El Grupo de Combate de la Armada ha iniciado un ciclo de adiestramiento intensivo durante su tránsito hacia Estados Unidos, donde participará en el Fleetex‑250, un ejercicio multinacional diseñado para medir la capacidad real de una fuerza naval para desplegar, atacar y sostener operaciones complejas junto a marinas aliadas.

La agrupación, formada por el Juan Carlos I, Castilla, Blas de Lezo, Reina Sofía y Patiño, reúne a más de 2.500 militares y constituye la mayor demostración de poder naval español en lo que va de año.

Durante la navegación, la Armada ejecuta un programa de entrenamiento que incluye zafarranchos de combate, calificaciones de vuelo, repostajes en la mar, transferencias de personal y carga, prácticas de tiro, maniobras de hombre al agua, ejercicios de rápel, combate en población y operaciones anfibias con 75 vehículos y 12 embarcaciones.

Todo orientado a un objetivo: llegar al Fleetex‑250 con una fuerza capaz de combatir, resistir y sostenerse en escenarios de alta intensidad.

Una fuerza expedicionaria con medios aéreos, anfibios y de guerra electrónica

El componente aéreo embarcado combina helicópteros SH‑60 Seahawk y H135 Nival de la Armada con HT‑27 Cougar y HA‑28 Tigre del Ejército de Tierra, aportando capacidades de guerra electrónica, inteligencia, vigilancia, control de apoyos de fuego y operaciones especiales.

La Infantería de Marina, embarcada en el Juan Carlos I, desarrolla entrenamientos de combate urbano, inserciones rápidas y operaciones anfibias junto a una sección italiana, reforzando la interoperabilidad OTAN.

La Armada subraya que este despliegue demuestra la capacidad de España para proyectar poder desde el mar, integrar fuerzas de distintos ejércitos y operar como una fuerza conjunta real, preparada para escenarios que combinan amenazas aéreas, navales y terrestres.

España se prepara para uno de los ejercicios más exigentes del Atlántico

El Despliegue Atlántico 26 y su integración en el Fleetex‑250 representan un salto cualitativo en la preparación de la Armada.

El ejercicio pondrá a prueba la capacidad española para mantener operaciones sostenidas, coordinar ataques combinados, ejecutar desembarcos anfibios y operar bajo presión en un entorno dominado por la Marina estadounidense.

La institución naval destaca que la preparación permanente del personal y el apoyo de sus familias son esenciales para cumplir la misión fundamental de las Fuerzas Armadas: la defensa de España y la contribución a la seguridad colectiva de la OTAN.

Este despliegue, afirman, demuestra que la Armada está lista para actuar como una fuerza expedicionaria moderna, capaz de combatir y sostener operaciones en cualquier escenario del Atlántico.

La polémica estalló después de que Marta Fernández, diputada de Vox en las Cortes de Aragón, utilizara su intervención en pleno para minimizar las quejas por el calor extremo en las aulas. La parlamentaria afirmó que “los niños no son de mantequilla” y que ella misma, en su infancia, salía en bicicleta “a 40 grados” sin mayores problemas.

También aseguró que en la última semana del curso “precisamente calor no ha hecho”, alineándose con el discurso del PP, que ha restado importancia a las altas temperaturas en los centros educativos.

Las declaraciones generaron una oleada de críticas desde sectores educativos y políticos, que consideran que Vox trivializa un problema que afecta a miles de alumnos y docentes durante los episodios de calor extremo.

Entre las reacciones más contundentes estuvo la del ministro de Transportes, Óscar Puente, que compartió la noticia en X y añadió un comentario que incendió el debate: “Tienen el alma negra”.

El mensaje de Puente desata un choque político que salta de las Cortes a las redes

La frase del ministro se viralizó en cuestión de minutos y abrió un nuevo frente entre dirigentes de izquierda y representantes de Vox.

Para los críticos de Fernández, sus palabras demuestran una falta de sensibilidad ante un problema real que afecta al rendimiento y la salud de los estudiantes.

Para los defensores de Vox, la reacción de Puente es un ataque desproporcionado y una muestra más del clima de confrontación política.

El debate, que comenzó en un pleno autonómico, terminó convertido en un enfrentamiento nacional amplificado por redes sociales.

Un discurso que reabre la discusión sobre las condiciones en los centros escolares

Las palabras de Fernández llegan en un contexto en el que familias, sindicatos y asociaciones llevan semanas denunciando temperaturas insoportables en aulas sin climatización adecuada.

La diputada, elegida para presidir las Cortes de Aragón tras el pacto PP‑Vox, defendió que las quejas están sobredimensionadas y que las nuevas generaciones “no son más frágiles”.

El choque político vuelve a poner sobre la mesa la falta de medidas estructurales para adaptar los centros educativos a episodios de calor cada vez más frecuentes.

Mientras Vox insiste en que el problema se exagera, otros partidos reclaman inversiones urgentes en climatización y protocolos de seguridad para evitar riesgos en los meses más calurosos.

La intervención de Puente, con su frase “tienen el alma negra”, ha convertido el debate en un nuevo episodio de confrontación nacional, donde la discusión sobre el calor en las aulas se mezcla con la batalla política por el relato.

La condena contra Ione Belarra ha reactivado uno de los choques más tensos entre Podemos y el poder judicial.

La diputada deberá abonar 9.000 euros al juez Manuel García‑Castellón después de que el tribunal de instancia de Madrid concluyera que sus declaraciones en X en 2024, en las que afirmó que el magistrado había “prevaricado” y actuado como un “corrupto”, causaron un daño moral indemnizable.

La resolución, dictada por la plaza 45 de la sección civil, rebaja drásticamente los 350.000 euros que pedía el demandante, pero confirma la intromisión en el derecho al honor.

El fallo obliga además a Belarra a publicar la sentencia en su propio perfil de X, el mismo espacio donde se produjo la vulneración.

El magistrado alegó que la publicación tuvo una enorme repercusión: 685.000 visualizaciones y más de 5.000 “me gusta”, lo que amplificó el impacto reputacional.

En aquel mensaje, Belarra afirmó que se confirmaba que el juez había “prevaricado contra los que defienden otra idea de España” y que “se iban a ir de rositas gracias al PSOE”.

Echenique acusa a la judicatura de “filtrar mafiosamente” la sentencia

La reacción más contundente llegó de Pablo Echenique, que denunció en X que la sentencia se había difundido a los medios antes de ser notificada oficialmente a Belarra.

El dirigente calificó la filtración como “mafiosa” y aseguró que la condena demuestra que se está castigando a la exministra por “ejercer su libertad de expresión en el ámbito político”.

El mensaje de Echenique ha multiplicado la tensión en redes sociales, donde miles de usuarios han reavivado el debate sobre la independencia judicial, los límites de la crítica política y el papel de los tribunales en casos que afectan a dirigentes de Podemos.

Para los simpatizantes del partido, la condena es un intento de silenciar la denuncia política; para sus detractores, es la prueba de que Belarra cruzó los límites legales al acusar a un juez de delitos sin pruebas.

La referencia a una filtración “mafiosa” ha sido interpretada por algunos como un ataque frontal al funcionamiento institucional, mientras otros lo ven como una denuncia política en un contexto de creciente desconfianza hacia el sistema judicial.

La polémica se suma a un clima ya cargado por los casos de corrupción que afectan a distintos ámbitos del PSOE y por la tensión entre los socios parlamentarios del Gobierno.

En este escenario, la defensa cerrada de Echenique a Belarra vuelve a situar a Podemos en el centro del debate sobre los límites de la crítica política y la independencia judicial.

Una condena que llega en un clima político enrarecido

El fallo se produce en un momento especialmente delicado, con el PSOE bajo presión por varios casos de corrupción y con la oposición denunciando un deterioro institucional.

En este contexto, la condena a Belarra y la reacción de Echenique se han convertido en un nuevo episodio de la larga confrontación entre Podemos y el poder judicial, marcada por años de acusaciones de lawfare, resoluciones polémicas y choques mediáticos.

La sentencia subraya que las expresiones de Belarra no se enmarcan en una crítica política legítima, sino en una imputación directa de delitos que “exceden la libertad de expresión” y afectan al honor del magistrado.

La obligación de difundir la resolución en su propio perfil de X añade un componente simbólico: la rectificación debe hacerse en el mismo espacio donde se produjo el daño.

El nuevo Kronos Mini ha irrumpido en la feria internacional de defensa Eurosatory 2026 como una de las plataformas más disruptivas del panorama naval europeo.

La compañía española Arquimea ha mostrado por primera vez este vehículo autónomo híbrido, diseñado para operar tanto en superficie como bajo el agua, una capacidad que multiplica su valor táctico en misiones de vigilancia, reconocimiento y guerra naval.

El sistema destaca por su capacidad para ser lanzado desde tubos lanzatorpedos de 533 mm, una característica extremadamente poco común en plataformas de su tamaño.

Con una eslora aproximada de dos metros, propulsión eléctrica y una estructura compacta, el Kronos Mini puede navegar a 20 nudos, alcanzar 65 millas náuticas de autonomía y transportar 30 kilogramos de carga útil.

Su diseño incorpora una hidroala que optimiza la navegación en superficie y facilita la transición hacia el modo submarino, permitiendo que el vehículo actúe con discreción y desde múltiples niveles del entorno marítimo.

Un dron naval concebido para vigilancia, reconocimiento y guerra antisubmarina

Arquimea ha desarrollado el Kronos Mini como parte de una familia de sistemas autónomos destinados a cubrir un espectro cada vez más amplio de misiones marítimas.

La plataforma está preparada para ejecutar tareas de vigilancia, reconocimiento, protección de infraestructuras críticas, retransmisión de comunicaciones e inteligencia operativa en tiempo real.

Su capacidad para sumergirse y operar bajo el agua lo convierte también en una herramienta eficaz para misiones de guerra antisubmarina, donde la detección y seguimiento de amenazas bajo la superficie es esencial.

Además, la compañía señala que el sistema puede emplearse como munición merodeadora naval, una función que abre la puerta a operaciones ofensivas de precisión desde plataformas discretas y de bajo coste.

El Kronos Mini comparte tecnologías internas con S‑Wise, otro sistema autónomo de Arquimea capaz de actuar como vehículo submarino y de superficie en una misma misión.

Ambos integran sensores avanzados, electrónica de última generación y herramientas basadas en inteligencia artificial, destinadas a mejorar la identificación de objetivos y la capacidad de vigilancia en entornos complejos.

Arquimea amplía su arsenal autónomo y refuerza el papel de España en la guerra naval del futuro

Con estas presentaciones, Arquimea consolida su posición como uno de los actores españoles más activos en el desarrollo de sistemas autónomos para defensa marítima.

La compañía apuesta por un catálogo que combina plataformas aéreas, terrestres y navales, todas ellas orientadas a incrementar la autonomía, la flexibilidad operativa y la capacidad de respuesta de las fuerzas marítimas en escenarios donde la guerra electrónica, los drones y la acción multientorno ya son la norma.

El Kronos Mini representa un salto cualitativo en la integración de vehículos híbridos capaces de operar en dos dominios distintos, una tendencia que está transformando la forma en que las marinas planifican misiones de vigilancia, ataque y protección de infraestructuras críticas.

Su capacidad para ser desplegado desde tubos lanzatorpedos lo convierte en un multiplicador de fuerza para submarinos y buques que buscan ampliar su alcance operativo sin comprometer su discreción.

ARMMO Defense Technologies ha dado un salto estratégico en su corta pero meteórica trayectoria al validar varias de sus capacidades en ejercicios desarrollados en Eslovaquia dentro de la Eastern Flank Deterrence Initiative (EFDI), liderada por NATO LANDCOM.

En escenarios operativos reales, los sistemas AURIS, BANDIT‑X y GULL demostraron su eficacia frente a amenazas aéreas no tripuladas, obteniendo la validación en dos áreas críticas: “Kinetic C‑UAS Defeat System” y “Tactical, Mobile, Networked Aerial Threat Protection”.

La validación supone un respaldo directo al modelo tecnológico de ARMMO y confirma que sus soluciones pueden operar en entornos complejos, integrarse con fuerzas aliadas y responder a los desafíos que ya definen la guerra moderna. “Las nuevas amenazas exigen sistemas más rápidos, más autónomos y más adaptables.

La validación en el Flanco Este demuestra que nuestras tecnologías funcionan donde realmente importa: en condiciones operativas reales”, afirmó Jaime Abrisqueta, CEO de la compañía.

Tecnología española validada por la OTAN en plena revolución de la guerra autónoma

El éxito en Eslovaquia llega en un momento en el que la guerra de drones, la saturación aérea y la amenaza electrónica están redefiniendo la doctrina militar. ARMMO, con apenas un año de vida, ha pasado de presentar sus primeras capacidades en la base de Viator a validar sistemas en ejercicios OTAN, un avance que muy pocas empresas europeas han logrado en tan poco tiempo.

La compañía exhibirá estas capacidades del 15 al 19 de junio en Eurosatory 2026, donde presentará también su nuevo catamarán autónomo, junto a sus soluciones aéreas, terrestres y navales.

La participación coincide con la puesta en marcha de su nueva planta industrial en Extremadura, destinada a convertirse en una de las mayores instalaciones europeas dedicadas al diseño y fabricación de drones y sistemas autónomos.

Un ecosistema industrial propio para liderar la guerra del futuro

ARMMO ha construido un modelo que integra producción industrial, software, electrónica, sensores avanzados y adaptación operativa en un único ecosistema. Fundada por Jaime Abrisqueta y Sandra Tomé, la compañía nace con la ambición de impulsar una nueva generación de industria europea de defensa, más rápida, más flexible y capaz de producir tecnología al ritmo que exigen los conflictos del siglo XXI.

“Europa necesita recuperar capacidad industrial, tecnológica y productiva. La soberanía estratégica no se construye solo con innovación; se construye con fábricas, talento y capacidad para producir tecnología a la velocidad que exigen los nuevos escenarios de seguridad”, subraya Abrisqueta.

Desde Zafra (Extremadura), ARMMO trabaja para consolidar uno de los polos industriales más ambiciosos de Europa en sistemas autónomos, con una vocación internacional clara y un objetivo inequívoco: dominar la guerra del futuro.

La hemeroteca ha vuelto a situar a Gabriel Rufián en el centro del debate político. En plena oleada de informaciones sobre presuntos casos de corrupción vinculados al PSOE, un tuit suyo de 2016 ha reaparecido con fuerza en redes sociales.

En aquel mensaje, el dirigente de ERC proclamaba: “Estas son mis líneas rojas. Si no le gustan, tengo otras”, una frase que entonces pretendía marcar distancia con el Partido Socialista, pero que hoy se interpreta como un ejemplo de contradicción.

El contexto actual ha amplificado el impacto del mensaje. Mientras el PSOE intenta contener el desgaste por los casos que salpican a cargos y estructuras del partido, numerosos usuarios han rescatado el tuit para acusar a Rufián de haber flexibilizado sus exigencias y de mantener ahora una posición mucho más alineada con los socialistas.

La frase, convertida en munición política, se ha viralizado como símbolo de la volatilidad de sus posturas.

Un tuit del pasado que choca con el presente político

La frase de 2016 se ha convertido en un espejo incómodo para el portavoz republicano. En aquel momento, Rufián utilizaba el concepto de “líneas rojas” para marcar un perfil duro frente al PSOE, al que acusaba de falta de compromiso con el derecho a decidir y con las demandas del independentismo.

Hoy, sin embargo, su papel en el Congreso es percibido por muchos como más conciliador, especialmente en un escenario donde el Gobierno necesita apoyos constantes para sostener la legislatura.

La reaparición del tuit ha coincidido con un clima político especialmente tenso. Las informaciones sobre presuntas tramas de corrupción han generado un desgaste evidente en el PSOE, y la oposición ha aprovechado para cuestionar la coherencia de sus socios parlamentarios.

En este contexto, la frase de Rufián ha sido utilizada como ejemplo de cómo las posiciones políticas pueden diluirse cuando la estabilidad del Gobierno depende de pactos frágiles.

La reacción en redes: ironía, reproches y acusaciones de hipocresía

La viralización del mensaje ha provocado una avalancha de comentarios. Muchos usuarios han señalado que las “líneas rojas” de Rufián parecen haber cambiado según la coyuntura política, mientras otros han ironizado con que el propio tuit anticipaba esa flexibilidad.

La frase “si no le gustan, tengo otras” se ha convertido en un lema recurrente para criticar la supuesta incoherencia del dirigente de ERC.

Aunque Rufián no ha respondido directamente a la polémica, su silencio ha alimentado aún más el debate. En un momento en el que el PSOE intenta contener el impacto de los casos de corrupción y reforzar su imagen pública, la hemeroteca ha añadido un elemento más de presión sobre sus aliados parlamentarios.

La hemeroteca ha vuelto a situar a Gabriel Rufián en el centro del debate político. En plena oleada de informaciones sobre presuntos casos de corrupción vinculados al PSOE, un tuit suyo de 2016 ha reaparecido con fuerza en redes sociales.

En aquel mensaje, el dirigente de ERC proclamaba: “Estas son mis líneas rojas. Si no le gustan, tengo otras”, una frase que entonces pretendía marcar distancia con el Partido Socialista, pero que hoy se interpreta como un ejemplo de contradicción.

El contexto actual ha amplificado el impacto del mensaje. Mientras el PSOE intenta contener el desgaste por los casos que salpican a cargos y estructuras del partido, numerosos usuarios han rescatado el tuit para acusar a Rufián de haber flexibilizado sus exigencias y de mantener ahora una posición mucho más alineada con los socialistas.

La frase, convertida en munición política, se ha viralizado como símbolo de la volatilidad de sus posturas.

Un tuit del pasado que choca con el presente político

La frase de 2016 se ha convertido en un espejo incómodo para el portavoz republicano. En aquel momento, Rufián utilizaba el concepto de “líneas rojas” para marcar un perfil duro frente al PSOE, al que acusaba de falta de compromiso con el derecho a decidir y con las demandas del independentismo.

Hoy, sin embargo, su papel en el Congreso es percibido por muchos como más conciliador, especialmente en un escenario donde el Gobierno necesita apoyos constantes para sostener la legislatura.

La reaparición del tuit ha coincidido con un clima político especialmente tenso. Las informaciones sobre presuntas tramas de corrupción han generado un desgaste evidente en el PSOE, y la oposición ha aprovechado para cuestionar la coherencia de sus socios parlamentarios.

En este contexto, la frase de Rufián ha sido utilizada como ejemplo de cómo las posiciones políticas pueden diluirse cuando la estabilidad del Gobierno depende de pactos frágiles.

La reacción en redes: ironía, reproches y acusaciones de hipocresía

La viralización del mensaje ha provocado una avalancha de comentarios. Muchos usuarios han señalado que las “líneas rojas” de Rufián parecen haber cambiado según la coyuntura política, mientras otros han ironizado con que el propio tuit anticipaba esa flexibilidad.

La frase “si no le gustan, tengo otras” se ha convertido en un lema recurrente para criticar la supuesta incoherencia del dirigente de ERC.

Aunque Rufián no ha respondido directamente a la polémica, su silencio ha alimentado aún más el debate. En un momento en el que el PSOE intenta contener el impacto de los casos de corrupción y reforzar su imagen pública, la hemeroteca ha añadido un elemento más de presión sobre sus aliados parlamentarios.

El PP y Podemos comparten una cosa. No muchas, pero una sí. Los dos partidos, irreconciliables en sus posturas cotidianas, han coincidido esta semana a la hora de identificar el repentino vaticanismo del Gobierno de Pedro Sánchez. Uno no pasa de pedir un funeral laico para las víctimas de la Dana a ponerse de rodillas para recibir una hostia consagrada de las manos del mismísimo Papa así, como quien no quiere la cosa. Ni siquiera la devoción del converso es tan atrevida.

Todo esto sucede por otros motivos, menos divinos, más mundanos: el espectáculo de la fe hace méritos para dejar en un segundo plano el espectáculo de la corrupción. Eso vino a sugerir Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, cuando dijo "no sé si es más patético o penoso, utilizar al Papa de escudo para la corrupción". Y eso mismo apuntan en Podemos cuando aseguran, en privado, que "la visita tenía otros motivos, habría que ver cómo reaccionaría el PSOE si es una presidencia del PP la que invita al Papa a hablar en las Cortes".

Es cierto que las aventuras de León XIV por España han dado un respiro mediático al Gobierno. Basta con sintonizar cualquier telediario y ver que las imágenes de la UCO o de Leire Díez entrando en Ferraz aparecen después de las del Santo Padre bendiciendo la Sagrada Familia, escuchando la música de Siloé en el Olímpic -por segunda vez consecutiva, por si se le escaparon algunos matices en la actuación que le brindaron en el Bernabéu- o haciendo el gesto del "six-seven". Como ironiza el periodista Javier Corbacho, "para lo que ha quedado el Papa: en las Cruzadas reconquistaba Jerusalén y ahora hace retos virales de TikTok".

Incluso este periódico, poco sospechoso de sanchista, dedica sus primeras páginas a León XIV antes de zambullirse en las informaciones sobre cloacas. Es lógico, el viaje del Pontífice tiene algo de histórico mientras que la corrupción en el PSOE ya suena a rutina.

Sin embargo, el ejercicio de distracción no ha sido tan efectivo como al Gobierno le hubiera gustado. Este miércoles, en la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso, el grueso de las conversaciones giraban en torno a las malas prácticas de unos y otros, miembros del Ejecutivo y del partido que lo ocupa. Andaban los cargos intermedios, los asesores y los directores de comunicación, correteando de un lado para otro minimizando las cosas. Que si "no negamos que P.S. sea Pedro Sánchez, pero las anotaciones no responden a hechos delictivos", que si "Mercedes González no informó a Fernando Grande-Marlaska de su reunión con Leire porque vosotros tampoco avisáis a vuestros jefes de todos aquellos con los que os tomáis cafés", que si "las reuniones con la Fiscalía no significan nada en sí"...

Era como si a todo el mundo se le hubiera olvidado ya que dos días antes León XIV había pisado esa misma moqueta para protagonizar un acontecimiento histórico. Su visita ha servido para distraer momentáneamente, sólo eso. Ahora él se va, hoy regresa al Vaticano, pero la corrupción se queda. Y no sólo la corrupción, sino también los estragos que todo esto está haciendo para la propia identidad de la izquierda. Al menos para la que representa el PSOE.

Además, el asunto va para largo. Primero, porque las prácticas cloaqueras que se están destapando estos días suponen un golpe casi existencial para ellos. La izquierda en general está convencida de una especie de superioridad en estos asuntos ("la izquierda somos otra cosa", dijo Gabriel Rufián hace un par de semanas) y ahora algunos en el PSOE deslizan que les toca reconocer que no, que su partido puede ser tan sucio como aquellos oponentes a los que acusan de serlo. Es mirarse al espejo y no saber si lo peor del PSOE es como lo peor del PP y eso, para los votantes y los cuadros, es muy complicado de digerir.

Segundo, porque ya no le quedan referentes. El lunes, sólo había expresidentes del Gobierno del PP en la tribuna de autoridades. Los socialistas ya no reconocen a Felipe González como suyo, como si fuera el padre de una familia disfuncional, y José Luis Rodríguez Zapatero, el faro, ha caído. Así, uno no puede evitar pensar en el loco de Nietzsche corriendo por la plaza pública, a plena luz del día y con una linterna, gritando aterrado porque hemos matado a Dios.

El PSOE tardará unos cuantos años en recuperarse de un par de golpes de este calado.

La relación entre Junts y José Luis Rodríguez Zapatero siempre fue relativamente buena. El expresidente del Gobierno era el encargado de capitanear por parte del PSOE las conversaciones con Carles Puigdemont y la sintonía entre ambos era buena. Pero eso era antes de la imputación del socialista, ahora toca recalcular afinidades y este jueves se ha visto un ejemplo de ello.

El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves una iniciativa del PP en la que se urge al Gobierno a revisar el acuerdo del Consejo de Ministros en el que se autorizó el rescate de la aerolínea Plus Ultra, ante las sospechas de que se pudo producir el delito de tráfico de influencias. Dicho rescate es por el que está siendo investigado Zapatero.

El texto del PP ha sido aprobado gracias al apoyo de Vox, UPN, Junts y Coalición Canaria. Estos dos últimos partidos son socios de investidura de Pedro Sánchez y la votación, aunque no obliga al Gobierno a nada, sí ejerce una importante presión sobre el Ejecutivo.

Con esta moción, el Congreso insta al Gobierno a revisar "de manera inmediata y transparente" el acuerdo del Consejo de Ministros, así como aportar todas las actuaciones administrativas, los informes técnicos que se realizaron, los criterios de solvencia y los mecanismos de control vinculados a dicho rescate. El objetivo, según explica el texto, es el de "esclarecer la eventual existencia de irregularidades".

Los populares también ponen el foco en una reunión que tuvieron Zapatero y el entonces ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá, en el año 2020. El PP sospecha que la reunión pudo influir en el aplazamiento del pago de deudas con la Seguridad Social por parte de Plus Ultra y la moción aprobada también insta al Gobierno a aportar información sobre ello.

La Armada Española ha dado un paso decisivo para asegurar su futuro tecnológico mediante un acuerdo de colaboración con la empresa de ingeniería Ghenova, una de las firmas más activas en el ámbito naval y de defensa.

El pacto, suscrito por el Almirante General Antonio Piñeiro, Jefe de Estado Mayor de la Armada, y el CEO de la compañía, Francisco Cuervas, establece un marco estable de cooperación en I+D+i, ingeniería avanzada y apoyo técnico especializado.

El objetivo es claro: blindar la capacidad tecnológica de la Armada en un escenario internacional marcado por la competencia industrial, la digitalización acelerada y la necesidad de disponer de sistemas propios que garanticen la soberanía operativa.

El acuerdo permitirá compartir conocimiento, desarrollar soluciones conjuntas y fortalecer la relación entre Defensa y el tejido industrial español, considerado un pilar estratégico para la seguridad del país.

Un impulso directo a la innovación naval y a la autonomía tecnológica

El convenio contempla la participación de la Armada en proyectos de análisis, evaluación de sistemas futuros, ingeniería logística y desarrollo de capacidades avanzadas.

Para ello, la institución pondrá a disposición de Ghenova personal, instalaciones y medios, siempre sin interferir en las misiones esenciales de defensa.

Esta colaboración permitirá acelerar la maduración de tecnologías críticas en ámbitos como la guerra electrónica, la ingeniería naval digital, la simulación avanzada y los sistemas de apoyo al ciclo de vida de buques y plataformas.

La alianza se enmarca en la estrategia de la Armada de reforzar su relación con la industria nacional para garantizar que los futuros programas —desde los nuevos buques de superficie hasta los sistemas no tripulados— se desarrollen con una base tecnológica sólida y con participación española.

En un contexto en el que la competencia internacional es feroz, la cooperación con empresas como Ghenova se convierte en un elemento clave para mantener la autonomía y la capacidad de innovación.

Un acuerdo que consolida a Ghenova como socio estratégico de Defensa

La firma del acuerdo coincide con la celebración en Sevilla del Foro Almirante Bonifaz, organizado por Ghenova, que reunió a representantes de las Fuerzas Armadas, instituciones y empresas del sector.

El encuentro se ha consolidado como un espacio de referencia para debatir sobre innovación, investigación y desarrollo tecnológico aplicado a la defensa marítima.

Con esta alianza, Ghenova refuerza su posición como uno de los socios estratégicos del Ministerio de Defensa, ampliando su papel en proyectos de ingeniería naval, sistemas de misión y soluciones digitales.

Para la Armada, supone asegurar un flujo constante de innovación y disponer de un socio industrial capaz de responder a los desafíos tecnológicos que marcarán la próxima década.

Europa no piensa renunciar a su futuro aéreo pese al colapso del FCAS. La división alemana de Airbus Defence and Space ha activado una nueva coalición industrial junto a siete empresas tecnológicas para diseñar un caza de sexta generación, concebido como la alternativa real al programa que España compartía con Francia y Alemania.

La iniciativa, que se presentará en el Salón Aeronáutico de Berlín (ILA), busca mantener la autonomía estratégica europea frente al dominio del F‑35 estadounidense y al avance del programa GCAP liderado por Reino Unido, Italia y Japón.

Para España, que había invertido más de 2.000 millones de euros en el FCAS, esta nueva vía representa una oportunidad para no perder su posición industrial, preservar el conocimiento generado y asegurar un asiento en el desarrollo del futuro sistema de combate europeo.

Airbus toma el control del futuro aéreo europeo tras el colapso del FCAS

El nuevo proyecto nace como respuesta directa a la ruptura con Dassault Aviation, que bloqueó durante meses el avance del FCAS. Alemania ha decidido mover ficha y respaldar a Airbus en la creación de un programa propio, más flexible y con un reparto industrial más equilibrado.

La alianza incluye a compañías clave como Hensoldt, MTU Aero Engines, MBDA Deutschland, Diehl Defence, Liebherr, Autoflug y Rohde & Schwarz, todas ellas con experiencia en sensores, motores, misiles, aviónica y sistemas de misión.

El objetivo es desarrollar un avión con capacidad furtiva avanzada, conectividad total, operación integrada con drones acompañantes y una nube de combate que permita coordinar plataformas aéreas, terrestres y navales.

Este enfoque mantiene la esencia tecnológica del FCAS, pero bajo un liderazgo industrial más claro y sin los bloqueos políticos que paralizaron el programa original.

Fuentes del sector consideran que la entrada de España sería “estratégica”, tanto por su peso industrial como por su papel dentro de la OTAN.

La decisión final dependerá del Ministerio de Defensa y de la capacidad de la industria española para integrarse en el nuevo ecosistema tecnológico.

España busca no quedarse atrás en la carrera por la sexta generación

Aunque el FCAS ha muerto como avión de combate, España mantiene vivos sus programas de I+D a través de los PEM gestionados por Indra y Airbus, que suman 700 millones de euros.

Estos proyectos permiten seguir desarrollando tecnologías críticas como sensores furtivos, sistemas de misión, comunicaciones seguras y capacidades de guerra electrónica.

La alternativa alemana encaja con la necesidad española de sustituir los Eurofighter a partir de 2040 y de mantener una industria aeronáutica competitiva.

Además, el precedente del acuerdo con Airbus para el Eurofighter Halcón demuestra que España puede integrarse en grandes programas europeos si el reparto industrial es equilibrado.

El nuevo caza de sexta generación se perfila como el proyecto que marcará el futuro de la defensa aérea europea. Y España, tras la caída del FCAS, debe decidir si se suma a la nueva alianza liderada por Airbus o si apuesta por un camino propio, más arriesgado y costoso.

El Consejo de Ministros autorizó el pasado martes una nueva inyección de 374 millones de euros procedentes del Fondo de Contingencia, destinada a cubrir los gastos operativos de las misiones internacionales del Ejército español.

Con esta partida, el Ejecutivo eleva a 1.714 millones de euros el total desembolsado en apenas seis meses, consolidando el mayor esfuerzo financiero en operaciones exteriores de los últimos años.

El mecanismo extraordinario, regulado por el artículo 50.2 de la Ley General Presupuestaria, permite atender “necesidades inaplazables” no previstas en los presupuestos anuales, como los costes derivados de despliegues sobre el terreno.

La decisión responde al aumento de la participación española en misiones de mantenimiento de la paz, gestión de crisis y diplomacia militar en África, Oriente Medio, Europa del Este e Iberoamérica.

Despliegues rápidos, la UME y la diplomacia militar

El paraguas económico y legal prorrogado por el Gobierno no solo cubre los contingentes regulares, sino también la capacidad de reacción rápida ante crisis imprevisibles.

En este marco, se autorizan despliegues de corta duración en el exterior de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y otras unidades operativas, capaces de intervenir ante catástrofes naturales, calamidades o situaciones de grave riesgo en países aliados.

El Ejecutivo fija un límite máximo de 400 efectivos operando simultáneamente como observadores, monitores, oficiales de enlace o asesores militares hasta finales de 2026.

Este personal, desplegable a petición del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, es clave para misiones de diplomacia, consolidación de la paz y canalización de ayuda humanitaria.

Además, los fondos financian actividades de seguridad cooperativa y bilateral que buscan fortalecer las capacidades defensivas de países socios y prevenir conflictos en regiones estratégicas para España.

El coste real de proyectar fuerzas a miles de kilómetros

El primer gran desembolso de 2026 se produjo el 10 de febrero, con 698,5 millones de euros destinados al arranque de las misiones.

Tres meses después, el 5 de mayo, el Consejo de Ministros aprobó otro paquete de 641,8 millones, y ahora se suma el tercero, de 374 millones, para mantener la operatividad de las fuerzas desplegadas.

De los 641,8 millones de mayo, 75 millones se destinaron a gastos de personal, 176,6 millones a gastos corrientes en bienes y servicios, y 391 millones se catalogaron como inversiones reales.

Este último concepto refleja el alto coste material, de infraestructura y logística que implica proyectar fuerzas militares a miles de kilómetros.

El Gobierno insiste en que estas operaciones no son misiones aisladas, sino parte de una estrategia alineada con tres pilares: seguridad internacional, diplomacia militar y cooperación con aliados.

El Ministerio de Defensa ha decidido mantener activo el FCAS a través de dos Programas Especiales de Modernización (PEM) valorados en 700 millones de euros, adjudicados a Indra y Airbus.

Aunque el caza conjunto europeo no saldrá adelante, España preserva la inversión en I+D para madurar tecnologías críticas: nube de combate, sensores furtivos y remote carriers.

El objetivo es evitar que los 2.000 millones de euros ya invertidos en la fase 1b se pierdan y consolidar una base industrial nacional capaz de sostener el salto tecnológico hacia la próxima generación de sistemas aéreos. Los PEM —el CTN NGWS y el FCAS Nacional— se integran bajo el proyecto Siagen, que busca un sistema aéreo integral de última generación.

Indra y Airbus sostienen el núcleo tecnológico del programa

Los dos programas, impulsados en 2025, están enfocados en investigación y desarrollo y tienen carácter nacional. Indra, líder del FCAS en España, coordina el Contrato Tecnológico Nacional (CTN NGWS) con un presupuesto de 540 millones de euros, mientras que una UTE formada por Indra y Airbus gestiona el Futuro Avión de Combate Nacional, dotado con 160 millones.

Ambos proyectos cuentan con financiación adicional del Ministerio de Industria, que ya ha transferido 278 millones a las empresas implicadas. El propósito es mantener la maduración de tecnologías clave que puedan integrarse en el futuro avión de combate que España elija como sustituto del FCAS.

Desde Defensa se insiste en que el programa “no puede morir”, y que las capacidades desarrolladas —desde la nube de combate hasta los sistemas furtivos y los sensores avanzados— son esenciales para la autonomía tecnológica del país.

La industria española se reorganiza tras el golpe al caza conjunto

La cancelación del FCAS como avión de combate afecta especialmente a ITP Aero, líder en el desarrollo del motor, que ve truncado uno de sus grandes proyectos.

Sin embargo, el impacto se compensa con la activación de nuevos consorcios como Satnus, formado por GMV, Grupo Oesía y Sener, que ya ha completado vuelos de demostración con remote carriers.

La industria nacional se reorganiza para mantener el impulso tecnológico y la autonomía industrial. En palabras de fuentes del sector, la cancelación del programa “supone un alivio tras un año de bloqueo”, pero también abre la puerta a una nueva etapa centrada en proyectos propios y colaboraciones bilaterales.

Defensa apuesta por mantener el desarrollo de capacidades críticas y por reforzar la posición de España como potencia tecnológica dentro de la OTAN y Europa, con una estrategia que prioriza la independencia industrial y la continuidad de los programas de modernización.

España ha entrado en una fase de modernización acelerada de sus capacidades militares. En lo que va de 2026, el Consejo de Ministros ha autorizado el uso de 1.714 millones de euros del Fondo de Contingencia para sostener las misiones internacionales de las Fuerzas Armadas, una cifra récord que refleja el esfuerzo por mantener presencia operativa en escenarios estratégicos y avanzar hacia el objetivo de inversión del 2 % del PIB en Defensa.

El Ejecutivo ha aprobado tres grandes inyecciones económicas en apenas seis meses —698,5 millones en febrero, 641,8 millones en mayo y 374 millones en junio— destinadas a cubrir los costes operativos de los despliegues en el exterior.

Este mecanismo extraordinario, regulado por la Ley General Presupuestaria, se ha convertido en la herramienta clave para garantizar los compromisos internacionales de España y sostener su papel en la defensa europea.

Despliegues rápidos, diplomacia militar y guerra electrónica

El nuevo marco financiero no solo cubre los contingentes regulares, sino también la capacidad de reacción rápida ante crisis imprevisibles.

El Gobierno ha autorizado despliegues de corta duración en el exterior de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y otras unidades operativas, capaces de intervenir ante catástrofes naturales, conflictos o amenazas híbridas.

El plan incluye un límite de 400 efectivos operando simultáneamente como observadores, monitores, oficiales de enlace o asesores militares hasta finales de 2026.

Este personal especializado, desplegable a petición del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, es esencial para misiones de diplomacia militar, gestión de crisis y consolidación de la paz.

En paralelo, los fondos financian actividades de seguridad cooperativa y bilateral con países aliados, especialmente en África, Oriente Medio e Iberoamérica, regiones consideradas estratégicas para la defensa y la política exterior española.

El coste de la nueva estrategia militar europea

El esfuerzo económico subraya el alto coste material y logístico que implica proyectar fuerzas militares a miles de kilómetros. Solo en mayo, 391 millones de euros se catalogaron como inversiones reales, destinadas a infraestructura, transporte y sistemas de apoyo.

El Ejecutivo insiste en que estas operaciones no son misiones aisladas, sino parte de una estrategia alineada con tres objetivos: proporcionar estabilidad en zonas de tensión, combatir el terrorismo transnacional y disuadir agresores para proteger territorio aliado.

En este contexto, España busca reforzar su papel en la defensa europea ante la nueva guerra de drones y guerra electrónica que redefine el equilibrio militar en el continente.

La inversión en capacidades EW (Electronic Warfare) y plataformas de interferencia y supresión de defensas enemigas (SEAD) se considera prioritaria para mantener interoperabilidad con los aliados y responder a los desafíos tecnológicos que ya dominan los conflictos modernos.

Movimiento Sumar, el proyecto político de Yolanda Díaz, pasa por uno de los momentos más complicados de su corta historia. Esta semana se conoció que Laura Moreno, la que era su secretaria de Organización, dimitió denunciando que la coordinadora, Lara Hernández, había estado cometiendo acoso laboral contra otros compañeros y que había cometido un presunto fraude en la constitución del partido en la Comunidad Valenciana.

A estas aguas ya revueltas se ha sumado ahora Elizabeth Duval, que fue secretaria de Comunicación del partido, uno de sus rostros más visibles, y que también dimitió hace un año. En un artículo publicado este jueves, Duval desvela que los comportamientos de Lara Hernández fueron los que la llevaron a tomar la decisión de abandonar la formación, algo que no había hecho público hasta ahora por "respeto y lealtad, tanto a Yolanda Díaz como a otra mucha gente".

Según explica Duval en una publicación en el digital Artículo 14, Hernández pasó a tener comportamientos tóxicos con ella cuando fue nombrada una de las cuatro integrantes de la coordinadora interina que sustituyó a Díaz, puesto en el que también recayó Hernández. "Pasó a tratarme como a una enemiga, pese a que yo intentara hacerle llegar, incluso por personas interpuestas, que no tenía ambición ni interés en competir con ella, ni por los puestos de salida de unas listas que no me interesaban", explica.

Duval asegura que el mal trato no fue solo con ella, sino también con personas de su equipo, a las que llegó a gritar, y que no puso ninguna denuncia interna porque el departamento de Hernández habría sido el encargado de tramitarla.

"Cuando ese trato alcanzó a una trabajadora a mi cargo, consideré que se había cruzado una línea roja, y a partir de ahí prácticamente no hubo comunicación entre nosotras", asegura Duval. Cuenta que esa trabajadora dejó el partido por otros motivos, pero animada por el trato de Hernández.

"Cuando todo esto sucedió, trasladé que lo más probable era que la siguiente en marcharme fuera yo: por la tensión insostenible con mi departamento y porque no estaba dispuesta, por principios, a votar una lista que mantuviera a Hernández al frente de la organización", añade. "Hernández aplaudía a menudo mis intervenciones en la ejecutiva o recogía después mis argumentos; lo que parecía preocuparle era conservar su poder", apuntala.

La crisis abierta en Sumar tras la dimisión de Laura Moreno, exsecretaria de Organización, ha provocado una cascada de reacciones en el espacio político de la izquierda.

Entre ellas, destaca la del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que ha publicado un mensaje en la red social X advirtiendo a la formación de Lara Hernández y Yolanda Díaz sobre el riesgo de fractura interna. “La mejor manera de reventar a la derecha es no reventar a otras izquierdas”, escribió el diputado catalán, en una clara alusión al conflicto que atraviesa el movimiento.

El comentario llega después de que Moreno denunciara en una carta pública un proceso de aislamiento político dentro del partido, episodios de ansiedad crónica y la existencia de una investigación interna por presunto acoso laboral contra la cocoordinadora general, Lara Hernández.

La exdirigente describe un deterioro progresivo de su salud mental y acusa a la dirección de haber vulnerado los acuerdos democráticos aprobados por la militancia.

Rufián, que ha mantenido una relación de cooperación con Sumar en el Congreso, aprovechó el momento para lanzar un mensaje de advertencia sobre la necesidad de preservar la unidad de la izquierda. “Por muchas facturas y ganas de rajar que tengas.

Que de eso tenemos todos (y no interesan a nadie)”, añadió en su publicación, que rápidamente se viralizó entre dirigentes y militantes de distintas formaciones progresistas.

La crisis interna de Sumar y el mensaje de unidad de Rufián

La dimisión de Laura Moreno ha destapado tensiones acumuladas en la estructura de Sumar desde su proceso constituyente. En su carta, la exsecretaria relata enfrentamientos con Hernández por la gestión territorial en Andalucía, Euskadi y la Comunidad Valenciana, donde denuncia un “fraude sin precedentes” en la elección de los órganos de dirección.

También menciona presiones para alterar acuerdos electorales y un clima de desconfianza que, según su versión, derivó en su marginación política.

El mensaje de Rufián se interpreta como una llamada a la contención en un momento en que el espacio de la izquierda alternativa atraviesa una fase de desgaste.

El diputado de ERC ha insistido en que la prioridad debe ser “evitar que las diferencias internas se conviertan en munición para la derecha”, en referencia al impacto mediático que la crisis de Sumar ha tenido en los últimos días.

La publicación del portavoz republicano contrasta con el silencio de la dirección de Sumar, que se ha limitado a atribuir la salida de Moreno a motivos personales.

Sin embargo, el contenido de la carta y las reacciones posteriores han reavivado el debate sobre el liderazgo de Lara Hernández y la falta de cohesión en el proyecto impulsado por Yolanda Díaz.

Un espacio político en riesgo de fragmentación

La crisis llega en vísperas de la asamblea extraordinaria del 11 de julio, donde Sumar deberá redefinir su estructura y su estrategia política.

La salida de Moreno se suma a las de Íñigo Errejón, Elizabeth Duval, Carlos Martín Urriza y David Comas, en apenas dos años, lo que evidencia un patrón de inestabilidad interna.

El mensaje de Rufián, aunque breve, resume el temor compartido por buena parte de la izquierda: que las divisiones internas acaben debilitando el bloque progresista frente a una derecha en ascenso.

Su advertencia, “no reventar a otras izquierdas”, se ha convertido en una frase que sintetiza el momento político y la necesidad de recomponer puentes antes de que la crisis de Sumar se convierta en una fractura irreversible.

Turquía ha mostrado por primera vez imágenes de su nuevo avión de guerra electrónica Hava SOJ, una plataforma de interferencia a distancia (Standoff Jamming) basada en el Bombardier Global 6000 y desarrollada por Turkish Aerospace Industries (TAI) y Aselsan.

El aparato, todavía en fase de integración, representa uno de los proyectos más ambiciosos de la industria militar turca y podría convertirse en un referente para países que buscan reforzar sus capacidades de guerra electrónica (EW).

Entre ellos, España, que acaba de activar el programa Santiago II para dotarse de nuevas plataformas aéreas de apoyo y ataque electrónico.

Las imágenes difundidas por el Ministerio de Defensa turco y la Agencia de la Industria de Defensa (SSB) muestran el primer prototipo del Hava SOJ, equipado con múltiples barquillas y pods específicos para misiones de interferencia, supresión de defensas enemigas (SEAD) y apoyo electrónico (ES/EA).

Turquía prevé adquirir cuatro aeronaves, todas transformadas en Ankara a partir de aviones Global 6000 ya entregados.

Una plataforma EW de altas prestaciones diseñada para operar fuera del alcance enemigo

El Hava SOJ incorpora una suite de guerra electrónica desarrollada por Aselsan, que incluye sistemas de ataque electrónico, sensores de inteligencia de señales y equipos de autoprotección como el DIRCM Miysis de Leonardo.

Aunque no se han revelado detalles completos, las barquillas bajo las alas recuerdan a los pods AN/ALQ‑218 utilizados por los EA‑18G Growler de la US Navy, lo que sugiere una capacidad avanzada de interferencia y detección de emisiones.

La aeronave estaría preparada para ejecutar misiones SEAD en modo standoff, es decir, desde fuera del alcance de las defensas antiaéreas enemigas, una capacidad crítica en conflictos modernos.

Además, el gran carenado ventral podría albergar un radar AESA con funciones SAR y GMTI, lo que ampliaría su papel a misiones ISTAR.

Para Turquía, el Hava SOJ supone un salto estratégico: un sistema de guerra electrónica desarrollado con recursos nacionales, que reduce la dependencia exterior y refuerza su autonomía militar.

Por qué España mira de cerca el modelo turco para el programa Santiago II

En España, el Ejército del Aire y del Espacio lleva años arrastrando una pérdida progresiva de capacidades en guerra electrónica. En 2025, el Gobierno dio luz verde al programa Santiago II, que contempla la adquisición de tres plataformas aéreas tripuladas de EW.

La industria nacional liderará el proyecto, pero el Ministerio de Defensa no descarta apoyarse en tecnologías ya maduras, como las desarrolladas por Turquía.

El precedente del acuerdo con TAI para el entrenador Hürjet, en el que participan empresas españolas, abre la puerta a una posible colaboración en el ámbito EW.

El Hava SOJ, por su configuración, autonomía y capacidad de carga, encaja en el tipo de plataforma que España necesita para recuperar un rol esencial en operaciones de supresión de defensas enemigas, interferencia electrónica y apoyo a misiones de combate.

La guerra en Ucrania ha demostrado que la falta de capacidades SEAD puede comprometer la superioridad aérea. España, consciente de ello, busca acelerar su modernización, y el Hava SOJ aparece como un modelo a observar muy de cerca.

Hay un bulo que salta de vez en cuando en la política española, cuando la ocasión lo exige, a pesar de que no es más que una mentira. El bulo es ese que viene a decir que la justicia jamás fue capaz de identificar quién era el "M. Rajoy" que aparecía en los papeles de Luis Bárcenas, el extesorero del PP condenado por la financiación irregular de su partido.

Este miércoles ha sido el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el que ha vuelto a recurrir al bulo. En la sesión de control al Ejecutivo, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha referido a Sánchez como "señor P.S.", tal y como figura el presidente en las anotaciones de la fontanera del PSOE Leire Díez.

Aunque desde Moncloa no niegan que "P.S." sea una referencia a Sánchez, el presidente del Gobierno ha respondido a Feijóo diciendo que desde su partido, "lecciones ninguna", y que "si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy".

Sin embargo, no existe ni ha existido ninguna duda sobre quién es ese M. Rajoy que aparecía en los papeles de Bárcenas. Es una evidente referencia al anterior presidente del Gobierno. Lo que no está probado, en cambio, es que Rajoy cobrara de la caja B del PP, tal y como apuntaban esos papeles.

Según la sentencia de la Audiencia Nacional que juzgó el caso, el "M. Rajoy" aparecía en unos papeles de Bárcenas publicados por el diario El País en 2013. En esa misma información se explicaba que a veces aparecía con las siglas y otras veces con el nombre completo. Por lo que dudas, pocas.

Sin embargo, durante el juicio se observaron diferencias entre los papeles publicados por el diario y los aportados por el propio Bárcenas a la justicia. La diferencia principal es que en unos aparecía M. Rajoy y en otros no. Según explicó el extesorero en el juicio, el nombre de Rajoy se introdujo a posteriori para presionar al entonces presidente del Gobierno.

Aunque en la sentencia la Audiencia Nacional pide valorar el testimonio de Bárcenas "con cautela", lo cierto es que no se llegó a demostrar que Rajoy hubiera cobrado o no. Y ahí radica la duda. Se sabe que "M. Rajoy" es el expresidente, lo que no ha quedado demostrado es que recibiera financiación irregular. Sánchez, aun así, ha aireado el bulo este miércoles para defenderse ante sus propios casos de corrupción.

El 2 de abril de 2023, Yolanda Díaz se subió al escenario que Movimiento Sumar había montado en un polideportivo abarrotado en Madrid y lo dijo: "Hoy voy a dar un paso adelante, quiero ser la primera presidenta de España". Sucedió durante la campaña de las pasadas elecciones generales, las del 23J, y así fue como Díaz decidió anunciar su candidatura. Por aquel entonces todavía se la veía como una especie de mirlo blanco de la izquierda, mucha gente depositaba en ella una ilusión puesta a prueba demasiadas veces y los gritos de "¡Presidenta! ¡Presidenta!" fueron habituales durante la campaña.

Apenas han pasado tres años desde ese momento y la ilusión ha mutado hacia la desesperación, al ver que un proyecto que parecía tener futuro en la política española se descompone a pasos agigantados por polémicas internas y dimisiones en bloque. En los últimos dos años, seis altos cargos de la dirección de Movimiento Sumar han dejado su puesto, protagonizando una sangría y destapando las tensiones.

Los últimos en hacerlo han sido David Comas, secretario de Comunicación, y Laura Moreno, secretaria de Organización. La noticia de que habían decidido dimitir se conoció ayer, a la vez que empezó a circular una carta que Moreno había mandado a la dirección del partido para explicar su decisión.

Aunque en la misiva Moreno aludía motivos personales para justificar su dimisión, denunciaba haber sido víctima de "injusticias y faltas de respeto" por parte de la cúpula, criticaba que estaba siendo apartada de sus responsabilidades (aunque había tenido un perfil discreto era la número tres) y posaba el foco de ese malestar sobre la coordinadora Lara Hernández.

En la carta, Moreno desvelaba que Hernández estaba siendo objeto de una investigación interna por denuncias de acoso laboral por parte de seis compañeros y la acusaba de haber cometido "fraude" en el proceso constituyente de Movimiento Sumar en la Comunidad Valenciana, en 2025.

"Defender este proyecto me provocó ansiedad crónica y mediación", asegura Moreno en su carta. "El silencio ante lo que yo, humildemente, considero injusticias produce impunidad. Y lo peor de todo, acaba reproduciendo las injusticias", continúa. "Hablo de la falta de respeto que la dirección de la que he formado parte ha cometido contra su gente, sus militantes y su organización", apuntala.

A raíz del revuelo generado por la dimisión de Moreno, han revivido otras voces que también estuvieron en Sumar y que ahora mantienen muy críticas. Es el caso de Elizabeth Duval, secretaria de Comunicación previa a David Comas y que abandonó la formación en marzo del año pasado. En la red social X, Duval subrayó ayer que desde su dimisión se han producido otras tantas y apunta a Lara Hernández como responsable del "destrozo".

"Lara Hernández, que lleva meses vulnerando los estatutos, con una investigación abierta por acoso laboral, acusada de fraude en primarias internas por su propia exsecretaria de Organización, debería dimitir y no presentarse a la siguiente asamblea de Sumar", publicó.

Hay que tener en cuenta que la propia Yolanda Díaz también dimitió de su cargo como cabeza de Sumar en junio de 2024, tras los malos resultados en las elecciones europeas, dimitió su eurodiputada María Eugenia Rodríguez Palop en julio de ese año, y también dejó el cargo Carlos Martín, que fue nombrado junto a Lara Hernández para sustituir a Díaz y que dio un paso al lado en agosto de 2025, apenas unos meses después de ser nombrado.

Esta crisis desatada llega en un momento muy delicado para Sumar. El partido tiene pendiente convocar una asamblea, la tercera en apenas tres años, para reorganizar la estructura orgánica y la dirección política, a la vez que está en conversaciones con otras formaciones como Izquierda Unida, Más Madrid y los Comunes para reorganizar el espacio político de cara al próximo ciclo electoral. El proceso interno se prevé que puede acabar siendo tenso y que Lara Hernández se acabe enfrentando contra Verónica Martínez, la portavoz en el Congreso.

El Polígono de Tiro y Bombardeo de las Bardenas Reales, situado en Navarra, vuelve a convertirse en un punto de fricción política dentro del bloque que sostiene al Gobierno.

Este miércoles, el PSOE afronta en el Pleno del Congreso el debate de una iniciativa presentada por Sumar, EH Bildu, PNV y Podemos que exige el cierre definitivo de la instalación militar y reclama al Ministerio de Defensa que no renueve el contrato de arrendamiento cuando expire en 2028.

La instalación, operativa desde 1951, es uno de los campos de tiro más relevantes de España y el principal escenario de adiestramiento para las unidades de combate del Ejército del Aire y del Espacio.

Su extensión, su aislamiento geográfico y la posibilidad de realizar ejercicios con fuego real lo han convertido en un activo estratégico para la defensa nacional y para la cooperación con aliados de la OTAN.

Los socios parlamentarios del Gobierno sostienen que la actividad militar es incompatible con la protección ambiental de las Bardenas Reales, declaradas Reserva de la Biosfera por la UNESCO, y con la sensibilidad social de la zona. ç

El PSOE, sin embargo, defiende que el cierre tendría un impacto directo en la preparación operativa de las Fuerzas Armadas y en los compromisos internacionales de España.

Un enclave militar esencial para el adiestramiento del Ejército del Aire

El polígono es utilizado de forma regular por las alas de combate de Zaragoza, Torrejón y Albacete, así como por unidades aliadas que participan en ejercicios conjuntos.

En estas instalaciones se entrenan maniobras aire‑tierra, lanzamiento de armamento guiado y no guiado, aproximaciones tácticas y procedimientos de combate que no pueden realizarse en otros puntos del territorio nacional.

El campo de tiro cuenta con zonas de impacto controladas, sistemas de medición de precisión y protocolos de seguridad actualizados.

Defensa sostiene que su clausura obligaría a trasladar el adiestramiento a bases extranjeras, con un coste económico elevado y una pérdida de autonomía operativa.

Además, subraya que la actividad militar se concentra en áreas muy delimitadas y que la mayor parte del territorio de las Bardenas permanece accesible para usos civiles.

El contrato de arrendamiento, gestionado por la Comunidad de Bardenas Reales, se renueva periódicamente desde hace décadas y supone una fuente de ingresos para los municipios y entidades propietarias.

Sin embargo, la presión política y social ha aumentado, especialmente por parte de colectivos pacifistas y organizaciones ecologistas que reclaman el fin de la actividad militar.

Un choque político que tensiona al Gobierno en plena legislatura

La iniciativa de Sumar, Bildu, PNV y Podemos coloca al PSOE en una posición incómoda: sus aliados exigen el cierre inmediato, mientras el Ministerio de Defensa defiende la continuidad del polígono como infraestructura esencial para la seguridad nacional.

El debate llega en un momento en el que el Ejecutivo necesita estabilidad parlamentaria y en el que cualquier votación ajustada puede complicar la legislatura.

El futuro del polígono dependerá de la negociación política y de la capacidad del Gobierno para equilibrar las demandas de sus socios con las necesidades operativas de las Fuerzas Armadas.

Lo que está claro es que las Bardenas vuelven a ser un escenario donde se cruzan estrategia militar, presión territorial y supervivencia parlamentaria.