las piezas -si se han comprado, son fruto de una herencia o una donación-, la fecha en que pasaron a formar parte del patrimonio y la propiedad de las mismas son los puntos clave que marcará el futuro penal de Zapatero.

Raquel Jurado, del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) del Consejo General de Economistas, resume los escenarios tributarios a los que se enfrenta un contribuyente que se hace con unas joyas de valor. "En el momento de la adquisición tienes que tributar. Si las compras en una joyería, te repercuten el IVA y tendrás factura. Si las compras a un particular, pagas por transmisión patrimonial onerosa, si lo has heredado, tendrías que haber declarado sucesiones y si te lo han donado, donaciones”, explica la experta.

El mejor escenario para el ex presidente del Gobierno sería que pudiera acreditar que las joyas sean fruto de una herencia o de regalos de viaje. Precisamente, los argumentos que esgrimió la secretaria de Zapatero cuando se le interrogó por la procedencia de las mismas. Si su defensa es capaz de justificar la herencia mediante un testamento o un documento que acredite la donación, en esos casos las piezas quedarían exentas de fraude.

Otro frente que se le abre a Zapatero es un posible fraude en el impuesto de Patrimonio. Si el peritaje preliminar se confirma, la cuantía de las joyas sería suficiente como para que el expresidente tuviera que haberlas incluido en su declaración de este tributo, que pagan los contribuyentes más ricos del país. "Aunque demuestres que fue una donación tienes que pagar por los bienes. Da igual que sea una herencia, compra o donación", explica Rubén Gimeno, también del REAF.

En Madrid, donde se presume que reside fiscalmente Zapatero, este impuesto estuvo bonificado casi al 100% hasta 2023, pero a partir de esa fecha volvió a estar activo. "En el periodo 2023-2025 tendría que haber presentado la declaración patrimonio o imputar las joyas. El impuesto se paga a partir de un millón de euros, si las joyas tienen ese valor, está obligado a presentarlo", sostiene.

Los problemas: ganancia patrimonial no justificada

Los verdaderos problemas para Zapatero vendrían si no es capaz de acreditar de ninguna forma cómo obtuvo las joyas. En ese caso, Hacienda podría aplicarle lo que se conoce como "ganancia patrimonial no justificada". Gimeno lo resume: "es como si Hacienda te descubre un coche, una casa… que no puedes probar que has comprado, ni que te lo han regalado".

En esos casos, la ganancia patrimonial se integran en la cuota general del IRPF al marginal más alto. Para la situación de Zapatero, la Asociación de Inspectores del Estado (IHE) estima que el tipo que se le aplicaría sería entre el 45 y el 50%. Porcentajes que, aplicados al valor de tasación de 1,3 millones de las joyas, podrían alcanzar los 120.000 euros de cuota a partir de los que un fraude a Hacienda se considera delito fiscal, que puede acarrear penas de entre uno y cinco años de cárcel. Si la cuota defraudada superase los 600.000 euros, las penas de prisión oscilarían entre los dos y los seis años al tratarse de un delito agravado.

Sin embargo, la atribución de este delito resultará complicada en la práctica porque hay un factor que juega a favor de Zapatero: la prescripción. Si el expresidente es capaz de demostrar que poseía estas joyas antes de junio de 2021, los delitos y el fraude a la hacienda pública habrían superado el plazo de prescripción de cinco años.

Aunque en caso de que se le imputase un delito agravado, el plazo de prescripción se extiende hasta los diez años. "Una fotografía, un certificado de autenticidad o un seguro hecho sobre las joyas… ya determinaría que esos bienes ya se poseían antes de esa fecha cuyo plazo finalizó", explica José María Mollinedo, secretario general de Gestha.

La cuestión de la prescripción es clave porque, además, para que se considere delito fiscal la cuantía defraudada debe superar los 120.000 euros en un mismo ejercicio fiscal. Si, aun sin estar prescrito el fraude, Zapatero es capaz de acreditar el año concreto en que obtuvo cada joya -aunque no pruebe su procedencia lícita- el presunto fraude se repartiría entre diferentes ejercicios, haciendo que sea más difícil alcanzar los 120.000 euros que marcan el límite del delito.

En cualquier caso, Mollinedo sostiene que aunque se hubiera producido una ganancia patrimonial no justificada, Zapatero todavía estaría a tiempo de regularizar su situación y saldar cuentas con Hacienda para evitar consecuencias penales.

Finalmente, Zapatero también podría enfrentarse a un segundo delito de contrabando, al considerar el juez que pudo ser él quien introdujo las joyas en el territorio aduanero de la UE sin cumplir con sus obligaciones legales. En este caso, la clave está en si el expresidente es capaz de demostrar que fue otra persona quien se las entregó. "En ese caso no hay delito ni infracción de contrabando", resume Mollinedo, que añade que en este caso también aplica el plazo de prescripción de cinco años.

La guerra en Irán sigue golpeando el surtidor. Según los datos del Índice de Precios de Consumo (IPC) detallado de mayo que ha publicado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE) el precio de los carburantes se disparó un 15,9% el mes pasado, casi cuatro puntos por encima del nivel registrado en abril.

Se trata de la cifra más elevada en esta partida en casi cuatro años: habría que remontarse hasta octubre de 2022 para encontrar un incremento mayor en los precios. El paquete fiscal de medidas de alivio por la guerra ha permitido amortiguar las subidas de precios. De hecho, si no se hubiese producido la rebaja impositiva a los carburantes que aún sigue vigente, la subida de precios habría alcanzado el 29%.

Sin embargo, pese a que la inflación en la gasolinera se acentuó, el INE ha confirmado que el índice general de precios se mantuvo estable en el 3,2% el pasado mayo. La misma cifra que la oficina estadística había adelantado ya previamente y que está por debajo del pico alcanzado en marzo, cuando los precios alcanzaron una subida del 3,4% antes de que se aprobaran las medidas de alivio. Según el IPC a impuestos constantes, sin el escudo fiscal la inflación habría escalado hasta el 4,4% el mes pasado.

No obstante, la inflación subyacente empieza se incrementó dos décimas respecto a abril y alcanza ya el 3%, su valor más alto en dos años. Este indicador -que descuenta del cálculo los precios de la energía y los alimentos no elaborados- sirve como termómetro de hasta qué punto las subidas de precios se están contagiando al conjunto de la economía y afectando a los precios que deberían ser más estables.

Ante el repunte inflacionario en toda Europa, el Banco Central Europeo (BCE) decidió el jueves subir los tipos de interés oficiales del euro por primera vez en tres años. Una decisión con la que el organismo pretende anticiparse y evitar una crisis inflacionaria como la que se vio en Ucrania, pero que puede acabar dañando a una economía europea ya muy debilitada.

La luz y el gas se abarataron y los alimentos se estabilizan

En lo que respecta a los precios de la luz y el gas, cuya rebaja fiscal estuvo vigente en mayo aunque decayó con la entrada de junio, el INE refleja que se redujeron un 5,5% y un 9,7%, respectivamente. Es de esperar que en junio se produzca un rebote automático en estos productos por el efecto de la retirada de la bajada impositiva.

Al mismo tiempo, la inflación en la cesta de la compra dio un pequeño respiro y se moderó hasta el 2,2%, un dato que está cuatro décimas por debajo de abril y que supone el registro más bajo en un año. Sin embargo, dentro de los alimentos -una de las partidas que más ha castigado a los hogares estos últimos años- confluyen realidades muy distintas.

Todavía hay productos como las legumbres (un 16,3% más caras que hace un año), las hortalizas (15,2%) los huevos (13,7%) o el pescado (9,7%) que presentan subidas de precios muy notables. En cualquier caso, la tendencia a la moderación se ve en que en 33 de los 56 alimentos y bebidas cuyo precio monitoriza el INE la inflación se ha moderado en mayo.

Sin embargo, la cesta de la compra podría acabar siendo un damnificado indirecto de la guerra en Irán si el conflicto sigue sin resolverse y la crisis energética se enquista. El cierre del estrecho de Ormuz ha disparado los precios del petróleo, pero también ha restringido notablemente el comercio de materias primas clave para la agricultura y la ganadería como los fertilizantes. Este impacto llega con retraso al supermercado, pero se acaba notando en el bolsillo del consumidor.

La Feria del Libro de Madrid encara la recta final de su 85ª edición, transcurridas ya casi dos semanas de fervor por la literatura. Indecisos y adictos a esta ineludible cita apuran sus últimas visitas al Paseo de Coches del Retiro mientras el verano asoma ya a la vuelta de la esquina.

Como tienen por costumbre, políticos, líderes económicos, empresariales y sindicales han vuelto a recorrer las casetas para alimentar su biblioteca. La Información Económica ha aprovechado la ocasión para preguntar a los ministros de carteras económicas del Gobierno, al gobernador del Banco de España y a los agentes sociales cuáles son sus lecturas predilectas. Entre sus recomendaciones encontramos ensayos futuristas, thriller histórico, obras de economía clásica... y hasta un tratado sobre la estupidez humana.

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo

Libro: Fronteras de clase: Desigualdad, migración y ciudadanía en el Estado capitalista (Anagrama)

Autora: Lea Ypi

"La obra explora la actual crisis democrática. La oligarquía tecnocrática y sus gobiernos afines, un summum de intereses y pretensiones de anular derechos, intentan una revolución reaccionaria", explica la vicepresidenta segunda. "La perspectiva del libro es aguda, aportando lucidez a buena parte de las preocupaciones de nuestra época, de la inmigración a las muchas grietas del modelo capitalista", apunta Díaz.

Arcadi España, ministro de Hacienda

Libro: Las leyes fundamentales de la estupidez humana (Crítica)

Autor: Carlo M. Cipolla

El ministro de Hacienda remite a un libro escrito hace 50 años por un historiador y economista "que rebosa inteligencia e ironía", cuenta, y que resulta "tremendamente -e inquietantemente- actual". "El libro de Cipolla se puede aplicar a la economía, a las relaciones internacionales, a determinados comportamientos políticos y también es una guía útil para la vida cotidiana", resume el ministro que tiene las llaves de la hacienda española.

Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno

Libro: La vida es breve, etcétera (Libros del Asteroide)

Autora: Verónica Raimo

La ministra encargada de la Seguridad Social y la voz del Gobierno en el Consejo de Ministros recomienda una colección de relatos protagonizados por mujeres. "Lo compré durante mi visita a la Feria del Libro, gracias a la estupenda recomendación que me hicieron en una de las casetas y no puedo estar más contenta. Es fresca, irónica y me gusta cómo retrata las contradicciones que todos tenemos y las pequeñas tragedias cotidianas", explica.

José Luis Escrivá, gobernador del Banco de España

Libro: The Infinity Machine: Demis Hassabis, DeepMind, and the Quest for Superintelligence (Penguin)

Autor: Sebastian Mallaby

José Luis Escrivá propone una biografía sobre "una de las personalidades más fascinantes del momento": Demis Hassabis, cofundador y director ejecutivo de Google DeepMind. "Su curiosidad, que le hizo convertirse en neurocientífico, le ha llevado a innovar y propiciar desarrollos y avances sin precedentes, y su humanismo le separa -en positivo- de otras figuras destacadas del ámbito de la Inteligencia Artificial", cuenta.

Alberto Nadal, vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP

Libro: Bienestar para todos (Unión Editorial)

Autor: Ludwig Erhard

El responsable del área económica del PP sugiere un ensayo de contenido económico puro. "Edhard, el padre del milagro alemán, el que reconstruye económicamente Alemania, demuestra que sólo con economía de mercado hay prosperidad", explica Nadal. "Las recetas que propone no solamente son para hacer más grande la tarta, sino para que todos y cada uno reciban un trozo, en función del esfuerzo que han puesto y en función de las necesidades sociales", añade.

Antonio Garamendi, presidente de CEOE

Libro: Las Gobernadoras (Espasa)

Autora: Cruz Sánchez de Lara

El presidente de la gran patronal CEOE recomienda una novela histórica que "pone en valor el liderazgo de mujeres que desempeñaron un papel determinante en momentos decisivos". "Es una gran oportunidad para comprender mejor la aportación de España a la construcción de Estados Unidos y a reconocer la influencia de quienes, muchas veces desde un segundo plano, demostraron una extraordinaria capacidad para tejer alianzas, tomar decisiones y transformar la realidad", afirma.

Ángela de Miguel, presidenta de Cepyme

Libro: Nada bueno germina (Ediciones Destino)

Autor: César Pérez Gellida

Ángela de Miguel, presidenta de la patronal de la pequeña y mediana empresa propone una novela oscura ambientada en la España de principios del siglo XX. "Lo que más me atrae de ella es la profundidad de sus personajes y la forma en que afrontan la adversidad. La historia invita a reflexionar sobre la ambición, las decisiones y las consecuencias de nuestros actos", cuenta.

Pepe Álvarez, secretario general de UGT

Libro: ¿Qué quieres ser de mayor? (Debate)

Autor: Pere Estupinyà

Pepe Álvarez aconseja un ensayo que "invita a reflexionar sobre cómo afrontar la vida a partir de los 40" y desmonta estereotipos. "El autor habla del edadismo y de cómo a veces nos ponemos límites por cumplir años, cuando todavía quedan muchas cosas por aprender y disfrutar. Es un libro cercano, entretenido y con un mensaje muy positivo sobre el futuro", reflexiona el secretario general de UGT.

Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras

Libro: Hijas del hormigón. Historias de clasismo, sexismo y violencia en las periferias españolas (Debate)

Autora: Aida Dos Santos

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, elige un ensayo protagonizado por las mujeres del extrarradio español. "Un caleidoscopio de realidad muy recomendable porque, a través de un centenar de testimonios de mujeres, explora cómo viven la precariedad económica, las privaciones diarias, la falta de servicio, o la violencia sexual", apunta.

El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves una proposición de ley para que los trabajadores que han cotizado en mutuas profesionales (abogados, médicos, arquitectos...) puedan trasladar esas contribuciones económicas a la Seguridad Social. Numerosos colectivos profesionales llevan años denunciando que la pensión que les deja la mutualidad es muy baja y han reclamado el traspaso al régimen de autónomos, que garantiza una prestación mínima más generosa en muchos casos.

El texto viaja ahora al Senado, donde se podrán introducir enmiendas y será devuelto a la Cámara Baja donde, previsiblemente, saldrá adelante de nuevo. La iniciativa ha salido adelante en el Congreso con 180 votos a favor, 168 abstenciones (PP y Vox) y ningún voto en contra.

La norma permitirá que unos 100.000 mutualistas como arquitectos, ingenieros, gestores administrativos, abogados, procuradores o médicos puedan 'comprar' cotizaciones a la Seguridad Social para mejorar su pensión. Hasta ahora, muchos de estos profesionales quedaban fuera del radar de la Seguridad Social. En lugar de cotizar como autónomos, su protección social estaba o está a cargo de mutuas profesionales privadas a las que han ido contribuyendo a lo largo de su carrera.

Sin embargo, tal y como recoge el texto de la proposición de ley, este sistema ha dado lugar a prestaciones que "en algunos casos han quedado muy por debajo del nivel de cobertura que esperaban y, en ocasiones, por debajo del importe que habrían obtenido de haber estado encuadrados en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos".

Algunas de esas mutuas profesionales son anteriores incluso al nacimiento de la Seguridad Social. Cuando se constituyó el régimen de autónomos en los años setenta, los colegios profesionales afectados no se integraron en él. En los años noventa, la integración pasó a ser obligatoria por ley, pero se permitió a los colegios que ya tuvieran mutuas constituidas previamente pudieran elegir entre integrarse en la Seguridad Social o permanecer en la mutualidad.

El funcionamiento de estas mutuas es diferente al del sistema público de pensiones. En este sistema, el trabajador hace una aportación que decide él y, a cambio, obtiene una protección social. A menudo, esas aportaciones son bajas, lo que genera derecho a pensiones muy reducidas. De hecho, incluso a igual aportación que en el sistema de Seguridad Social, derechos como los complementos a mínimos o la revalorización con el IPC que sí ofrece el sistema público no están garantizados.

Una pasarela que no es igual para todos

La proposición de ley establece un sistema -una especie de pasarela- voluntario para que los profesionales puedan canjear las contribuciones económicas hechas a la mutua por cotizaciones a la Seguridad Social. De esta forma, quedarían protegidos por el sistema público, que en muchos casos dará lugar a prestaciones más generosas. Una vez hecha la conversión, el mutualista queda irreversiblemente integrado en el RETA.

Esta pasarela será, de hecho, más favorable incluso de lo que estaba previsto inicialmente. En un primer momento, la proposición de ley excluía a los mutualistas ya jubilados y también a aquellos que habían cotizado a la Seguridad Social el mínimo para tener derecho a una pensión (15 años). Sin embargo, una enmienda impulsada por el Partido Popular ha eliminado esos requisitos, que incrementarían sustancialmente el número de beneficiarios y el impacto económico sobre las arcas de la Seguridad Social.

La proposición de ley da un año de plazo a todos los profesionales que quieran transferir los derechos económicos de sus mutualidades a la Seguridad Social. Un canje que estará exento de pagar IRPF, pero que no se producirá en términos de equivalencia en todos los casos. Es decir, cada euro contenido en la mutualidad no se traducirá siempre en un euro en cotización adquirida.

La norma da las líneas generales para calcular los años de cotizaciones a los que tendría derecho cada mutualista y la base de su pensión. En concreto, establece que se tendrá en cuenta la base mínima de cotización que le habría correspondido al profesional si hubiera sido autónomo y no mutualista. Esa base se actualizará con unos parámetros que todavía se tienen que definir mediante un reglamento y sufre una penalización para descontar las contingencias que no estaban cubiertas por las mutuas, pero sí en la Seguridad Social.

Esa penalización se plasma en un coeficiente de 0,77 sobre esa base de cotización estimada. En la práctica, esto se traduce en que cada euro aportado a la mutualidad no se convertirá en un euro cotizado al RETA. En consecuencia, cada año contribuido en la mutualidad no se canjeará por un año cotizado en el régimen de autónomos. Sin embargo, se establece una excepción para los mutualistas mayores de 52 años, para quienes cada mes cotizado en la mutualidad se convertirá en un mes cotizado a la Seguridad Social.

La proposición de ley incluye también cambios en las condiciones de las mutualidades alternativas para los profesionales que decidan permanecer en las mismas. De tal forma que las prestaciones que ofrezcan las mutuas deberán ser al menos iguales a las mínimas que ofrece el sistema de Seguridad Social. Para ello, se prevé que la cuota que abonan los mutualistas se vaya incrementando hasta alcanzar progresivamente la base mínima que les correspondería si cotizaran en el régimen de autónomos.

Una vez se haya aprobado la norma definitivamente, el Gobierno deberá elaborar un reglamento en el que termine de perfilar los detalles técnicos de la pasarela. En concreto, en lo que se refiere a cómo se actualizarán las bases mínimas de cotización. Cuando se haya aprobado el reglamento, los mutualistas dispondrán de un año para solicitar el traspaso a la Seguridad Social.

En España hay 1,5 millones de personas que trabajan en los denominados servicios esenciales. Un sector heterogéneo donde caben desde las cuidadoras al personal de seguridad, la limpieza de edificios, jardineros, los monitores en los polideportivos o el personal que atiende las cafeterías de los edificios públicos. En definitiva, servicios centrados en las personas que son clave para funcionamiento diario de la economía y en particular del sector público. Ahora, las grandes patronales del sector se han unido bajo una misma marca: AlianzAS. Una confederación empresarial que preside Javier Sigüenza. Su gran reivindicación es que el Gobierno levante el veto a la revisión en los precios de los contratos públicos. Una limitación que, denuncian, les impide repercutir los aumentos de costes que sufren, como las subidas del salario mínimo.

"Nuestra principal reclamación es que se permita la revisión de precios en los contratos públicos. No queremos que sea algo obligatorio, solo que se permita"

La economía española crecerá un 2,4% este año, aunque después se frenará tres décimas en 2027, acusando el impacto de una guerra en Oriente Próximo que sigue sin resolverse y que ha disparado drásticamente los precios de la energía. Así lo ve BBVA Research, el centro de estudios de la entidad bancaria, que ha decidido mantener su previsión de expansión del PIB en el mismo nivel que el que vaticinaban cuando empezó el conflicto.

Una cifra que es algo más optimista que la de los principales organismos que publican previsiones (Banco de España, FMI, OCDE, Comisión Europea...) y que las del propio Gobierno de España, que se mueven entre el 2,1 y el 2,2% para este ejercicio.

Sin embargo, detrás de esa decisión de no variar la previsión, hay factores tirando en direcciones opuestas. Por un lado, el aumento en los precios de la energía y los cuellos de botella que ha generado el conflicto en el comercio mundial frenan la actividad. Pero ese impacto se anula por las medidas de alivio fiscal para abaratar los carburantes, la luz y el gas que ha introducido el Gobierno.

El impacto económico de la guerra llegará también a 2027, ejercicio en el que los precios de la energía perjudicarán al crecimiento, así como la debilidad de los socios europeos de España. Además, el impulso fiscal que ha ayudado a sostener la economía en 2026 se diluirá. Esto se traducirá en un crecimiento económico del 2,1% en 2027, tres décimas inferior al del actual ejercicio.

Aunque las expectativas son buenas en un contexto de guerra abierta y sin una solución clara todavía a la vista, España tendrá que pagar un precio por no dañar el crecimiento. La aprobación de las medidas de apoyo (valoradas en 5.000 millones de euros) elevará el déficit público hasta el 2,8% del PIB en 2026. Cuatro décimas por encima del cierre de 2025 y una cifra muy alejada de la que el Gobierno ha pactado con Bruselas para este año (2,1% del PIB). En 2027, la retirada de las medidas de alivio reduciría el déficit hasta el 2,5% del PIB, pero todavía seguirá muy lejos de lo comprometido con la Comisión Europea (1,8%).

La guerra también impactará de lleno en las expectativas de inflación, pese a que los economistas del banco confían en que el conflicto se desatasque y los precios de la energía empiecen a bajar a partir de la segunda mitad del año. BBVA Research estima que la inflación se disparará un 3,8% este año, 1,1 puntos por encima del dato de cierre de 2025 y una cifra muy por encima del objetivo del 2% que se marca el Banco Central Europeo (BCE).

El sistema fiscal español es progresivo. Es decir, está diseñado para que los que más ganan sean también los que más impuestos pagan. Sin embargo, esa progresividad se rompe cuando a los más acaudalados les toca pasar por caja.

Según Fedea, la élite económica del país destina un 25,6% de lo que ingresa y de lo que gasta a pagar impuestos. Un porcentaje (tipo medio efectivo) que es incluso menor que el 26,2% de los contribuyentes más humildes y que está por debajo de la media del país.

Las diferencias se explican por las diferentes formas de ganar dinero que tienen unos y otros. Mientras que la mayoría de la gente vive de su trabajo, los más ricos obtienen una parte importante de sus rentas del capital. Es decir, de dividendos, ingresos por alquileres, venta de acciones o los beneficios de las empresas en las que participan.

La fiscalidad de estas rentas es más baja que la del trabajo, lo que explica que ese porcentaje que pagan de impuestos sea también más reducido. Además, los sueldos más elevados tienen una parte exenta de cotización a la Seguridad Social, cosa que no sucede con la inmensa mayoría de las retribuciones.

Sin embargo, el balance de lo que después reciben en forma de servicios o de prestaciones es muy diferente. Los hogares humildes obtienen mucho más de lo que aportan en impuestos, mientras que el balance de los más ricos es justo el contrario.

La Información Económica lanza este nuevo episodio de 'Economía Indiscreta', una serie de contenidos audiovisuales de carácter divulgativo con la que buscamos contribuir al debate público-económico. En el anterior, publicado hace justo una semana, nos preguntábamos si las recompras de acciones son realmente beneficiosas para el pequeño inversor.

La presidenta del Tribunal de Cuentas (TCU), Enriqueta Chicano, ha anunciado este martes que el organismo fiscalizador está debatiendo elaborar un estudio "jurídico-técnico" sobre las consecuencias de la sucesión de prórrogas presupuestarias en la gestión de las cuentas públicas. Así lo ha trasladado Chicano durante su comparecencia en comisión parlamentaria, donde ha desgranado los resultados de su informe sobre la Cuenta General del Estado de 2024.

Un documento que ha despertado cierta polémica al hacerse eco de que Hacienda recurrió temporalmente a créditos sobrantes en el capítulo presupuestario de los fondos europeos para pagar pensiones. Algo que la presidenta ha descartado que sea equivalente a financiar las pensiones con dinero europeo del plan de recuperación, como ya ha aclarado la propia Comisión Europea.

Respecto a las prórrogas presupuestarias, la presidenta del TCU ha descartado pronunciarse sobre la constitucionalidad o no de la prolongación de las cuentas públicas de 2023, que todavía siguen vigentes pese a que se aprobaron en la legislatura anterior. Chicano se ha escudado en que el Tribunal Constitucional ya se va a pronunciar sobre esta cuestión después de haber admitido a trámite una demanda promovida por la mayoría del PP en el Senado.

No obstante, ha afirmado a renglón seguido, que están estudiando "si se hace una nota o un informe" para entrar en los efectos que las prórrogas pueden tener en el uso de los recursos públicos. Esta cuestión ha quedado fuera de las conclusiones del informe sobre la Cuenta General del Estado, aunque hasta seis consejeros del TCU han lamentado que no se haya ahondado en el asunto (de los cuales, solo uno votó en contra del dictamen).

Pensiones y fondos europeos

La otra cuestión que ha sobrevolado toda la comparecencia de Chicano ha sido la de las pensiones y los fondos europeos. Sobre este aspecto, la presidenta del TCU ha sido tajante. "El Tribunal no ha afirmado en la declaración, ni en el auto resumen, ni en la nota de prensa que se pagaran pensiones con fondos europeos", ha defendido.

En concreto, el informe del TCU señalaba que el Gobierno había autorizado dos modificaciones presupuestarias por valor de 2.389 millones para pagar pensiones de Clases Pasivas y complementos de pensiones mínimas. Esas modificaciones afectaban al "servicio 50", el capítulo de los Presupuestos Generales de 2023 donde se incluyen los fondos europeos de recuperación.

El Tribunal de Cuentas sostiene que los fundamentos jurídicos de esa decisión tenían que haber quedado mejor justificados, porque esta afectaba a la gestión de los fondos europeos, que tiene su normativa propia. Sin embargo, incluye esta apreciación en el apartado de incidencias "que no afectan a la opinión sobre la Cuenta General del Estado". Y no en el salvedades, que son los elementos que el TCU remite al Parlamento para que inste al Gobierno a subsanar.

En un primer borrador del informe, esta cuestión sí que se había incluido en el apartado de salvedades, pero el Ministerio de Hacienda presentó alegaciones que fueron atendidas y se movió de categoría. Seis consejeros del TCU se opusieron a esa modificación, aunque solo uno votó en contra del informe final. En concreto, cuatro de ellos emitieron un voto concurrente en el que señalaban que las dos modificaciones presupuestarias "carecieron de fundamento normativo".

Chicano ha puntualizado que la declaración del TCU se limitaba a señalar que los fundamentos jurídicos "deberían haber mejor justificados". "Nadie puede concluir que el dinero del mecanismo de recuperación se haya utilizado para pagar pensiones, porque el dinero solamente se percibe una vez acreditado el cumplimiento del hito o del objetivo", ha argumentado. "De acuerdo con las normas de Eurostat, solamente se considera como un ingreso cuando se acomete el gasto que lo libera", ha añadido.

La gran mayoría de las empresas españolas no dispone de planes de pensiones para sus trabajadores. Según una encuesta elaborada por KPMG, solo una de cada cinco compañías ofrece este beneficio a sus empleados. Una proporción que la firma de consultoría y servicios legales considera reducido, en un contexto en el que ven cada vez más "necesario" ahorrar para la jubilación por las dudas sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones.

Así lo refleja KPMG en la novena edición de su informe Situación de las pensiones en España, un documento en el que los analistas de la firma dibujan una radiografía sobre el estado de situación en el sistema público y en las fórmulas de ahorro complementarias.

Las conclusiones a las que llega la multinacional son llamativas. Respecto a la situación de las pensiones públicas, arguyen que aunque en la actualidad "ofrece una elevada tasa de sustitución" (es decir, que la primera pensión que se cobra cubre una parte elevada del salario que se pierde), "su viabilidad futura está estructuralmente comprometida".

Respecto a la reforma de las pensiones que acometió el Gobierno entre 2021 y 2023, apuntan a que, si bien contribuyó a reforzar los ingresos, las medidas no han sido suficientes para compensar el incremento del gasto que ha provocado la revalorización con el IPC, el aumento de la esperanza de vida y el retiro de generaciones con mejores pensiones. De hecho, aventuran que el sistema "seguirá requiriendo ajustes adicionales, previsiblemente tanto por la vía de ingresos como de parámetros de prestación".

En este contexto, sostienen que "la previsión social empresarial deja de ser una opción y se consolida como una necesidad estructural". Esta "previsión social empresarial" son, esencialmente, los planes de pensiones colectivos que constituyen el llamado segundo pilar del sistema.

Los datos que maneja KPMG apuntan a que el ahorro acumulado en estas fórmulas es "todavía insuficiente". Además, la firma estima que la aportación que hacen las empresas es modesta. "Ese esfuerzo resulta limitado para compensar la pérdida esperada de ingresos en la jubilación, especialmente en colectivos con bases de cotización máximas o carreras profesionales largas", señalan.

En esa misma línea, la adopción de este segundo pilar del sistema de pensiones es notablemente más baja en España que en el resto de Europa. Solo el 15% de los trabajadores se benefician de este esquema de protección social, en comparación con un 28% de media en el conjunto de la UE. De tal forma que "una parte importante de la población activa en España depende principalmente de las pensiones públicas y de su ahorro individual para su jubilación".

Falta de incentivos y dudas económicas sobre el futuro

Respecto a los motivos por los que pinchan los planes de pensiones empresariales, el más señalado es la falta de incentivos. Según el sondeo de KPMG, la mitad de los directivos entrevistados considera que sería necesario mejorarlos para fomentar el ahorro privado empresarial. A ello, se añaden las dudas de muchas empresas por el compromiso financiero a largo plazo que suponen estos planes, que a menudo ven difíciles de mantener en el futuro.

Otro factor clave es la tradicional falta de interés por complementar el ahorro para la jubilación. Durante décadas, el sistema público de pensiones se ha visto como una fórmula suficiente para afrontar la jubilación. "Tenemos una herencia del pasado que ha hecho que no veamos esto como una necesidad y que cueste entrar", resume Álvaro Granado, responsable del Área Fiscal de Pensiones de KPMG Abogados.

Sin embargo, Granado opina que esta tendencia está cambiando por las dudas crecientes sobre la sostenibilidad del sistema. En este sentido, el informe apunta a que la mitad de los trabajadores en España están "sumamente" o "notablemente" preocupados por su jubilación, mientras que al resto les preocupa "un poco" o "nada".

El análisis que hace KPMG sobre este ahorro en planes empresariales de pensiones sugiere que el sector financiero, donde el 62% de las empresas disponen de este instrumento de ahorro, el energético (43,3%) y el químico y farmacéutico (36,7%) son los más preparados en este aspecto. Se espera que la construcción, que desplegará por completo su plan de pensiones sectorial a partir de este año, dispare sus beneficiarios en los próximos años.