Vanesa Soler, funcionaria del Ayuntamiento de Finestrat y pareja del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, no renovará la comisión de servicio en una plaza de secretaria de dirección en la Diputación de Valencia en la que fue nombrada el pasado 3 de marzo, según han confirmado a elDiario.es fuentes de la institución provincial. La concesión de esta plaza generó un gran revuelo en la opinión pública y fue muy criticada por la oposición en las Corts Valencianes, que dudaba de la legalidad de la creación del puesto.

La Diputación de Valencia organizó un proceso para proveerse de una plaza de secretaria de dirección del Centro de Asistencia a Municipios de la institución provincial. Soler y otras dos candidatas optaron a la plaza, que consiguió adjudicarse la pareja del presidente de la Generalitat tanto por sus años como funcionaria como por haber estado en un puesto similar. El proceso fue denunciado por PSPV y Compromís, que aseguraron que el puesto se podría haber hecho “a medida”.

En este puesto que ganó en comisión de servicios, la funcionaria de Finestrat pasaba de ganar más de 53.000 euros al año cuando en Finestrat su sueldo era de 38.000, según hizo público en las Corts el propio presidente de la Generalitat.

El presidente de la Generalitat siempre ha defendido la legalidad de la comisión de servicio y llegó a argumentar que el motivo del traslado del Ayuntamiento de Finestrat a la Diputación de Valencia fue la conciliación familiar.

La comisión de servicios adjudicada prevé un plazo inicial de seis meses, aunque se puede prorrogar tantas veces como justifique el equipo de Gobierno.

Vanesa Soler se incorporó al puesto, que depende del diputado provincial Ricardo Gabaldón, según un decreto del pasado 3 de marzo firmado por la vicepresidenta y responsable de Personal, Reme Mazzolari.

El plazo de presentación de solicitudes para optar a la comisión de servicios fue del 29 de enero al 4 de febrero. El 20 de febrero, el Ayuntamiento de Finestrat aceptó la comisión de servicios de la funcionaria. La oposiciín ha pedido toda la documentación, tanto del proceso en la Diputación de Valencia como en el consistorio alicantino.