Alejandra Kindelán (Venezuela, 1971) ha renovado como presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB) por cuatro años más. Accedió al cargo en 2022 en sustitución de José María Roldán, convirtiéndose en la primera mujer al frente de la patronal bancaria. Un periodo marcado por la inestabilidad geopolítica, la subida de los tipos de interés que ha permitido al sector pulverizar récord de beneficios y el decreto del impuesto a la banca por esas ganancias históricas. En una entrevista con La Información Económica explica los retos que afronta de cara a esta etapa, marcada por la tensión en Oriente Próximo, así como por retos como el desarrollo de la unión bancaria en Europa.

"Europa debe encontrar su lugar en un mundo cada vez más fragmentado"

"Como sociedad deberíamos priorizar la seguridad jurídica y la estabilidad institucional"

Claro y rotundo. El líder de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha aprovechado su intervención ante la asamblea general de la organización para denunciar la "deriva institucional" en la que quienes gobiernan tienen sumido al país por estar "más pendientes de sus intereses electorales e ideológicos", al tiempo que ha acusado en particular al ministerio de Trabajo de dinamitar el diálogo social para imponer un "ideario político e ideológico".

El representante de los empresarios ha situado la inestabilidad institucional como uno de los peores riesgos para la actividad económica y la creación de empleo y ha citado como ejemplo la prórroga por tres años de los que son ya los Presupuestos Generales del Estado más longevos de la Democracia. Garamendi, que ha defendido la labor de la prensa "libre", de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los jueces, ha criticado el "ataque brutal" que a su juicio sufren estos últimos y ha llamado a "levantar las alfombras" en plena oleada de casos de corrupción.

En el ámbito laboral, el jefe de la patronal ha denunciado abiertamente la "asfixia normativa" que supone para los empresarios el hecho de que el departamento que encabeza Yolanda Díaz haya dado luz verde a 61 cambios en la normativa laboral entre septiembre de 2022 y diciembre de 2025. No es solo un problema de "inseguridad jurídica" e "injerencias" en la negociación colectiva, sino que a su juicio responde al intento de utilizar el diálogo social para imponer un "ideario político e ideológico", frente a las acusaciones de que la patronal bloquea el acuerdo.

De hecho, ha asegurado que el colectivo al que representa está "profundamente" orgullosos de los más de veinte acuerdos alcanzados en el marco del diálogo social desde 2020, como la reforma laboral, la del sistema de Seguridad Social o la del teletrabajo, entre otras.

Crítica el 'hachazo' fiscal a las empresas

Antonio Garamendi ha lamentado que frente a este esfuerzo de los agentes sociales, España se sitúe entre los países de la OCDE donde más ha aumentado la presión fiscal y ha vuelto a pronunciarse en favor de una deflactación del IRPF que evite que los trabajadores pierdan poder adquisitivo por la subida de los precios.

Impuestos y cotizaciones se 'comen', en su opinión, buena parte de las mejoras salariales pactadas entre empresarios y trabajadores. Ha puesto el ejemplo, así de que por cada 100 euros de alza salarial, el empleado recibe alrededor de 65 euros, mientras que los 35 restantes van a parar a abonar los impuestos correspondientes. Así, ha reclamado una reducción de la carga fiscal para empresas y trabajadores.

Garamendi ha hecho referencia también a la regularización de inmigrantes, como una medida necesaria cubrir las vacantes existentes en distintos sectores -el Instituto Nacional de Estadística confirmó el martes que estas habían tocado máximos nunca visto en el primer trimestre del año-, si bien ha puntualizado que debería haberse debatido en sede parlamentaria por tratarse de una cuestión de Estado.

El Gobierno trabaja en una nueva prórroga, la segunda hasta la fecha, del escudo de medidas para combatir los efectos de la crisis energética provocada por la guerra en Oriente Próximo. El presidente, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que el Ejecutivo aprobará un real decreto ley de protección al tejido productivo y a la ciudadanía a la espera de los resultados del alto el fuego pactado entre Estados Unidos e Irán.

Fuentes del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa explican que están terminando las reuniones con los sectores más afectados para analizar el impacto económico y la efectividad de las medidas ya adoptadas (hoy es el turno del agroalimentario). Una buena parte de esas medidas decae el 30 de junio, por lo que un día antes, el 29, el nuevo paquete se aprobará en una reunión ordinaria del consejo de ministros, de forma que dé tiempo a publicarlo en el BOE para su entrada en vigor a tiempo.

Desde el Gobierno no entran en detalles sobre el contenido del escudo e inciden en que siguen trabajando en la definición de las medidas, que abordarán con los grupos parlamentarios. A lo largo de este mes se han mantenido la bonificación de los carburantes -tanto la rebaja del IVA al 10% para las gasolinas como la reducción al mínimo del impuesto sobre Hidrocarburos-, así como la suspensión del impuesto sobre el valor de la energía eléctrica, las ayudas para agricultores y transportistas o los descuentos adicionales del bono social eléctrico.

Esta misma semana, el Consejo de Ministros aprobó extender la exigencia a las energéticas de informar de los precios mayoristas de las gasolinas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En concreto, los operadores al por mayor de productos petrolíferos con capacidad de refino deben informar semanalmente a la CNMC sobre sus costes de adquisición de esos productos y sobre los precios de venta de carburante a las estaciones de servicio. El pasado 1 de junio decayeron la rebaja del IVA del gas y la luz, que ha regresado al 21% desde el 10% en el que estaba fijado en los últimos meses.

Los precios de las gasolinas se dispararon en mayo

Los datos en detalle del Índice de Precios de Consumo (IPC) de mayo mostraron cómo el precio de los carburantes se disparó un 15,9% el mes pasado, casi cuatro puntos por encima del nivel registrado en abril. Es la subida más intensa para esta partida en casi cuatro años, desde octubre de 2022, cuando la economía luchaba contra las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania.

El paquete fiscal de medidas de alivio por la guerra ha permitido amortiguar las subidas de precios. De hecho, si no se hubiese producido esa rebaja impositiva a las gasolinas, estas se habrían encarecido de media un 29%. Sin embargo, pese a que la inflación en la gasolinera se acentuó, el INE confirmó a la vez que la tasa general de inflación se mantuvo estable en el 3,2%.

El petróleo Brent, el crudo de referencia en Europa, ha caído por debajo de los 80 dólares tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán y la reapertura paulatina del estrecho de Ormuz, la vía marítima clave para el comercio de 'oro negro' y de gas natural licuado. Los precios de las gasolinas sólo dependen en parte de su cotización internacional, ya que se ven impactados también por los impuestos y por la cotización de los productos refinados.

El petróleo Brent, el crudo de referencia en Europa, cae por debajo de los 80 dólares tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán y la reapertura paulatina del estrecho de Ormuz, la vía marítima clave para el comercio de 'oro negro' y de gas natural licuado. La materia prima se ha abaratado alrededor del 5% en el mercado de futuros de Londres, cotiza en el entorno de los 79 dólares, y acumula una caída próxima al 10% en lo poco que levamos de semana.

Este descenso lo acerca cada vez más al nivel previo al estallido del conflicto el pasado 28 de febrero (72 dólares). Su precio apenas se sitúa ya un 9% por encima. A la espera de que Washington y Teherán ratifiquen formalmente su tregua este viernes en Suiza, los mercados de materias primas van recuperando una cierta calma.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que el paso marítimo de Ormuz estará "totalmente abierto" desde el viernes. Para garantizarlo, una coalición internacional liderada por Reino Unido y Francia llevará a cabo las labores de desminado del estrecho para que el tránsito por el mismo pueda recuperar la normalidad lo antes posible.

"La navegación por el estrecho tardará en normalizarse y podría mantener una prima de riesgo en el mercado petrolero durante meses, si no más tiempo"

Desde Pimco, la mayor gestora de renta fija del mundo, advierten de que el acuerdo entre ambas potencias podría ser más “el final del principio” que un final definitivo del conflicto, ya que aplaza muchos de los asuntos más complejos. "Incluso quienes se muestran más optimistas consideran que alcanzar un acuerdo duradero llevará más de 60 días", añaden desde la firma.

Desde un punto de vista práctico, prevén que transcurra un tiempo antes de que los buques puedan navegar cómodamente por el estrecho debido a la presencia de minas y otros riesgos, lo que "podría mantener una prima de riesgo en el mercado petrolero durante meses, si no más tiempo", señalan.

Desde una perspectiva política, supondrá un alivio bien recibido, ya que "reduce el riesgo extremo de una escalada del conflicto en el futuro previsible" y podría ofrecer cierto apoyo a los índices de aprobación de Trump en su país.

Sin embargo, inciden en que, dado que Irán ha transformado una fuente teórica de influencia —el cierre del estrecho— en una herramienta real de presión, y considerando que el alivio de las sanciones probablemente formará parte de cualquier acuerdo, el valor estratégico y político del conflicto dependerá en última instancia de cómo quede configurado el programa nuclear iraní.

La producción de petróleo tardará en normalizarse

"Probablemente harán falta varios meses para que la situación del mercado petrolero se normalice, dado el cierre total de la producción en varios países productores y el tiempo necesario para que los petroleros completen múltiples viajes hacia Asia o Europa", añaden desde Edmond de Rothschild. En la gestora advierten de que durante este periodo, el mercado seguirá en déficit de oferta y continuará recurriendo a las reservas mundiales de crudo, que ya se encuentran en niveles históricamente bajos, lo que probablemente mantendrá los precios de la energía en niveles superiores a los previos a la guerra.

Es una análisis similar al que hacen desde Carmignac. En la firma inciden en que el acuerdo no eliminaría la amenaza que las tensiones geopolíticas representan para la inflación mundial. "Aunque dicho acuerdo aliviaría a los mercados energéticos al permitir la reapertura del estrecho de Ormuz, no resolvería las cuestiones fundamentales que están en el origen del conflicto, es decir, las capacidades nucleares, misilísticas y de intervención exterior de Irán", señalan.

Además, la normalización del transporte marítimo, la reactivación de las instalaciones petroleras del Golfo y la reconstrucción de los niveles de inventario de seguridad a lo largo de las cadenas de suministro implican que el impacto del shock de precios "seguirá propagándose" por las cadenas de suministro globales.