El juez que investiga el 'caso Leire' ha acordado este lunes citar a testificar el 10 de julio ante la Audiencia Nacional a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, así como a otra veintena de testigos que habían sido propuestos por el Ministerio Fiscal. Además, el magistrado Santiago Pedraz ha requerido a la Fiscalía General del Estado (FGE) que informe sobre las reuniones mantenidas en su sede con la exmilitante socialista Leire Díez, su socio Javier Pérez Dolset y los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver entre abril de 2024 y junio de 2025.

En el escrito, al que ha tenido acceso El Independiente, el juez Pedraz ha acordado una batería de diligencias para avanzar en su investigación de la presunta trama liderada por la supuesta fontanera del PSOE para "desestabilizar" las causas judiciales y actuaciones policiales que afectasen al entorno del Gobierno y del partido.

Entre ellas, también se encuentra un requerimiento para que la UCO acuda al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, dirigido por Félix Bolaños. Concretamente, el magistrado ha solicitado a la Subdirección General de Nacionalidad que informe sobre el estado actual de la solicitud de nacionalidad del exviceministro chavista Nervis Villalobos, así como que identifiquen a los funcionarios encargados de tramitarla. Los agentes tramitarán in situ el registro y acceso a la plataforma.

Según la investigación judicial, Díez y Oliver —letrado de Villalobos e investigado en la causa—, habrían desplegado distintas gestiones destinadas a desbloquear la situación administrativa y financiera de este ciudadano venezolano en España. A petición del abogado, Leire habría intentado utilizar sus contactos para acelerar el expediente de nacionalidad española del exviceministro y facilitarle la apertura o recuperación de sus cuentas bancarias.

Imputada la abogada de Koldo

Entre estas diligencias también se encuentra la imputación de Leticia de la Hoz, abogada del exasesor ministerial Koldo García. Deberá declarar como investigada el 14 de julio a las 10.00 horas. Según los documentos incorporados al sumario —a los que tuvo acceso El Independiente—, los investigadores la sitúan como la persona que habría ofrecido 50.000 euros a la empresaria Carmen Pano para que cambiase su testimonio ante el juez del Tribunal Supremo, que investigaba entonces el 'caso Koldo'.

La supuesta oferta a Pano se habría realizado una semana antes de su declaración en el Supremo durante una reunión en el despacho de De la Hoz junto a su socio Ángel Fernández, según la declaración de la propia empresaria ante la Guardia Civil. Pano afirma que ambos le propusieron que, en lugar de sostener que había entregado dinero en metálico en la sede del PSOE en Ferraz, debía afirmar que se trató de documentación y atribuir al comisionista Víctor de Aldama la responsabilidad de recibir el efectivo procedente de la trama de hidrocarburos. "Era para salvar el culo a Ábalos [exministro de Transportes] y Koldo", afirma Pano que le dijo la abogada durante aquella conversación.

A cambio, se le habrían ofrecido 2.500 euros mensuales para el pago de su vivienda durante siete años, 25.000 euros para la boda de su hija y otros 15.000 euros para la compra de un vehículo para su acompañante en la entrega de dinero, Álvaro Gallego. La testigo rechazó la propuesta tras consultarlo con su abogado Javier Gómez Bermúdez.

Fechas de las declaraciones

El día 26 de junio será el primer día de declaraciones. En esta jornada, el juez escuchará desde las 10.00 a tres agentes de la Guardia Civil, así como al general jefe del Estado Mayor, Teodoro Esteban López Calderán.

Unos días más tarde, el 29 de junio, se sentarán ante el magistrado Carmen Pano, Álvaro Gallego, Miriam Serrano —la joven que denunció al fiscal José Grinda—, y Juan Manuel Villar Funes, pareja de esta última.

Ya en julio prestarán declaración la periodista Patricia Espinar, el excomandante de la Guardia Civil Rubén Villalba y el que fuera escolta entre 2003 y 2011 en Navarra y País Vasco, Francisco Ortega (7 de julio); el abogado del excomisario Villarejo, Antonio José García Cabrera, y el empresario sevillano Joaquín Parra Páez (8 de julio); el confidente de la Guardia Civil, José Luis Caramés, y los empresarios Antonio Rodríguez Estepa y Claudio Rivas (9 de julio).

El día 10 de ese mismo mes, el juez oirá al abogado José Norberto Uzal, a Cristina Narbona y al policía Rafael Salvador. Tres días más tarde, el 13, se sentarán ante la Audiencia el abogado Aníbal Álvarez —ex abogado de exministro José Luis Ábalos— y el periodista Daniel Mateo.

El Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid ha acordado abrir diligencias por el rescate de la compañía Air Europa e investigar al vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Bartolomé Lora, por un presunto delito de prevaricación administrativa. En un escrito al que ha tenido acceso El Independiente, el órgano ha admitido a trámite la querella presentada por el Partido Popular, y Vox, y ha citado a declarar a Lora el próximo 3 de julio, a las 9.30 horas.

El magistrado titular, José María Escribano, considera que hay indicios suficientes como para iniciar una investigación judicial. En concreto, la querella atribuye a este alto cargo de la SEPI una posible responsabilidad en la gestión del expediente del rescate público concedido a la aerolínea en 2020.

En su auto, el instructor acuerda una batería de diligencias de investigación dirigidas a la SEPI y al Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), con el objetivo de reconstruir el proceso de toma de decisiones sobre la operación. Entre la documentación requerida figuran el expediente íntegro del rescate de Air Europa, actas, borradores y anexos de las reuniones del Consejo Gestor y listados de asistentes.

Asimismo, el magistrado ha requerido al Consejo Gestor que identifique a su secretario, vocales, técnicos instructores y asesores jurídicos implicados en el procedimiento. Todo ello a fin de ser citados "en la forma que corresponda" una vez el instructor haya tomado declaración a Lora.

Cuando la Audiencia Nacional abrió diligencias en diciembre contra la exmilitante socialista Leire Díez, el empresario Antxon Alonso y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, el foco estaba puesto en un grupo llamado Hirurok —"nosotros tres", en euskera— y cinco operaciones del ente público en las que habrían influido para su beneficio propio. Seis meses después, la causa es otra cosa. El juez instructor, Santiago Pedraz, investiga ahora una supuesta trama que habría operado desde el entorno del PSOE para "desestabilizar" casos sensibles para el partido. Y ha dado un paso más al pedir al juez de Madrid que investigaba inicialmente estas maniobras que le remita su parte para unificar la causa.

La investigación en la Audiencia Nacional nació a partir de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de noviembre de 2025 en el que se analizaban pagos y movimientos societarios vinculados a las mercantiles Mediaciones Martínez y Servinabar 2000. En ese documento se identificaba al grupo Hirurok, integrado por Díez, Fernández y Alonso, administrador de la segunda empresa.

En esa primera fase, se investigaban en las posibles en la gestión de fondos públicos y su conexión con expedientes de la SEPI. En concreto, se analizaban cinco operaciones vinculadas a organismos públicos y empresas participadas por el Estado en las que Díez, Fernández y Alonso habrían intervenido aprovechando sus contactos. Entre ellas, el rescate de Tubos Reunidos, aprobado por la SEPI durante la pandemia por un importe de 112,8 millones de euros. Precisamente, la UCO registró la sede de esta compañía la semana pasada.

El salto a Santos Cerdán

A partir de ahí, el avance del sumario y las diligencias practicadas entre diciembre de 2025 y comienzos de 2026 fueron ampliando el perímetro inicial de la causa. Según consta en un atestado posterior de la propia UCO, al que ha tenido acceso El Independiente, en esas actuaciones se detectó ya una posible extensión tanto del objeto de la investigación como de las personas implicadas. Entre ellos, el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, tal y como explica el juez Pedraz en el auto del pasado 27 de mayo, cuando la UCO entró en la sede federal del partido en Ferraz.

La investigación pasa entonces de un esquema centrado en la órbita empresarial de la SEPI a un escenario más amplio en el que comienza a aparecer, con mayor intensidad, el nombre de Cerdán, entonces 'número tres' de los socialistas. La UCO le situaba en el entorno de varias reuniones con los investigados, además de vincularle indirectamente con la estructura societaria de Servinabar 2000. Sin embargo, es en el desarrollo posterior de las diligencias cuando los investigadores elevan su papel dentro del entramado descrito.

El punto de inflexión se produce tras la publicación de la Carta a la ciudadanía del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el 24 de abril de 2024, después de que se abrieran diligencias contra su esposa, Begoña Gómez. En uno de los informes de la UCO incorporado al sumario del 'caso Leire' y al que ha tenido acceso este periódico, los agentes sitúan el origen del entramado ese mismo día con una serie de movimientos que culminaron dos días después, el 26 de abril, con una reunión en Ferraz. Para entonces, Leire Díez ya había trasladado a varios interlocutores que Santos Cerdán le había pedido desplazarse "de urgencia" a la capital porque disponían de información que podía resultar útil para "ayudar" al presidente del Gobierno.

A ese encuentro acudieron varias personas del entorno político y no orgánico del partido, entre ellas Leire Díez y Santos Cerdán, con el objetivo —según el atestado policial— de canalizar información y recabar material que pudiera ser utilizado en la defensa del presidente del Gobierno y de su entorno más cercano.  Para el juez Pedraz, esta reunión sería el "punto de inflexión" a partir del que un grupo "liderado por Santos Cerdán y coordinado por Leire Díez" comenzaría a desarrollar sus acciones para desbaratar las causas que afectaran al Partido Socialista.

"La organización desplegó una actividad continuada y estructurada a través de diversas líneas de actuación coordinadas entre sí", precisa Pedraz. "Y la desarrollaron de forma coordinada manteniendo unicidad de acción y dirección, personificada en este caso en la figura de Santos Cerdán". El objetivo era obtener información comprometedora sobre jueces, fiscales y mandos policiales vinculados a causas que afectasen al Gobierno o al PSOE.

La inhibición del juez de Madrid

Esta línea que ahora investiga la Audiencia Nacional no nació, sin embargo, de forma aislada. En paralelo a las primeras diligencias abiertas por los movimientos vinculados a la SEPI, el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid ya venía investigando desde hacía meses las supuestas 'cloacas' de la formación socialista bajo la dirección del magistrado Arturo Zamarriego.

Precisamente, esa coincidencia de objetos de investigación es lo que ha llevado ahora al juez Pedraz a mover ficha y pedir a Zamarriego que se inhiba en favor de la Audiencia Nacional, para evitar así duplicidades y posibles conflictos procesales, según un escrito al que ha tenido acceso este periódico.

La petición se sustenta en el hecho de que ambas piezas investigan una misma dinámica de actuación, con idéntico núcleo de hechos y una intersección relevante de personas investigadas. Así, el juez argumenta el riesgo de que existan resoluciones contradictorias o incluso de que se vulneren garantías básicas del procedimiento —como el principio non bis in idem— para impulsar la unificación de la causa.

La decisión final será determinante para el futuro de la instrucción. Si el juzgado de Madrid acepta la inhibición, toda la investigación quedará concentrada en la Audiencia Nacional, bajo la dirección de Pedraz, que pasará a asumir la totalidad del procedimiento. Mientras tanto, la causa continúa bajo secreto parcial y con nuevas diligencias en curso, en un sumario que ha pasado en apenas seis meses de centrarse en cinco operaciones concretas de la SEPI a convertirse en una investigación de alcance mucho más amplio sobre la posible existencia de una estructura organizada en el entorno político del Gobierno.