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La inflación disparada fuerza al BCE a la primera subida de tipos en tres años como medida "preventiva"

10 June 2026 at 23:02
La presidenta del BCE, Christine Lagarde

103 días después de que Estados Unidos e Israel atacaran Irán, el conflicto en Oriente Medio se ha prolongado el tiempo suficiente como para convertirse en un problema para el Banco Central Europeo (BCE). La inflación de la eurozona ha pasado del 1,9% registrado en febrero al 3,2% de mayo, alejándose del objetivo del 2% que guía la política monetaria de la institución presidida por Christine Lagarde. Durante los primeros compases de la guerra, el BCE optó por la "cautela" para evitar una sobrerreacción ante un conflicto cuyo alcance y duración todavía resultaban inciertos. La prioridad consistía en preservar margen de maniobra por si la guerra se prolongaba y las tensiones sobre los precios terminaban consolidándose. Tres meses después, precisamente este escenario es el que comienza a imponerse entre los analistas y miembros del Banco Central.

Por ello, el consenso del mercado estima que la reunión del BCE de este jueves marcará un punto de inflexión al elevar los tipos de interés 25 puntos básicos: del 2% al 2,25% en el tipo de depósito. Una subida que supondría la primera desde hace casi tres años, cuando en septiembre de 2023 la institución puso fin a una racha de diez incrementos consecutivos destinados a contener la inflación provocada por la guerra de Ucrania.

No obstante, los expertos no creen que el BCE vaya a repetir el agresivo ciclo de endurecimiento monetario desplegado tras la invasión rusa en Ucrania. Aunque el mercado descuenta una segunda subida después de la de este jueves, los expertos creen que los próximos movimientos dependerán de la evolución de la inflación y el crecimiento económico. De ahí la importancia de la actualización de previsiones que el BCE presentará este jueves. Como señala Karsten Junius, economista jefe de J. Safra Sarasin Sustainable AM, "en un contexto de incertidumbre política, las decisiones monetarias se comunican mejor cuando van acompañadas de actualizaciones de previsiones económicas que respalden dicha decisión".

No es la crisis de Ucrania

Aunque los analistas descuentan dos subidas de tipos en 2026, también ven difícil una repetición del agresivo guion de 2022 por una razón sencilla: esta vez la crisis energética presenta características distintas. Patrick Barbe, gestor sénior de Neuberger, recuerda que la eurozona depende menos del petróleo procedente de Oriente Medio, que tampoco está sufriendo las graves interrupciones logísticas observadas en 2022 y que, al menos por el momento, "no hay problemas con el gas, ni un aumento vertiginoso de los precios de los alimentos, ni un repunte de los precios de la electricidad".

A ello se suma que el punto de partida económico también es diferente. "La actividad económica era débil antes del conflicto iraní", explica Barbe, en contraposición a lo que ocurrió en 2022, cuando Europa se beneficiaba de la fuerte recuperación posterior a la pandemia. Entonces, el BCE tuvo que enfrentarse a una economía que seguía creciendo con fuerza pese al encarecimiento de la energía. Ahora, en cambio, una política monetaria demasiado agresiva podría agravar la desaceleración que arrastran varias economías europeas.

Sin embargo, que el contexto sea diferente no significa que no existan riesgos. Michael Krautzberger, director global de mercados públicos de Allianz Global Investors, advierte de que la persistente disrupción en el estrecho de Ormuz está elevando el riesgo de que los elevados precios energéticos se prolonguen más de lo previsto. A su juicio, empiezan a aparecer presiones inflacionistas más amplias y "señales de efectos de segunda ronda" sobre otros bienes de consumo.

Una subida "preventiva"

Ante este escenario, "el balance de riesgos aboga cada vez más por una medida preventiva", concluye Kevin Thozet, miembro del comité de inversión de Carmignac, en referencia a la subida de tipos que el mercado da prácticamente por descontada este jueves. Detrás de esta estrategia subyace además una lección aprendida durante la crisis inflacionista de 2022: evitar reaccionar tarde.

En palabras de Marco Giordano, director de inversiones de Wellington Management, los inversores esperan que los bancos centrales actúen de forma "proactiva, en lugar de reactiva", para no repetir el error de considerar la inflación como un fenómeno transitorio antes de verse obligados a ejecutar un ciclo de endurecimiento monetario agresivo y consecutivo. Una cautela que también responde al deterioro gradual de las expectativas sobre la evolución del conflicto.

Como resume Annalisa Piazza, gestora de renta fija de MFS Investment Management, "desde marzo, el escenario ha cambiado". El petróleo se ha mantenido elevado durante más tiempo del previsto y comienzan a aparecer señales de transmisión hacia otros bienes. Y a ello se suman las sucesivas treguas fallidas y los continuos vaivenes geopolíticos —anuncios de alto el fuego que apenas duran unos días antes de dar paso a nuevos ataques—, que han contribuido a erosionar la confianza de los mercados en una resolución rápida del conflicto.

Además, que se logre reducir la inflación no depende únicamente de que el conflicto encuentre una salida rápida. También será determinante la velocidad con la que pueda recuperarse la capacidad de producción energética dañada durante la guerra. Una preocupación que la propia Christine Lagarde expresaba en marzo en una entrevista con The Economist, al advertir de que los daños sobre dicha capacidad productiva eran "demasiado importantes" y que resultaba "imposible" restablecerla por completo en cuestión de meses. Es decir, el escenario de normalización rápida sobre el que descansaban las previsiones centrales del BCE se ha ido desplazando hacia escenarios más adversos.

La presidenta del Tribunal de Cuentas se alinea con el Gobierno tras el uso de fondos UE para las pensiones

9 June 2026 at 12:33
La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano

La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, ha defendido este martes la posición del Gobierno sobre la polémica generada por el uso del Ministerio de Hacienda de 2.389 millones de euros procedentes de los fondos europeos para financiar el pago de las pensiones de clases pasivas y complementos a mínimos en 2024. Durante su comparecencia en la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, Chicano ha rechazado que el informe de la Cuenta General del Estado, elaborado por su organismo, concluyera que se hubieran utilizado fondos europeos para pagar pensiones y ha atribuido la situación a la prórroga presupuestaria.

"La controversia no es si se pagaron pensiones con fondos europeos", ha afirmado, "la controversia es si, en un ejercicio de prórroga presupuestaria, las limitaciones aplicables permitían o no utilizar créditos excedentarios del servicio 50 para financiar modificaciones dirigidas a otras necesidades".

Asimismo, la presidenta también ha denunciado lo que considera una utilización política del informe. "La instrumentalización política ha querido elevar una advertencia interna a la categoría de fraude con malversación de fondos europeos", ha asegurado, lamentando la "distorsión en la percepción pública y en el debate mediático" generada en torno a un documento.

La clave: la prórroga presupuestaria

La explicación de la presidenta se ha centrado en el origen de estos 2.389 millones de euros. Según ha detallado, el Gobierno español decidió concentrar las inversiones vinculadas al Plan de Recuperación en el denominado servicio 50, una clasificación presupuestaria específica creada para gestionar los créditos asociados a los fondos europeos. Entonces, al prorrogarse los Presupuestos Generales del Estado de 2023 en 2024, también se prorrogaron los créditos vinculados a dicho servicio. "Lo que hace que existan más fondos de los necesarios en el año siguiente para realizar las inversiones del plan", ha matizado durante su intervención.

Una interpretación que, sin embargo, no comparten todos los miembros del organismo. La Declaración de la Cuenta General fue aprobada con un voto particular discrepante y cinco votos concurrentes que defendían un tratamiento más severo de esta cuestión, aunque Chicano ha restado dramatismo a la situación al recordar que los votos particulares en este tipo de informes se han producido hasta en cinco ocasiones desde que empezó la democracia en España.

No obstante, la controversia ha reabierto el debate sobre los efectos de gobernar con presupuestos prorrogados. Ante ello, Chicano ha avanzado que el Tribunal de Cuentas estudia "la posibilidad de hacer un estudio jurídico-técnico sobre las consecuencias en la gestión presupuestaria de las prórrogas" sobre los recursos públicos.

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