El Supremo tomará declaración a un diputado de Sumar por presunta prevaricación cuando era alcalde
El Tribunal Supremo escuchará este lunes al diputado de Sumar-En Comú Podem Félix Alonso Cantorné en el marco de la investigación abierta por una presunta prevaricación administrativa vinculada a contratos adjudicados durante su etapa como alcalde de Altafulla (Tarragona), cargo que desempeñó entre 2011 y 2019.
La comparecencia se produce después de que la Sala de lo Penal del alto tribunal acordara abrir una causa contra el parlamentario tras recibir una exposición razonada remitida por la Sección Civil del Tribunal de Instancia de El Vendrell, que venía investigando las actuaciones relacionadas con la contratación municipal en ese consistorio.
La condición de aforado de Alonso por su escaño en el Congreso obligó a trasladar la investigación al Supremo, que ahora trata de determinar si existieron irregularidades en la adjudicación de diversos contratos públicos.
Además de la declaración del diputado, el magistrado instructor, Vicente Magro, ha citado a una docena de testigos para esta misma jornada. Entre ellos figura Joan Ignasi Elena, actual diputado de ERC en el Parlament y exconseller de Interior de la Generalitat.
La justicia catalana acordó investigar a Elena por su posible participación como cooperador necesario en los hechos que se analizan, una línea de investigación que continúa abierta en paralelo a la causa que afecta al diputado de Sumar.
El origen de la investigación se encuentra en varios contratos formalizados por el Ayuntamiento de Altafulla durante los años en los que Alonso ocupó la alcaldía.
Según los indicios recogidos por el Tribunal Supremo al asumir la causa, el entonces alcalde habría recurrido de forma reiterada a la figura del contrato menor para adjudicar servicios y trabajos de manera directa, evitando así los procedimientos ordinarios de concurrencia y publicidad previstos en la legislación de contratación pública.
Los magistrados consideran que existen indicios suficientes para investigar si esa práctica pudo utilizarse para otorgar una apariencia de legalidad a adjudicaciones que, presuntamente, deberían haberse sometido a otros procedimientos administrativos.
No obstante, el alto tribunal ha dejado claro que la instrucción no se limita exclusivamente a un posible delito de prevaricación administrativa.
En la resolución por la que acordó abrir diligencias, la Sala señaló que la dinámica de contratación analizada estuvo acompañada de determinados mecanismos de facturación y pago que también serán objeto de examen durante la investigación.
.Tras conocerse la apertura de la causa, fuentes de los Comuns expresaron a Europa Press su confianza en Félix Alonso y reivindicaron el respeto a la presunción de inocencia durante el desarrollo del procedimiento judicial.
La formación ha defendido que será la investigación la que permita esclarecer los hechos y determinar si existió alguna irregularidad en la actuación del entonces alcalde de Altafulla.


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