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El sector denuncia falta de personal, sobrecarga y problemas de conciliación que afectan tanto a la plantilla como al servicio a la ciudadanía, mientras el Consorcio y las diputaciones mantienen abierta la negociación con los sindicatos
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Trabajar en una biblioteca dista mucho del tópico de pasar el día en silencio entre libros. El personal del sector asume cada vez más tareas en un contexto de “falta de personal, horarios irregulares y creciente carga de trabajo”. Esta es la situación que denuncian los bibliotecarios en la huelga indefinida iniciada el pasado 5 de junio en Catalunya, en plena época de exámenes y justo antes de las PAU.
“Los estudiantes se van a encontrar las bibliotecas cerradas de forma puntual, sabemos que es un fastidio, pero estamos luchando por su futuro. Sin condiciones dignas no podemos ofrecer un servicio público de calidad”, explica Laura Solà, directora de la biblioteca Volpelleres Miquel Batllori de Sant Cugat del Vallès y delegada de prevención de la CGT en la Diputación de Barcelona.
Son muchos los estudiantes que se han encontrado con estos centros cerrados que, además de ser espacios pensados para el estudio, también funcionan como refugios climáticos en una primavera que se ha caracterizado por tener temperaturas casi estivales.
Xavier Grau es uno de los jóvenes afectados. En su caso, estaba preparándose para las Pruebas de Acceso a la Selectividad y, a pesar de la importancia de esos exámenes, se muestra comprensivo con los trabajadores: “Es normal que se realicen las huelgas en este periodo, porque es cuando la causa tendrá más visibilidad”.
Por contra, los hay que no son tan comprensivos, como Aina Fernández, estudiante de tercero de Farmacia en la UB, que lamenta que el cierre de bibliotecas “ha dificultado la vida de muchas personas que no pueden estudiar en casa. Me han obligado a buscar alternativas o perder tiempo de estudio”, lamenta. “Comprendo la lucha por unas condiciones más dignas, pero ahora mismo los perjudicados somos los estudiantes”, añade.
Convocada por la CGT, la huelga se enmarca en un contexto de movilizaciones en el sector público, con reivindicaciones que en los últimos meses se han extendido a la educación o la sanidad. Entre otras reivindicaciones, el sector reclama la ampliación de la plantilla, medidas de conciliación laboral y mejoras salariales.
Según denuncia la plataforma Biblioteques en Lluita – el movimiento de protesta del personal del Sistema de Lectura Pública de Catalunya (SLPC) –, las funciones de los bibliotecarios han aumentado en los últimos años, Más allá del préstamo de libros, llevan a cabo actividades culturales, atención a usuarios, “excesiva” carga burocrática o soporte tecnológico. Todo, sin un incremento equivalente de plantilla.
“Ante la falta de personal, esta situación provoca una sobrecarga evidente. Ya estamos agotadas y eso conlleva una peor calidad del servicio, además de un aumento de bajas por problemas de salud física y mental”, apunta Solà. “No solo defendemos nuestros derechos laborales, también el derecho de la ciudadanía a tener unas bibliotecas de calidad”, añade David Colomera, trabajador de la Biblioteca Guinardó – Mercè Rodoreda de Barcelona.
Asimismo, denuncian jornadas que pueden extenderse hasta once horas diarias y semanas laborales de seis o siete días sin horarios estables y sin una compensación adecuada. “Cuando empecé a trabajar en bibliotecas, mi vida social se acabó”, relata Colomera. “No puedes planificar tu vida porque cada semana te cambian el horario”, lamenta.
Otra de las demandas del colectivo consiste en la actualización de la ley del sistema bibliotecario y del decreto que regula los servicios y el personal de la lectura pública, normativas que tildan de “anacrónicas”. “Las categorías profesionales ya no se ajustan a la realidad, porque muchas titulaciones han cambiado o han desaparecido”, señala Solà.
Los trabajadores también exigen mantener la profesionalización de bibliotecarios y directores, así como un mayor reconocimiento del personal técnico y auxiliar, clave en el funcionamiento diario de los centros.
En el ámbito salarial, el colectivo no reclama una subida general, sino una reubicación dentro de la estructura retributiva de la administración para corregir lo que consideran una infravaloración histórica. “No pedimos ganar más por lo mismo, pedimos que se reconozca el trabajo que ya hacemos”, resume Solà.
La movilización se ha articulado en varias fases que han acabado confluyendo en una protesta común. Primero la inició el del Consorcio de Bibliotecas. Más tarde, en abril, se sumaron los trabajadores de la Diputación de Barcelona que prestan servicio en bibliotecas municipales de la provincia. Finalmente, el 5 de junio, la protesta se amplió a todo el personal de las distintas administraciones que forman parte del Sistema de Lectura Pública, es decir, al conjunto de bibliotecas de Catalunya.
Este lunes, el colectivo de Bibliotecas de Barcelona ocupó el edificio del Consorcio tras una asamblea en la plaza Sant Jaume en la que reclamaban la reanudación de las negociaciones con la plantilla. “La sensación es que hablamos con un muro, que no nos escuchan y que no entienden lo que implica trabajar en una biblioteca”, lamenta Colomera.
Por su parte, tanto el Consorcio de Bibliotecas de Barcelona como la Diputación de Barcelona aseguran mantener su “voluntad negociadora”. El Ayuntamiento de Barcelona sostiene que “en ningún caso” se ha levantado de la mesa de negociación con el personal del Consorcio. La próxima semana están previstas nuevas reuniones: el lunes con el Consorcio y el jueves en la Mesa General de Negociación de la Diputación.
El número de desplazamientos forzados ha disminuido por primera vez en diez años, mientras que los retornos registrados en 2025 fueron los segundos más numerosos desde que se tienen datos. Estas son las tendencias que se desprenden del informe anual de Tendencias Globales elaborado por la agencia de la ONU para los refugiados, publicado este jueves. "Para demasiadas personas refugiadas, el desplazamiento comienza como una tabla de salvación, pero acaba prolongándose toda una vida", ha advertido el Alto Comisionado de la ONU, Barham Salih.
El informe apunta a que el número total de desplazamientos forzados en el mundo en 2025 fue de 68,6 millones de personas -5,4 millones nuevos durante ese mismo periodo- , lo que en cualquier caso supuso una reducción del 7% con respecto al año anterior. De forma paralela, el número de refugiados también se redujo un 3% hasta alcanzar los 41,6 millones. Aun así, desde la ONU insisten en que estas cifras representan "niveles inaceptablemente altos". El 70% de los refugiados —personas que tuvieron que abandonar su país de origen por temor a la persecución, violencia u otras circunstancias— permanecen en el exilio durante años, a menudo viviendo por debajo del umbral de la pobreza. Las nacionalidades que más necesitaron protección internacional fueron la afgana, la sursudanesa, la siria, la ucraniana y la venezolana.
En este sentido, los principales países de acogida fueron Colombia, Alemania, Turquía, Uganda, Irán, Chad y Pakistán. Los más de tres años de guerra civil en Sudán se han traducido en una crisis humanitaria y la mayor crisis de desplazamiento interno del mundo. Naciones Unidas estima que 9,1 millones de personas se encontraban fuera de su hogar dentro del país. De igual manera, han empezado a salir a la luz las consecuencias de la guerra en Oriente Medio iniciada en 2026 a raíz de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, que se ha acabado extendiendo a Líbano. Según el informe, a finales de marzo 3,2 millones de personas permanecían desplazadas temporalmente dentro de la República Islámica, mientras que a mediados de mayo cerca de un millón de libaneses se han visto obligados a trasladarse a otros puntos del país de los cedros.
Asimismo, el informe de Tendencias Globales deja otras cifras positivas. 14,7 millones de personas regresaron a sus hogares -4,4 millones de refugiados y 10,3 millones de desplazados internos-, con aumentos significativos en Afganistán, Sudán y Siria, si bien muchos de los retornos se produjeron "bajo presión y en condiciones precarias en los países de retorno". Además, cerca de 46.000 apátridas obtuvieron la ciudadanía en 24 países en 2025.
Ante estas cifras y con un panorama internacional cada vez más convulso, el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados ha planteado un nuevo objetivo: reducir en más de la mitad durante la próxima década el número de personas refugiadas que viven en situaciones prolongadas de desplazamiento y dependen de la ayuda humanitaria. "La ayuda humanitaria salva vidas, pero no puede ser destino final ni permite a los refugiados tomar las riendas de su futuro. Necesitamos un cambio de paradigma que abra nuevas oportunidades y devuelva la esperanza a quienes huyen de la guerra y la persecución".


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