El juez Santiago Pedraz, que instruye el caso de las supuestas cloacas del PSOE, investiga la posible intervención de Leire Díez en la concesión de la nacionalidad española a Nervis Villalobos, que fue viceministro durante el mandato de Hugo Chávez en Venezuela. Este ex alto cargo logró la nacionalidad pero no está claro que fuera consecuencia de las gestiones que Díez pudo haber realizado para ayudarle.

Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas (1965) es ingeniero eléctrico, título que obtuvo en 1990 en la Universidad del Zulia, en el oeste de Venezuela. Trabajó inicialmente en la empresa privada. Empezó en la compañía Enelven, donde tuvo varios cargos gerenciales.

Ingresó en la administración pública como director general de Energía del Ministerio de Energía y Minas durante la gestión de Alí Rodríguez Araque. Luego, al llegar al ministerio Rafael Ramírez, pasó a ocupar el viceministerio de Energía Eléctrica. Allí se encargó de los planes para el incremento de la generación eléctrica. Hombre de confianza de Ramírez, en varias ocasiones fue nombrado Encargado del Ministerio de Energía y Minas durante la ausencia del titular.

EEUU ofreció 15 millones por su captura

Desde 2009 dirige la empresa Ingeniería Gestión Proyectos Energía, que ofrece servicios de ingeniería eléctrica. Tiene la mitad de las acciones. La otra mitad es de su esposa, Milagros Torres Morán, quien también figura como directora.

Mientras trabajó en la administración pública, Villalobos fue denunciado por irregularidades en varios proyectos eléctricos. En 2003 la Consultoría Jurídica de la Fundación para el Desarrollo del Servicio Eléctrico (Fundelec) identificó una serie de irregularidades en un contrato para una campaña de concienciación sobre el ahorro energético. En 2007, el diputado Luis Tascón lo denunció como el responsable de contratar empresas que malversaron fondos en la construcción de la central eléctrica Fabricio Ojeda, conocida como 'La Vueltosa'.

Sus referencias en los medios españoles aparecen ya en 2015. En marzo de aquel año, Villalobos aparecía como integrante de un grupo de altos jerarcas del gobierno venezolano con cuentas en el Banco de Madrid y Banco Privado de Andorra. Los miles de dólares de aquellas cuentas habrían sido producto del pago de comisiones.

Suiza le negó el permiso de residencia

En Estados Unidos, un tribunal de Missouri decomisó 8 millones de dólares de cuentas de Villalobos (y de los hermanos Ignacio y Luis Oberto). Esos fondos estarían vinculados a una empresa (Blackforest Real Estate Advisors LLC) con la que presuntamente blanqueaban parte de los fondos producto de operaciones irregulares. En octubre de 2017, Villalobos fue detenido en España por una orden de arresto emitida por el Gobierno de Estados Unidos por presuntamente blanquear fondos provenientes de Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Un año más tarde, Villalobos fue procesado por un juzgado en Andorra por su presunta vinculación con el blanqueo de capitales entre 2007 y 2012. De acuerdo a las investigaciones, Villalobos habría movido 124 millones de euros. La Audiencia Provincial de Madrid admitió el recurso que la defensa de Villalobos interpuso en mayo de 2018 y fue liberado el 11 de octubre de ese mismo año. Al poco tiempo, fue nuevamente detenido por orden del juzgado 41 de Madrid.

En mayo de 2020, la administración de Donald Trump ofreció 15 millones de dólares por cualquier información que llevara a la captura de Villalobos. Un año después, el Tribunal Administrativo Federal de Suiza le negó a él y a su familia el permiso de residencia, por considerarlo una "amenaza para la seguridad pública y un riesgo para la reputación de la Nación".

Fue así que lo intentó en España, donde solicitó la nacionalidad. Constan tres expedientes: uno de 2017, que fue denegado en 2020; otro de abril de 2024 que fue denegado en octubre de 2025; y un tercero que resultó concedido en abril de 2025. Es lo que ahora investiga el juez Pedraz.

Caso Duro Felguera: se enfrenta a 9 años de cárcel

Una de las cuantiosas comisiones con las que se relaciona a Villalobos habría sido pagada por la compañía española Duro Felguera. El ex viceministro venezolano está imputado en la causa que en la Audiencia Nacional se sigue por ese asunto.

En enero pasado, la Audiencia Nacional fijó para el próximo 19 de octubre el juicio contra Duro Felguera, su expresidente Juan Carlos Torres, el ex viceministro venezolano Javier Alvarado Ochoa y el propio Nervis Villalobos por presuntos sobornos para la construcción de una central termoeléctrica en Venezuela.

Según el juez instructor, Ismael Moreno, se pagaron al menos 105 millones de dólares a Villalobos a través de "sociedades interpuestas" a fin de que "éste usara su capacidad de influencia en la administración venezolana en beneficio de aquella mercantil". El magistrado afirma que fue ese "trato de favor" obtenido mediante presuntos sobornos lo que permitió que Duro Felguera consiguiera el contrato para la ejecución de la termoeléctrica, valorada en 1.500 millones de dólares.

Para Villalobos, la Fiscalía pide una condena de 8 años y 9 meses de prisión y multa de 3.600.000 euros por tres delitos continuados de falsedad de documento mercantil y por otro de blanqueo de capitales. Por los mismos delitos, Anticorrupción solicita que Ochoa Alvarado sea condenado a 3 meses de cárcel y multa de 1.625.000 euros.

En octubre, en el banquillo de los acusados también se sentará la mujer de Villalobos, Milagros Coromoto Torres, la de Ochoa Alvarado, María Consuelo Pardí, y el exCEO de Duro Felguera, Ángel Antonio del Valle.

Lyhanna Rameau tenía 11 años. Vivía en la localidad francesa de Fleurance (Gers, al suroeste del país). El pasado 29 de mayo desapareció a la salida del colegio. Fue vista por última vez subiendo al coche de Jérôme Barella, el padre de una de sus amigas. Unos días después, el jueves 4, fue encontrado el cuerpo sin vida de la niña.

El caso ha conmocionado a toda Francia por las sospechas de negligencia en la gestión del historial del presunto secuestrador. El principal sospechoso de la muerte de la pequeña acumulaba múltiples denuncias previas por violación y agresiones sexuales a menores. El país se pregunta por la imperdonable ineficacia de la justicia francesa en la prevención de los delitos sexuales contra menores.

Tras desaparecer durante seis días, el cadáver de Lyhanna fue hallado en un silo de grano abandonado. Al día siguiente, el presidente Emmanuel Macron reconoció "fallos" en el sistema judicial. El caso de esta niña evidencia graves desajustes en la protección de los menores y en la escucha de las víctimas más vulnerables.

Barella, de 41 años y padre de dos hijos, es el principal sospechoso. Se trata de un hombre con varias acusaciones por agresiones sexuales a menores. Actualmente se encuentra en prisión preventiva por secuestro y privación de libertad. Con ese historial, la muerte de Lyhanna ha reabierto el debate sobre la gestión de las denuncias previas, porque pese a ellas el hombre no fue interrogado ni puesto bajo custodia policial.

Manifestaciones y anuncio de una legislación específica

Con tanta rabia como dolor, el pasado domingo, una multitudinaria marcha congregó en Fleurance a 6.000 personas. Iban tras una pancarta blanca con dos fotografías de una sonriente Lyhanna y el lema: "¡Nunca más esto! Te queremos. Te echamos de menos".

"Lyhanna, perdón, perdón por lo que viviste. Te queremos tanto", manifestaron los padres de la niña asesinada en un mensaje leído por una tía de la pequeña. "Nadie está preparado para vivir una desaparición tan brutal (...) Todo nuestro pequeño mundo se ha derrumbado", declararon.

Es un fallo grave y una enorme negligencia por parte de las autoridades públicas"

Eso fue el domingo. Este martes, la madre de una menor que había presentado una denuncia por violación contra Barella, ha anunciado que presentará una demanda contra el Estado francés por "falta grave", según anunció su abogado. Considera que la justicia actuó con una lentitud injustificable en la tramitación del caso.

Una muerte trágica, una enorme negligencia

El exprimer ministro y candidato a la Presidencia de Francia, Gabrielle Attal, se sumó a los cuestionamientos al señalar que lo ocurrido "pone en tela de juicio" todo el sistema judicial francés. "La trágica muerte de Lyhanna es insoportable.... La investigación administrativa debe esclarecer por completo las deficiencias que condujeron a esta tragedia. Y deben implementarse cambios, necesariamente radicales", escribió Attal en redes sociales.

El ministro de Exteriores, Jean-Noël Barrot, reconoció el domingo que estábamos ante "un fallo grave y una enorme negligencia por parte de las autoridades públicas". Al día siguiente, asociaciones feministas y de protección infantil concentraron a miles de personas frente a los juzgados de decenas de ciudades francesas, reclamando una legislación específica para combatir las agresiones sexuales contra mujeres y niños.

Eso, una legislación específica, es lo que anuncia el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, que este martes reunió a los ministros de Justicia, Interior, Educación y Sanidad para ver cómo reforzar la protección de los menores y mejorar la respuesta frente a las violencias sexuales. Lecornu confirmó que un proyecto de ley será remitido al Consejo de Estado "en los próximos días". Incluirá, dijo, disposiciones complementarias al proyecto de ley sobre protección de la infancia actualmente en preparación.

En el caso específico de Lyhanna, no se trata de una cuestión de recursos"

Lecornu ha propuesto endurecer las penas contra los violadores reincidentes hasta cadena perpetua, en lugar de los 20 años de prisión previstos actualmente, informó su gabinete tras la reunión. Al término del encuentro, en el que participaron cinco ministros, incluidos los de Justicia e Interior, Lecornu también planteó acelerar los procedimientos judiciales en los casos de crímenes contra menores. Según su propuesta, la investigación deberá realizarse en un plazo máximo de tres meses.

El ministro de Justicia señala a los magistrados

De momento, Gérald Darmanin, ministro de Justicia, ha ordenado una revisión de todas las denuncias que involucren a menores antes del 14 de julio. Son aproximadamente unos 70.000 expedientes.

Darmanin se ha dirigido a magistrados y fiscales. A estos últimos les ha pedido esa revisión de las denuncias, priorizando los casos en los que las víctimas son menores de edad. A los magistrados, que reconozcan las deficiencias "cuando existieran". Se trata, según el ministro, de determinar si el caso Lyhanna constituye un caso aislado o si se trata de un problema estructural.

Se trata más bien de lentitud y falta de priorización... ha habido un grave fallo en el sistema"

Muchos de los aludidos estarían pensando que tal vez el ministro también tenga su responsabilidad. A principios de año, Darmanin sacó adelante un plan de justicia penal con el que anunció que iba a "reducir a la mitad la acumulación de casos". Pero su plan para reducir la carga de los juzgados de Francia muestra, a la luz del caso de Lyhanna, que el sistema judicial está superado.

Pero el ministro de justicia parece señalar la responsabilidad de los magistrados. "En el caso específico de Lyhanna, no se trata de una cuestión de recursos", afirmó Darmanin. Con Macron de presidente de la República, el presupuesto de este ministerio ha pasado de 8.100 millones en 2017 a casi 13.000 en 2026.

Los magistrados rechazan ser "señalados"

"No es la falta de recursos lo que impidió tomar decisiones en este caso concreto. La fiscalía de Auch recibió recursos adicionales el pasado septiembre... Se trata más bien de esta lentitud y la falta de priorización", añadió. "La información que recibo me lleva a creer que ha habido un grave fallo en el sistema de justicia pública", aseguró.

Es inaceptable que los magistrados sean objeto de escarnio público y amenazas"

Jueces y fiscales se sienten, eso, señalados. El presidente del Sindicato de Magistrados (USM), el mayoritario, acusa a Darmanin de haber "designado ya a los responsables y anunciado sanciones disciplinarias" antes del inicio de la investigación de la Inspección General de Justicia. Es "inaceptable" que los magistrados "sean señalados y objeto de escarnio público y amenazas", antes de que se conozcan los resultados de la investigación, escribió el presidente del USM, en una carta dirigida al ministro de Justicia.

El fiscal jefe del Tribunal Supremo, Rémy Heitz, reconoce que existió "un fracaso" en el tratamiento judicial del caso. Heitz reclamó una revisión exhaustiva de los procedimientos para evitar que una situación similar vuelva a producirse (que es lo que ha anunciado el ministro de Justicia).