La defensa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha reclamado al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga el 'caso Plus Ultra', que reclame a Estados Unidos más información sobre cómo tuvo acceso al contenido del teléfono de Rodolfo Reyes, exdirectivo de la aerolínea también investigado en la causa.

En un escrito al que ha tenido acceso Ep, el letrado de Zapatero, Víctor Moreno, pone de manifiesto la "ausencia de los datos completos" acerca de la aprehensión del dispositivo de Reyes, así como del método de volcado, la autenticidad de las comunicaciones y de la conservación y custodia del dispositivo al que la policía estadounidense accedió.

Todo ello después de conocerse que Calama ha solicitado "cooperación jurídica internacional" a Estados Unidos para utilizar como medio de prueba el contenido del teléfono de Rodolfo Reyes, en el marco de la investigación que apunta a Zapatero como presunto líder de una red de tráfico de influencias en torno al rescate de 53 millones que el Gobierno concedió a Plus Ultra durante la pandemia de coronavirus.

En ese sentido, Moreno señala que las circunstancias en la que se produjo el intercambio de información entre las policías estadounidense y española plantea "dudas razonables sobre el respeto del derecho a proceso con todas las garantías".

Por ello, el abogado de Zapatero insta al juez a que reclame a Estados Unidos "la concreta resolución judicial", orden o autorización administrativa que amparó la incautación o el clonado del celular de Reyes y la posterior extradición y análisis del dispositivo en España.

También se interesa por la indicación del procedimiento o la investigación abierta contra el exdirectivo de Plus Ultra en Estados Unidos, en el curso de la cual se produjo la intervención del móvil, y los informes y actas relativos a la extracción telefónica, identificando a la autoridad estadounidense que llevó a cabo la actuación.

Asimismo, pregunta el detalle sobre el alcance de la extracción que se practicó, indicando si se trató de una extracción "total, parcial, física, lógica, remota o selectiva", así como el 'software' o la herramienta utilizada para ese fin y la autoridad que llevó a cabo el análisis del dispositivo, según el escrito.

El abogado del expresidente pide que se informe de los mecanismos de verificación de la integridad de la información ofrecida, incluidas las actas de desprecinto y el volcado del dispositivo intervenido.

También que se informe sobre el modo de preservación de la información obtenida y del dispositivo intervenido y la cadena de custodia de dicha información hasta la entrega a las autoridades españolas, además de la remisión de las evidencias a las unidades policiales españolas, indicando la forma y la fecha de entrega, así como las comunicaciones precedentes entre las unidades policiales españolas y la Homeland Security Investigations (HSI) estadounidense.

Por último, el letrado del exlíder socialista solicita que Estados Unidos informe sobre las autorizaciones del órgano competente en ese país que hayan permitido "la remisión de las conversaciones de WhatsApp a la unidad policial española", así como "su alcance para ser utilizada tanto en las investigaciones policiales como en la instrucción judicial".

¿Qué dicen los chatbots cuando se les pregunta por España? Dicen, claro, muchas cosas. Pero algunas las dicen más veces. La IA no da una imagen equilibrada de España, sino que ofrece un mapa lleno de jerarquías. Hay cuatro comunidades autónomas que son España por encima de todo, por este orden: Cataluña, Madrid, Andalucía y País Vasco. En otras preguntas también tienen cierto peso la Comunidad Valenciana y Galicia. A partir de ahí, otras regiones aparecen menos o lo hacen por una puerta estrecha, con tópicos que sirven casi como su único motivo: turismo, vino, huerta, agua, despoblación, el Camino de Santiago, minería, paisaje verde, dehesa o España vaciada.

Seguir leyendo

Cualquier persona que siga la actualidad tal como aparece reflejada en los diferentes medios de comunicación no cabe duda de que considerará que el 'caso Leire Díez' es una de las investigaciones judiciales de mayor calado desde la entrada en vigor de la Constitución. Llevamos ya un buen número de días en que la información del caso ocupa las portadas de los periódicos y abre los informativos de las radios y televisiones de todo el Estado. Compite en cantidad con la información, por ejemplo, respecto de la operación Kitchen, a pesar de que no se pueda decir lo mismo en lo que a la calidad de la información se refiere. No porque los periodistas que se ocupan de la misma no sean buenos profesionales, sino porque la entidad del caso es la que es.

José Antonio Martín Pallín lo calificaba en este diario de puzle surrealista y se sorprendía, sobre todo, de que un partido centenario como el PSOE, con una dilatada trayectoria en la dirección política del país en todos los niveles de nuestra fórmula de Gobierno, hubiera dado luz verde a que este asunto pudiera siquiera echar a andar.

Leire Díez es Leire Díez. No hay nada en su trayectoria profesional que permita concluir que está en condiciones de ser la protagonista, en palabras del juez Pedraz, de una trama que buscaba “desestabilizar” procedimientos judiciales abiertos contra el PSOE o el Gobierno. La falta de idoneidad de esa señora para ejecutar una tarea de esa naturaleza salta a la vista. Si los procedimientos judiciales pudieran ser desestabilizados de esta manera, el Estado español sería un Estado fallido.

En todo caso, como el asunto parece que ha sido tomado muy en serio por la UCO, por la Fiscalía Anticorrupción y por el juez de Instrucción de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, me imagino que será posible identificar las piezas del puzle, hacer una valoración de cada una de ellas y del conjunto, y llegar a la conclusión de si realmente la trama tiene el carácter surrealista que Martín Pallín le atribuye o no.

De momento, el juez Pedraz ha acordado hacer suya la batería de diligencias y la solicitud de pruebas testificales solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción, que se practicarán a lo largo de las próximas semanas. Conoceremos el registro de visitas en la sede del ministerio público en la calle Fortuny, entre abril de 2024 y junio de 2025, de una serie de personas: Leire Díez, los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver, el empresario Javier Pérez Dolset y el abogado del excomisario Villarejo, José García Cabrera.

Las conversaciones que Leire Díez dice haber sostenido en la Fiscalía General para llegar a un acuerdo con Villarejo con la finalidad de obtener información sobre Mariano Rajoy y contra el PP tendrán que ser investigadas. Así como también las denuncias de Koldo García que se hubieran recibido en dicha institución con la finalidad de torpedear la investigación sobre el partido socialista o el Gobierno.

También ha sido citada como testigo la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y, en calidad de investigada, Leticia de la Hoz, abogada de Koldo García, por supuestamente haber ofrecido dinero a la empresaria Carmen Pano a cambio de que cambiara su declaración sobre la entrega de dinero en la sede del PSOE en la calle Ferraz.

Todo lo que se pueda saber judicialmente sobre el caso se va a saber. Nada de lo ocurrido va a quedar sin examinar. Y en unas semanas. No se entiende muy bien por qué el PP tiene tanta prisa. El Gobierno ha demostrado sobradamente su eficacia en una gestión de un asunto tan complejo como el del Hantavirus o en la organización de la visita del Papa, que, por cierto, ha puesto de manifiesto una sintonía con la política internacional, de inmigración y de defensa de los derechos humanos del Gobierno, que contrasta vivamente con la del PP y, sobre todo, con la de VOX.

El estallido mediático del caso, acompañado de las declaraciones en sede parlamentaria de Alberto Núñez Feijóo y Miguel Tellado, la vuelta a poner en circulación la moción de censura “instrumental”, algo que no existe en la Constitución, la reaparición de José María Aznar con el sonsonete del “que pueda hacer que haga”, que es lo más parecido a un golpe de fuerza no constitucional, la presión a los partidos nacionalistas catalán y vasco y un interminable etcétera han caldeado mucho el ambiente.

En los próximos días iremos viendo, si la práctica de las diligencias, dan credibilidad al caso o no. O si se tiene que recurrir al caso José Luis Rodríguez Zapatero.