La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, ha defendido este martes la posición del Gobierno sobre la polémica generada por el uso del Ministerio de Hacienda de 2.389 millones de euros procedentes de los fondos europeos para financiar el pago de las pensiones de clases pasivas y complementos a mínimos en 2024. Durante su comparecencia en la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, Chicano ha rechazado que el informe de la Cuenta General del Estado, elaborado por su organismo, concluyera que se hubieran utilizado fondos europeos para pagar pensiones y ha atribuido la situación a la prórroga presupuestaria.

"La controversia no es si se pagaron pensiones con fondos europeos", ha afirmado, "la controversia es si, en un ejercicio de prórroga presupuestaria, las limitaciones aplicables permitían o no utilizar créditos excedentarios del servicio 50 para financiar modificaciones dirigidas a otras necesidades".

Asimismo, la presidenta también ha denunciado lo que considera una utilización política del informe. "La instrumentalización política ha querido elevar una advertencia interna a la categoría de fraude con malversación de fondos europeos", ha asegurado, lamentando la "distorsión en la percepción pública y en el debate mediático" generada en torno a un documento.

La clave: la prórroga presupuestaria

La explicación de la presidenta se ha centrado en el origen de estos 2.389 millones de euros. Según ha detallado, el Gobierno español decidió concentrar las inversiones vinculadas al Plan de Recuperación en el denominado servicio 50, una clasificación presupuestaria específica creada para gestionar los créditos asociados a los fondos europeos. Entonces, al prorrogarse los Presupuestos Generales del Estado de 2023 en 2024, también se prorrogaron los créditos vinculados a dicho servicio. "Lo que hace que existan más fondos de los necesarios en el año siguiente para realizar las inversiones del plan", ha matizado durante su intervención.

Una interpretación que, sin embargo, no comparten todos los miembros del organismo. La Declaración de la Cuenta General fue aprobada con un voto particular discrepante y cinco votos concurrentes que defendían un tratamiento más severo de esta cuestión, aunque Chicano ha restado dramatismo a la situación al recordar que los votos particulares en este tipo de informes se han producido hasta en cinco ocasiones desde que empezó la democracia en España.

No obstante, la controversia ha reabierto el debate sobre los efectos de gobernar con presupuestos prorrogados. Ante ello, Chicano ha avanzado que el Tribunal de Cuentas estudia "la posibilidad de hacer un estudio jurídico-técnico sobre las consecuencias en la gestión presupuestaria de las prórrogas" sobre los recursos públicos.

A los 100 días del inicio de la guerra en Irán, y con la cuenta atrás en marcha para que decaigan las medidas anticrisis aprobadas por el Gobierno, las familias españolas afrontan el riesgo de nuevas tensiones en la cesta de la compra. El secretario general de COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos), Andrés Góngora, advierte de que "el conflicto está generando un sobrecoste para el sector agrario español de 2,8 millones de euros al día", lo que sopone 280 millones por el momento. Además, desde la organización temen que, si no se resuelve el conflicto en Oriente Medio en verano, los agricultores tendrán desde este mismo "otoño problemas de liquidez para afrontar las siembras" de invierno.

La preocupación del sector agrario radica en que el actual encarecimiento de la energía, los carburantes y los fertilizantes termine reproduciendo la misma espiral de costes que sufrió el campo tras el estallido de la guerra en Ucrania. En 2022, los precios de los alimentos subieron más de un 15% y la cesta de la compra experimentó el mayor episodio inflacionista desde el comienzo de la serie del INE (Instituto Nacional de Estadística). Según explica Góngora, cuando se dispara el precio de las materias primas, "el impacto sobre la renta agraria es inmediato". Así sucedió en 2022: los consumos intermedios del sector "aumentaron un 29,9% en un solo año, con subidas del 62% en fertilizantes y del 50% en energía y lubricantes, lo que provocó una caída de la renta agraria real del 8,7%".

Y de acuerdo con el último informe de Perspectivas Económicas de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), durante los 100 días de duración del conflicto en Oriente Medio, los precios de los fertilizantes han registrado incrementos de entre el 39% y el 59%. Además, desde COAG suman las "significativas" subidas de otros "insumos clave", como el gasóleo agrícola, cuyo precio se ha disparado entre un 40% y un 50%. Un escenario en el que los sobrecostes derivados del conflicto bélico podrían acabar trasladándose al consumidor final en un momento especialmente delicado: los alimentos se han encarecido casi un 40% desde la pandemia, según los datos del INE.

Y no parece que la presión vaya a disiparse a corto plazo. La presidenta del BCE (Banco Central Europeo), Christine Lagarde, reconoció en marzo durante una entrevista en The Economist que los daños sobre la capacidad de producción energética derivados del conflicto "ya son demasiado importantes" y que su normalización no podrá producirse "en cuestión de meses" Circunstancia que amenaza con seguir alimentando el encarecimiento de materias primas esenciales para el campo.

El sector agrario ve "prematuro" retirar las ayudas

Ante este escenario, el foco está puesto en las medidas de apoyo aprobadas por el Gobierno para amortiguar el impacto económico de la guerra. Las medidas fiscales aplicadas a la electricidad y al gas han decaído, mientras que las vinculadas a los carburantes seguirán vigentes, por el momento, hasta el próximo 30 de junio. Precisamente para decidir si las medidas se mantendrán, adaptarán o se retirarán definitivamente, el Ministerio de Economía ha iniciado una ronda de reuniones con los agentes sociales y los sectores más afectados.

Entre ellos, el sector agrario, que considera "prematuro" retirar las medidas y reclama prolongar los mecanismos de apoyo mientras persiste la volatilidad en los mercados energéticos y de materias primas. En concreto, las organizaciones defienden "la continuidad de las medidas vinculadas al gasóleo profesional agrario" y pesquero, que contemplaba una subvención de 20 céntimos por litro de combustible que se sumaba al descuento general y que podría decaer el próximo 30 de junio.

No obstante, algunas medidas agrícolas tienen aseguradas su continuidad más allá del verano, lo que podría amortiguar el impacto sobre los precios en el supermercado. A finales de mayo, la Comisión Europea dio luz verde al régimen español de subvenciones estatales por valor de 500 millones de euros para ayudar a las empresas agrícolas a paliar los efectos de la subida de los precios de los fertilizantes.

Este programa permanecerá en vigor hasta el 31 de diciembre de 2026 y, según se desprende del comunicado remitido por Bruselas, "las empresas podrán recibir 22 euros por hectárea de secano y 55 euros por hectárea de regadío, hasta un máximo de 300 hectáreas por beneficiario". Además, de acuerdo con las estimaciones de la Comisión, el plan podría cubrir "hasta el 70% de los costes adicionales de los fertilizantes derivados de la crisis de Oriente Medio". Pese a ello, el sector teme que una prolongación del conflicto termine neutralizando parte del efecto de estas ayudas y vuelva a tensionar los costes de producción como sucedió en 2022.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones nació en 2020 con una singularidad poco habitual en la Administración española: no tendría despachos. José Luis Escrivá, entonces titular del departamento y actual gobernador del Banco de España, quiso romper con el esquema tradicional de altos cargos encerrados tras una puerta y apostó por una gran zona de trabajo compartida en la sede de José Abascal, en Madrid. Ni siquiera él dispondría de despacho propio. Sin embargo, seis años después, aquella filosofía ha llegado a su fin.

El Ministerio que ahora dirige Elma Saiz ha adjudicado la instalación de mamparas de vidrio, paneles de madera y puertas para levantar nuevos espacios cerrados en la primera planta de la sede ministerial, precisamente la zona que fue concebida como una gran oficina abierta. Además, supone que, después de que José Luis Escrivá impulsara una profunda reorganización interna para eliminar los despachos tradicionales, el Ministerio de Seguridad Social volverá a destinar fondos públicos para recorrer el camino inverso.

68.563 euros para levantar nuevos despachos

En concreto, según figura en una licitación formalizada por el Ministerio y publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), para materializar este cambio organizativo, el Ministerio ha tenido que recurrir a una nueva obra de adaptación de espacios en su sede central: el edificio de José Abascal número 39.

Aunque el contrato despertó el interés de nueve empresas, finalmente ha sido adjudicado a Instalaciones Torrejón SL por 68.563 euros, frente a otras ofertas que llegaron a superar los 84.000 euros. Así, los trabajos deberán completarse en un plazo máximo de 90 días desde el inicio de las obras.

Según recoge la memoria justificativa del expediente, la explicación oficial del cambio se debe a "las nuevas necesidades de personal existentes en el Ministerio", por lo que "se precisa dividir la zona diáfana existente en la planta primera". El documento detalla, además, que las obras permitirán habilitar once despachos: diez en la zona abierta de esa primera planta y otro adicional destinado expresamente al jefe de Gabinete de la ministra.

Pero la actuación va mucho más allá de una simple redistribución de puestos de trabajo. La documentación técnica del contrato contempla la instalación de 217 metros cuadrados de mamparas acristaladas, otros 93 metros cuadrados de paneles de madera, once puertas de vidrio de suelo a techo y once módulos de electrificación. A ello se suman 84 metros cuadrados de vinilo, sistemas de cierre con llaves amaestradas y distintos trabajos de adaptación arquitectónica. En la práctica, la reforma supone compartimentar una planta que durante seis años funcionó bajo el modelo de oficina abierta impulsado por Escrivá.

Del ministerio sin despachos al regreso de las puertas

Una decisión que contrasta con el planteamiento que defendió Escrivá cuando puso en marcha el Ministerio en 2020. El entonces ministro sostenía que eliminar despachos favorecía la comunicación entre equipos, agilizaba la toma de decisiones y mejoraba la productividad. La apuesta era tan radical para los estándares de la Administración que el propio ministro renunció a disponer de un despacho individual y reservó salas específicas únicamente para reuniones o conversaciones que exigieran confidencialidad.

La reforma respondía a una voluntad expresa de romper con la organización tradicional de los ministerios. Altos cargos, asesores y responsables políticos compartirían espacios de trabajo abiertos para facilitar el intercambio de información y reducir las barreras jerárquicas que históricamente han caracterizado a la Administración. Ahora, sin embargo, la Seguridad Social considera necesario recuperar los espacios cerrados.

La razón oficial es el aumento de personal y las nuevas necesidades organizativas del departamento. Pero el resultado es evidente: la zona diáfana que simbolizó el experimento de Escrivá dejará de serlo. Seis años después de derribar las barreras físicas entre los altos cargos, el Ministerio de Inclusión vuelve a levantar paredes.