Los ocho alumnos de la residencia Galdós, en Madrid, procesados por unas novatadas que se hicieron virales en septiembre de 2023, han sido absueltos del delito contra la integridad moral del que eran acusados. En una grabación que saltó a los medios hace tres años, se veía cómo forzaban a chupar pescado crudo a un grupo de alumnas, a las que obligaban a vestir con el sujetador por fuera y a beber vino a borbotones. La sentencia, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, no considera acreditado que los autores de esas vejaciones sean los acusados. Por este motivo, absuelve a los ocho estudiantes.

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Que la actividad judicial en Madrid es frenética es un hecho refrendado por los datos. Los tribunales de la región acaban cada año con más de un millón de causas pendientes, una saturación judicial estructural en la región madrileña. En este contexto, aquellos que no pueden permitirse contratar a un letrado tienen derecho a la asistencia gratuita y, también en estas solicitudes se han alcanzado cifras récord. En los dos últimos años se ha superado la cifra de las 162.000 designaciones de un profesional; son 3,4 millones en 30 años. Sin embargo, el número de letrados que figuran en el turno de oficio, que es voluntario, ha descendido un 12% en la última década.

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Carolina tenía una profunda fe en Dios. El día de su asesinato envió un largo audio a su pastora para preguntarle qué debía hacer con su situación conyugal. Lo hizo el 4 de noviembre de 2023, después de que su marido Daniel M., del que había solicitado el divorcio, irrumpiera en su casa en Getafe (Madrid) a las cinco de la mañana. “Pastora, estoy nerviosa, no sé qué hacer, estoy muerta de susto. Esta situación ya no es normal. Creo que debería ir a denunciarle, pero sería un problema gordísimo para él”, le dijo Carolina. Las dos mujeres quedaron para ir juntas a denunciar a comisaría. A la una y media de la tarde, cuando Carolina salió de casa, él la siguió durante 12 minutos y la apuñaló con un cuchillo de doble filo.

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La Audiencia Nacional ha condenado a 11 miembros de la banda juvenil Dominican Don’t Play (DDP) por su pertenencia a la organización criminal y a dos de ellos, además, por el delito de falsificación de moneda. Todos ellos pertenecen a la agrupación que la banda tenía en Seseña (Toledo) y que se había visto involucrada en numerosos episodios violentos en Madrid. Entre ellos, un homicidio en febrero del 2022 del que ha resultado absuelto el pandillero acusado, porque el tribunal no ha considerado suficiente la identificación de un testigo. Ha sido la primera vez que una banda juvenil ha sido juzgada en la Audiencia Nacional.

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