El sindicato CCOO ha denunciado este miércoles la "pasividad" del Ministerio de Educación, que se habría presentado en la reunión que había convocada junto a otros sindicatos sin "ninguna propuesta" para bajar ratios en la etapa de 0 a 3 años, como había prometido. Esta es una de las principales demandas de los profesores que llevan un mes movilizándose en varios puntos de Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid, para denunciar sus condiciones laborales y unas aulas demasiado masificadas para una etapa que requiere una atención mucho más individualizada.

Este miércoles se reunía el grupo de trabajo de la mesa técnica, en la que están representados los sindicatos CCOO, ANPE, STES y UGT. El tema a tratar, más allá de las protestas que se están dando, era el decreto que prepara el Gobierno para reducir las ratios en la primera etapa de Infantil. Pero, según ha contado después CCOO, el encuentro con el ministerio se ha saldado sin avances concretos en la principal reivindicación del colectivo: la reducción de ratios en las aulas. En un comunicado, la organización ha lamentado que Educación se haya presentado sin ninguna propuesta específica sobre este asunto y ha advertido que no admitirá "más demoras".

"El ministerio debe abandonar de una vez la pasividad y las maniobras de distracción ante un problema de tal urgencia", ha señalado el sindicato, que espera que en la próxima reunión, prevista para el 23 de junio, el departamento que dirige Milagros Tolón se presente con "propuestas firmes y concretas" en cuestiones que consideran imprescindibles. "Cualquier otra cosa sería inaceptable", asevera.

El ministerio, por su parte, no ha querido pronunciarse sobre el encuentro mantenido este miércoles. Hace apenas una semana, la ministra recordó que estaba trabajando en la revisión del decreto de 2010 para mejorar las ratios en la etapa educativa de 0 a 3 años. Una norma que vendría después de la ley de ratios, enviada hace poco al Congreso de los Diputados, y que -de aprobarse- reducirá el número de alumnos por aula en el resto de etapas educativas. "Es una prioridad y este ministerio está en la solución", aseguró la titular de Educación.

Así, en la reunión de este miércoles, le han pedido al Ejecutivo que incoprore en la futura norma una serie de reivindicaciones que consideran básicas: que las ratios en Infantil sean de cuatro niños por educadora en 0-1 años, de seis niños en 1-2 años, y de ocho niños en 2-3 años, asegurando la "pareja educativa".

Un plan B a la ley que está en el Congreso

Para el sindicato, es una buena noticia que el Gobierno haya optado por la vía del decreto para impulsar estas medidas, pues temen que la otra ley, la de ratios, quede abandonada en la Cámara Baja por falta de acuerdo entre los grupos parlamentarios. Por este motivo, viendo el panorama político, CCOO también ha exigido que se incluyan algunas de esas medidas en el nuevo decreto.

"El ministerio no debe esperar a ver qué pasa y debe tener un plan B", defiende. La organización defiende incorporar a la futura iniciativa (que no necesitaría aprobación parlamentaria) la bajada general de ratios en todas las enseñanzas, que el alumnado con necesidades cuente el doble y medidas específicas para la escuela rural.

Piden también mayor atención a la diversidad, con dotaciones de especialistas, y una red de orientación de máximo 250 alumnos por profesional, junto con un recurso adicional para la coordinación de bienestar en los centros. Y, por último, "climatización, sostenibilidad y mejora de las infraestructuras de los centros educativos".

Only 24 hours remain before the World Cup kicks off in Mexico and the country is going though its final dress rehearsals. Preventing demonstrations on opening day is already a pipe dream: negotiations with teachers have stalled and search groups will march to make their missing relatives visible. With everyone in position and the cards on the table, attention is focused on avoiding the worst-case scenario for the government of Claudia Sheinbaum — an image of a police officer striking a teacher circling the globe on the day the country is playing for its international image. The concern is not unfounded: on the first day of protests a teacher lost an eye in clashes with police. The past two weeks have tested containment measures, and Wednesday will be the last chance to fine-tune the public staging. To ease the pressure, authorities have canceled classes for Thursday and ordered remote work for public servants.

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La defensa del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha hecho llegar al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama un escrito en el que plantea dudas sobre la obtención y la correcta custodia del contenido del teléfono móvil que fue interceptado por agentes norteamericanos en 2021 a Rodolfo Reyes, empresario que por entonces era socio mayoritario de Plus Ultra.

En el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, el letrado reacciona al auto de Calama por el que emitía una comisión rogatoria a EEUU con el objeto de tener el consentimiento de ese país para poder usar como fuente de prueba de cara a un eventual juicio penal esas conversaciones del empresario. Conversaciones que fueron clave tanto para la imputación del expresidente como para las entradas y registros llevados a cabo por agentes de la UDEF.

Ante la “parquedad de información” proporcionada hasta el momento sobre el origen de estas pruebas, la defensa del expresidente ha solicitado que el requerimiento a EEUU se amplíe con ocho peticiones. Entre ellas, reclama la resolución judicial o administrativa que autorizó la incautación y el clonado del teléfono, así como los detalles del procedimiento abierto contra Reyes en EEUU. A nivel técnico, exigen conocer qué autoridad realizó el volcado, qué software se empleó y, sobre todo, que se aporten los mecanismos de verificación —como códigos hash y actas de desprecinto— con los que se pueda determinar si las conversaciones han sufrido algún tipo de manipulación.

El letrado, Víctor Moreno Catena, explica que con esta ampliación de la información lo que se busca es “garantizar el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales” del expresidente en el procedimiento abierto en la Audiencia Nacional contra él por haber participado, presuntamente, en una trama dedicada al tráfico de influencias. Su defensa entiende que la ausencia de una información completa que arroje luz sobre el método de volcado, la autenticidad de las comunicaciones o la conservación y custodia del dispositivo por parte de la policía norteamericana “permite plantear dudas razonables sobre el respeto del derecho a un proceso con todas las garantías”.

También se muestra preocupado por las circunstancias en las que se ha producido el intercambio de esa información entre los órganos policiales, “sin intervención judicial conocida”. Y explica que estos vacíos de información provocan “graves dificultades sobre las condiciones para el ejercicio del derecho de defensa”. E insiste en que es imprescindible que la defensa pueda disponer “de una posibilidad real y efectiva de discutir y controvertir (...) la autenticidad, integridad, trazabilidad y contexto de todos los materiales que se usan como elementos probatorios de cargo”.

Por eso, además de las peticiones mencionadas, Moreno Catena quiere conocer también el alcance de la extracción (“total, parcial, física, lógica, remota o selectiva”) del contenido del móvil así como el software o la herramienta utilizada para ese fin y la autoridad que llevó a cabo el análisis del dispositivo. Y pide conocer cómo y cuándo se remitieron esas evidencias a las unidades policiales españolas, y las comunicaciones precedentes entre las unidades policiales españolas y el Homeland Security Investigations (HSI). A esto añade que se debe saber si esa cooperación policial contó con la autorización del órgano competente de los EEUU.

Recuerda que, según detalló el juez este pasado martes en un auto, el HSI remitió ese contenido del móvil de Reyes el pasado 18 de marzo de 2026. Cinco años después de que fuera intervenido cuando el empresario trató de acceder a EEUU por el aeropuerto de Miami. Y lamenta que hasta el momento ese volcado “no consta que se haya elevado a la plataforma Cloud” a la que acceden todas las partes del proceso.

En otro escrito de 2 de junio, previo a éste y al auto del juez acordando el requerimiento a EEUU, el abogado ya denunciaba “algunas omisiones relevantes” que afectaban directamente al ejercicio del derecho de defensa porque “hay evidencias digitales que no constan en la causa”. Se refería ya entonces a que no podía consultar dos dispositivos de los que se habían extraído múltiples conversaciones para sustentar los atestados de la UDEF.

Y concretaba que se refería al llamado “disco Crucial” donde se contiene el chat 'Danilo España', y el dispositivo de Rodolfo Reyes que fue facilitado a la policía por la HSI. “Esa circunstancia genera una clara indefensión y vulnera el derecho a un proceso con todas las garantías, pues no cabe espigar o presentar fragmentariamente una comunicación y ocultar su totalidad”, decía.

Por eso, advertía de que o se proporcionaban íntegramente los dispositivos a se debían excluir también por completo, “suprimiendo las referencias a los contenidos que han podido ser examinados por las partes”.

Calama busca asegurar la prueba

En el auto del juez por el que acordaba esa comisión rogatoria a EEUU, se indicaba que el contenido de ese móvil llegó a los investigadores españoles por cauces de colaboración internacional entre cuerpos policiales. Reconocía, al mismo tiempo, que el material incautado a Reyes ya había sido utilizado hasta la fecha “como elemento de investigación”, pero advertía de que, dada su relevancia para el esclarecimiento de los hechos investigados, resultaba necesario “determinar las condiciones de su eventual incorporación al proceso para poder ser utilizado, en su caso, en el plenario, como medio de prueba con plenos efectos procesales”. Es decir, buscaba asegurarse de que su contenido pueda ser usado en el juicio y no sea fuente de posibles nulidades futuras.

En los fundamentos del auto explicaba que esa cooperación entre policías permitió que la UDEF tuviera en sus manos información relevante sobre una investigación transnacional iniciada en 2018 “contra una red de empresarios venezolanos y personas políticamente expuestas dedicada al blanqueo de capitales, corrupción y ocultación de activos mediante estructuras financieras sofisticadas”. Y que esa red usaba empresas pantalla y realizaba operaciones internacionales que incluían sobornos, fraudes y el desfalco de fondos públicos.

El juez apuntaba que esa investigación transnacional se ha realizado en coordinación con las oficinas del HSI de en Nueva York, Tampa, Miami y Boston, y con autoridades de Francia, Suiza, España, Andorra y Portugal. El objetivo era “identificar y desarticular redes que facilitan la circulación global de fondos ilícitos y favorecer la recuperación de activos”. Indicaba que una de las líneas se centraba en Rodolfo Reyes, investigado por blanqueo y evasión de sanciones mediante compañías como Plus Ultra, Capital Bank, Panacorp y Dinosaur Bank. El HSI obtuvo en 2021 una extracción telefónica que, aunque inicialmente estaba orientada a ver si participó en contrabando, reveló comunicaciones con instrucciones para mover fondos ilícitos, gestionar préstamos de rescate y coordinar pagos ilegales. No ha sido hasta 2026 que el HSI ha considerado que podría tener relevancia para la investigación española relativa a Plus Ultra.

La Fiscalía General del Estado ha respondido en la mañana de este miércoles al requerimiento de información realizado por el juez de la Audiencia Nacional que investiga las maniobras de la exmilitante del PSOE Leire Díez contra los jefes de la UCO o de la Fiscalía Anticorrupción que investigaban a dirigentes socialistas. El escrito confirma la existencia de dos reuniones de Leire Díez y el abogado Jacobo Teijelo con el entonces teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe, en los meses de marzo y abril de 2025, tal y como publicó elDiario.es. 

A diferencia de lo que Leire Díez alardeaba ante sus contactos, la Fiscalía General del Estado niega que quien fuera su máximo representante en ese momento, Álvaro García Ortiz, estuviera presente en esas reuniones. Así, el escrito enviado al juez sostiene que el ex fiscal general fue informado “a posteriori” de ambas reuniones.

Además, el informe subraya que ninguno de los dos fiscales recibió “indicación alguna” de García Ortiz y que no se llevó a cabo “ninguna actuación” posteriormente por la Fiscalía, ya que se entendió que la narración efectuada por el letrado Jacobo Teijelo se limitaba a contener una serie de alegaciones carentes de cualquier tipo de sustento probatorio concreto.  

Jacobo Teijelo es ahora uno de los dos letrados que defienden a Santos Cerdán, el ex secretario de Organización del PSOE imputado en el caso de supuesto amaño de obras públicas del Ministerio de Transportes que investiga la Audiencia Nacional. El fiscal Villafañe llegó a estar imputado en el caso que acabó con la condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y su causa fue archivada en la fase de instrucción sin llegar a juicio.

El informe revela, por otro lado, que el 17 de septiembre de 2025, la propia Leire Díez presentó una denuncia contra el fiscal José Grinda, a quien el empresario Javier Pérez Dolset —también imputado en este caso— atribuye sus problemas con la Justicia. Esta denuncia fue archivada en diciembre de 2025 porque solo contenía “meras afirmaciones” sin indicios que justificaran una investigación, según el informe presentado en la Audiencia Nacional. 

Asimismo, el escrito de la Fiscalía General del Estado afirma que Leire Díez tuvo una “intervención menor” en esas reuniones y que “fue presentada como una compañera de despacho” del letrado Jacobo Teijelo. Fue con posterioridad cuando fue “identificada a través de los medios de comunicación” como la exmilitante Leire Díez.

Además, la Fiscalía niega que ninguno de sus miembros haya mantenido ninguna reunión oficial con el citado Javier Pérez Dolset, con el abogado Ismael Oliver o con el letrado del comisario José Villarejo, José García Cabrera. 

El intento de acercamiento entre las comunidades autónomas y el Gobierno para abordar el conflicto médico ha culminado este miércoles en fracaso. El Consejo Interterritorial ha desembocado en un cruce de reproches ya habitual entre las autonomías y el Ministerio de Sanidad: unas afean la aprobación del nuevo Estatuto Marco sin el beneplácito de los sindicatos médicos, mientras el departamento que dirige Mónica García las acusa de bloquear la solución al conflicto médico, que el próximo lunes se reactiva con la quinta huelga de facultativos en lo que va de año.

Los consejeros no han llegado siquiera a debatir los puntos del orden del día en los que el ministerio proponía a las autonomías que tomasen cartas en el asunto e incorporasen en sus respectivas legislaciones las demandas de los sindicatos médicos que quedaron fuera de la norma del Ejecutivo. La ministra Mónica García ha expresado su decepción y ha acusado a los consejeros del ramo de no haber puesto de su parte para rebajar la tensión. "No se pueden hacer como el perro del hortelano, que ni resuelves ni dejas resolver", ha aseverado García en rueda de prensa.

La ministra ha acusado a las autonomías de haber desperdiciado una oportunidad para contribuir a desactivar el conflicto y les ha reprochado que rechacen asumir competencias que, según sostiene, dependen directamente de ellas. "Hoy las comunidades autónomas podrían haber desbloqueado el conflicto asumiendo su parte de las competencias y han decidido mirar para otro lado", ha señalado.

Los acuerdos que quería someter a debate este miércoles buscaban dar respuesta a algunas de las reivindicaciones del Comité de Huelga y que, según ha defendido, no dependen directamente del Estatuto Marco: la limitación de las horas de guardia, la implantación efectiva de la jornada laboral de 35 horas, la creación de espacios específicos de negociación para los facultativos o la jubilación anticipada son algunas de ellas. En línea con lo que viene destacando en las últimas semanas, todas estas reformas no pueden impulsarse desde el Gobierno central, pues se encuentran dentro del ámbito competencial de las comunidades autónomas. Por ello ha acabado criticando con dureza a los consejeros después de que estos se opusieran a debatirlas en la Interterritorial.

Las declaraciones de la ministra llegaban pocas horas después de que todas las comunidades, menos Cataluña, le entregaran una carta conjunta en la que le pedían que reabriese el diálogo con los sindicatos médicos para poner fin a un conflicto que amenaza con escalar después del verano. Los consejeros argumentan que el malestar médico nació de una norma estatal —el Estatuto Marco— y que, por tanto, la solución debe salir también del Gobierno central y no de las autonomías.

No obstante, el sentir a la salida del ministerio era más bien pesimista. El consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, en representación de las comunidades presentes en la Interterritorial, ha lamentado que este miércoles se haya "perdido una oportunidad" más para resolver el conflicto. "Estamos aquí, todas las comunidades autónomas unidas, para defender a los pacientes, a los profesionales y al Sistema Nacional de Salud, ante los problemas generados por un Ministerio de Sanidad que no ha sabido llegar a un acuerdo para reformar el Estatuto Marco", ha afirmado.

En cualquier caso, la ministra ya ha avanzado que no va a "renunciar" al Estatuto Marco, al que todavía le queda camino parlamentario antes de aprobarse definitivamente. Según ha defendido, guardar en un cajón la norma que reforma las condiciones laborales de los sanitarios por primera vez desde 2003 supondría "traicionar" a todos los profesionales. "Es la primera vez que hay un marco jurídico de mínimos", ha asegurado García, que ha insistido en que la ley acaba con la precariedad de los sanitarios. "Renunciar a que eso se materialice sería traicionar el espíritu de transformación del Sistema Nacional de Salud", ha zanajado.

Las mousses, los helados caseros o las tartas frías son algunas de las preparaciones estrella del verano para una merienda dulce o terminar una comida con un toque goloso pero sin renunciar a los bocados más refrescantes para combatir las altas temperaturas. Los postres fríos son los grandes protagonistas de esta época, cuando el calor nos invita a dar con opciones dulces y al mismo tiempo ligeras sin obligarnos a encender el horno.

En verano, más que nunca, nos gusta echar mano de preparaciones sencillas y prácticas, ideales para seguir disfrutando de las recetas más caseras pero sin pasar mucho tiempo en la cocina. Son opciones, además, que se pueden armar en poco tiempo pero siempre mejor con antelación, para reservarlas en la nevera y no hincarles el diente hasta que estén en su punto. Las carlotas son tartas frías a base de galletas o bizcocho de soletilla y rellenas de crema y frutas. Se tienen que servir muy frías, casi heladas.

Tenemos que buscar su origen en el siglo XVIII. Su nombre se debe a la reina Carlota de Mecklemburgo-Strelitz, esposa del rey Jorge III de Gran Bretaña; aunque en sus inicios se preparaba con compota de manzana y un molde de pan con mantequilla horneado. En 1808, en el recetario A New System of Domestic Cookery de Maria Rundell encontramos la primera receta escrita que hace referencia a este postre. Sin embargo, la forma más moderna parte del siglo XIX, de una adaptación del chef francés Marie-Antoine Carême, a quien se atribuye la sustitución del pan por bizcochos de soletilla, la forma de corona de este postre, el añadido de las cremas y la eliminación del horneado.

Podemos encontrar distintos tipos de carlotas: las clásicas, a base de vainilla, chocolate o frutas; las de limón (muy populares en países de América Latina) y algunas versiones más modernas con café soluble o bases con galletas de chocolate tipo sándwich rellenas de crema.

La receta de carlota de piña colada, paso a paso

Dentro de toda esta variedad, hay una carlota que concentra perfectamente el espíritu estival y festivo de esta época: la de piña colada, que evoca al cóctel que le da nombre pero en forma de tarta. Un bocado cremoso y tropical que combina la acidez de la piña con el dulzor del coco y el crujiente de las galletas. Y que, además, es muy sencilla y bastante rápida de preparar.

Una de las claves de este postre es el reposo en la nevera, permitiendo que las capas de la carlota se asienten y se realcen los sabores tropicales de esta combinación fundiéndose en una textura muy cremosa pero al mismo tiempo firme. Anota los ingredientes que necesitas para ponerte manos a la obra (para unos seis comensales):

Para preparar una carlota no vamos a necesitar técnicas complejas. Es una preparación bastante sencilla, para la que tendrás que bloquear como máximo media hora de tiempo. Aunque sí que necesita algunas horas de reposo en la nevera para que se enfríe bien y se asienten los sabores, calcula al menos cuatro o cinco. Si pueden ser más, mejor. Sigue estos pasos para comenzar la preparación:

La magia de Pixar volvió a apoderarse de Hollywood con el estreno mundial de Toy Story 5, pero la noche (la del martes) terminó teniendo una protagonista inesperada: Taylor Swift. La artista apareció por sorpresa en el escenario del Dolby Theatre y ofreció una actuación que desató la euforia del público. Fue sin duda el gran momento de una velada ya de por sí histórica para la saga animada.

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Las comunidades autónomas han elevado este miércoles el tono contra el Ministerio de Sanidad por el conflicto abierto con los médicos tras la aprobación del nuevo Estatuto Marco. Los consejeros de 16 comunidades autónomas han remitido una carta a la ministra Mónica García en la que le exigen que reabra el diálogo con los sindicatos médicos para evitar la quinta semana de huelga convocada a partir del próximo lunes. En el documento al que ha tenido acceso este periódico, los responsables autonómicos de todas las comunidades excepto Cataluña sostienen que los paros tienen su origen en una norma estatal que corresponde "en exclusiva" al Gobierno central, y rechazan asumir la responsabilidad de un enfrentamiento cuyas consecuencias, dicen, están asumiendo en sus respectivos sistemas sanitarios.

"La resolución de este conflicto exige necesariamente un acuerdo en el ámbito estatal, por parte del Ministerio de Sanidad, que es quien dispone de la capacidad normativa para modificar el Estatuto Marco y dar respuesta a las demandas planteadas", subraya la misiva que han entregado los consejeros a García en la reunión del Consejo Interterritorial de este miércoles. Según las autonomías firmantes, la reciente aprobación de la norma en Consejo de Ministros pese al rechazo frontal de los sindicatos médicos no ha hecho más que elevar la tensión con el Comité de Huelga, que ha llegado incluso a amenazar con una escalada del conflicto a la vuelta del verano si no se escuchan sus reivindicaciones.

Para los consejeros de Sanidad, la situación actual evidencia que "el problema de fondo continúa abierto" y que no se han acercado posturas con el colectivo de médicos. Algo que, según reclaman, "hace imprescindible reabrir con urgencia un proceso de diálogo real, efectivo y constructivo".

El escrito supone un enfrentamiento directo con Mónica García, que lleva semanas defendiendo que algunas de las reivindicaciones pendientes de incorporar al estatuto exceden de sus competencias y corresponden a las comunidades autónomas. Algo que los consejeros rechazan, pues insisten en que el origen del conflicto ha sido una ley del ministerio y que, como tal, la solución debe salir también de Sanidad.

"La ministra se ha quedado sola"

Antes de arrancar el pleno extraordinario del Consejo Interterritorial, el consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, ha advertido en nombre de todas las comunidades autónomas que el ministerio ya no cuenta con su respaldo. "La ministra se ha quedado sola. No cuenta con el apoyo de los profesionales. No cuenta con el apoyo de los sindicatos. Y no nos tiene a las comunidades autónomas", ha aseverado en declaraciones a los medios.

Martínez ha contado que elaboraron la carta el pasado martes con el objetivo de fijar una posición conjunta de cara al encuentro con el Ministerio de Sanidad. Aun así, ha trasladado que las comunidades autónomas siguen tendiendo la mano al ministerio "para retomar la relación"

Las protestas contra la inmigración han degenerado en actos violentos en Irlanda del Norte después de que activistas de extrema derecha convocaran manifestaciones en respuesta a un ataque con arma blanca que quedó grabado en un vídeo muy explícito.

Grupos multitudinarios, entre los que se encontraban hombres enmascarados, incendiaron vehículos y viviendas y bloquearon carreteras en Belfast y sus alrededores el martes por la noche, horas después de que Elon Musk, el agitador ultraderechista Tommy Robinson, muy activo en redes, y otros instaran a la gente a salir a la calle.

Los manifestantes secuestraron e incendiaron un autobús en el este de Belfast y prendieron fuego a coches mientras sonaban las sirenas y un helicóptero de la policía sobrevolaba la zona.

Los disturbios estallaron horas después de que la policía acusara a un solicitante de asilo sudanés de 30 años de intento de asesinato en relación con un ataque ocurrido el lunes por la noche en el norte de Belfast, que dejó a un hombre gravemente herido y provocó consternación y una condena generalizada. Estaba previsto que el atacante compareciese ante el tribunal de primera instancia de Belfast el miércoles.

Ryan Henderson, jefe de policía adjunto, hizo un llamamiento a la calma: “Esta tarde se han producido focos esporádicos de disturbios en varios lugares de Irlanda del Norte, incluidos incidentes en los que se han incendiado varios vehículos. Instamos a todos a mantener la calma, actuar con responsabilidad y evitar cualquier actividad que pueda poner en peligro su propia seguridad o la de los demás”.

La familia de la víctima del ataque también llamó este miércoles a la calma. “Queremos dejar completamente claro que rechazamos los disturbios de esta noche, y que la protesta pacífica es el único camino”, dijo un portavoz, en un comunicado difundido a través de un diputado unionista. “Tenemos muchos migrantes que aportan mucho valor a nuestro país, incluyendo a nuestro sistema de salud y al sector de la restauración, y dependemos de ellos para hacer que nuestro país funcione. No queremos que esta terrible tragedia sea utilizada para dividir a las personas y alimentar la hostilidad”.

La víctima, que no ha sido identificada, se encuentra hospitalizada y ha perdido un ojo por el ataque, según el último parte médico. Los familiares agradecen a las personas que intercedieron en su ayuda durante el acuchillamiento y piden que se respete su privacidad.

Calmar las aguas

La policía pidió a todas las personas influyentes de las comunidades locales que fomentaran la protesta pacífica y desalentaran la violencia y los disturbios.

Políticos de Irlanda del Norte y de todo el Reino Unido también hicieron un llamamiento a la calma.

La primera ministra de Irlanda del Norte, Michelle O’Neill, condenó la violencia y advirtió de “peligrosos intentos de explotar” el ataque. “[Los] grupos de hombres enmascarados que queman las casas de familias no muestran más que una cobardía repugnante. Esto no tiene nada que ver con la comunidad. Esto es puro y simple vandalismo”, escribió en redes.

O’Neill había instado previamente al público a no dejarse persuadir por cuentas de redes sociales para empezar a provocar disturbios. “Todas aquellas personas que están avivando las tensiones en las redes sociales, que se alegran de aumentar la tensión, no nos representan. Somos buena gente y no quiero ver a nadie viviendo con miedo”, expresó.

John Finucane, diputado del Sinn Féin por Belfast Norte, calificó las escenas que se estaban desarrollando de “vergonzosas” y añadió: “No hay lugar para esto en nuestras calles. Se han atacado viviendas y negocios, se han quemado coches y autobuses, y partes de nuestra comunidad están en llamas. Nadie tiene derecho a sembrar el miedo, a aterrorizar a familias inocentes o a provocar el caos y la anarquía en nuestras calles”.

La ministra de Justicia de la Alianza de Irlanda del Norte, Naomi Long, afirmó que los manifestantes estaban “empeñados en causar destrucción precisamente en las comunidades que dicen estar tratando de proteger”.

Los ultras allanan viviendas de migrantes

Esas intervenciones se produjeron cuando grupos de hombres, algunos con pasamontañas u otros tipos de ocultación facial, incendiaron contenedores, autobuses y viviendas. En un brote de violencia cerca de Shankill Road, en Belfast, un grupo irrumpió en una vivienda que parecía estar ocupada por una familia de origen étnico minoritario, alegando que la estaban “liberando”.

Más tarde, dos tiendas de teléfonos fueron saqueadas y una tienda africana fue incendiad. El humo se extendía por la calle mientras unos cuantos rezagados veían bajo la lluvia a los bomberos que combatían las llamas.

Hubo protestas más moderadas en Antrim, Bangor y Ballymena, y se incendiaron dos coches en Newtownabbey. En Londres, un grupo de unos 60 manifestantes se reunió en Parliament Square, tachó a la policía de “traidores” e intentó provocar a los agentes.

Algunos gritaban consignas contra los inmigrantes y coreaban consignas sobre el asesinato de Henry Nowak, así como sobre el ataque con arma blanca en Belfast. La mayor parte del grupo protestó pacíficamente.

Políticos y líderes comunitarios acusaron a la extrema derecha de intentar fomentar el malestar en Irlanda del Norte y en todo el Reino Unido.

Stephen Yaxley-Lennon, un agitador de extrema derecha que se hace llamar Tommy Robinson, compartió el vídeo del ataque de Belfast y publicó una convocatoria para manifestarse en el centro de Londres y en otras partes del Reino Unido.

Un ataque sin motivo terrorista aparente

El apuñalamiento tuvo lugar alrededor de las 22:30 horas del lunes frente a un bloque de pisos en el norte de Belfast. Un vídeo compartido en las redes sociales mostraba a un hombre montado a horcajadas sobre otro hombre en el suelo y golpeándole en la cabeza y el cuello. Se recuperó un cuchillo de cocina del lugar de los hechos. La policía informó de que la víctima, de unos 40 años, presentaba heridas graves en los ojos, la cara y la espalda.

El vídeo mostraba a varias personas interviniendo para detener la agresión, y a un hombre, posteriormente identificado como Maitiu Mag Tighearnan, golpeando al agresor varias veces con un palo de hurling (un deporte tradicional de Irlanda, parecido al hockey).

Además de intento de asesinato, el sospechoso fue acusado de posesión de un arma blanca en un lugar público y de amenazas de muerte.

El jefe de la policía de Irlanda del Norte, Jon Boutcher, declaró en una rueda de prensa que creía que al sospechoso se le había concedido permiso para permanecer en el Reino Unido el 28 de septiembre de 2023. “Me han informado de que viajó desde Sudán a París en fecha desconocida, y desde París voló a Dublín en una fecha aún por determinar”.

El sospechoso viajó de Dublín a Belfast en autobús el 10 de febrero de 2023 y solicitó asilo, según Boutcher. “No hay rastro de este sospechoso en ninguna de nuestras bases de datos de seguridad nacional, y no era conocido por el Servicio de Policía de Irlanda del Norte. He estado en contacto directo con el jefe de la unidad antiterrorista del Reino Unido. En este momento, no tenemos información que sugiera que se trate de un acto relacionado con el terrorismo”.

El jefe de policía pidió a los manifestantes que no se dejaran incitar a los disturbios: “La gente está siendo incitada por personas anónimas que no saben nada de este lugar brillante y vibrante. No se dejen engañar ni manipular por gente en Internet”.

Miedo en las comunidades

Las comunidades de inmigrantes expresaron su temor a convertirse en blanco de ataques. Los comerciantes sudaneses de Sandy Row, una zona unionista del centro de Belfast, cerraron sus tiendas con persianas de acero a las 16 horas y dijeron que tenían previsto quedarse en casa esa noche.

El Centro Islámico de Belfast canceló las oraciones vespertinas. “Estamos diciendo a nuestra congregación que se vaya a casa, que no salga, que cuide de sus hijos, que no difunda rumores y que escuche a las autoridades”, dijo Ameer Ibrahim, un director de proyectos que habló a título personal.

El primer ministro británico, Keir Starmer, calificó el ataque del lunes por la noche de repugnante. “No tengo absolutamente ninguna tolerancia para escenas de violencia tan abominables como esta en nuestras calles. Mis pensamientos están, ante todo, con la víctima, y agradezco a los primeros en responder, incluidos los ciudadanos que intervinieron”.

Este miércoles, Starmer también condenó los disturbios y anunció que cualquier intento de incitar el odio también en redes será castigado. El primer ministro apuntó a “los capitalistas de las redes sociales como Elon Musk y sus divisivos algoritmos”.

Comentaristas de derecha de Inglaterra y Estados Unidos, entre ellos el diputado Rupert Lowe y el multimillonario propietario de X, Elon Musk, publicaron comentarios sobre el ataque. Musk compartió una lista de posibles zonas de protesta en el Reino Unido y escribió: “¡Solo protestando REPETIDAMENTE y EN VOZ ALTA habrá algún cambio!!”

El portavoz de Interior de Reform UK, Zia Yusuf, dijo: “El horror de lo que se ha visto en Belfast es consecuencia directa de la traicionera política de inmigración de los conservadores y los laboristas. Reform ya ha anunciado la prohibición total de visados para cualquier persona procedente de Sudán. Ya basta”.

Sevilla está de moda. Lo último ha sido el desembarco de Rosalía en el Guadalquivir para la premier de «Berlín», la precuela de la «Casa de Papel» rodada en la capital hispalense. Macroeventos como el organizado por Netflix sitúan a Sevilla en el punto de mira, un tirón que aprovecha el sector turístico para seguir explotando la gallina de los huevos de oro. El turismo representa nada menos que el 25% del PIB en la capital y casi el 18% del empleo. En su provincia, el sector terciario también es el principal motor económico –representa casi el 70% del PIB– y, aunque las previsiones son buenas, la vulnerabilidad de depender casi en exclusiva de él ya se vio con crisis como la del Covid.

En este escenario, la industria aeroespacial desempeña un papel fundamental en la diversificación del modelo económico de Sevilla, que «crece cada año en facturación y creación de empleo, y que aporta innovación y proyección internacional», apuntan a este diario fuentes de Andalucía Aerospace, el Clúster Empresarial Aeroespacial y de Defensa. Contribuye, por tanto, a elevar el perfil productivo sevillano ,ya que «es un sector altamente tecnológico, con una cadena de valor industrial especializada en ingeniería, fabricación avanzada y MRO».

Sevilla continúa consolidándose como uno de los principales polos emergentes de la industria espacial en Europa. Con una facturación global cercana a los 3.000 millones de euros, lidera las exportaciones de la provincia. Desde el clúster explican que Sevilla se encuentra ante una etapa especialmente relevante en cuanto al desarrollo de grandes proyectos industriales vinculados al sector aeronáutico, con un impacto directo tanto en la actividad económica como en la generación de empleo cualificado y la atracción de inversión. El más reciente, la decisión de Airbus de ubicar en Sevilla el primer centro mundial de conversión del A330 MRTT, el avión cisterna y de transporte estratégico de referencia a nivel internacional. Según Andalucía Aerospace, «este proyecto refuerza el liderazgo de la ciudad en programas de alto valor añadido dentro del ámbito de la Defensa» ya que «su desarrollo no solo incrementará la carga de trabajo, sino que generará nuevas oportunidades para las empresas proveedoras de tecnologías y servicios».

Po

r su parte, el secretario general de Investigación e Innovación de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, Daniel Escacena, destaca que la implantación y apertura de esta nueva planta «supone un importante impulso para el empleo cualificado en Andalucía», subrayando que el proyecto permitirá la creación de «más de 200 puestos de trabajo directos y alrededor de 600 empleos indirectos vinculados a la actividad industrial y tecnológica que generará esta iniciativa». Escacena señala, además, que esta inversión «abre una oportunidad estratégica para el tejido empresarial andaluz», ya que favorecerá nuevas contrataciones y reforzará la colaboración con el ecosistema regional de innovación. En este sentido, incide en que la llegada de esta actividad permitirá estrechar la cooperación con universidades, centros tecnológicos, clústeres y startups andaluzas, fortaleciendo la transferencia de conocimiento y el desarrollo de tecnologías avanzadas en la comunidad.

Junto al centro de Airbus, destacan otros proyectos como la implantación del fabricante suizo Pilatus en la provincia, que se traducirá en nuevos paquetes de trabajo y creación de empleo. Lo mismo ocurre con el anuncio que hizo Ryanair de instalar un nuevo centro de reparación de motores en Sevilla, con una inversión de más de 500 millones y expectativas de crear unos 600 empleos. No hay que olvidar, la oportunidad del «New Space». En este escenario, Sevilla es referente en el sector de los drones y la movilidad aérea avanzada, que encuentra en el Centro CEUS de Huelva unas instalaciones punteras para el desarrollo y experimentación de estas tecnologías.

«Todos estos proyectos configuran un escenario de crecimiento sólido para Sevilla, donde la industria aeroespacial no solo actúa como motor económico, sino también como catalizador de innovación, atracción de talento y posicionamiento internacional», apostillan desde Andalucía Aerospace. El reto, ahora, es saber aprovechar la actual situación geopolítica marcada por la necesidad de reforzar la autonomía estratégica europea y el incremento de la inversión en defensa. «El reto no es solo aprovechar el momento, sino hacerlo de forma sostenida, alineando políticas públicas, capacidades industriales y necesidades del mercado para consolidar un crecimiento a largo plazo».

Nuño Adam acabó ayer delante de León XIV con su mujer y sus ocho hijos, después de varios meses ayudando a organizar desde dentro una parte invisible pero decisiva de la visita del Papa: la gestión de miles de voluntarios. El Pontífice bendijo a sus hijos, les preguntó a qué colegio iban y él, a pesar de los nervios, pudo transmitirle un mensaje al Pontífice: que todo el esfuerzo de los últimos meses ha merecido la pena. “Quería transmitirle ese mensaje de misión cumplida, para que siguiera adelante en las siguientes sedes y para que vuelva”, dice.

“Yo quería que se fuera de aquí sabiendo que había merecido la pena, que hay mucha gente a la que esta visita le había movido el corazón, que ha subido su fe y que se ha unido más a la Iglesia”, explica Adam. El encuentro de ayer en Ifema fue un final “muy bonito” para una historia que empezó hace apenas tres. “Conocí a Ángel Luis Caballero, responsable de la organización, y este me lanzó la petición de que hacía falta una plataforma para gestionar a los voluntarios”, recuerda. “Nunca había estado vinculado así al mundo del voluntariado”, reconoce. “Siempre he trabajado mucho y a veces cuesta encontrar en qué puedes ayudar”. Su planteamiento, sin embargo, era claro: “En esta visita, quería ayudar en lo que sé”.

Y lo que sabe hacer es gestionar. Es directivo de MasOrange, trabaja con equipos, resultados y procesos, y tiene además una fuerte inquietud por la tecnología. “Soy un perfil un poco singular, porque me encanta la tecnología”, explica. “Ahora con la IA se pueden hacer muchas cosas. Es como tener un equipo entero de tecnología trabajando para ti”. De esta manera, lo que comenzó como una plataforma digital terminó creciendo hacia muchos más ámbitos: acogida, invitaciones, acreditaciones y apoyo en distintas áreas. “Según vas ayudando, vas conociendo más, aprendes más y tienes más ocasiones de ayudar”, resume. “La clave es empezar”.

La plataforma de voluntarios nació con una apuesta ambiciosa: que todo el proceso fuera completamente digital. “Queríamos que fuera cien por cien digital, con firma digital, cero papel, todo digitalizado”, explica. Al principio, las inscripciones fueron llegando poco a poco. Pero después de Semana Santa todo se disparó. “Se inscribían más de mil voluntarios al día”, cuenta. “La respuesta fue increíble”. Ahí fue cuando entendió de verdad la complejidad de un evento así. “Cuando hablas de miles o cientos de miles de personas, cualquier pequeño error se convierte en un problema enorme”, explica. “Un 1% de 15.000 personas son 150 personas. Y 150 personas en una fila, en un momento dado, son muchas personas”.

Attack was filmed and shared online prompting Elon Musk and others to call for anti-immigration protests

Politicians from across the spectrum have called for calm after a knife attack in Belfast prompted widespread shock and condemnation.

There are fears there could be disorder after figures on social media, including Elon Musk, called for people to fill the streets in protest against immigration. The alleged perpetrator of the attack, which was filmed and shared widely online, was revealed today as an asylum seeker from Sudan.

Los hermanos Villanueva fueron despedidos de manera fulminante por Julio Iglesias en plena pandemia de coronavirus, en julio de 2020, cuando el cantante temía por el contagio y se desprendió de gran parte de los trabajadores de su casa de Punta Cana. Ambos demandaron a su empleador al considerar que el despido merecía una indemnización y, tras seis años de juicios y apelaciones, la Justicia dominicana les ha dicho que no les corresponde, según la sentencia consultada por elDiario.es.

El abogado de los extrabajadores de Julio Iglesias, Eloy Bello, confirma a este medio que apelará esta sentencia en la Suprema Corte de Justicia. La abogada laboralista que representa a Iglesias no ha contestado a las preguntas de este medio.

Este largo enfrentamiento judicial entre los Villanueva y Julio Iglesias ha dado varias victorias al artista y una a los trabajadores, en las diversas instancias que ha recorrido el expendiente. Ese se inició en un juzgado de trabajo de La Altagracia, que no aceptó la reclamación de despido improcedente. Se recurrió y un juzgado de San Pedro de Macorís se puso de parte de los trabajadores y condenó a Iglesias a indemnizarles. Este interpuso un recurso de casación y se envío el expediente al juzgado laboral del Distrito Nacional. Allí, después de diferentes postergaciones y un periodo de conciliación en el que no se llegó a un acuerdo, el tribunal se ha puesto de parte de Julio Iglesias.

Ser o no ser 'doméstico'

El código laboral de República Dominicana establece una mayor protección hacia los trabajadores regulares que hacia los que considera “domésticos”, algo que está en vías de cambio mediante una demorada reforma de esta legislación.

Rogelio (59 años) y Eleuterio Villanueva (58), que trabajaron para Iglesias durante 21 y nueve años respectivamente, realizaban el mantenimiento de suelos, cubiertas, pintura, ebanistería o lo que fuera necesario en las casas de la lujosa villa dominicana. Además, el hermano mayor ejercía de chófer de manera puntual.

El Código de Trabajo de República Dominicana considera que el trabajador doméstico es aquel que se dedica “de modo exclusivo y en forma habitual y continúa a labores de cocina, aseo, asistencia y demás, propias de un hogar o de otro sitio de residencia o habitación particular”. Según esta definición, el abogado que ha representado a los Villanueva, Eloy Bello, entendía que no era el caso de sus representados. 

“Julio Iglesias y su familia entendían que estábamos en la época de la colonización porque han llamado criados y domésticos a dos empleados que trabajan en su empresa como albañiles, como carpinteros, como pintores o como choferes”, dijo Eloy Bello en una entrevista realizada en su despacho en La Altagracia con elDiario.es y Univision Noticias el pasado mes de septiembre.

“El empleado doméstico es el que barre, el que tiende la cama, el que cocina. Y nosotros no éramos empleados de eso”, señaló Rogelio Villanueva en una entrevista con ambos medios el pasado verano.

La definición del Código laboral añade una salvedad más para definir qué es el trabajo doméstico: “Que no importen lucro o negocio para el empleador o sus parientes”. Para reforzar la posición de sus clientes, Bello intentó demostrar que la villa de Punta Cana funcionaba como “una empresa”: que había personas que se alojaban ocasionalmente en las casitas pagando en mano y que el estudio de grabación instalado dentro de la gran parcela tenía actividad comercial. “Los subordinados ciertamente ejercían las labores de pintura y mantenimiento de propiedades utilizadas para generar beneficios económicos” dice la demanda contra Julio Iglesias. Pero más allá de las declaraciones de los testigos y una publicación en prensa, la representación legal de los hermanos Villanueva no pudo aportar pruebas conclusivas sobre ello.

Para reforzar el trabajo como conductor por parte de Rogelio Villanueva, una ocupación que considera especializada y no doméstica, este presentó la documentación relativa a un accidente de tránsito conduciendo un coche de Iglesias en el año 2014. Pero el argumento le vino de vuelta a Villanueva como un bumerang. La sentencia afirma que esa documentación “no prueba nada” en relación a las alegaciones de Villanueva sino más bien “todo lo contrario”: “La calidad de chófer del recurrente de Julio Iglesias, parte del servicio doméstico, por lo cual se prueba la existencia de un contrato de tipo doméstico”.

Las pretensiones de los hermanos

Rogelio Villanueva ganaba 50.000 pesos dominicanos al mes (850 euros al cambio de 2020) mientras que su hermano Eleuterio recibía 25.000 (420 euros). En su demanda, él primero reclamaba a Iglesias un total de 1.513.960 pesos dominicanos (25.650 euros), mientras que el hermano pequeño pedía al cantante 537.205 pesos dominicanos (9.100 euros). Estas cantidades incluían cesantía (la indemnización correspondiente tras un despido improcedente, que son 23 días por cada año trabajado, a partir del quinto), vacaciones, paga de Navidad y bonificaciones. A ellas, sumaron el monto correspondiente a seis salarios (desde el despido a la demanda) y el pago de una indemnización por no haberles dado de alta en la Seguridad Social, la cual valoraron en un millón de pesos (16.900 euros).

Esta petición por daños y perjuicios tampoco no ha sido admitida en la sentencia por un defecto en la forma, ya que se incluyó en una apelación, mientras que en la demanda original esta indemnización no era por no haber estado dados de alta sino por “trabajar sin descanso y sin visita de la familia”.

Antes de la publicación del primer artículo sobre las reclamaciones de los extrabajadores de mantenimiento, elDiario.es y Univision Noticias se pusieron en contacto con Julio Iglesias por diferentes vías y se le preguntó por esta reclamación laboral, pero los medios no obtuvieron respuesta. En un comunicado público, el artista respondió a las acusaciones de dos exempleadas que relataban abusos y agresiones sexuales, asegurando que eran “absolutamente falsas”, pero no se pronunció sobre estas otras denuncias del ámbito laboral.

La derecha judicial ha arrasado en la renovación parcial de la Comisión de Ética Judicial, el organismo al que pueden dirigirse los jueces cuando tienen dudas sobre si un determinado comportamiento puede comprometer su ética profesional. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones de Junta Electoral, ha proclamado este martes los resultados de las elecciones, a las que está llamada a participar toda la carrera.

Los elegidos para ocupar los tres puestos vacantes tras el vencimiento del mandato de los tres miembros salientes están vinculados a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera y de tendencia conservadora, informan fuentes jurídicas a elDiario.es. Se trata del magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo Manuel Almenar, que fue presidente de la APM; de la magistrada de la Audiencia Provincial de Málaga María Teresa Sáez Martínez, que fue portavoz de esa misma asociación; y del magistrado de la Audiencia Provincial de Sevilla Juan Jesús García Vélez. 

Son los tres candidatos que mayor número de votos han obtenido: Almenar ha recibido 950 votos y Sáez Martínez y García Vélez 858 cada uno. Las votaciones tuvieron lugar por vía telemática entre el domingo y el lunes. Han participado 2.089 jueces y magistrados. La Comisión de Ética Judicial es el único organismo elegido al 100% entre los integrantes activos de la carrera judicial. Este modelo ha provocado que miembros y exintegrantes de las asociaciones conservadoras de la judicatura copen sus principales puestos. 

Entre los candidatos estaban también otros aspirantes vinculados a la Asociación Francisco de Vitoria, que se autodenomina como independiente. Se trata de la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón (723 votos), del magistrado del Supremo Juan Manuel San Cristóbal (695 votos) y del titular del juzgado de instrucción 5 de Roquetas de Mar (Almería), Claudio García Vidales (685 votos). 

Además, se han presentado la magistrada del Supremo Consuelo Uris (349 votos) y Sandra Piñeiro, presidenta de la Audiencia Provincial de Lugo, que ha obtenido 408 votos. Ambas están asociadas a la progresista Juezas y Jueces para la Democracia. También se ha postulado David Ordóñez Solís, del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que ha recabado 128 votos. Este último magistrado no está asociado.

Avaló las manifestaciones con togas contra la amnistía

La Comisión de Ética Judicial es un organismo asesor en materia de comportamiento ético que es independiente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Está compuesta por seis jueces elegidos de forma directa por sus compañeros. Estos seis jueces eligen, a su vez, a un académico experto en ética o filosofía del derecho. 

El proyecto con el que el Gobierno pretende modificar el acceso a la carrera amplía la composición de este órgano con un total de cuatro catedráticos de Ética, Filosofía del Derecho o Filosofía Moral que serán designados por el Congreso y el Senado. Para lograr una mayor representación de los diversos grupos parlamentarios, cada diputado o senador votará a un solo candidato y resultarán elegidos los dos que obtengan el mayor número de votos. Los jueces, que seguirán siendo elegidos por sus compañeros, seguirán siendo mayoría con un total de cinco representantes.

En algunos de sus dictámenes, la Comisión de Ética Judicial ha desaconsejado a los jueces acudir a manifestaciones y mítines políticos para “evitar toda actuación que pueda cuestionar la independencia o la confianza de la sociedad en el Poder Judicial”. No obstante, este organismo avaló las concentraciones de jueces vestidos con togas contra la amnistía. Sus miembros consideraron que si el juez que se manifiesta tiene “un honesto, meditado y sincero convencimiento” de que la ley de amnistía “pueda afectar al Estado de Derecho”, su actuación no merece una sanción disciplinaria.

Recortar el cupón precinto de los envases financiados, pegarlo con celo en hojas justificativas y remitirlo a la Administración para cobrar las recetas dispensadas: es el mecanismo que todavía deben seguir numerosas farmacias de España cada vez que algún ciudadano acude a recoger los medicamentos recetados por su médico. Un proceso que dentro de poco ya habrá desaparecido, pues el Ministerio de Sanidad se ha propuesto digitalizar ese trámite para agilizar el trabajo de los profesionales. El último paso se ha dado este martes en el Consejo de Ministros, que ha dado luz verde a un decreto para actualizar la regulación del sistema de verificación de medicamentos y seguir avanzando hacia la eliminación del cupón precinto.

"Le decimos adiós al cúter, a las pegatinas, a la burocracia en las farmacias y damos paso a una identificación de los fármacos que va a ser más segura, más moderna y más precisa", ha resaltado la ministra de Sanidad, Mónica García, en la rueda de prensa posterior al Consejo. La norma elaborada por su departamento actualiza, así, el funcionamiento del sistema de verificación, modernizando determinados aspectos que mejoran la interoperabilidad y el intercambio seguro de información entre las administraciones sanitarias.

Pese a la implantación de la receta electrónica y de sistemas avanzados de trazabilidad, hay todavía miles de farmacias españolas que siguen utilizando el método del cupón precinto. El nuevo sistema —que coexistirá una temporada con el analógico hasta que pase a sustituirlo por completo— incorpora dispositivos de seguridad en los embalajes de algunos medicamentos, como un "identificador único" que permite comprobar su autenticidad y garantizar su trazabilidad a lo largo de toda la cadena de distribución.

Asimismo, facilita la integración de los servicios de farmacia hospitalaria y otras entidades autorizadas a dispensar medicamentos con cargo al Sistema Nacional de Salud en los procesos de verificación. Sanidad recuerda que la verificación de medicamentos es una "herramienta fundamental" en la cadena legal de suministro, pues previene la entrada de envases falsificados.

De igual modo, el texto actualiza el papel del Nodo SNSFarma, la tecnología utilizada para el intercambio de información relacionada con los medicamentos financiados públicamente. Concretamente, redefine su relación con el repositorio nacional de verificación y concentra su función en las operaciones realizadas por los servicios de farmacia hospitalaria y otras entidades autorizadas para dispensar medicamentos.

Una vez se garantice la operabilidad del nuevo sistema en todas las comunidades autónomas, el identificador único sustituirá al cupón precinto, lo que permitirá avanzar hacia un modelo más digital y simplificar los procedimientos administrativos en las boticas.

La Dirección General de Tráfico (DGT) avanza en la digitalización de las carreteras españolas. Tras la implantación de la baliza V-16 conectada, Tráfico ha homologado los primeros conos inteligentes capaces de comunicar incidencias y obras en tiempo real.

Estos dispositivos, los conos inteligentes, alertan a los conductores de forma anticipada sobre la presencia de trabajos de mantenimiento, cortes de carril o cualquier incidencia en la vía. Así se mejora la seguridad vial y se reduce los riesgos en carretera.

¿En qué consisten los conos y para que se utilizan?

Según la DGT, los conos son dispositivos diseñados para comunicar automáticamente el inicio y la finalización de una obra o incidencia en carretera. A diferencia de los tradicionales, incorporan sistemas de geolocalización y conectividad que permiten transmitir su ubicación exacta a la plataforma de vehículo conectado del Punto de Acceso Nacional de Información de Tráfico y Movilidad (NAP).

Estos dispositivos están concebidos para informar en tiempo real de la existencia de trabajos en la vía. Facilitan que la información llegue tanto a los centros de gestión del tráfico como a los propios conductores. La medida se enmarca dentro de la estrategia de modernización de las infraestructuras viarias y del despliegue de los Sistemas Inteligentes de Transporte impulsados (SIT).

Cómo funcionan los nuevos conos conectados

El funcionamiento de estos dispositivos es automático. Una vez desplegados sobre la carretera, los conos envían una señal a la plataforma de vehículo conectado de la DGT. Informan de la ubicación exacta de la incidencia o de la zona de obras.

La información se integra en el NAP siguiendo las especificaciones establecidas en la Resolución de 17 de enero de 2025 de la DGT. Esta regula el protocolo para el envío de datos sobre actuaciones en la vía mediante conos conectados.

Gracias a esta tecnología, los avisos pueden trasladarse a los paneles de mensaje variable instalados en las carreteras y también a los sistemas de navegación de los vehículos conectados, permitiendo que los conductores reciban advertencias antes de llegar al punto afectado.

La mayor antelación sobre advertencias favorece una reducción de la velocidad progresiva y minimiza maniobras bruscas que puedan generar situaciones de riesgo.

Además, los conos inteligentes también resultan útiles cuando una incidencia debe permanecer señalizada sin presencia de operarios. En estos casos, continúan transmitiendo información sobre el peligro existente para que los vehículos que se aproximen reciban la correspondiente alerta

Netun Solutions es la primera compañía

La primera compañía en obtener la homologación oficial para comercializar estos conos ha sido la empresa españolaNetun Solutions, conocida por desarrollar la baliza conectada Help Flash.

La certificación supone el primer paso para la implantación progresiva de esta nueva señalización inteligente en las carreteras españolas y abre la puerta a futuras homologaciones de otros fabricantes.

Los conductores no tendrán que pagar nada

Uno de los aspectos más relevantes de esta nueva tecnología es que su implantación no supondrá ningún coste para los conductores.

A diferencia de las balizas V-16 conectadas, cuya adquisición sí corresponde a los propietarios de los vehículos para cumplir con la normativa (plenamente en vigor en 2026), los conos inteligentes están destinados a ser utilizados por empresas de conservación, mantenimiento y gestión de infraestructuras viarias. Por tanto, el coste de estos dispositivos recaerá sobre las entidades responsables de las actuaciones en carretera y no sobre los ciudadanos.

Una red viaria cada vez más conectada

 La incorporación de conos inteligentes permitirá digitalizar estos procesos y mejorar la comunicación entre la infraestructura y los vehículos.

Con esta nueva homologación, la DGT continúa avanzando en su modelo de carretera conectada, donde no solo los vehículos intercambian información en tiempo real, sino también los propios elementos de señalización desplegados sobre la vía.