El sistema fiscal español es progresivo. Es decir, está diseñado para que los que más ganan sean también los que más impuestos pagan. Sin embargo, esa progresividad se rompe cuando a los más acaudalados les toca pasar por caja.
Según Fedea, la élite económica del país destina un 25,6% de lo que ingresa y de lo que gasta a pagar impuestos. Un porcentaje (tipo medio efectivo) que es incluso menor que el 26,2% de los contribuyentes más humildes y que está por debajo de la media del país.
Las diferencias se explican por las diferentes formas de ganar dinero que tienen unos y otros. Mientras que la mayoría de la gente vive de su trabajo, los más ricos obtienen una parte importante de sus rentas del capital. Es decir, de dividendos, ingresos por alquileres, venta de acciones o los beneficios de las empresas en las que participan.
La fiscalidad de estas rentas es más baja que la del trabajo, lo que explica que ese porcentaje que pagan de impuestos sea también más reducido. Además, los sueldos más elevados tienen una parte exenta de cotización a la Seguridad Social, cosa que no sucede con la inmensa mayoría de las retribuciones.
Sin embargo, el balance de lo que después reciben en forma de servicios o de prestaciones es muy diferente. Los hogares humildes obtienen mucho más de lo que aportan en impuestos, mientras que el balance de los más ricos es justo el contrario.
La Información Económica lanza este nuevo episodio de 'Economía Indiscreta', una serie de contenidos audiovisuales de carácter divulgativo con la que buscamos contribuir al debate público-económico. En el anterior, publicado hace justo una semana, nos preguntábamos si las recompras de acciones son realmente beneficiosas para el pequeño inversor.
La presidenta del Tribunal de Cuentas (TCU), Enriqueta Chicano, ha anunciado este martes que el organismo fiscalizador está debatiendo elaborar un estudio "jurídico-técnico" sobre las consecuencias de la sucesión de prórrogas presupuestarias en la gestión de las cuentas públicas. Así lo ha trasladado Chicano durante su comparecencia en comisión parlamentaria, donde ha desgranado los resultados de su informe sobre la Cuenta General del Estado de 2024.
Un documento que ha despertado cierta polémica al hacerse eco de que Hacienda recurrió temporalmente a créditos sobrantes en el capítulo presupuestario de los fondos europeos para pagar pensiones. Algo que la presidenta ha descartado que sea equivalente a financiar las pensiones con dinero europeo del plan de recuperación, como ya ha aclarado la propia Comisión Europea.
Respecto a las prórrogas presupuestarias, la presidenta del TCU ha descartado pronunciarse sobre la constitucionalidad o no de la prolongación de las cuentas públicas de 2023, que todavía siguen vigentes pese a que se aprobaron en la legislatura anterior. Chicano se ha escudado en que el Tribunal Constitucional ya se va a pronunciar sobre esta cuestión después de haber admitido a trámite una demanda promovida por la mayoría del PP en el Senado.
No obstante, ha afirmado a renglón seguido, que están estudiando "si se hace una nota o un informe" para entrar en los efectos que las prórrogas pueden tener en el uso de los recursos públicos. Esta cuestión ha quedado fuera de las conclusiones del informe sobre la Cuenta General del Estado, aunque hasta seis consejeros del TCU han lamentado que no se haya ahondado en el asunto (de los cuales, solo uno votó en contra del dictamen).
Pensiones y fondos europeos
La otra cuestión que ha sobrevolado toda la comparecencia de Chicano ha sido la de las pensiones y los fondos europeos. Sobre este aspecto, la presidenta del TCU ha sido tajante. "El Tribunal no ha afirmado en la declaración, ni en el auto resumen, ni en la nota de prensa que se pagaran pensiones con fondos europeos", ha defendido.
En concreto, el informe del TCU señalaba que el Gobierno había autorizado dos modificaciones presupuestarias por valor de 2.389 millones para pagar pensiones de Clases Pasivas y complementos de pensiones mínimas. Esas modificaciones afectaban al "servicio 50", el capítulo de los Presupuestos Generales de 2023 donde se incluyen los fondos europeos de recuperación.
El Tribunal de Cuentas sostiene que los fundamentos jurídicos de esa decisión tenían que haber quedado mejor justificados, porque esta afectaba a la gestión de los fondos europeos, que tiene su normativa propia. Sin embargo, incluye esta apreciación en el apartado de incidencias "que no afectan a la opinión sobre la Cuenta General del Estado". Y no en el salvedades, que son los elementos que el TCU remite al Parlamento para que inste al Gobierno a subsanar.
En un primer borrador del informe, esta cuestión sí que se había incluido en el apartado de salvedades, pero el Ministerio de Hacienda presentó alegaciones que fueron atendidas y se movió de categoría. Seis consejeros del TCU se opusieron a esa modificación, aunque solo uno votó en contra del informe final. En concreto, cuatro de ellos emitieron un voto concurrente en el que señalaban que las dos modificaciones presupuestarias "carecieron de fundamento normativo".
Chicano ha puntualizado que la declaración del TCU se limitaba a señalar que los fundamentos jurídicos "deberían haber mejor justificados". "Nadie puede concluir que el dinero del mecanismo de recuperación se haya utilizado para pagar pensiones, porque el dinero solamente se percibe una vez acreditado el cumplimiento del hito o del objetivo", ha argumentado. "De acuerdo con las normas de Eurostat, solamente se considera como un ingreso cuando se acomete el gasto que lo libera", ha añadido.
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La gran mayoría de las empresas españolas no dispone de planes de pensiones para sus trabajadores. Según una encuesta elaborada por KPMG, solo una de cada cinco compañías ofrece este beneficio a sus empleados. Una proporción que la firma de consultoría y servicios legales considera reducido, en un contexto en el que ven cada vez más "necesario" ahorrar para la jubilación por las dudas sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones.
Así lo refleja KPMG en la novena edición de su informe Situación de las pensiones en España, un documento en el que los analistas de la firma dibujan una radiografía sobre el estado de situación en el sistema público y en las fórmulas de ahorro complementarias.
Las conclusiones a las que llega la multinacional son llamativas. Respecto a la situación de las pensiones públicas, arguyen que aunque en la actualidad "ofrece una elevada tasa de sustitución" (es decir, que la primera pensión que se cobra cubre una parte elevada del salario que se pierde), "su viabilidad futura está estructuralmente comprometida".
Respecto a la reforma de las pensiones que acometió el Gobierno entre 2021 y 2023, apuntan a que, si bien contribuyó a reforzar los ingresos, las medidas no han sido suficientes para compensar el incremento del gasto que ha provocado la revalorización con el IPC, el aumento de la esperanza de vida y el retiro de generaciones con mejores pensiones. De hecho, aventuran que el sistema "seguirá requiriendo ajustes adicionales, previsiblemente tanto por la vía de ingresos como de parámetros de prestación".
En este contexto, sostienen que "la previsión social empresarial deja de ser una opción y se consolida como una necesidad estructural". Esta "previsión social empresarial" son, esencialmente, los planes de pensiones colectivos que constituyen el llamado segundo pilar del sistema.
Los datos que maneja KPMG apuntan a que el ahorro acumulado en estas fórmulas es "todavía insuficiente". Además, la firma estima que la aportación que hacen las empresas es modesta. "Ese esfuerzo resulta limitado para compensar la pérdida esperada de ingresos en la jubilación, especialmente en colectivos con bases de cotización máximas o carreras profesionales largas", señalan.
En esa misma línea, la adopción de este segundo pilar del sistema de pensiones es notablemente más baja en España que en el resto de Europa. Solo el 15% de los trabajadores se benefician de este esquema de protección social, en comparación con un 28% de media en el conjunto de la UE. De tal forma que "una parte importante de la población activa en España depende principalmente de las pensiones públicas y de su ahorro individual para su jubilación".
Falta de incentivos y dudas económicas sobre el futuro
Respecto a los motivos por los que pinchan los planes de pensiones empresariales, el más señalado es la falta de incentivos. Según el sondeo de KPMG, la mitad de los directivos entrevistados considera que sería necesario mejorarlos para fomentar el ahorro privado empresarial. A ello, se añaden las dudas de muchas empresas por el compromiso financiero a largo plazo que suponen estos planes, que a menudo ven difíciles de mantener en el futuro.
Otro factor clave es la tradicional falta de interés por complementar el ahorro para la jubilación. Durante décadas, el sistema público de pensiones se ha visto como una fórmula suficiente para afrontar la jubilación. "Tenemos una herencia del pasado que ha hecho que no veamos esto como una necesidad y que cueste entrar", resume Álvaro Granado, responsable del Área Fiscal de Pensiones de KPMG Abogados.
Sin embargo, Granado opina que esta tendencia está cambiando por las dudas crecientes sobre la sostenibilidad del sistema. En este sentido, el informe apunta a que la mitad de los trabajadores en España están "sumamente" o "notablemente" preocupados por su jubilación, mientras que al resto les preocupa "un poco" o "nada".
El análisis que hace KPMG sobre este ahorro en planes empresariales de pensiones sugiere que el sector financiero, donde el 62% de las empresas disponen de este instrumento de ahorro, el energético (43,3%) y el químico y farmacéutico (36,7%) son los más preparados en este aspecto. Se espera que la construcción, que desplegará por completo su plan de pensiones sectorial a partir de este año, dispare sus beneficiarios en los próximos años.
Hace un tiempo que se habla con preocupación de que en las casas se cocina cada vez menos. El tema lleva ahí el tiempo suficiente como para haberse convertido en una de esas conversaciones recurrentes que aparecen, aquí y allá, cuando uno menos se las espera. El punto de inflexión, sin embargo, llegó cuando un conocido empresario de supermercados afirmó hace unos meses que, según sus previsiones, en 2050 no se cocinará en las casas españolas. A partir de aquí las críticas se desataron y el discurso pasó de aquel genérico “cada vez se cocina menos” al reproche concreto de que esta persona y su empresa no quieren que cocinemos.
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A Brigada de Investigação Criminal de Vila Real de Santo António da PSP deteve um homem suspeito da prática do crime de violência doméstica contra a sua ex-companheira.
A Autoridade Marítima Nacional, através dos tripulantes da Estação Salva-vidas de Sagres e dos elementos do Projeto “SeaWatch”, resgatou uma praticante de stand up paddle.
A Polícia Judiciária de Portimão deteve um homem, com 39 anos, suspeito dos crimes de homicídio qualificado e detenção de arma proibida, ocorridos na tarde do dia 25 de maio, junto a uma ruína em obras no centro da cidade de Silves.
Esta quarta-feira, 10 de junho, vai ter lugar, no concelho de Portimão, um concerto comemorativo do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portugueses.
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