España suma 4 nuevas figuras de calidad, que otorgan una mayor protección a productos de nuestra gastronomía que destacan por su singularidad: El Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) ha publicado este jueves los reglamentos de ejecución de la nueva Denominación de Origen Protegida (DOP) de la 'Pera del Bierzo' y las indicaciones geográficas protegidas (IGP) de la trufa negra de Teruel, del judión de La Granja (Segovia) y la patata de Valderredible (Cantabria). Se suman, con estas nuevas incorporaciones, 230 distinciones entre denominaciones e indicaciones a las que cabe sumar 149 de vinos y 19 de bebidas espirituosas.

Desde el Ministerio de Agricultura destacan que estas incorporaciones van en la línea de la nueva Estrategia Nacional de Alimentación (ENA), entre cuyos fines se encuentra el fortalecimiento de las denominadas figuras de calidad diferenciada como las denominaciones de origen protegida (DOP), las indicaciones geográficas protegidas (IGP) y especialidades tradicional garantizada (ETG). Protecciones que se otorgan desde Bruselas por el valor añadido que representan para los consumidores y la cadena de suministro.

'Pera del Bierzo': podadas y arrancadas a mano

La nueva Denominación de Origen Protegida (DOP) 'Pera del Bierzo', explican desde el departamento de Luis Planas, ampara a la variedad Conferencia que se destina a su consumo en fresco y que es cultivada en esta comarca de la provincia de León. Unos frutos de los que son apreciados su notable jugosidad en boca, su sabor dulce y una muy baja astringencia. Es decir, que en boca apenas genera una sequedad intensa y amargor.

Lo que otorga singularidad al fruto también es la poda, que se realiza de forma manual persiguiendo unos árboles equilibrados y con una penetración correcta del aire y de la luz. Además facilitar la fotosíntesis y la respiración del árbol para que aumente el calibre de la pera y su dulzura. También es relevante el arranque que se realiza con mucho cuidado dejando al péndulo entero y sin dañar.

Indicaciones geográficas: desde las trufas a la patata

En el capítulo de las indicaciones geográficas destaca el de la 'Trufa Negra de Teruel', que se centra en el hongo hipogeo que se cultiva en esta provincia de Aragón. Esta localización geográfica cumple unas condiciones climáticas particulares que favorecen su obtención, por su altitud y su posición respecto a las cadenas montañosas como el Sistema Ibérico. Lo que se añaden determinadas características del suelo que facilitan el crecimiento de trufas silvestres bajo las encimas y los quejigos de las sierras de Maestrazgo, Sierra de Albarracín, Gúdar - Javalambre y Matarraña.

Desde Agricultura destacan un perfil aromático en el que destacan notas azufradas, de oliva negra, champiñón, patata cocida, mantequilla, queso azul, frutos secos y paja-heno. La presentación comercial será solo en fresco, clasificándose en las categorías de extra, primera o pequeña, ya sea entera o en trozos, según se fija en el pliego de condiciones.

Reconocimiento al popular judión de La Granja

Uno de los alimentos más conocidos de la provincia de Segovia, solo por detrás del cochinillo, ha recibido su reconocimiento como Indicación Geográfica Protegida. Se trata del judión de La Granja que se cultivan en municipios como el Real Sitio de San Ildefonso y que se reconoce por su gran tamaño, su color blanco y su forma arriñonada. A lo que se suma una piel fina y blanda. Una textura mantecosa y cremosa que la diferencia de otras variantes.

El producto, que es muy reconocido entre los consumidores, deben su calidad y características gracias al medio geográfico en el que crece, así como a factores humanos. A unas prácticas agrícolas tradicionales, transmitidas de generación en generación, se añaden las características del suelo que facilitan el desarrollo de esta legumbre.

En su producción hay una preparación del suelo, una siembre, un proceso de recolección y la selección de las semillas para el siguiente año. La nueva IGP limita las dos últimas fases a una zona delimitada, para asegurar el secado apropiada y la pericia necesaria para la elección de las semillas con el objetivo de asegurar la pureza de la variedad del Judión de La Granja garantizando la calidad.

Un cultivo que se remonta a 1797

El producto estrella de la localidad cántabra de Valderredible, la patata, ha recibido su reconocimiento como indicación geográfica protegida. Dentro de la nueva IGP se encuentran las variedades agria, baraka, Kelly y Spunta que son cultivadas y envasadas en el municipio más meridional de Cantabria. Desde Agricultura recuerdan que se trata de una pata de color amarillo o amarillo intenso, que su textura es firma y consistente, así como tiene una forma oval y su calibre ronda entre los 45 y 75 milímetros. Esto es un tamaño medio respecto a otras variedades.

Este cultivo se remonta a 1797 y lo que le otorga su singularidad es la temperatura ya que el periodo de heladas en esta localidad se prolonga entre octubre y mayo siendo más severas entre diciembre y marzo. Estas condiciones climáticas, con heladas tardías y mínimas de 5ºC, pueden limitar su cultivo y dañar a las plantas más jóvenes.

Sin embargo, esta particular climatología condicionada por su relieve y elevada altitud media es la responsable de algunas de las características que le han hecho merecedora de este reconocimiento como el elevado porcentaje de materia seca y la alta concentración de vitamina C en relación con otras variantes. A lo que se añaden unos suelos aireados y con sustratos más arenosos que arcillosos, especialmente en el entorno del río Ebro.

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Además de su elevado precio, uno de los grandes problemas de acceso a la vivienda tiene que ver con la dificultad para reunir el dinero que normalmente no te prestará el banco (el 20% del valor de tu futura casa), más el que necesitarás para impuestos y otros gastos (entre un 5% y un 10%). Con este panorama, una hipoteca al 100% puede ser la única opción de conseguir financiación, pero ¿es posible conseguir uno de estos préstamos?

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Los depósitos a plazo fijo están ganando protagonismo. Algunos ya permiten obtener una rentabilidad superior al 3% TAE, una cifra que permite mitigar los efectos de la inflación, que el pasado mes de mayo se situó en el 3,2% interanual, según el Instituto Nacional de Estadística.

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El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves una proposición de ley para que los trabajadores que han cotizado en mutuas profesionales (abogados, médicos, arquitectos...) puedan trasladar esas contribuciones económicas a la Seguridad Social. Numerosos colectivos profesionales llevan años denunciando que la pensión que les deja la mutualidad es muy baja y han reclamado el traspaso al régimen de autónomos, que garantiza una prestación mínima más generosa en muchos casos.

El texto viaja ahora al Senado, donde se podrán introducir enmiendas y será devuelto a la Cámara Baja donde, previsiblemente, saldrá adelante de nuevo. La iniciativa ha salido adelante en el Congreso con 180 votos a favor, 168 abstenciones (PP y Vox) y ningún voto en contra.

La norma permitirá que unos 100.000 mutualistas como arquitectos, ingenieros, gestores administrativos, abogados, procuradores o médicos puedan 'comprar' cotizaciones a la Seguridad Social para mejorar su pensión. Hasta ahora, muchos de estos profesionales quedaban fuera del radar de la Seguridad Social. En lugar de cotizar como autónomos, su protección social estaba o está a cargo de mutuas profesionales privadas a las que han ido contribuyendo a lo largo de su carrera.

Sin embargo, tal y como recoge el texto de la proposición de ley, este sistema ha dado lugar a prestaciones que "en algunos casos han quedado muy por debajo del nivel de cobertura que esperaban y, en ocasiones, por debajo del importe que habrían obtenido de haber estado encuadrados en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos".

Algunas de esas mutuas profesionales son anteriores incluso al nacimiento de la Seguridad Social. Cuando se constituyó el régimen de autónomos en los años setenta, los colegios profesionales afectados no se integraron en él. En los años noventa, la integración pasó a ser obligatoria por ley, pero se permitió a los colegios que ya tuvieran mutuas constituidas previamente pudieran elegir entre integrarse en la Seguridad Social o permanecer en la mutualidad.

El funcionamiento de estas mutuas es diferente al del sistema público de pensiones. En este sistema, el trabajador hace una aportación que decide él y, a cambio, obtiene una protección social. A menudo, esas aportaciones son bajas, lo que genera derecho a pensiones muy reducidas. De hecho, incluso a igual aportación que en el sistema de Seguridad Social, derechos como los complementos a mínimos o la revalorización con el IPC que sí ofrece el sistema público no están garantizados.

Una pasarela que no es igual para todos

La proposición de ley establece un sistema -una especie de pasarela- voluntario para que los profesionales puedan canjear las contribuciones económicas hechas a la mutua por cotizaciones a la Seguridad Social. De esta forma, quedarían protegidos por el sistema público, que en muchos casos dará lugar a prestaciones más generosas. Una vez hecha la conversión, el mutualista queda irreversiblemente integrado en el RETA.

Esta pasarela será, de hecho, más favorable incluso de lo que estaba previsto inicialmente. En un primer momento, la proposición de ley excluía a los mutualistas ya jubilados y también a aquellos que habían cotizado a la Seguridad Social el mínimo para tener derecho a una pensión (15 años). Sin embargo, una enmienda impulsada por el Partido Popular ha eliminado esos requisitos, que incrementarían sustancialmente el número de beneficiarios y el impacto económico sobre las arcas de la Seguridad Social.

La proposición de ley da un año de plazo a todos los profesionales que quieran transferir los derechos económicos de sus mutualidades a la Seguridad Social. Un canje que estará exento de pagar IRPF, pero que no se producirá en términos de equivalencia en todos los casos. Es decir, cada euro contenido en la mutualidad no se traducirá siempre en un euro en cotización adquirida.

La norma da las líneas generales para calcular los años de cotizaciones a los que tendría derecho cada mutualista y la base de su pensión. En concreto, establece que se tendrá en cuenta la base mínima de cotización que le habría correspondido al profesional si hubiera sido autónomo y no mutualista. Esa base se actualizará con unos parámetros que todavía se tienen que definir mediante un reglamento y sufre una penalización para descontar las contingencias que no estaban cubiertas por las mutuas, pero sí en la Seguridad Social.

Esa penalización se plasma en un coeficiente de 0,77 sobre esa base de cotización estimada. En la práctica, esto se traduce en que cada euro aportado a la mutualidad no se convertirá en un euro cotizado al RETA. En consecuencia, cada año contribuido en la mutualidad no se canjeará por un año cotizado en el régimen de autónomos. Sin embargo, se establece una excepción para los mutualistas mayores de 52 años, para quienes cada mes cotizado en la mutualidad se convertirá en un mes cotizado a la Seguridad Social.

La proposición de ley incluye también cambios en las condiciones de las mutualidades alternativas para los profesionales que decidan permanecer en las mismas. De tal forma que las prestaciones que ofrezcan las mutuas deberán ser al menos iguales a las mínimas que ofrece el sistema de Seguridad Social. Para ello, se prevé que la cuota que abonan los mutualistas se vaya incrementando hasta alcanzar progresivamente la base mínima que les correspondería si cotizaran en el régimen de autónomos.

Una vez se haya aprobado la norma definitivamente, el Gobierno deberá elaborar un reglamento en el que termine de perfilar los detalles técnicos de la pasarela. En concreto, en lo que se refiere a cómo se actualizarán las bases mínimas de cotización. Cuando se haya aprobado el reglamento, los mutualistas dispondrán de un año para solicitar el traspaso a la Seguridad Social.

Primera subida de los tipos de interés en la Eurozona en casi tres años. El Banco Central Europeo (BCE) ha seguido este jueves el guion previsto por los mercados y ha elevado el precio del dinero en la región en 0,25 puntos, lo que sitúa su tasa de referencia, la facilidad de depósito, en el 2,25%. Esta tasa es la que marca la evolución del euríbor de las hipotecas, del coste de los préstamos o del de las tarjetas que ofrecen los bancos.

El conflicto en Oriente Próximo y la crisis energética provocada por el bloqueo del Estrecho de Ormuz, han obligado a actuar al emisor mucho antes de lo que podía preverse antes del estallido de la guerra. Los hipotecados llevan ya notando los efectos de esta decisión desde antes incluso de producirse, dado que el propio euríbor viene aumentando desde el inicio de la guerra en previsión de que se produjera esta subida de tipos.

"La guerra en Oriente Próximo está generando presiones inflacionistas y la decisión de aumentar los tipos de interés es adecuada en los diferentes escenarios que analizan la posible evolución de la perturbación y su impacto en las perspectivas a medio plazo para la zona del euro", apunta la entidad en su comunicado.

El BCE prevé más inflación y menos crecimiento

La entidad basa su decisión en el nuevo escenario de previsiones con el que acompaña su decisión de política monetaria. El emisor eleva cuatro décimas la inflación estimada para este año con respecto al cálculo que había hecho en marzo y la sitúa en el 3% de media. El alza de precios se moderará tanto el año que viene como el siguiente, ejercicios para los que el BCE prevé que la tasa de IPC se coloque de media en el 2,3% y en el 2%. La inflación subyacente, que es la que más preocupa al organismo porque tiende a reflejar cuándo la subida de los precios es un problema estructural y no temporal, se situaría en un promedio del 2,5% en 2026 y 2027, y en el 2,2% en 2028.

En lo que respecta al crecimiento, el escenario de referencia publicado por la entidad contempla que el PIB eche el freno y crezca un 0,8% este año (una décima menos de lo que estimaba en marzo), para avanzar después al 1,2% en 2027, una décima menos, y al 1,5% en 2028, una décima más. La revisión a la baja responde a un impacto "más pronunciado" de la guerra en los mercados de materias primas, en las rentas reales y en la confianza de los agentes económicos (las familias, las empresas, los gobiernos...)

Las perspectivas "siguen siendo inciertas" por la guerra

Pese a estos cambios, el organismo capitaneado por Christine Lagarde incide en que las perspectivas "siguen siendo inciertas, con riesgos al alza para la inflación y a la baja para el crecimiento económico". De hecho, hace hincapié en que las implicaciones de la guerra para los precios y la actividad dependerán de la intensidad y la duración de la crisis energética, así como de la magnitud de sus efectos indirectos y de segunda vuelta.

En el consejo de gobierno del BCE entienden que esta subida de tipos les sitúa "en una buena posición para navegar la incertidumbre causada por la guerra", con todo, harán un seguimiento "atento" de la situación y aplicará un enfoque dependiente de los datos, en el que -como ha venido manteniendo en las últimas reuniones- las decisiones se adoptarán en cada reunión, para determinar la orientación apropiada de la política monetaria.

En particular, las decisiones futuras sobre los tipos de interés se basarán en su valoración de las perspectivas de inflación y de los riesgos a los que están sujetas, teniendo en cuenta los nuevos datos económicos y financieros, la dinámica de la subyacente y la intensidad de la transmisión de la política monetaria, "sin comprometerse de antemano con ninguna senda concreta de tipos".

Con la decisión de este jueves, los tipos de interés aplicables a las operaciones principales de financiación y a la facilidad marginal de crédito aumentarán hasta el 2,40% y el 2,65%, respectivamente. La primera tasa es la que se fija a los bancos cuando piden dinero prestado al BCE a una semana para poder operar en su día a día; mientras que la segunda es el interés que los bancos deben pagar si necesitan pedir dinero al organismo de un día para otro.

En lo que respecta a su programa de compra de activos (APP) y al de compras de emergencia frente a la pandemia (PEPP), el emisor explica que está disminuyendo a un ritmo "mesurado y predecible", dado que el Eurosistema ha dejado de reinvertir el principal de la deuda que va venciendo. Por último, el Consejo de Gobierno dice estar "preparado" para ajustar todos sus instrumentos de política monetaria de forma que la inflación se estabilice en su objetivo del 2% a medio plazo y pueda preservarse el buen funcionamiento de la transmisión de la política monetaria.

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El precio del diésel continúa abaratándose una semana más. El combustible ha seguido su senda bajista y ha tocado su nivel más bajo desde principios de marzo, cuando comenzó a registrar importantes subidas tras el inicio el pasado 28 de febrero de la guerra en Irán.

En concreto, el precio medio del litro de gasóleo se ha situado esta semana en los 1,615 euros, su nivel más bajo desde principios de marzo, tras abaratarse un 2% con respecto a la semana pasada, según los datos ofrecidos del Boletín Petrolero de la Unión Europea.

De esta manera, el precio medio del diésel se consolida muy por debajo de los 1,883 euros que tocó en la semana anterior a la entrada en vigor el pasado 22 de marzo de las medidas fiscales del Gobierno para contener el impacto en los precios del conflicto en Oriente Próximo.

En el caso del precio medio del litro de gasolina, menos castigado en sus alzas por la guerra, ha encadenado también esta semana un nuevo descenso, tras caer un 1,74% con respecto a la pasada semana, para situarse en los 1,52 euros, su nivel más bajo desde la tercera semana de abril.

El pasado 20 de marzo, el Ejecutivo, en un Consejo de Ministros extraordinario, aprobó una bajada al 10% del IVA de gasóleo, gasolina y otros hidrocarburos, así como la reducción al mínimo permitido por la UE del impuesto especial de hidrocarburos y ayudas especiales para los transportistas y el campo, para contrarrestar el incremento de esta materia prima en los mercados internacionales tras las subidas del precio del petróleo por situaciones como el bloqueo del Estrecho de Ormuz, medidas que, en principio, estarán vigentes hasta el 30 de junio.

Estas medidas contuvieron la espiral alcista de los carburantes, que les había llevado a encadenar una decena de semanas de subidas, ante el impacto por la crisis en Oriente Próximo que ha disparado el precio del barril de crudo desde finales de febrero.

Llenar el depósito de diésel, 14,13 euros más

A pesar de ello, con los precios de esta semana, llenar un depósito medio de 55 litros de diésel tiene un coste de 88,82 euros, unos 14,13 euros más que hace un año, cuando ascendía a unos 74,69 euros.

Por su parte, para los vehículos de gasolina, llenar un depósito medio (55 litros) supone un desembolso actualmente de unos 83,6 euros, unos 3,41 euros más que hace un año, cuando superaba los 80,19 euros.

A pesar de la tendencia al alza de los últimos meses desde el estallido del conflicto en Irán, ambos carburantes se han mantenido siempre lejos de los máximos que registraron el verano de 2022, en julio, cuando la gasolina alcanzó los 2,141 euros y el gasóleo los 2,1 euros.

El precio de los carburantes depende de múltiples factores, como su cotización específica (independiente de la del petróleo), la evolución del crudo, los impuestos, el coste de la materia prima y de la logística y los márgenes brutos. Además, la evolución en la cotización del crudo no se traslada directamente a los precios de los carburantes, sino que lo hace con un decalaje temporal.

El consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha anunciado este jueves la primera subida de los tipos de interés en casi tres años. Un alza de 0,25 puntos básicos que deja su tasa de referencia, la facilidad de depósito, en el 2,25%. Esta tasa es la que marca que marca la evolución del euríbor de las hipotecas, del coste de los préstamos o del de las tarjetas que ofrecen los bancos. La decisión ha sido "unánime y sin reservas", ha recalcado la presidenta del organismo, Christine Lagarde, en rueda de prensa.

La política gala, que ha avanzado las nuevas previsiones económicas del organismo y ha dejado en el aire nuevas alzas del precio del dinero en un futuro, ha incidido en que "las expectativas de inflación a plazos más cortos se mantienen muy por encima de los niveles previos al estallido de la guerra en Oriente Medio" y ha reclamado a los gobiernos de la región que las respuestas fiscales al choque de precios de la energía sean temporales, específicas y adaptadas.

El estallido de la guerra entre Irán y Estados Unidos e Israel obliga a la entidad a dar un giro de timón en la política monetaria. La crisis energética provocada por el bloqueo del estrecho de Ormuz, arteria marítima esencial para el comercio de petróleo y gas natural licuado, ha disparado la inflación en la Eurozona hasta el 3,2% en mayo, su nivel más elevado desde septiembre de 2023. El problema es que presión al alza de los precios convive con una economía en estado de coma: el PIB de la Eurozona se contrajo un 0,2% en el primer trimestre del año con respecto al anterior.

El Congreso de los Diputados ha rechazado este jueves una iniciativa para evitar que los trabajadores con 40 años o más cotizados sean penalizados tras anticipar su jubilación por motivos no deseados. Una reforma legal promovida por los diputados de Podemos planteaba acabar con los coeficientes reductores que merman la pensión de estas personas. La propuesta viene impulsada también desde el colectivo Asjubi40, que agrupa a personas en esta situación.

Esta iniciativa estaba incluida como una enmienda a la proposición de ley que crea una pasarela para que los mutualistas hacia la Seguridad Social. Finalmente, la pasarela sí ha salido adelante, pero la enmienda impulsada por Podemos ha sido rechazada tras recabar solo 54 votos favorables. Los grupos parlamentarios de Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV han dado su 'sí', al igual que ocho diputados del Grupo Mixto (entre ellos, los cuatro de Podemos).

Sin embargo, los 260 votos en contra de PP y PSOE han sido más que suficientes para tumbarla. Los 33 diputados de Vox se han abstenido y dos diputados (uno de Sumar y otro del PNV) también han votado en contra.

En concreto, la propuesta de Podemos planteaba que los trabajadores que tengan o que hayan tenido que adelantar su jubilación al ser despedidos en un ERE, que hayan sido cesados por por causas objetivas, al entrar su empresa en ley concursal o que hayan quedado sin trabajo por causas de fuerza mayor no sufran penalización. Un derecho que se extendería también a las víctimas de violencia de género o sexual o a los trabajadores que hayan extinguido voluntariamente su contrato por cambios sustanciales en las condiciones laborales o por causa justa.

La votación de este jueves contrasta con el resultado de una moción en noviembre de 2025 que pedía exactamente lo mismo, solo que entonces carecía de carácter legislativo y no suponía una obligación legal, tan solo era una llamada a la acción. En aquella votación, el PSOE sí apoyó la propuesta de Podemos. En cambio, PP y Vox se abstuvieron.

El Ejecutivo cifró en 3.358 millones de euros el coste que supondría impulsar la reforma legal que pide Podemos, de los cuales 1.345 millones derivan de eliminar los coeficientes para los beneficiarios de pensiones de jubilación anticipada voluntaria y los otros 2.013 millones para los casos de jubilación anticipada involuntaria. Podemos y los colectivos estiman que hay 900.000 personas en esta situación, una cifra que no ha sido confirmada oficialmente por la Seguridad Social.

Belarra: "Esto es insoportable"

El resultado de la votación ha provocado el enfado de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra: "El PP y el PSOE votan en contra de que las personas jubiladas que han cotizado más de 40 años puedan cobrar su pensión completa. El bipartidismo contra los jubilados, otra vez, como en 2011, como siempre. Armas sí, pensiones no. Esto es insoportable", ha declarado a través de su cuenta de X.

Antes de comenzar el debate y la votación de las enmiendas que quedaban 'vivas', la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, declaró ante los medios para exigir al PSOE que se ponga "del lado de la gente" y apoyase la propuesta para revertir una situación "absolutamente injusta" que afecta a cerca de 900.000 personas que tienen más de cuarenta años cotizados.

"Yo creo que quien votó al PSOE el 23 de julio del año 2023 entendería que hoy el PSOE votara en contra. Si hay dinero para el rearme, si hay dinero para armas y tanques, mínimo, tiene que haber dinero también para los jubilados y las jubiladas", ha enfatizado Belarra. No obstante, ya apuntaba que el PSOE siempre se había negado a aprobar esta iniciativa.

Ya en el debate de la iniciativa en el Pleno, la diputada Martina Velarde también ha insistido en pedir a los grupos parlamentarios apoyo a dicha enmienda y evitar excusas como que la propuesta tiene que pasar por la comisión del Pacto de Toledo: "Cuando las cosas se quieren hacer, se hacen", ha dicho desde tribuna.

Tras conocerse el resultado de la votación, la asociación Asjubi40 ha emitido un duro comunicado en el que traslada su "total indignación" ante lo que considera un "vergonzoso espectáculo". "El PP y el PSOE han vuelto a escenificar una pinza política para tumbar la enmienda presentada por Ione Belarra, la cual buscaba, por fin, hacer justicia y despenalizar las pensiones de quienes han trabajado y cotizado toda una vida", señala la nota.

Desde el grupo parlamentario del PP, la diputada María Jesús Moro, ha reprochado a Ione Belarra su posición. "No confundan, no los utilicen, esta no es la ley. Esto tendrá su momento", ha señalado, en referencia a la decisión de plantear esta reforma como enmienda.

Renault Group España ha anunciado el nombramiento de Christian Stein como nuevo consejero delegado de la compañía, reemplazando al españo Josep María Recasens, que ha decidido emprender nuevos retos profesionales fuera de la misma. Stein se estrenará como CEO de Renault España el próximo 1 de julio y, desde esta nueva responsabilidad, dirigirá todas las actividades del grupo en el país.

El fabricante ha indicado en un comunicado que Stein va a compatibilizar esta nueva posición con su actual responsabilidad como jefe de comunicación (Chief Communication Officer) de Renault, reportando al consejero delegado del grupo, François Provost.

Este nombramiento se produce en el marco del lanzamiento del plan estratégico global de Renault Group, futuREady, y tras la reciente firma del nuevo convenio colectivo de Renault España, que garantiza el futuro de las fábricas españolas mediante la asignación de cinco nuevos modelos, consolidando su continuidad, así como el despliegue de la nueva plataforma eléctrica del grupo.

Stein conoce bien el sector del automóvil ya que cuenta con 35 años de experiencia, incorporándose en 1991 a Peugeot, donde desarrolló un amplio recorrido internacional en países como Francia, Bélgica y Reino Unido, ocupando diferentes posiciones en las áreas de retail, finanzas, ventas y marketing.

En 2011 se incorporó a Seat donde desempeñó las responsabilidades de director global de marketing y director global de comunicación y relaciones públicas. En 2020 entró a formar parte de Renault Group como VP brands communications y en 2023 fue nombrado VP Revenue Management & Customer Experience de Ampere. Desde 2024 ocupa la hasta ahora posición de jefe de comunicación.

Un aterrizaje con efeméride histórica

El CEO del grupo Renault, François Provost, ha agradecido a Josep María Recasens su compromiso en estos últimos años y le ha deseado mucho éxito en sus futuros proyectos. Además, Provost ha destacado que la experiencia de Stein y su profundo conocimiento del mercado español será determinante para acompañar la nueva fase que se abre en el país, un mercado estratégico y polo industrial importante del grupo.

El aterrizaje de Stein se produce en una importante efeméride: la celebración de los 75 años de historia de Renault en España, tiene centros en Madrid, Valladolid, Palencia y Sevilla, así como una red de 482 puntos de venta y postventa que comercializan las marcas Renault, Dacia y Alpine.

La cesta de la compra se ha encarecido mucho en los últimos meses. Tal y como señala la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), en el mes de mayo se ha situado en los 316,23 euros, lo que dificulta a muchas personas la adquisición de productos. Es en este punto en el que las marcas blancas pueden ser una gran opción, ya que suelen salir mucho más baratas debido a que las cadenas se ahorran los costes de marketing, intermediarios y diseño.

"No hay, lo siento mucho". "Está todo agotado por el momento". "Nos han dicho que van mandar más en breve, pero no te puedo decir con exactitud". Estas son algunas de respuestas que ofrecen los responsables de diferentes tiendas cuando vas preguntar si tienen pegatinas de Panini del Mundial de Fútbol de Estados Unidos, Canadá y México, que arranca este mismo jueves con el choque entre México y Sudáfrica.

La fiebre mundialista está superando todas las expectativas, incluso las de la propia empresa italiana fabricante de los cromos, que ha reconocido que se han quedado sin stock de pegatinas. "Nunca había empezado de esta manera, sobre todo en España y en Portugal. En Brasil siempre ha sido una locura, pero, este año, hay falta de producto y estamos produciendo 24 horas al día. No lo esperábamos", ha reconocido Lluís Torrent, director general de Panini en España, en declaraciones a eldiario.es.

La consecuencia de esta escasez actual de cromos es que su coste de venta en algunas plataformas digitales se ha situado bastante por encima del precio de venta al público en tiendas físicas establecido por Panini, que asciende a 1,50 euros por un sobre que contiene siete estampas -en el Mundial de 2022 su precio fue de un euro e incluía cinco cromos-.

Esto supone que el pack de 50 cromos debe venderse a 75 euros y el de 100 sobres a 150 euros. Sin embargo, 20minutos ha consultado su precio actual en diferentes marketplaces y su coste puede superar los 90 euros para el pack de 50 y los 165 euros para el paquete de 100.

Los responsables de este alza son los llamados precios dinámicos, un modelo de fijación de precios que ajusta de forma automática en tiempo real las tarifas de los productos cada pocos minutos para maximizar los ingresos en función de la oferta y la demanda. Los que los aplican en la actualidad son distribuidores externos ajenos a la compañía italiana.

"Los precios dinámicos desafían la relación tradicional entre consumidor y vendedor, en la que los consumidores están amparados por ley a comprar productos o adquirir servicios a un precio determinado, previamente conocido", ha asegurado la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que critica que esta práctica supone "cambiar el precio de un producto de una manera rápida y flexible en respuesta a varios algoritmos, entre ellos, las demandas del mercado, de tal forma que quienes comercializan un determinado bien o servicio no proporcionan una información transparente o exacta sobre el precio final".

"Es precisamente esa falta de transparencia de los algoritmos utilizados la que dificulta detectar si las empresas están empleando prácticas desleales, abusivas o incluso prácticas colusorias, que afectan a la competencia y por ende a los derechos de los consumidores", ha explicado la OCU.

Los vendedores particulares también quieren sacar tajada

Pero no solo las compañías pretenden sacar tajada de esta escasez de cromos del Mundial de Fútbol de 2026. Los ciudadanos particulares también han visto negocio y en plataformas de compraventa podemos encontrar cromos de Panini a precios mucho más altos que su valor original en quioscos. Por ejemplo, en Wallapop está a la venta una caja de 50 sobres por 100 euros, lo que supone obtener un beneficio de 25 euros respecto a su precio de venta al público, que es de 75 euros.

Esta práctica, no obstante, conlleva cierto peligro para estos ciudadanos. Vender cualquier objeto por Internet no supone hacer frente al pago de impuestos si no se ha obtenido una ganancia patrimonial; es decir: si no se ha vendido el artículo a un precio mayor de lo que costó. En estos casos, al existir beneficio, sí habría que arreglar cuentas con Hacienda.

Fue la gran promesa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para el campo español en el último discurso de investidura el 15 de noviembre de 2023: "Y quiero anunciarles que vamos a aprobar una ley de agricultura familiar", destacó el jefe del Ejecutivo. Sánchez justifico la futura norma en que generaría "valor añadido social y vinculación con el territorio". También anunció una Estrategia Nacional de Alimentación aprobada en enero. Sin embargo, una legislatura 'en coma' así como los debates presupuestario y sobre la nueva Política Agraria Común (PAC) en Bruselas ponen en riesgo el proyecto. Lo que ha llenado de indignación a organizaciones agrarias como la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA).

Fuentes del Ministerio de Agricultura sostienen que "no tiene lógica" aprobar esta norma con el debate sobre la nueva PAC abierto y, explican, que el contenido de la futura regulación está "a expensas de que se definan cuestiones en el marco europeo y en la futura PAC" como la definición de agricultor activo. En el departamento que dirige Luis Planas creen que lo más práctico sería que naciera ya adaptada a la nueva realidad, y ponen en valor, que se ha avanzado en "cuestiones importantes" de la redacción del texto aunque evitan mencionar horizontes temporales para su aprobación.

Fuentes del Ministerio de Agricultura explican que el contenido de la futura regulación está "a expensas de que se definan cuestiones en el marco europeo y en la futura PAC"

En defensa de la "clase media del campo"

El economista agrario y miembro del Centro Mixto de Investigación de la Universidad Politécnica de Madrid (CEIGRAM-UPM), Tomás García Azcárate, se muestra convencido de que "esta Ley no estará lista en esta legislatura" y añade que "el Gobierno no tiene tiempo tal y como está el Parlamento". Este experto explica que todavía se está negociando la nueva PAC y que aún no se sabe qué márgenes tendrán los países.

"Una legislación como está sirve para definir quiénes son los agricultores profesionales prioritarios para recibir apoyo público", comenta este analista. García Azcárate se pregunta qué pasaría si se tuviera que cambiar su contenido en año y medio. Este analista, que prefiere hablar de "clase media del campo", cree que "lo más importante no es tanto la Ley como que Gobierno y comunidades autónomas acuerden qué van a defender en Bruselas". El investigador del CEIGRAM - UPM sostiene que, como a la economía español, a la agricultura le va bien "porque a algunos les va muy bien, pero a la mayoría de los españoles no les va tan bien".

García Azcárate menciona la digitalización y la revolución tecnológica en la que, añade, algunos agricultores están ya a la cabeza y apuesta por apoyar "para que los profesionales de mediana y pequeña dimensión entren en la revolución tecnológica y se adapten a la ecológica". Este analista pone como ejemplo las dificultades de la 'clase media' en el campo para la adopción del 'Cuaderno Digital de Explotación', que permite dejar constancia en tiempo real de toda la actividad de la explotación.

La indignación de UPA

UPA encendió la luz de alerta después de un discurso del ministro de Agricultura, Luis Planas, considerando "inútil" aprobar esta norma en mitad de la negociación de la nueva PAC. Esta organización agraria ha convertido la aprobación de una Ley de Agricultura Familiar a nivel nacional en una de sus principales banderas. "Somos nosotros quienes sembramos, quienes pastoreamos, quienes mantenemos los paisajes que Europa quiere proteger", señalan desde esta organización agraria donde consideran que "si hay una transición ecológica real en el campo, tiene que pasar por nosotros".

"Lo ideal sería tener una postura política clara de Gobierno y comunidades autónomas sobre qué agricultores profesionales queremos que sean prioritarios y cómo adaptarlos al combate contra el cambio climático", sostiene Tomás García (CEIGRAM-UPM)

Para García Azcárate (CEIGRAM-UPM) cree que "lo importante no es la ley sino que lo ideal sería tener una postura política clara de Gobierno y comunidades autónomas sobre qué agricultores profesionales queremos que sean prioritarios y cómo adaptarlos al combate contra el cambio climático". El economista agrario abunda en que para la próxima PAC habrá menos dinero "y que el mantra de Bruselas es el de ayudar a quienes lo necesiten, a la clase media agrícola". Este experto cree que sería "difícil" que el PP mostrará "una fuerte oposición política" a un acuerdo de este tipo.

UPA ha defendido que la agricultura familiar como "la columna vertebral de cualquier política ambiental seria” y una de las herramientas más eficaces para mitigar las consecuencias del cambio climática, porque mantiene los caminos, gestiona los pastos, promueve la polinización, protege razas autóctonas y, sobre todo, reduce el abandono de tierras. Lo que es vital para evitar la proliferación de incendios.

En España hay 1,5 millones de personas que trabajan en los denominados servicios esenciales. Un sector heterogéneo donde caben desde las cuidadoras al personal de seguridad, la limpieza de edificios, jardineros, los monitores en los polideportivos o el personal que atiende las cafeterías de los edificios públicos. En definitiva, servicios centrados en las personas que son clave para funcionamiento diario de la economía y en particular del sector público. Ahora, las grandes patronales del sector se han unido bajo una misma marca: AlianzAS. Una confederación empresarial que preside Javier Sigüenza. Su gran reivindicación es que el Gobierno levante el veto a la revisión en los precios de los contratos públicos. Una limitación que, denuncian, les impide repercutir los aumentos de costes que sufren, como las subidas del salario mínimo.

"Nuestra principal reclamación es que se permita la revisión de precios en los contratos públicos. No queremos que sea algo obligatorio, solo que se permita"

La sombra del cambio climático es muy alargada para las bodegas españolas, que ven cómo el calor extremo u otros fenómenos climáticos como los pedriscos adelantan la vendimia y provocan daños relevantes. Ante este horizonte las bodegas se están preparando y, según un estudio elaborado por Cajamar y la Federación Española del Vino (FEV) a partir de una muestra de 84 empresas de todo el país adscritas al sello 'Sustainable Wineries for Climate Protection' y que representan el 29% de la facturación de todo el sector (2.477 millones de euros), destacan que el 81% de las bodegas han logrado reducir su consumo de agua mientras que casi 9 de cada 10 han reducido sus emisiones.

El 'Barómetro sobre la sostenibilidad del sector vitivinícola español' también detecta diferentes intensidades entre las bodegas. Por ejemplo, en el terreno del ahorro de agua. De las 84 empresas analizadas, 33 han logrado reducir más de 20% mientras que 16 se acaban de incorporar al sello y están comenzando a actuar en este terreno. Sobre las emisiones , un 88% ya están reduciéndola y, la mayoría, 46 de las 84 compañías analizadas lo han hecho, al menos, en un 20% o más.

Ahorro de energía

Todas las bodegas analizadas miden su huella de carbono y cuentan con un plan específico para ello, así como otra hoja de ruta para la disminución del consumo de agua. Sin embargo, solo el 54% logra autogenerar al menos el 15% de la energía que consume. A lo anterior se suma una mayor eficiencia energética. Casi 8 de cada 10 bodegas han consumido menos energía, es decir, 66 bodegas de un total de 84. La mayoría han logrado una reducción del 20% o más.

¿Y sobre los residuos? El análisis también constata avances relevantes en economía circular: el 98 % de las bodegas dispone de sus propios planes para la reducción de residuos y un 73 % que alcanza tasas de valorización superiores al 90 %. Lo que, a juicio de los autores, supone que se están integrando modelos de gestión más sostenible. El estudio, que analiza las bodegas con el sello medioambiental impulsado por la FEV, una creciente implicación en acciones para proteger el entorno medioambiental, con la mayoría de las bodegas desarrollando medidas activas de conservación del suelo y la biodiversidad y echando mano de prácticas más sostenibles.

Mejoras en la gobernanza

Lo que viene acompañado de medidas sociales como la apuesta por crear empleo en su entorno, como aseguran el 88% de las bodegas o su apuesta por estrechar su vínculo con el territorio, a través de la transferencia de conocimiento y el fomento de la la contratación de colectivos vulnerables, como afirma un 79% de las empresas analizadas. Todas cuentan, a nivel de gobernanza, con un responsable de RSC y sostenibilidad así como un 94% con código ético anticorrupción. Sin embargo, apenas un tercio tienen un informe verificado externamente. Un hueco que viene a cubrir este análisis.

La economía española crecerá un 2,4% este año, aunque después se frenará tres décimas en 2027, acusando el impacto de una guerra en Oriente Próximo que sigue sin resolverse y que ha disparado drásticamente los precios de la energía. Así lo ve BBVA Research, el centro de estudios de la entidad bancaria, que ha decidido mantener su previsión de expansión del PIB en el mismo nivel que el que vaticinaban cuando empezó el conflicto.

Una cifra que es algo más optimista que la de los principales organismos que publican previsiones (Banco de España, FMI, OCDE, Comisión Europea...) y que las del propio Gobierno de España, que se mueven entre el 2,1 y el 2,2% para este ejercicio.

Sin embargo, detrás de esa decisión de no variar la previsión, hay factores tirando en direcciones opuestas. Por un lado, el aumento en los precios de la energía y los cuellos de botella que ha generado el conflicto en el comercio mundial frenan la actividad. Pero ese impacto se anula por las medidas de alivio fiscal para abaratar los carburantes, la luz y el gas que ha introducido el Gobierno.

El impacto económico de la guerra llegará también a 2027, ejercicio en el que los precios de la energía perjudicarán al crecimiento, así como la debilidad de los socios europeos de España. Además, el impulso fiscal que ha ayudado a sostener la economía en 2026 se diluirá. Esto se traducirá en un crecimiento económico del 2,1% en 2027, tres décimas inferior al del actual ejercicio.

Aunque las expectativas son buenas en un contexto de guerra abierta y sin una solución clara todavía a la vista, España tendrá que pagar un precio por no dañar el crecimiento. La aprobación de las medidas de apoyo (valoradas en 5.000 millones de euros) elevará el déficit público hasta el 2,8% del PIB en 2026. Cuatro décimas por encima del cierre de 2025 y una cifra muy alejada de la que el Gobierno ha pactado con Bruselas para este año (2,1% del PIB). En 2027, la retirada de las medidas de alivio reduciría el déficit hasta el 2,5% del PIB, pero todavía seguirá muy lejos de lo comprometido con la Comisión Europea (1,8%).

La guerra también impactará de lleno en las expectativas de inflación, pese a que los economistas del banco confían en que el conflicto se desatasque y los precios de la energía empiecen a bajar a partir de la segunda mitad del año. BBVA Research estima que la inflación se disparará un 3,8% este año, 1,1 puntos por encima del dato de cierre de 2025 y una cifra muy por encima del objetivo del 2% que se marca el Banco Central Europeo (BCE).

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Las ofertas de Trade Republic (3% TIN; 3,04% TAE) y B100 (2,96% TIN; 3% TAE) se han convertido en las mejores cuentas remuneradas del mes de junio, entre todas las ofertas que puedes contratar en Kelisto.es. ¿El motivo? Ofrecen la remuneración inicial más alta que puedes obtener a día de hoy, sin cobrar comisiones y con tu dinero siempre disponible, como sucede con cualquier oferta de esta categoría. Eso sí, la primera resulta más atractiva para quienes no quieran ataduras, mientras que la segunda es más interesante para quienes estén dispuestos aceptar ciertos requisitos extra de vinculación. 

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La Hipoteca Vamos a tipo fijo de Ibercaja (2,3% TIN), la Hipoteca Variable de Kutxabank (e+0,49%) y la Hipoteca Mixta de Pibank (con un tipo fijo a cinco años del 1,75% TIN y uno variable de euríbor+0,68%) son las hipotecas más baratas de junio de 2026, según el análisis de Kelisto.es, que examina el mercado hipotecario teniendo en cuenta criterios de ordenación objetivos, como interés de cada oferta, las comisiones y el número de productos o servicios que bonifican el interés de cada préstamo. 

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Alrededor de 120.000 jubilados con pensión máxima en toda España disfrutarán de 3.359 euros adicionales con la percepción de la extraordinaria de verano. El importe se ha determinado tras la revalorización del 2,7% del IPC, que implica la recepción de 92 euros más al mes. Cabe aclarar que esto no quiere decir que el resto de los pensionistas se vayan a quedar fuera; la paga extra es una realidad para todo el colectivo.

Aun así, la pensión máxima en España es de 47.034,40 euros anuales divididos en 14 pagas y este mes es de suerte. En junio percibirán por primera vez un total de 6.719,20 euros. Para poder recibir esta pensión, es necesario cumplir con una serie de requisitos. Por ejemplo, la edad de jubilación ordinaria, cotización y base reguladora. Recordemos que la base máxima de cotización es de 5.101,20 euros mensuales.

¿Cuándo se cobra la paga extra de la pensión?

Según la Seguridad Social, las pensiones se abonan en 14 pagas, "una por cada uno de los meses del año y dos pagas extraordinarias al año, que se hacen efectivas junto con las mensualidades de junio y noviembre y por el mismo importe que el de la mensualidad ordinaria correspondiente a dichos meses". Usualmente, el monto se hace efectivo en las respectivas cuentas bancarias entre el 22 y el 25 del mes.

Por ley, la Seguridad Social establece el abono oficial para los primeros días de julio. Sin embargo, la mayoría de los bancos adelantan el ingreso a partir de los datos que conservan. Como aclaración, las personas que reciben pensiones por accidente de trabajo o enfermedad profesional no cobran esta paga extra, pues la tienen prorrateada en sus 12 mensualidades habituales.

Cada entidad maneja su propio calendario. Bankinter y Unicaja suelen ser los primeros en consignar el pago sobre el día 22. Posteriormente, Santander y CaixaBank, el día 24 y, finalmente, BBVA, ING, Abanca, Sabadell, Kutxabank, entre otros, el 25 de junio.

¿Cuánto es la paga extra para la pensión media de jubilación?

La pensión media de jubilación se situó en mayo en 1.572 euros mensuales. Es decir, con la paga extra, la cuantía a recibir será de 3.144 euros, aunque también depende del régimen. Quienes están vinculados al del carbón verán reflejados 6.067,80 euros; régimen del mar, 3.473; y el de los trabajadores autónomos, 2.120.

El Gobierno presentará su cuadro macroeconómico, el conjunto de previsiones que servirán de base para elaborar los Presupuestos Generales del Estado de 2027, el próximo 23 de junio. Lo ha anunciado este miércoles el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, durante la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso de los Diputados. Es de esperar que estas nuevas cifras afinen más el impacto de la guerra de Irán en la economía española.

A finales de abril, el Gobierno presentó una revisión parcial de sus perspectivas en la que preveía que el conflicto restase entre una y cuatro décimas al crecimiento de este ejercicio e impulsase la inflación hasta el 3,1% de media. Fueron los supuestos que incluyó en el Informe de Progreso Anual que remitió a la Comisión Europea para cumplir con las reglas fiscales.

El trámite oficial que da el pistoletazo de salida a las nuevas cuentas públicas se produjo el pasado viernes, cuando el ministerio de Hacienda publicó la orden de elaboración de las mismas, y que recoge los criterios y la orientación de los recursos públicos que guiarán la política económica. El responsable del departamento, Arcadi España, aseguró que los del año que viene serán unos presupuestos "más ambiciosos que nunca, más sociales, más justos y más responsables".

El Ejecutivo mantiene prorrogadas las cuentas públicas del año 2023, que son ya las más longevas de la historia, y ha renunciado a sacar adelante las del ejercicio en vigor por las dificultades para encontrar los apoyos parlamentarios necesarios para sacarlas adelante. En esta ocasión, el objetivo es "llegar a acuerdos previamente" a la presentación de las cuentas y mantener el diálogo con los grupos "en las distintas fases del proceso", según avanzó el propio España.

El último cuadro macro y los próximos pasos a seguir

El último cuadro macroeconómico del Gobierno, aprobado en noviembre de 2025, mantienen el crecimiento del PIB en el 2,2%, si bien no tiene en cuenta ni el eventual impacto de la guerra entre Irán y EEUU e Israel ni el efecto de las rebajas fiscales incluidas en el plan de respuesta a la crisis energética. Precisamente, el Ejecutivo viene manteniendo reuniones con sindicatos, empresarios y con los sectores más afectados por el impacto económico de la guerra en Irán para decidir si prorroga las medidas anticrisis más allá del próximo 30 de junio.

Una vez que se presente el cuadro macroeconómico, Hacienda deberá convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para informar a las comunidades autónomas de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de cómo se llevará a cabo el reparto del déficit entre administraciones.

Esa senda de déficit deberá ser votada, después, en el Congreso y en el Senado. Ahí es donde el Gobierno se está encontrando con dificultades para sacar adelante este proyecto. Y ya después del verano se espera la presentación del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2027 para llevarlos más tarde a la Cámara Baja.

Luanda, 10 jun (Prensa Latina) Más de mil 250 participantes se esperan en Angola para la Cumbre Africana de Finanzas 2026, prevista los días 3 y 4 de noviembre en Luanda.

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