La encuesta que los tres sindicatos que convocan la huelga indefinida que desde el pasado 11 de mayo sacude el final de curso en los colegios públicos valencianos, STEPV, CC OO y UGT, lanzaron a los docentes para conocer si respaldaban la última propuesta de la Conselleria de Educación sobre las mejoras en el ámbito educativo, ya tiene resultado. El plazo se cerraba este miércoles a las 20 horas y de los 78.000 profesores del sector público, votaron 30.238 personas. Así, de sus respuestas se desprende que abogan por suspender la huelga indefinida. Es más, los docentes muestran su rechazo a la última propuesta realizada por la Conselleria de Educación el pasado martes.

Cabe destacar que estos sindicatos, ya este miércoles, se mostraban más favorables de suspender el paro indefinido que de desconvocarlo. Es más, las últimas cifras de seguimiento ofrecidas por Educación este pasado lunes o el martes señalan que menos del 4% ha secundado la huelga, pero la de este miércoles se ha situado en un pobre 2,54% -no hay que olvidar que los profesionales pierden entre 150 y 200 euros por día no trabajado-.

De esta forma, el 67% de los docentes que han votado se ha decantado por la opción de interrumpir o desconvocar la huelga frente al 33% que ha decidido que se mantenga. Es más, en esa doble opción de interrumpir o desconvocar, el 71% que ha votado se decanta por la interrupción temporal y continuar las movilizaciones frente al 29% que apuesta por desconvocar el paro (en total esta opción ha sido votada por 17.633 profesores). Además, el 55% cree que ha que continuar la lucha el próximo curso.

El representante del STEPV, Marc Candela, ha lanzado un vídeo en las redes sociales en el que ha tenido que aclarar lo que supone desconvocar o suspender la huelga -esta ha sido la opción elegida-.Candela explica que "desconvocar significa que se ha acabado ya la huelga indefinida y que si queremos, en algún momento, volver a hacerla, tenemos que volver a legalizarla, en el término de diez días...", comienza diciendo. Asimismo, asegura que "suspender la huelga significa que, simplemente, la paralizamos y en el momento que queramos nosotros o se acuerde, la podemos volver a reactivar inmediatamente". "A partir de ahí, jugar a hacer las diferentes modalidades que se puedan acordar como se estaba haciendo hasta ahora, acordar dos días a la semana u otro modelo que acordemos, tanto ahora como a partir del curso que viene".

Pese al resultado, los sindicatos mantienen el paro indefinido para este jueves y la desconvocatoria entraría en vigor este viernes. Asimismo, la acampada de profesores que, desde el lunes de la semana pasada estaba instalada en la plaza de la Virgen de Valencia, ha decidido desmontarse este miércoles después del resultado de la encuesta. Los impulsores han tomado la determinación de levantar el campamento, que llegó incluso el pasado fin de semana a coincidir con los actos de la festividad del Corpus Christi.

En lo relativo a aprobar o no la propuesta global de la conselleria, es decir, todos los puntos del acuerdo, el 13% apuesta que sí frente a un mayoritario 87% que dice que no. Por otra parte, la propuesta, desgranada por puntos, tampoco tiene el respaldo de los docentes que han votado la consulta. Así, en FP, el 78% no está de acuerdo con firmarla; en inclusión, el 70% muestra su rechazo; el de valenciano no lo firmaría el 84% de los que han hecho la encuesta; el de infraestructuras educativa es respaldado por el 46% frente al 54% que rehúye su firma; y el punto de plantillas también es rechazado por el 78% mientras que el de ratios obtiene el no del 70%. Es llamativo que el acuerdo de retribuciones y condiciones laborales lo rechace el 90% de los participantes en el cuestionario. Este punto ya está firmado con los otros dos sindicatos, ANPE y CSIF.

Sólo el bloque de simplificación burocrática consigue el respaldo de los docentes para que se acuerde con Educación. Lo respalda el 82%.

Con esta respuesta negativa a la firma del acuerdo, los sindicatos acuden este jueves a la mesa convocada por el departamento que tutela Carmen Ortí, que lleva semanas negociando para desactivar un paro indefinido que ha tensionado el final de curso y que ya amenaza el siguiente. En ella, se votarán los diferentes puntos del acuerdo ya que, como se ha demostrado en este tiempo, ha sido complicado que las entidades sindicales votaran a favor de la totalidad de la propuesta -y parece que seguirá siendo así-. Educación optó por el hecho de que buscar pequeños acuerdos que mostraran una imagen de diálogo y entendimiento. Y, a falta, precisamente de esa respuesta del profesorado, lograron el acuerdo en tres temas: burocracia, ratios e infraestructuras. Los otros puntos, plantillas, retribución económica, Formación Profesional, inclusión y valenciano, no se llegaron a votar y, tras la propuesta de Educación, los docentes han tenido la última palabra.

Para este jueves, además, se prevén varias movilizaciones, dependiendo, además, del resultado final de la reunión con Educación. A las 9 de la mañana está convocada una concentración a las puertas de la conselleria, entre esa hora y las 12 del mediodía, precisamente mientras se reanuda el diálogo entre Educación y las entidades sindicales. Y luego, una manifestación. Aunque dependerá del resultado final de la negociación. Porque se mantienen dos posibilidades de manifestación, aunque sólo habrá una: por la mañana si se mantiene la huelga y por la tarde si se ha decidido suspender los paros.

Así es la última propuesta de Educación

La propuesta de la Conselleria de Educación está valorada en 3.338,26 millones de euros. Así, en el documento se recogen algunas de las novedades. La conselleria propone una inversión de 1.409,7 millones de euros en infraestructuras; un aumento de personal docente, es decir, 5.000 nuevas contrataciones más otros 2.742 nuevos docentes específicos por la bajada de ratios. Referente a este punto, Educación mantiene su oferta de reducir hasta los 22 alumnos en Infantil y Primaria, hasta los 25 en ESO y hasta los 28 en Bachillerato. Este punto cambia porque en su anterior propuesta, Bachillerato se establecía en 30 estudiantes por aula. En Formación Profesional también se reduce a 15 alumnos en grado básico, en grado medio hasta los 25, como ocurriría también en el grado superior. En las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) se reduciría la ratio en un 10%, hasta los 20 alumnos por aula. Según Educación, con esta medida, la Comunitat Valenciana adelanta un año la aplicación de las ratios contempladas en el proyecto de ley impulsado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Asimismo, Educación mantiene la subida salarial de hasta 200 euros hasta 2028 que ya ha firmado con ANPE y CSIF. En este caso, mantiene este montante y no hay variaciones. El 1 de septiembre de este año los docentes sumarían 75 euros más al mes. El 1 de enero de 2027, otros 75 euros, con los que sumará 150 y, finalmente, el 1 de enero de 2028 se sumarán esos 50 euros que alcanzan los 200 euros. La conselleria mantiene toda la subida queda indexada al IPC. La inversión destinada por la Generalitat a esta medida asciende a 802,3 millones de euros. A esta cantidad se suma el incremento del complemento estatal abonado por la Generalitat, lo que permitirá que un docente sin antigüedad vea incrementada su retribución mensual en 387 euros en Primaria y 410 euros en Secundaria en 2028, además de la actualización correspondiente del IPC. En este punto, en la reunión del viernes pasado se produjo una sorpresa. Porque la conselleria ha asegurado que esa actualización, en su momento, no se hará sobre esos 200 euros sino "para todo el sueldo" del docente. También se incluyen los seis días de libre disposición que tendrían los docentes.

En el documento remitido este pasado martes se incluían algunas novedades con respecto al anterior. Entre las nuevas medidas se contempla la distribución de 5.000 nuevas contrataciones de profesorado anunciadas por la conselleria, la priorización de la eliminación de las aulas prefabricadas, es decir, de los barracones, en los planes de inversión en infraestructuras educativas y el refuerzo de los recursos destinados a la inclusión, entre otras iniciativas. Asimismo, se permitirá el teletrabajo en el mes de julio y de esos nuevos docentes, 1.200 maestros para alumnos especiales.

La historia se repite. Hace más de cinco años que el Gobierno de Castilla-La Mancha se vio obligado ha aprobar una moratoria que paralizó la construcción de macrogranjas en esta comunidad autónoma, entonces disparada y con amplio rechazo social. Las nuevas licencias se suspendieron durante dos años y posteriormente el Ejecutivo regional aprobó un nuevo decreto para regularlas. El propio presidente autonómico Emiliano García-Page lo anunció. Ahora, ha vuelto a suceder, pero con las polémicas plantas de biometano, muy ligadas precisamente a la ganadería intensiva, puesto que principalmente realizan la valorización y tratamiento de residuos agroganaderos.

En esta ocasión no ha sido Page quien lo ha anunciado. Y tampoco su gobierno habla de moratoria como tal, pero una resolución del Grupo Parlamentario Socialista aprobada en el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha así lo establece.

Concretamente, esta propuesta, que los socialistas han aprobado en solitario tras abstenerse el PP y Vox, insta al Gobierno a aprobar un “marco regulador claro, restrictivo y garantista” que permita ordenar el desarrollo de las plantas de biometano desde el “respeto al territorio, la protección ambiental y la seguridad de los vecinos y vecinas”.

La Consejería de Desarrollo Sostenible ya ha confirmado que de esta resolución del Parlamento regional emanará un nuevo decreto, pero no avanza los plazos para su tramitación y aprobación. Lo más curioso es que el Gobierno regional mantiene un Plan de Biometanización que todavía no ha visto la luz pese a que, en su origen, se planteó para el periodo 2024-2030, y al que se ha sometido ya a dos procesos públicos de consultas.

También es significativo que, según adelantó este periódico, el Ejecutivo esté preparando una nueva Ley de Inversiones Empresariales Estratégicas en las que ha incluido el biometano. Está en fase de consultas, pero la incorporación de esta energía renovable en el borrador exacerbó los ánimos de las plataformas contra el biogás, cuyas movilizaciones han arreciado en los últimos meses y que han criticado duramente que el Gobierno autonómico no solo no adoptara medidas para controlar su expansión, sino que además quisiera dar mayor agilidad a algunos proyectos mediante esa etiqueta de “estratégicos”.

La cuestión es que el Ejecutivo de Page ha decidido echar el freno. Y lo va a hacer entrando de lleno en muchas de las cuestiones más polémicas, aquellas en las que han puesto el foco las plataformas: la falta de control, de transparencia, y los problemas con el transporte, los olores, los vertidos y la proliferación de expedientes.

En la resolución aprobada, se establece que el nuevo decreto debe respetar el “poder de decisión” de los ayuntamientos. La nueva normativa obligará a que únicamente con el visto bueno de los plenos municipales se pueda elevar la tramitación de plantas de biometano al órgano ambiental autonómico, “garantizando así cercanía y transparencia en las tomas de decisiones respecto a los vecinos de un municipio”.

Esta circunstancia puede afectar a muchos de los proyectos actualmente en trámite. Algunos han recibido el visto bueno de los ayuntamientos, pero en otros casos, han sido precisamente sus alcaldes y alcaldesas las que han frenado la implantación de proyectos. El más significativo ha sido el caso de la ciudad de Albacete, donde hace dos años el pleno aprobó una ordenanza municipal para impedir su implantación en la ciudad.

El Gobierno castellanomanchego también va a establecer restricciones a las aportaciones de materia prima de fuera del municipio y su entorno. Concretamente, el tamaño de una instalación deberá estar vinculada directamente a la capacidad de generar materias primas para las plantas de biogás en el propio municipio y en su comarca.

Distancias, balsas, olores y transporte

La futura norma obligará a que, al menos el 80% de la materia prima que se use en una planta se obtenga en el municipio en el que se instale y, como mucho, en un radio de 35 kilómetros de distancia. Con ello busca evitar instalaciones “alimentadas de residuos de lugares lejanos” a la ubicación, “vinculando la autorización de los proyectos al cálculo de la huella de carbono”.

Otra cuestión polémica. El futuro decreto prohibirá las balsas abiertas para garantizar que no haya olores ni contaminación del aire ni de los acuíferos. Todos los proyectos deberán tener “balsas herméticas y cerradas” que impidan las filtraciones de la materia prima.

Precisamente, sobre los olores, la nueva normativa obligará a las empresas a instalar medidores de calidad de aire y de control que puedan ser consultados, a través de internet, por el público en general. También tendrán que “modelizar” las “emisiones fugitivas” no solo en chimeneas o antorchas sino también en “fugas de válvulas, sellos de digestores y superficies de las balsas con programas de detección de fugas”.

En cuanto al transporte de los residuos agroganaderos con los que principalmente se alimentan estas instalaciones, tendrá que ser “hermético y en cubas cerradas”. Se prohibirá asimismo que vehículos con esa carga atraviesen los núcleos urbanos: los proyectos deberán diseñar “rutas alternativas y directas” desde las carreteras principales a las plantas de biogás o biometano.

La polémica cuestión del digestato (el principal residuo que genera la producción de biometano, generalmente comercializado como fertilizante) también ha hecho reaccionar al Gobierno de Page. El nuevo decreto obligará a contar obligatoriamente con un programa de tratamiento de digestatos y otro de tratamiento y aprovechamiento de agua para su reutilización para regadío en línea con los principios de la Agenda 2030 y de la economía circular.

Pero lo más relevante es que este producto solo se considerará un fertilizante “agronómicamente válido” cuando su tratamiento garantice su “estabilidad, seguridad sanitaria y eficacia nutritiva”, previa analítica en consonancia con las directivas de la UE.

Con carácter más general, el objetivo es aumentar los sistemas de control, bien a través del cuerpo de inspectores, bien de “entidades colaboradoras” de la Administración. El objetivo, según indica la resolución, es asegurar el principio de “quien contamina paga” como “elemento disuasorio” ante posibles incumplimientos de normativa.

Otra de las polémicas generadas por la proliferación de plantas de biometano ha sido su cercanía a los núcleos urbanos. La misma controversia que hay con las macrogranjas. El nuevo decreto ampliará las distancias en las que una planta de biogás o biometano se puede construir: a un mínimo de dos kilómetros desde el fin del núcleo urbano de un municipio.

Se derogarán las excepciones anteriores en materia de distancias

Con ello quedará derogadas las excepciones que permitían reducir las mismas a un kilómetro o 1,5 kilómetros de distancia, “garantizando previamente con un estudio de dispersión de olores para determinar la extensión del impacto por olor que pudiera generar la planta y garantizar que los 2.000 metros es distancia suficiente para garantizar la calidad de vida de los habitantes de las localidades cercanas”.

Y tras estas medidas, es cuando el texto aprobado establece de manera implícita una moratoria. Porque incorpora “la obligación de adaptación de todos los proyectos a la normativa y, mientras tanto, suspensión de la tramitación”.

“La nueva normativa debe obligar a todos los proyectos que estén al inicio de su tramitación a la adaptación íntegra de los mismos a las restricciones, garantías y exigencias de la nueva normativa en un tiempo máximo de entre 12 y 24 meses”, precisa.

Durante este tiempo y hasta que no se adapten, “no se debe continuar con la tramitación administrativa”. En definitiva, el decreto establece que la no adaptación del proyecto a las exigencias derivará en el “archivo del expediente y a la exclusión del proyecto de continuar con la tramitación”.

Finalmente, la normativa tendrá como objetivo último “garantizar el principio de economía circular”, reducción de la huella de carbono, así como contribuir “con alternativas agronómicamente válidas a la reducción del uso de nitratos y fertilizantes químicos en el suelo y subsuelo”.

Durante la tramitación en las Cortes regionales de la resolución que dará lugar a este nuevo decreto, la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, avanzó que el Gobierno de Page será el “más estricto y garantista” de España, y que se “limitarán” las instalaciones o los proyectos empresariales que “hoy están encima de la mesa”.

“Tenemos que ordenar el despliegue de estas instalaciones y de tenemos que recoger las mejores técnicas disponibles y seguir realizando el ejercicio de transparencia y de participación que siempre hemos hecho”, afirmó. Añadió que con ello además se va a dar a los agricultores y ganaderos una oportunidad de someter sus residuos y sus subproductos a una “valorización energética”, al tiempo que también se ofrecen “soluciones” al sector industrial.

Evitar que la región sea “un estercolero”

En paralelo, las plataformas regionales y locales contra estas plantas y Stop Ganadería Industrial mantienen la lupa puesta sobre los proyectos ya aprobados y los que actualmente están en trámite:

Básicamente, estos colectivos optan por un modelo energético “descentralizado”, usando el biogás para el autoconsumo y autoabastecimiento de núcleos pequeños de población. Al mismo tiempo, piden establecer limitaciones al modelo de plantas de biogás: distancia a núcleos de población, distancia del origen de los materiales usados, limitar el tamaño para evitar los daños ambientales y molestias a la población.

Debido a su correlación o a un posible “efecto llamada” para macrogranjas, han pedido un plan para la reducción paulatina del número de cabezas de ganadería industrial hasta equilibrar los residuos generados con la capacidad de tratamiento y uso sostenibles. El objetivo: evitar que Castilla-La Mancha sea “una región estercolero”.

Cada vez más conductores gallegos circulan sin tener la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en regla. Así lo refleja el II Observatorio Midas de la Movilidad, que revela que el 22% de los automovilistas de la comunidad admite haber utilizado un vehículo con la ITV caducada durante el último año, siete puntos más que en el ejercicio anterior.

El dato resulta especialmente llamativo porque Galicia había destacado tradicionalmente como una de las comunidades más cumplidoras en esta materia. Sin embargo, este incremento ha provocado que pierda esa posición de referencia y pone el foco sobre los hábitos de mantenimiento de los vehículos.

Ourense, a la cabeza del incumplimiento

El análisis por provincias sitúa a Ourense como el territorio gallego donde más conductores reconocen haber circulado con la ITV caducada. En concreto, el 33% admite haberlo hecho, seguida de Lugo, con un 28%.

Por su parte, A Coruña y Pontevedra registran un 22%, una cifra inferior pero que evidencia que el problema se extiende por toda Galicia.

Uno de cada cuatro tuvo que repetir la inspección

El estudio también revela que uno de cada cuatro conductores gallegos ha tenido que repetir la ITV porque su vehículo no cumplía inicialmente con todos los requisitos exigidos. Esta situación guarda relación con el hecho de que solo el 22,22% realiza revisiones periódicas de forma regular a lo largo del año.

Entre los principales motivos de suspensión destacan las emisiones contaminantes (25,4%), los fallos en el sistema de alumbrado (20,63%) y el mal estado de los neumáticos (19,05%).

Además, los conductores de entre 45 y 54 años son los que más han tenido que repetir la inspección, mientras que los hombres presentan una tasa superior a la de las mujeres.

Entre quienes han circulado sin la ITV en vigor, los motivos más habituales son no tener una razón concreta para el incumplimiento o la necesidad urgente de utilizar el vehículo pese a no contar con la inspección actualizada.

Cinco voces para un mismo mensaje: no a las guerras, sí a la paz. Muy parecido al que el Papa León XIV está abanderando en sus mensajes durante su visita a España, pero en este caso, desde oraciones pronunciadas en cinco religiones diferentes: la católica, la católica grecolatina, la musulmana, la ortodoxa y la evangélica-protestante.

Ha sido con motivo del nuevo encuentro interreligioso que los Servicios Sociales de Villamalea, en Albacete, han organizado por segundo año consecutivo, como ejemplo de convivencia entre diferentes credos. Un reflejo de las múltiples nacionalidades, más de una treintena, que conviven en este municipio de la comarca de la Manchuela y que ha propiciado que sea muy conocido incluso fuera de las fronteras españolas.

El acto, celebrado en la Iglesia Nuestra Señora de la Anunciación, comenzó con la intervención de Floren Alfaro, trabajador social de la localidad, quien destacó que en un mundo “lleno de ruido, divisiones y enfrentamientos”, resulta “profundamente revolucionario” que todas estas voces se unan por la paz.

“Somos diferentes en nuestra forma de rezar, en nuestras lenguas, en nuestras historias y en algunas de nuestras creencias, pero estamos unidos por algo mucho más grande: la convicción de que la paz es un don sagrado y una responsabilidad compartida”, argumentó.

Tras lamentar que el odio, la violencia, el fanatismo o la indiferencia producen miles de muertes el todo el mundo, también señaló a aquellos que “intentan convencernos de que quienes son diferentes deben vivir separados, desconfiar unos de otros o incluso enfrentarse”.

Frente a esa idea, este encuentro interreligioso demuestra “exactamente lo contrario”. Porque, según resaltó el trabajador social, cuando se abren los libros sagrados de las distintas religiones, “encontramos un mensaje que se repite una y otra vez”.

Somos diferentes en nuestra forma de rezar, en nuestras lenguas, en nuestras historias y en algunas de nuestras creencias, pero estamos unidos por algo mucho más grande: la convicción de que la paz es un don sagrado y una responsabilidad compartida

Puso como ejemplo que en el Evangelio se encuentra la famosa frase “la paz os dejo y mi paz os doy”, una paz que “no nace de la imposición ni de la fuerza, sino del encuentro, del amor y de la reconciliación”. Por su parte, en el Corán, añadió, se enseña que “los siervos del misericordioso son aquellos que caminan por la tierra con humildad y que cuando los ignorantes les hablan con agresividad, responden con palabras de paz”.

Asimismo, precisó que la tradición ortodoxa conserva las palabras del salmo que proclama la búsqueda de la paz, “no como una actitud pasiva, sino como una tarea constante que exige compromiso y perseverancia”.

También mencionó a las iglesias evangélicas, que recuerdan las palabras del apóstol Santiago: “Los que procuran la paz, siembran en paz para recoger frutos de justicia, porque no puede existir una paz verdadera si no está acompañada de justicia y fraternidad”.

Finalmente, la tradición grecocatólica, “heredera de la riqueza espiritual de Oriente y Occidente”, proclama en sus celebraciones “paz para todos”, recordando que esta última “no conoce fronteras, pueblos ni lenguas” y está destinada “a toda la familia humana”.

“Son cinco caminos distintos que se enfocan en una misma verdad: la paz no es debilidad, es valentía, y exige tender la mano cuando otros levantan muros, exige escuchar cuando otros gritan y encontrarse cuando otros quieren separarnos”, resumió el trabajador social.

Por eso destacó que el acto tiene un valor que va “más allá” de la iglesia que lo ha acogido. “Demuestra que la convivencia no es una teoría, es una realidad y la diversidad no es un problema que haya que resolver, sino una riqueza que podemos generar”.

Así, desde ese pequeño rincón de la Manchuela, defendió las diferentes voces para lanzar un mensaje “sencillo, pero poderoso” basada que “es posible convivir, respetarse, caminar juntos desde la diferencia”.

De la llamada del imán a la convivencia del protestantismo

Tras las palabras de Floren Alfaro, subieron al atril seis personas. Uno de ellos fue Abderrahman Louizi, imán que desde ese altar religioso realizó en árabe una llamada al rezo. De leer el Corán, en representación de la comunidad musulmana, se encargó Zakiya Louizi, con pasajes centrados en el pacifismo, la humildad y el respeto.

En representación de la religión protestante, Julia Estela Morales Villa rescató varios versículos de la Biblia centrados en la paz espiritual y en la necesidad de la convivencia.

Mensaje muy similar al promulgado por Anca Mariana Mititelu, en representación de los ortodoxos. Posteriormente, la voz de la religión grecocatólica la puso Maríya Bila Kryvetska, con un claro mensaje destinado principalmente la convivencia y el respeto por la diversidad.

Finalmente, Javier Cano, párroco de Villamalea, recordó el acto previo a la Eucaristía en las misas católicas, cuando se insta a los fieles a darse la paz entre ellos, destacando esa parte de la misa como una de las más importantes por ser el reflejo de la convivencia entre todas las personas.

Con motivo de este encuentro, los Servicios Sociales de Villamalea destacan que la diversidad de orígenes, idiomas, culturas y creencias convierte la convivencia cotidiana “en un mensaje visible y colectivo”. “Fue un acto religioso también de convivencia, de respeto, de comunidad. Una demostración de que es posible encontrarse, escucharse y caminar juntos sin renunciar a lo que cada uno es”.

Y bajo ese mensaje, instan a todas las personas a seguir “encontrándose en la plaza, en las calles, en las tiendas, en el fútbol” y “seguir convivir no es solo vivir juntos, es construir juntos”.

Un pueblo con proyección internacional

De esta forma, Villamalea ha vuelto a conseguir mostrarse como un crisol de diversidad religioso, un hecho del que ya se hicieron eco algunos medios internacionales, entre ellos el periódico inglés The Guardian, cuando este municipio, gobernado por el PP, aprobó, junto con la localidad vecina de Tarazona de la Mancha, una moción para pedir la regularización extraordinaria de migrantes.

Ya entonces, Floren Alfaro mostró su “orgullo y emoción” por el eco que recibió la iniciativa dado por un medio internacional de prestigio a la moción presentada -y aprobada por unanimidad- en ambos consistorios. “No puedo sentir otra cosa que orgullo. Orgullo de nuestros pueblos, de la gente que cree en una sociedad más justa, más humana y más decente”.

Este periódico destacó de los vecinos y vecinas de Villamalea llegados de otras partes del mundo, su “constante aporte de mano de obra” que “ha ayudado a convertir al municipio en una potencia agrícola”, entre otras cosas porque cerca de un 70% de los champiñones vendidos en España proceden de esta localidad albaceteña. Villamalea.

Este pueblo de Albacete ha seguido dando muestras de su espíritu humanitario. El pasado mes de octubre PP, PSOE e IU aprobaron, de nuevo por unanimidad, una moción en apoyo al pueblo palestino y en defensa de los derechos humanos en Gaza.

El PP rompió el aclamado consenso político

No obstante, el pasado mes de mayo ese consenso se rompió cuando en un pleno de la Diputación de Albacete, el segundo teniente de alcalde de Villamalea, Antonio Martínez, que también es diputado provincial, presentó una moción en la que arremetía contra el proceso de regularización extraordinaria de migrantes, algo que su Ayuntamiento, del PP, había defendido meses antes desmarcándose de la tónica del partido a nivel nacional.

Los argumentos del teniente de alcalde fueron que se trata de un proceso “caótico”, con “falta de recursos” para los ayuntamientos y que, además, “anima a las mafias”, mensaje este último muy parecido al que defienden los discursos de ultraderecha capitaneados por Vox.

Los socialistas de la localidad albaceteña se echaron las manos a la cabeza por este viraje del equipo de Gobierno del Ayuntamiento. Aunque la moción fue rechazada por la mayoría absoluta del PSOE en la Diputación, este partido arremetió duramente contra el PP, que “durante meses quiso aparecer como defensor de la regularización de personas migrantes”.

“El mismo que firmó una moción conjunta con PSOE y Unidas Podemos, y aprovechó la repercusión nacional e internacional que tuvo nuestro pueblo como ejemplo de convivencia, ha terminado mostrando cuál era realmente su posición. Los conocemos (al PP) y sabemos que lo de Villamalea ha sido un postureo de carácter electoralista, sin importarles para nada el bienestar de las personas”, argumentaron.

Greenpeace ha sorprendido al barco gallego 'Naboeiro' mientras supuestamente pescaba una especie de tiburón no permitida, cercenando sus aletas y vulnerando la normativa europea, en una zona de convergencia de las corrientes de Canarias y Guinea, cuya actividad pesquera está regulada por la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT, por sus siglas en inglés).

La organización ecologista ha realizado esta actuación en el marco del Día de los Océanos, que se celebra este lunes, para denunciar “la impunidad de la destrucción en alta mar, donde menos del 1% del océano está protegido”. Así, según recoge Europa Press, con su investigación quiere mostrar cómo la pesca industrial opera en las aguas internacionales.

Según Greenpeace, la imágenes obtenidas revelan “cómo el pesquero español captura tres ejemplares de tiburón zorro ojón (Alopias superciliosus). La pesca dirigida de esta especie no está permitida al ser extremadamente vulnerable a la explotación. Cuando un buque captura un ejemplar, debe cumplir con ciertas obligaciones que establece la normativa europea y española”.

Así, señala varios incumplimientos en esta actuación pesquera: los ejemplares de tiburón zorro ojón son subidos a bordo, contraviniendo lo que establece la legislación pesquera de la Unión Europea; los animales fueron cortados en piezas y parte de ellas fueron lanzadas por la borda --entre las piezas descartadas, se encontraban zonas del cuerpo con las aletas cortadas, lo que indica que estas aletas habían sido cercenadas a bordo--; también apunta a que, en el caso de que no haya reportado a la Secretaría General de Pesca de esta campaña, “habría incumplido también la normativa europea de control pesquero”.

El 'Naboeiro' es un palangrero con puerto base en Vigo. Tiene 28 metros de eslora y fue dado de alta en el año 1995.

Reclama al Ministerio que estudie la denuncia

Por todo ello, la organización ecologista pide formalmente a la Secretaría General de Pesca que estudie las imágenes y valore, de oficio, la denuncia del caso. “Es necesario redoblar esfuerzos para que no sigan sucediendo estas prácticas”, advierte.

Apunta a que “este hecho demuestra que las normas adoptadas por la UE para proteger a las especies vulnerables son insuficientes, que la gestión pesquera de las OROP, Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (en este caso la ICCAT), es ineficiente para asegurar la protección marina y que la Zona de Convergencia requiere protección adicional en virtud del Tratado Global de los Océanos”.

Esta zona de alta mar frente a la costa occidental de África, es una de las que la organización ecologista considera prioritario proteger bajo el Tratado Global de los Océanos.

“Este caso pone de manifiesto una vez más como algunos barcos usan la impunidad de las aguas internacionales para saltarse la ley. Esto pone en peligro la biodiversidad marina y la supervivencia de los stocks pesqueros y del propio sector. Este saqueo y el bloqueo que han ejercido en las negociaciones las Organizaciones Regionales de Pesca amenazan con herir de muerte al histórico Tratado Global de los Océanos en el mismo año de su entrada en vigor, convirtiéndolo en papel mojado antes de que sus santuarios puedan ser declarados”, ha declarado la responsable de la campaña de Océanos de Greenpeace, Ana Pascual.

At the rate at which Spain’s population has grown in recent years, a country of 50 million inhabitants could soon become a reality. The National Institute of Statistics (INE) is expected to reveal this month, in its 2026-2076 population projections, when it believes this milestone will be reached. According to the 2025 census, Spain surpassed 49.1 million inhabitants last year, but data from the Continuous Population Statistics—which combines census data with quarterly estimates—indicate that Spain already had 49,687,120 inhabitants in April.

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