El PP ha decidido llevar ante el Tribunal Constitucional la decisión de la Mesa del Congreso de los Diputados de impedir que el Pleno de este jueves debata y vote una iniciativa en la que se pedía a Pedro Sánchez que adelante las elecciones generales.

Según explican fuentes del PP, el veto impuesto por la Mesa "es una nueva cacicada de Francina Armengol en esta Cámara" y subrayan que "se trata de un cambio de criterio oportunista, ya que en otras ocasiones sí que se han permitido estos debates".

El pasado martes, PP y Junts registraron sendas enmiendas a una moción en las que pedían a Sánchez que disolviera las Cortes y convocara elecciones generales. La votación de dichas enmiendas no habría tenido significado jurídico, ya que la convocatoria electoral es prerrogativa del presidente, pero sí habría tenido un impacto político de calado. Porque hasta 184 diputados, mayoría absoluta, habrían votado a favor. Además de la oposición, también piden comicios Junts, el PNV y Coalición Canaria, todos ellos socios del Gobierno.

La Mesa, sin embargo, decidió vetar esas enmiendas para que no se llegaran a votar. El argumento es que no procedía, precisamente, porque la convocatoria electoral le corresponde al presidente. Sin embargo, las mociones instaban a algo, no obligaban, y la Mesa ya ha aceptado en diversas ocasiones iniciativas en las que se insta al presidente a hacer algo que es prerrogativa suya.

Ese mismo martes, el PP envió un escrito de reconsideración a la Mesa porque consideraban que su decisión "tiene como único fin impedir que el Parlamento exprese su voluntad".

Este jueves el Congreso de los Diputados iba a ofrecer una de las imágenes más demoledoras de la legislatura para el Ejecutivo de Pedro Sánchez. La Cámara Baja iba a votar una iniciativa en la que se recomendaba al presidente del Gobierno que disolviera las Cortes y que convocara elecciones generales anticipadas. Aunque el resultado de la votación no conllevaba ningún tipo de obligación, ya que pulsar el botón electoral corresponde únicamente al presidente, habría sido devastadora en términos políticos.

Principalmente, porque habría salido adelante y se habría constatado de manera firme que no es sólo que el Ejecutivo no cuente con los apoyos para sacar medidas adelante, es que ni siquiera cuenta con los apoyos para mantener viva la legislatura. Porque, además de la oposición, también están pidiendo un adelanto electoral Junts, el PNV y Coalición Canaria, todos ellos socios de investidura de Sánchez que consideran que la situación ya es insostenible, que la legislatura se puede dar por amortizada.

Si estos socios hubieran votado en consecuencia con sus declaraciones públicas, la iniciativa que pide el adelanto electoral habría contado con nada menos que 184 votos a favor. Se trata de una clara mayoría absoluta. Una, además, bastante más amplia que la que consiguió Sánchez para su investidura en 2023, que se saldó con 179 síes.

Sin embargo, el pasado martes, el PSOE y Sumar se valieron de su mayoría en la Mesa del Congreso, el órgano de gobierno de la Cámara Baja, para vetar la tramitación de dos iniciativas (una del PP y otra de Junts, ambas pedían lo mismo) y así evitar que el Congreso votara sobre ello. El veto se oficializó en una reunión que se mantuvo por WhatsApp, sin convocar presencialmente a las partes interesadas, y el argumento para sostenerlo era el de que la convocatoria de elecciones es una prerrogativa que corresponde al presidente del Gobierno.

Sin embargo, el Congreso ha tramitado y votado en numerosas ocasiones anteriores iniciativas en las que se insta al presidente del Gobierno a que haga algo que es exclusivamente de su competencia. Por ejemplo, se han debatido y votado mociones para pedirle que presente presupuestos o que se repruebe a ministros, ambas prerrogativas suyas. También se aceptó a trámite en 2025 una iniciativa de Junts en la que se le pedía que se sometiera a una cuestión de confianza, aunque esta no se votó porque los nacionalistas la retiraron.

A pesar de la maniobra de la Mesa para hurtar al Congreso de ese debate y esa votación, el reclamo de elecciones no ha amainado entre la oposición y los socios parlamentarios de Sánchez. Ayer, en la sesión de control al Gobierno, Alberto Núñez Feijóo tildó a Sánchez de "cobarde". "Mañana (en referencia a este jueves) tendríamos derecho a votar aquí la continuidad de la legislatura, pero es un cobarde que tiene miedo a la democracia", aseguró el líder popular. Sánchez le respondió que sí, que habrá elecciones, pero volvió a subrayar que estas serían en 2027. Su afirmación sobre que "las elecciones se van a celebrar" provocó una airada reacción de la Cámara, como si no fuera algo que se debería dar por hecho.

También el PNV insistió en la convocatoria electoral en la sesión de control de ayer. Su portavoz, Maribel Vaquero, puso el foco en los presupuestos, dijo que "estamos nadando el último largo de la legislatura" y pidió a Sánchez que convoque elecciones si no consigue aprobar las cuentas generales.

Ante esta difícil situación para el Gobierno y tras el veto de la Mesa del Congreso, el PP ha decidido llevar la batalla al Senado y ayer anunció que registraba exactamente la misma iniciativa que la Mesa vetó para que se votara en la Cámara Alta. Ahí el PP tiene mayoría absoluta, por lo que es seguro que saldrá adelante, pero el PNV y Junts también están representados, así que podría suponer un duro golpe. Aunque lo cierto es que el impacto en el Congreso habría sido mayor.