La encuesta que los tres sindicatos que convocan la huelga indefinida que desde el pasado 11 de mayo sacude el final de curso en los colegios públicos valencianos, STEPV, CC OO y UGT, lanzaron a los docentes para conocer si respaldaban la última propuesta de la Conselleria de Educación sobre las mejoras en el ámbito educativo, ya tiene resultado. El plazo se cerraba este miércoles a las 20 horas y de los 78.000 profesores del sector público, votaron 30.238 personas. Así, de sus respuestas se desprende que abogan por suspender la huelga indefinida. Es más, los docentes muestran su rechazo a la última propuesta realizada por la Conselleria de Educación el pasado martes.

Cabe destacar que estos sindicatos, ya este miércoles, se mostraban más favorables de suspender el paro indefinido que de desconvocarlo. Es más, las últimas cifras de seguimiento ofrecidas por Educación este pasado lunes o el martes señalan que menos del 4% ha secundado la huelga, pero la de este miércoles se ha situado en un pobre 2,54% -no hay que olvidar que los profesionales pierden entre 150 y 200 euros por día no trabajado-.

De esta forma, el 67% de los docentes que han votado se ha decantado por la opción de interrumpir o desconvocar la huelga frente al 33% que ha decidido que se mantenga. Es más, en esa doble opción de interrumpir o desconvocar, el 71% que ha votado se decanta por la interrupción temporal y continuar las movilizaciones frente al 29% que apuesta por desconvocar el paro (en total esta opción ha sido votada por 17.633 profesores). Además, el 55% cree que ha que continuar la lucha el próximo curso.

El representante del STEPV, Marc Candela, ha lanzado un vídeo en las redes sociales en el que ha tenido que aclarar lo que supone desconvocar o suspender la huelga -esta ha sido la opción elegida-.Candela explica que "desconvocar significa que se ha acabado ya la huelga indefinida y que si queremos, en algún momento, volver a hacerla, tenemos que volver a legalizarla, en el término de diez días...", comienza diciendo. Asimismo, asegura que "suspender la huelga significa que, simplemente, la paralizamos y en el momento que queramos nosotros o se acuerde, la podemos volver a reactivar inmediatamente". "A partir de ahí, jugar a hacer las diferentes modalidades que se puedan acordar como se estaba haciendo hasta ahora, acordar dos días a la semana u otro modelo que acordemos, tanto ahora como a partir del curso que viene".

Pese al resultado, los sindicatos mantienen el paro indefinido para este jueves y la desconvocatoria entraría en vigor este viernes. Asimismo, la acampada de profesores que, desde el lunes de la semana pasada estaba instalada en la plaza de la Virgen de Valencia, ha decidido desmontarse este miércoles después del resultado de la encuesta. Los impulsores han tomado la determinación de levantar el campamento, que llegó incluso el pasado fin de semana a coincidir con los actos de la festividad del Corpus Christi.

En lo relativo a aprobar o no la propuesta global de la conselleria, es decir, todos los puntos del acuerdo, el 13% apuesta que sí frente a un mayoritario 87% que dice que no. Por otra parte, la propuesta, desgranada por puntos, tampoco tiene el respaldo de los docentes que han votado la consulta. Así, en FP, el 78% no está de acuerdo con firmarla; en inclusión, el 70% muestra su rechazo; el de valenciano no lo firmaría el 84% de los que han hecho la encuesta; el de infraestructuras educativa es respaldado por el 46% frente al 54% que rehúye su firma; y el punto de plantillas también es rechazado por el 78% mientras que el de ratios obtiene el no del 70%. Es llamativo que el acuerdo de retribuciones y condiciones laborales lo rechace el 90% de los participantes en el cuestionario. Este punto ya está firmado con los otros dos sindicatos, ANPE y CSIF.

Sólo el bloque de simplificación burocrática consigue el respaldo de los docentes para que se acuerde con Educación. Lo respalda el 82%.

Con esta respuesta negativa a la firma del acuerdo, los sindicatos acuden este jueves a la mesa convocada por el departamento que tutela Carmen Ortí, que lleva semanas negociando para desactivar un paro indefinido que ha tensionado el final de curso y que ya amenaza el siguiente. En ella, se votarán los diferentes puntos del acuerdo ya que, como se ha demostrado en este tiempo, ha sido complicado que las entidades sindicales votaran a favor de la totalidad de la propuesta -y parece que seguirá siendo así-. Educación optó por el hecho de que buscar pequeños acuerdos que mostraran una imagen de diálogo y entendimiento. Y, a falta, precisamente de esa respuesta del profesorado, lograron el acuerdo en tres temas: burocracia, ratios e infraestructuras. Los otros puntos, plantillas, retribución económica, Formación Profesional, inclusión y valenciano, no se llegaron a votar y, tras la propuesta de Educación, los docentes han tenido la última palabra.

Para este jueves, además, se prevén varias movilizaciones, dependiendo, además, del resultado final de la reunión con Educación. A las 9 de la mañana está convocada una concentración a las puertas de la conselleria, entre esa hora y las 12 del mediodía, precisamente mientras se reanuda el diálogo entre Educación y las entidades sindicales. Y luego, una manifestación. Aunque dependerá del resultado final de la negociación. Porque se mantienen dos posibilidades de manifestación, aunque sólo habrá una: por la mañana si se mantiene la huelga y por la tarde si se ha decidido suspender los paros.

Así es la última propuesta de Educación

La propuesta de la Conselleria de Educación está valorada en 3.338,26 millones de euros. Así, en el documento se recogen algunas de las novedades. La conselleria propone una inversión de 1.409,7 millones de euros en infraestructuras; un aumento de personal docente, es decir, 5.000 nuevas contrataciones más otros 2.742 nuevos docentes específicos por la bajada de ratios. Referente a este punto, Educación mantiene su oferta de reducir hasta los 22 alumnos en Infantil y Primaria, hasta los 25 en ESO y hasta los 28 en Bachillerato. Este punto cambia porque en su anterior propuesta, Bachillerato se establecía en 30 estudiantes por aula. En Formación Profesional también se reduce a 15 alumnos en grado básico, en grado medio hasta los 25, como ocurriría también en el grado superior. En las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) se reduciría la ratio en un 10%, hasta los 20 alumnos por aula. Según Educación, con esta medida, la Comunitat Valenciana adelanta un año la aplicación de las ratios contempladas en el proyecto de ley impulsado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Asimismo, Educación mantiene la subida salarial de hasta 200 euros hasta 2028 que ya ha firmado con ANPE y CSIF. En este caso, mantiene este montante y no hay variaciones. El 1 de septiembre de este año los docentes sumarían 75 euros más al mes. El 1 de enero de 2027, otros 75 euros, con los que sumará 150 y, finalmente, el 1 de enero de 2028 se sumarán esos 50 euros que alcanzan los 200 euros. La conselleria mantiene toda la subida queda indexada al IPC. La inversión destinada por la Generalitat a esta medida asciende a 802,3 millones de euros. A esta cantidad se suma el incremento del complemento estatal abonado por la Generalitat, lo que permitirá que un docente sin antigüedad vea incrementada su retribución mensual en 387 euros en Primaria y 410 euros en Secundaria en 2028, además de la actualización correspondiente del IPC. En este punto, en la reunión del viernes pasado se produjo una sorpresa. Porque la conselleria ha asegurado que esa actualización, en su momento, no se hará sobre esos 200 euros sino "para todo el sueldo" del docente. También se incluyen los seis días de libre disposición que tendrían los docentes.

En el documento remitido este pasado martes se incluían algunas novedades con respecto al anterior. Entre las nuevas medidas se contempla la distribución de 5.000 nuevas contrataciones de profesorado anunciadas por la conselleria, la priorización de la eliminación de las aulas prefabricadas, es decir, de los barracones, en los planes de inversión en infraestructuras educativas y el refuerzo de los recursos destinados a la inclusión, entre otras iniciativas. Asimismo, se permitirá el teletrabajo en el mes de julio y de esos nuevos docentes, 1.200 maestros para alumnos especiales.

Los wasaps del chat conjunto del Consell valenciano el día 29 de octubre muestran que el entonces presidente, Carlos Mazón, impartió algunas instrucciones genéricas por la mañana relacionadas con la necesidad de atender las circunstancias del clima que amenazaba la provincia de Valencia y de transmitir la sensación de estar alerta, pero luego no volvió a comunicarse por esa vía en el resto de la jornada, mientras la riada asolaba la provincia causando la muertes de 230 personas.

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La colaboración entre Alicante y Elche avanza. Ahora, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, y el director general de la IFA, Alejandro Morant, han firmado dos convenios, según los cuales la Institución Ferial Alicante -ubicada en la N-340, en el término municipal de Elche- se alinea con la estrategia municipal de innovación Alicante Futura y Alia como "Committed Partner".

Ambas partes se comprometen a colaborar y compartir recursos y espacios a tráves de la Agencia Local de Desarrollo, para la promoción del empleo y el desarrollo económico.

Barcala y Morant han destacado la importancia de esta colaboración para refozar el eje funcional Alicante-Elche y el desarrollo económico, el empleo y la promoción nacional e internacional.

El acto ha contado también con la presencia de la concejala de Empleo y Fomento y responsable de Impulsalicante, María del Carmen de España, el director general de Empleo, Fomento Empresarial y Nueva Economía del Ayuntamiento de Alicante, Vicente Segui; la gerente de Impulsalicante, Elisa Díaz y los responsables de IFA, Antonio Ruiz, director de Certámenes y Ferias, y María Serrano, directora financiera.

El convenio suscrito entre Impulsalicante e IFA reconoce los efectos multiplicadores que la institución ferial genera sobre la actividad económica de Alicante y su área de influencia territorial, así como sobre la potenciación de su imagen a nivel nacional e internacional.

Además, se abre una colaboración en distintas materias como en empleo, al permitir a Impulsalicante captar ofertas de la institución y empresas que concurrán en los certámentes feriales para darlas a conocer en su Portal de Empleo.

IFA también se suma al impulso de la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo económico a través de la estrategia Alicante Futura y Alia, suscribiendo el protocolo de colaboración mediante el que se reconoce a la institución ferial con el sello de "Alicante Futura Committed Parter" como reflejo de su compromiso con la innovación y el desarrollo de la ciudad.

Además, se genera una red colaborativa con la puesta a disposición de espacios en condiciones ventajosas para ambas partes destinados a la organización de eventos y promoción de la actividad económica.

En este sentido, IFA se compromete a colaborar activamente en la Estrategia Alicante Futura y Alia en líneas de acción como: Alicante Futura Lab (captación de talento), Alicante Futura Sandbox (desarrollo de proyectos de innovación como campo de experimentación), Alicante Futura Summit (participación en eventos de networking), presencia en eventos y actividades de divulgación, así como en el Portfolio de Proyectos de Innovación y en la Red de Colaboradores y la Red de Embajadores de Alia.

Cinco sesiones, conclusiones y "carpetazo" o cierre. Ese es el guión que describe cómo ha transcurrido la Comisión de Investigación de la Diputación de Alicante sobre la gestión en los bonos comercio impulsados por la institución provincial en 2022 y 2023, cuando era presidente de la misma Carlos Mazón. El órgano que debía esclarecer qué pasó doy por finalizada la investigación, con la la aprobación, con los únicos votos del PP, de las conclusiones. Unas conclusiones, a su vez, elaboradas en solitario por el Partido Popular, que gobierna en la Diputación.

"Las conclusiones son que no hay ninguna irregularidad", ha explicado la presidenta de la comisión y vicepresidenta de la Diputación, Ana Serna, a las puertas del Palacio Provincial a la salida de la comisión, a lo que ha añadido que "esta institución lo único que hace es hacer llegar el dinero a los ayuntamientos y estos, desde su autonomía local, que parece que es una expresión que al grupo socialista no le gusta, deciden cómo lo gestionan".

Para la también vicepresidenta provincial, "esa es la única implicación de esta institución con respecto al bono consumo". Serna ha defendido que no hubo "ninguna relación ni con Facpyme ni con ninguna otra empresa".

En la sesión celebrada hoy, los grupos políticos han registrado sus conclusiones, aunque tal y como han explicado los portavoces a la salida, las que finalmente han salido adelante son las que ha presentado la presidenta de la comisión, la popular Ana Serna, que también es vicepresidenta de la Diputación. Ahora, en el próximo pleno, se tendrán que votar y debatir.

Hay que recordar que el presidente de la Cámara de Comercio y de Facpyme -Federación Alicantina de Comercio de la Pequeña y Mediana Emrpesa-, Carlos Baño, fue detenido durante unas horas en relación a la gestión de los bonos consumo, también llamados bonos comercio. Tras quedar en libertad con cargos -por supuestos delitos de fraude de subvenciones y falsedad- fue llamado a declaran en la comisión de investigación de la Diputación de Alicante. Acudió pero se limitó a leer un escrito dado que, según dijo, su abogado le aconsejo que no prestara testimonio.

Por su parte, el diputado socialista Raúl Ruiz ha señalado que "hemos venido aquí a escuchar al Partido Popular defender la actuación tanto del señor Mazón como del señor Carlos Baño a decir que todo está bien, que no hay ningún problema y que todo esto se debe únicamente a casualidades".

"Nosotros no vamos a dejar de exigir que se rindan responsabilidades y que se explique qué sucedió en aquel momento, porque desde luego hay muchísimas dudas que todavía siguen sin esclarecerse y queremos saber qué pasó para dar y para exigir esas responsabilidades", ha explicado Ruiz, sin concretar cuáles serán los siguientes pasos más allá del debate de las conclusiones en el próximo pleno de la Diputación de Alicante.

El portavoz de Compromís, Ximo Perles, ha asegurado que "es cierto que creemos que la Diputación no ha tenido relación con la contratación de Facpyme", aunque ha aclarado que eso "no significa que la contratación que ha tenido Facpyme haya sido correcta", sino que la institución provincial "no ha participado", lo que para el representante de la formación valencianista "es bien distinto". Eso sí, ha vuelto a insistir en que les ha faltado documentación que no se les ha facilitado.

Perles ha incidido en que están investigando las subvenciones de la Cámara de Comercio para organizar Alicante Gastronómica y han pedido un requerimiento formal fuera de la Comisión de Investigación, aunque aún no se les ha contestado, por lo que están valorando acudir a la jurisdicción competente, que es el Tribunal de Cuentas.

Los bonos consumo eran ayudas económicas para municipios concedidas por la Diputación para incentivar el consumo tras la pandemia del Covid.

Retransmisión en directo de la negociación a través de YouTube, comentarios simultáneos en Telegram y ahora votación en línea para decidir sobre la última propuesta de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades a los docentes. Los sindicatos STEPV, CCOO-PV y UGT-PV, miembros de la mesa sectorial junto a CSIF y ANPE, activaron anoche el formulario dirigido a los docentes para recoger sus valoraciones antes de este miércoles a las 20 horas. Es el margen que se dan para evaluar el nuevo documento remitido ayer por la Conselleria al que deben dar respuesta mañana en el encuentro convocado a las 9 horas, de nuevo, en la Conselleria. 

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“Con el señor Mazón no tengo contacto esa tarde porque considero que la situación la maneja la consellera. No hablo con el president cuando hay una situación de emergencias”, ha declarado en el juzgado de Catarroja Susana Camarero, vicepresidenta del Consell citada como testigo en la causa que investiga la posible responsabilidad penal de su excompañera de gobierno Salomé Pradas y al exsecretario autonómico Emilio Argüeso en relación a las 230 muertes que se produjeron el 29 de octubre de 2024 a consecuencia de la riada que arrasó Valencia. 

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Jorge Bellver se ha situado, a su pesar, en el debate político valenciano en un momento especialmente delicado para el PP de Juanfran Pérez Llorca. Su nombre, vinculado durante años a los gobiernos de Rita Barberá en el Ayuntamiento de València, de donde fue concejal de Urbanismo, reaparece ahora en la primera línea informativa no por su trayectoria institucional, sino por su situación procesal en el caso Azud, una de las macrocausas de corrupción urbanística que todavía colea en los tribunales y que afecta tanto a exconsejales del PP como del PSPV.

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Para quienes no conozcan la historia, estos son los ingredientes: un festival de música que desde hace años se celebra en la Ciutat de les Arts i les Ciències de València (Festival de les Arts); una denuncia vecinal por el ruido que genera; una sentencia judicial que obliga a controlar esa molestia, da la razón a los demandantes y condena al Ayuntamiento; una promotora que decidió seguir adelante pese al evidente riesgo de suspensión; una llamativa falta de coordinación entre la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento, ambos gobernados por el PP, para que fuera el otro quien asumiera la responsabilidad; y una cancelación el pasado sábado, en la segunda jornada del evento, que dejó a miles de asistentes indignados, muchos de ellos llegados desde otros puntos de España. El resultado ha sido un golpe para la imagen de la ciudad y la constatación de la escasa sintonía que ha existido entre los equipos de María José Catalá y Juanfran Pérez Llorca. Con una pregunta inevitable que muchos se hacen en València: ¿de verdad no se podía haber evitado?

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La memoria de las ciudades la sostienen los cronistas, que cuentan sus desmanes, anécdotas y logros, y estos días se repasa aquella visita del papa Benedicto XVI a València, de la que a punto están de cumplirse 20 años. La capital del Túria se llenó de mochilas amarillas de los peregrinos que vinieron al V Encuentro Mundial de las Familias, había baños portátiles por doquier y en la Ciudad de las Artes y las Ciencias se celebró un encuentro retransmitido por televisión y presentado por Maribel Vilaplana.

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Sebastián Mora ha ganado 15 medallas entre siete podios en Mundiales y ocho en Europeos de Ciclismo en pista, pero en casa solo tiene dos: «El segundo campeonato de Europa y el primero del mundo». El resto las tiene repartidas por Vila-real, su ciudad, y la provincia de Castellón: una en una clínica de fisioterapia, otra en un bar de almuerzos, otra en una pizzería donde queda para salir en bicicleta con los amigos y otra en un restaurante en Eslida. «Las he dado para que las pueda disfrutar la gente, si las tengo en casa al final solo las disfruto yo y quiero hacer partícipe a quienes me han apoyado tanto», dice.

Ese es el carácter de una de las figuras más exitosas del ciclismo español en una categoría, la de pista, poco reconocida a nivel nacional. «Conocemos mucho el ciclismo pero el de pista no es tan conocido como en Bélgica, Holanda o Inglaterra», admite. A él, la bicicleta le acompañó desde pequeño.

«Al final uno empieza por juego, en la provincia de Castellón y en Vila-real es fácil y siempre me ha gustado desplazarme en bicicleta». Un ambiente ciclista que «se vive» especialmente en la provincia de Castellón, tierra de montañas y paisajes idóneos para el deporte y donde vive y entrena cada día para seguir mejorando.

Una costumbre que le viene de familia. «Mi padre fue ciclista máster y siempre se ha visto mucho ciclismo en casa. Esa retina de pequeño te va ilusionando: mis ídolos no son Induráin, o Perico, sino mi padre y el grupo de amigos con el que salía a rodar a las ocho de la noche después de trabajar. Eso me marcó», afirma.

Sebastián Mora dice que empezó tarde. «Con 11 años», ríe, asegurando que esa edad es tarde pues los grandes referentes compiten desde bien pequeños. «Ya estaba en las últimas categorías de escuelas en el club ciclista de Vila-real».

El paso definitivo para convertirse en profesional tardaría una década. «En mi último año compitiendo en sub23, me llamaron del Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Mallorca y fue un gran cambio», admite.

En 2012, participó en sus primeros Juegos Olímpicos de verano en Londres 2012, donde consiguieron el récord nacional en la prueba por equipos y terminaron sextos, con diploma olímpico.

A finales de 2015 consiguió sus dos primeros títulos europeos en el campeonato celebrado en Grenchen, Suiza en las modalidades de «scratch» y «madison». Un año más tarde, se hizo con su primer oro en el Mundial de Ciclismo en pista de 2016 en Londres, en la categoría de «scratch», a lo que unió un bronce en «madison». «En 2010 en San Petersburgo ya había conseguido un Mundial Junior». Pese a todo, explica que hasta que hasta que una estructura «no creen en ti», no empezó a tomarse en serio el deporte.

Un apoyo que le viene desde hace años a través del proyecto FER impulsado por la Fundación Trinidad Alfonso de Juan Roig y Hortensia Herrero. «El proyecto FER además de ser una familia que te ayuda con cualquier cosa, te da renombre, todo deportista valenciano quiere estar dentro», afirma el ciclista, que ha visto cómo ha ido creciendo un proyecto que apoya a deportistas de toda la Comunidad en sus sueños olímpicos.

A sus 38 años, Sebastián Mora sabe que el final se acerca, de ahí que se haya apuntado a estudiar en la universidad para formarse para el futuro, pero aún así no aparca la bicicleta: «Hay que poner una fecha límite, la gente por detrás aprieta, pero estoy aquí para apoyar a las nuevas generaciones», afirma. Mientras, sigue rodando sin la retirada fijada.

El sueño de repetir Juegos Olímpicos

A pesar de sus 15 medallas en campeonatos europeos y mundiales, a Sebastián Mora se le ilumina la mirada cuando habla de los Juegos Olímpicos. «Son palabras mayores», admite. Recuerda su debut en Londres 2012 como «algo impresionante», y tras conseguir un sexto puesto en la prueba por equipos, en Tokio 2020 debutó en la prueba de «madison» con su compañero Albert Torres, donde repitió sexto puesto, otro diploma olímpico. En París 2024, con el mismo compañero, quedaron octavos, consiguiendo su tercer diploma. Ahora sueña con llegar a Los Ángeles 2028. «Sería excepcional poder estar. Si voy no voy a ir a pasear, sino a lograr lo máximo». Una medalla olímpica sería un sueño para cerrar una carrera irrepetible.

En la mayoría de lineales de supermercado verás marcas de arroz con símbolos valencianos. Una barraca típica de L'Albufera, una paella valenciana (si aciertan a dibujarla como toca), o incluso imágenes de falleras con sus peinetas. Todo eso hace pensar al consumidor que está consumiendo un arroz 100% valenciano, pero la realidad se aleja mucho de ello.

Las asociaciones agrarias valencianas llevan denunciando durante años que no hay una normativa europea clara que permita identificar si un arroz es valenciano, ya que la obligación es de solo poner el lugar de envasado y las grandes corporaciones traen arroces desde terceros países y lo pasan en molinos en Valencia, dándoles la imagen de ser valencianos.

Este miércoles, el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha visitado una parcela de arroz en Muntanyeta del Sants en Sueca en pleno inicio de la siembra del arroz, que se recoge entre septiembre y octubre. Hasta allí ha ido invitado por la organización agraria La Unió Llauradora i Ramadera, y acompañado por el eurodiputado de Compromís, Vicent Marzà, y la portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Valencia, Papi Robles.

El secretario general de La Unió, Carles Peris, ha dicho que "nuestro trabajo es que el consumidor pueda identificar de forma clara el arroz que consume, necesitamos transparencia para que en los envases aparezca el origen y no solo como ahora el lugar de envasado". Peris ha reivindicado que "es clave para el productor pero también para el consumidor para que pueda optar a comprar lo que quiera".

Peris dice que el agricultor "queda totalmente desprotegido frente a las grandes corporaciones", algo en lo que coincide hablando con LA RAZÓN José Pascual, responsable de la sectorial de arroz de Ava-Asaja, quien ha afirmado que apoyan la reivindicación de hoy de la organización compañera.

El agricultor e influencer agrario Nando Durá, miembro de La Unió, denunció en redes sociales el pasado 1 de junio la entrada de 17.000 kilos de arroz a Valencia desde Argentina por parte de la empresa Herba Ricemills, dueña de marcas como La Fallera, SOS, Brillante o La Cigala.

Desde el Gobierno afirman que "la Comunitat Valenciana, de hecho, es la única autonomía de todo el Estado que no realiza el control oficial de la información alimentaria", indica el Ministerio.

Bustinduy ha instado a la Generalitat valenciana ha reforzar los controles de inspección, tarea que sí es competencia autonómica, no como el etiquetado que es europeo, para que "persiga" el posible engaño a los consumidores sobre el origen del arroz valenciano.

Pérez Llorca ha defendido la actuación de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA), dependiente de la administración autonómica, respecto a la cancelación de la segunda jornada del Festival de Les Arts el pasado sábado. “Había unas reglas que había que cumplir y, si no se cumplían las reglas, había que atender a los requerimientos que haga la administración pública” ha defendido el president.

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El valenciano es ese puente que ayer se tenía que cruzar y se prefirió pasar por él sin hacer mucho ruido. La negociación que la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades y los sindicatos mantienen desde el pasado 14 de mayo, con sus más y sus menos, ha ido incorporando mejoras, cambios y concesiones en todos los ámbitos, menos en lo referente a la lengua propia. Y el Consell recordó, a través de su conseller portavoz, Miguel Barrachina, que la ley les ampara. 

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El hombre de 29 años al que un juzgado de Torrevieja (Alicante) condenó a cinco años de expulsión por haber matado a golpes al gato de su expareja en plena calle será deportado a su país de origen, Colombia, en las próximas horas, según ha informado este martes la Policía Nacional.

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La Mesa de las Corts Valencianes no llevará finalmente a la Fiscalía la protesta de tres docentes en el pleno del pasado 21 de mayo. El órgano de gobierno del Hemiciclo valenciano sí que prohibirá sine die a las tres profesoras que protestaron durante la sesión de control al president su entrada al Parlamento. Además, la Mesa, con mayoría del PP, avisa a Compromís de que debe “instruir expresamente” a sus invitados que no pueden, como indica el reglamento, hacer manifestaciones durante la celebración de las sesiones. En caso de repetirse una situación similar, advierte la Mesa, a la coalición le sería retirado el derecho de invitar a nadie más hasta el final de la legislatura.

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La huelga de profesores de la Comunidad Valenciana, sobre la que al cierre de esta edición seguía abierta la negociación, debe observarse como un síntoma más de los muchos que se han detectado en España en los últimos tiempos ante el deterioro paulatino de los servicios públicos. Nos referimos no solo a la Educación, sino también a la Sanidad y a los Servicios Sociales. El sector público carga con el mayor peso de la integración de los inmigrantes en el sistema educativo, absorbe los tratamientos más costosos para las enfermedades graves o crónicas, financia la Dependencia para decenas de miles de familias y paga las pensiones de los jubilados, entre otros. Pero lo cierto es que, y no solo en Valencia, se está construyendo un relato inquietante sobre la insostenibilidad de gran parte de estos servicios al tiempo que se adoptan decisiones que favorecen que muchos ciudadanos destinen parte de sus ingresos a costearse prestaciones privadas.

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La Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio ha anunciado la resolución de su convocatoria de ayudas para 2026, destinando un total de 14.857.710 euros a revitalizar los sectores del comercio, la artesanía y el consumo en la Comunitat Valenciana. Este estratégico paquete presupuestario se dividirá en 17 líneas de subvención diferentes y estará dirigido a pymes, personas físicas, entidades locales y agrupaciones de consumidores con el objetivo de fortalecer el tejido comercial de proximidad y la excelencia artesanal e industrial de la región.

La titular del departamento, Marián Cano, ha destacado que esta nueva edición de ayudas busca ir más allá de la mera resistencia económica para lograr que los negocios puedan competir con plenas garantías frente a las nuevas realidades del mercado. En este sentido, la consellera ha defendido que el comercio local y la artesanía constituyen no solo motores económicos fundamentales, sino el "verdadero corazón social de nuestros municipios", motivo por el cual resulta imperativo impulsar un salto cualitativo en la experiencia de compra de los clientes.

Para lograr esta excelencia, la estrategia autonómica pone el foco en la transformación digital y la resiliencia, buscando un equilibrio perfecto entre las nuevas herramientas tecnológicas, la venta online y el valor insustituible que aporta la atención presencial y el producto autóctono. De manera paralela, se apuesta por una gobernanza moderna que garantice un entorno comercial seguro y omnicanal, donde las asociaciones cuenten con recursos para mantener a los usuarios plenamente protegidos y formados.

Entre las líneas de financiación más cuantiosas de la resolución destaca el programa CREA COMERÇ, dotado con más de 5,3 millones de euros para inversiones en equipamiento, software y creación de plataformas web de comercio electrónico. Asimismo, se han reservado 2,6 millones de euros para infraestructuras comerciales y mercados municipales, más de 2,2 millones para acciones de promoción local y bonos de comercio, y diversas partidas específicas destinadas a la protección, modernización de talleres y especialización de las pymes artesanas.

El proceso para acceder a estos fondos se regirá por el sistema de concurrencia competitiva, por lo que las solicitudes serán evaluadas mediante los criterios técnicos ya publicados en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Aquellos interesados en concurrir a la convocatoria podrán presentar su documentación oficial desde este martes 9 de junio hasta el próximo 25 de junio.

Con el firme propósito de agilizar la carga administrativa y recortar los tiempos de espera en las resoluciones de los expedientes, toda la tramitación se realizará de manera exclusivamente telemática a través de la sede electrónica de la Generalitat. Cabe destacar que esta batería de ayudas ordinarias para el ejercicio 2026 se complementará con los fondos extraordinarios de contingencia y los planes específicos de reactivación industrial que la Administración autonómica mantiene actualmente activos.