Tras más de dos años de investigación, Begoña Gómez afronta esta semana la cita clave que marcará su futuro judicial y el último tramo de una causa que ya ha dejado atrás la fase de instrucción. La esposa del presidente del Gobierno está llamada a declarar este lunes ante el magistrado Juan Carlos Peinado en una audiencia preliminar previa a la eventual apertura (o no) de juicio oral. Y todo ello bajo un escenario que tendrá lugar en los juzgados de Plaza de Castilla bajo la atenta mirada de las acusaciones populares y una expectación mediática poco habitual incluso para los grandes procedimientos judiciales en otras ocasiones.

El magistrado Peinado llega a esta cita después de haber dado por concluida la investigación. En abril, el juez acordó el procesamiento de Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida, al considerar que existen indicios suficientes para continuar el procedimiento. Desde entonces, la causa ha entrado en una nueva fase, menos centrada en averiguar qué ocurrió y más enfocada en determinar si esos indicios deben someterse al examen de un juicio.

La comparecencia de hoy de Begoña Gómez representa precisamente ese punto de transición y llega justo en un momento de «erosión» judicial para el Gobierno de su marido y, por ende, para el PSOE. Sobre todo, porque se ha conocido en estas últimas semanas que fue a raíz de la investigación sobre las presuntas irregularidades e ilegalidades de sus actividades profesionales, cuando las presuntas «cloacas del PSOE» se pusieron manos a la obra para recabar información de jueces, fiscales y miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil con el objetivo de tumbar el procedimiento. Pero ni ello ha impedido que la esposa de Sánchez esté imputada por cuatro delitos.

La cita llega también con el hallazgo de nuevas evidencias sobre sus presuntas corruptelas. La Guardia Civil emitió un informe que arrojaba que Gómez cobró de una empresa que usó el software de la cátedra a través de una mercantil suya; también que se saltó la Ley de Contratos Públicos aportando expedientes falsos para «dar legalidad»; y que su asesora y personal de Moncloa, Cristina Álvarez –también imputada en las pesquisas–, fue una persona «integrada» en el equipo de la cátedra. Además, se supo que, más allá de la contribución económica al desarrollo del software que ahora se analiza si se apropió Gómez, la Complutense invirtió otros 20.000 euros en dos años para hacer frente a otros gastos de la actividad de la cátedra extraordinaria que ella codirigía.

Está claro que la declaración dejará una escena dividida: las acusaciones pedirán la apertura de juicio contra ella, mientras que su defensa alegará que todo el procedimiento ha formado parte de una «cacería política» sin sustento formal o de una «inquina» personal de Peinado.

Y, aunque todavía no habrá una sentencia, la cita marcará un antes y un después en una causa que ha acompañado parte de la legislatura de Pedro Sánchez y que se dispone a afrontar su capítulo decisivo: el que determinará si los hechos acaban, finalmente, ante un tribunal.

© Alberto R Roldán

Esta semana comienzan los (probablemente) siete días más «negros» para el Gobierno de Pedro Sánchez. Porque el desfile judicial del PSOE no solo implica al círculo más próximo del jefe del Ejecutivo, sino que también se amplía hasta la órbita institucional. Mientras el Gobierno hará lo propio con mantener su agenda legislativa y con aparentar «normalidad» en las sesiones ante el hemiciclo, la esposa de Pedro Sánchez, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y la Directora de la Guardia Civil Mercedes González tendrán que dar más que explicaciones por su presunta implicación en operaciones ilegales.

Las citas judiciales de esta semana amenaza con convertir los próximos días en un auténtico vía crucis político para el Ejecutivo y para el PSOE. El calendario es tan incómodo como difícil de esquivar. El lunes está prevista la audiencia preliminar de Begoña Gómez en el procedimiento judicial en el que se investiga la posible comisión de cuatro delitos distintos relacionados con su actividad profesional.

La mujer de Pedro Sánchez se lo jugará «todo» o «nada» y conocerá el porvenir de su futuro judicial. Una imagen que Moncloa lleva meses tratando de normalizar, pero que sigue teniendo un enorme coste político para un Gobierno que siempre presumió de ejemplaridad. Porque la estrategia de la «cacería» judicial ya no funciona. Y menos después de revelarse que hubo unas «cloacas del PSOE» orquestadas para tumbar estos procedimientos jurídicos.

Esto último ha sido precisamente lo que ha llevado a que la directora de la Guardia Civil se sienta este martes ante el Senado. Bueno, esto y el hecho de que ella misma se reunió con la exmilitante socialista Leire Díez al menos en tres ocasiones con el propósito de recibir información en beneficio de uno de los objetivos de la trama: atacar a la unidad encargada de investigar las corruptelas del «sanchismo», la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. También el motivo que le ha llevado a sentarse ante la Cámara Alta está en el enredo que ella misma originó con las contradicciones sobre aquellos encuentros. Primero, no surgieron. Luego, sí que sucedieron. Y después se vio obligada a contar parte de la «verdad» de este asunto.

Y cuando el Ejecutivo todavía esté gestionando cuáles serán las consecuencias de esas comparecencias, llegará otro capítulo especialmente sensible para el socialismo. El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, el líder que ha abanderado a los candidatos del «sanchismo» en los últimos tres comicios autonómicos, se sentará ante el magistrado José Luis Calama por su presunta implicación en la investigación que acorrala el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra.

Pero realmente «la muerte política» –como definen las fuentes de Ferraz– del expresidente está en las joyas halladas en su despacho de más de 1,3 millones de euros, que ha supuesto la ampliación de su imputación con delitos nuevos: de delito fiscal y de contrabando. Zapatero tendrá que explicar durante el miércoles y el jueves las cuestiones que Calama le efectúe. Y sus respuestas proporcionarán o no un nuevo argumento a la oposición para ampliar el foco más allá de Sánchez y proyectar la sombra de la sospecha sobre referentes históricos del PSOE.

En términos estrictamente judiciales, se trata de procedimientos distintos y con recorridos propios. Pero en política las percepciones suelen importar tanto como los hechos. Y el Partido Popular lo sabe. Por eso lleva semanas construyendo un relato que conecta todos los casos en una misma narrativa de desgaste institucional y deterioro ético. Mientras Sánchez intenta proyectar una imagen de normalidad institucional y sus colaboradores recuerdan que ninguna de estas causas afecta a la acción del Gobierno, la realidad es que este desfile judicial supone una batalla a librar.

En Génova son conscientes de que pocas veces han tenido ante sí una secuencia tan favorable para mantener la presión sobre el Gobierno y afinar su argumentario. La estrategia consiste en algo tan sencillo como efectivo: dejar que los acontecimientos hablen por sí solos y convertir la comparecencia judicial del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en una nueva jornada de desgaste para Moncloa. Porque para el PP, el exjefe del Ejecutivo representa mucho más que un expresidente: es uno de los referentes políticos e ideológicos de Pedro Sánchez, una figura que ha mantenido influencia en momentos clave de la legislatura y que ha seguido ejerciendo como interlocutor en asuntos de gran relevancia política e internacional.

© Europa Press

Junto a ello, su abogado ya ha esbozado la figura de la nulidad de actuaciones en esta causa de corrupción Leer