La estratégica colaboración entre el Ministerio Público y la entidad dependiente de las Corts Valencianes fue desactivada por el actual director de la agencia, Eduardo Beut, elegido por el PP y Vox.
Los funcionarios de Antifraude acudieron a inspeccionar los trabajos que se realizaron en el acuartelamiento de Benimaclet, donde la presunta trama corrupta del teniente coronel Miguel Ángel E. T. propició sobrecostes “extremos” de hasta un 348% en las reformas en vestuarios y zonas comunes. Además, se “atomizaron” las facturas para no levantar sospechas, según el informe de Asuntos Internos de la Guardia Civil.
En el Edificio Fuente de San Luis, los investigadores confirmaron que se facturaron actividades en el subsuelo que no se podían verificar. En este caso, los sobrecostes detectados fueron del 72%. Además, los investigadores concluyeron que se habían facturado “puertas inexistentes”.
En el Acuartelamiento de Cantarranas, en València, los investigadores de la Agencia Antifraude acreditaron que las tres ofertas que se presentaron estaban “manipuladas”. Los informes periciales reseñan “tres ofertas con una variación matemática exacta (5%, 10%, 15%) y mediciones idénticas”.
Por otro lado, en la residencia de descanso de Almardá (Sagunt), los peritos de Antifraude destaparon “obras fantasmas, sobrecostes del 122% y hasta facturación por trabajos de desbroce de un arbolado ”inexistente“.
Auxilio judicial de la etapa anterior de Antifraude
Los funcionarios de Antifraude visitaron los acuartelamientos codo con codo con investigadores de Asuntos Internos para revisar la facturación, comparar los precios y analizar la obra final.
El auxilio judicial de Antifraude a la causa que instruye la Plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València contrasta con la actual postura de la entidad dirigida por Beut, que ha cesado bajo su batuta la fluida colaboración con Anticorrupción que reinaba durante la etapa de su predecesor, Joan Llinares.
El president dio órdenes sobre la gestión de la emergencia a José Antonio Rovira, Miguel Barrachina y Marciano Gómez mientras que Vicente Martínez Mus alertó de la inundación de Metrovalencia
La jueza de la dana pide a Susana Camarero los archivos adjuntos del chat de WhatsApp de los consellers y Mazón
Documento - Grupo de WhatsApp del "Consell PP" durante el día de la dana
La jueza de la dana, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, estudia abrir otro foco en la instrucción de la causa que podría suponer la declaración testifical de más consellers del Ejecutivo autonómico de Carlos Mazón, después de que la vicepresidenta Susana Camarero entregara los mensajes del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos, compartidos en el chat de WhatsApp denominado “Consell PP” (reproducido íntegro al final de esta información). Así se desprende de una providencia dictada este martes en la que se ofrece a Camarero la posibilidad de que aporte voluntariamente los documentos en pdf que compartió el conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, sobre el estado de las carreteras a lo largo del día de autos. El ofrecimiento de la instructora se enmarca en el paso previo para decidir sobre la citación como testigo de Martínez Mus, solicitada por la acusación popular que ejerce en la causa el PSPV-PSOE.
La magistrada se había negado previamente a citar como testigos a los consellers José Antonio Rovira (titular de Educación durante la etapa de Mazón) y Miguel Barrachina (Agricultura), tal como solicitaba la acusación popular de Compromís, que recurrió en apelación las negativas de la jueza a sus diligencias propuestas, abocando así a que la decisión final la tomara la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia.
La instructora se escudó en el carácter secreto de las deliberaciones del Pleno del Consell para rechazar las testificales mientras que el fiscal de la causa arguyó, por el contrario, que la respuesta a la emergencia no ocupaba ninguno de los puntos de la reunión del Ejecutivo de aquella jornada y concluyó que las testificales de Rovira y Barrachina serían “útiles y pertinentes”, tal como informó este diario. Por su parte, la entonces portavoz del Consell, Ruth Merino, está citada a declarar como testigo el próximo 22 de julio.
Órdenes de Mazón a los consellers Rovira, Barachina y Gómez
Sin embargo, el chat “Consell PP” abre un nuevo escenario. La prueba documental incorporada al procedimiento confirma que Mazón dio órdenes —antes del Pleno del Consell de aquella aciaga mañana con alerta roja— a varios de sus consellers (entre ellos, Rovira y Barachina, además del titular de Sanidad, Marciano Gómez) sobre la gestión de la emergencia.
El entonces president aportó su visión de la gestión de la emergencia y pidió a sus consellers “inundar de datos a los medios”, una técnica que, a su juicio, “desprende sensación de estar alerta que te cagas”. A pesar de las instrucciones, Mazón (que figura personado en la causa como una suerte de 'preinvestigado') ya no intervino el resto de la jornada, en la que se fue a una larga comida y sobremesa con Maribel Vilaplana en un reservado del restaurante El Ventorro.
La vicepresidenta Susana Camarero, en una imagen de archivo.
Estando el recurso de Compromís sobre las testificales de Rovira y Barrachina pendiente de resolución por parte de la Audiencia de Valencia, la acusación del PSPV-PSOE aprovechó la coyuntura propiciada por el chat aportado por Susana Camarero para pedir la declaración como testigo de Martínez Mus, quien alertó en el grupo de WhatsApp sobre “situaciones críticas” en infraestructuras autonómicas cercanas al barranco del Poyo como el Puesto de Mando de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), tal como afirma el escrito del pasado 12 de junio de la abogada Nuria de Antonio.
El “colapso progresivo” de la red de Metrovalencia
La acusación popular pretende que Martínez Mus, actualmente vicepresidente tercero del Gobierno de Juan Francisco Pérez Llorca, aclare el “conocimiento preciso” de que disponía sobre el “colapso progresivo” de la red de Metrovalencia a su paso por las zonas afectadas por la dana y cuando se comunicó a Emergencias.
Antes de decidir sobre la petición, la jueza ha ofrecido a Camarero la posibilidad de que aporte voluntariamente los archivos adjuntos intercambiados en el grupo de WhatsApp: los pdf con los informes sobre carreteras aportados por Martínez Mus y las actualizaciones sobre la emergencia de Salomé Pradas, además de un vídeo de las inundaciones compartido por la entonces portavoz del Consell, Ruth Merino. Tanto los informes de carreteras como los informes de Emergencias ya constan en el sumario.
La jueza pretende así contar con todos los elementos previos para decidir sobre la hipotética citación a Martínez Mus, una decisión que podría abrir la puerta incluso al desfile de otros consellers ante el Palacio de Justicia de Catarroja. Un escenario potencialmente inquietante para el actual Gobierno de Pérez Llorca, al caber la posibilidad de que cada testigo aporte —siempre voluntariamente— sus propios mensajes de WhatsApps del día de la catástrofe.
El lenguaje indecoroso de Carlos Mazón
El chat del “Consell PP” ya retrataban el lenguaje indecoroso de Mazón, además de su completa desaparición durante prácticamente toda la jornada, y las prioridades expresadas por el conseller José Antonio Rovira, quien en plena tragedia aludía a que “la izquierda ha empezado su campañita”, en relación con un post de X de una cuenta paródica.
Unas eventuales testificales de consellers como José Antonio Rovira, Miguel Barrachina, Marciano Gómez o Vicente Martínez Mus podrían suponer la incorporación a la causa de nuevos mensajes de WhatsApp, relativos a la gestión de la emergencia, siempre que los testigos los aportaran voluntariamente —esa ha sido la tónica, incluso en el caso del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo— y que no hayan sido borrados de sus respectivos terminales telefónicos.
El investigado, perteneciente al Cuerpo Militar de Intervención, se hizo con fondos públicos de obras en cuarteles mediante una red de empresarios contratistas afines y adquirió y reformó tres viviendas
La red corrupta de un teniente coronel condecorado: fondos públicos de la Guardia Civil desviados a su bolsillo
El Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil acusa al teniente coronel interventor Miguel Ángel E. T. de armar una presunta trama de “corrupción sistémica” con sobrecostes de hasta un 348% en obras en cuarteles del Instituto Armado para luego adquirir tres viviendas ruinosas con fondos en metálico reformadas por los empresarios adjudicatarios de la red, según indica un informe al que ha tenido acceso elDiario.es. Se trata del jefe de la Unidad de Gestión Económica (UGE) de la VI Zona de la Guardia Civil, que comprende las comandancias de las provincias de Valencia, Alicante y Castellón.
Los investigadores cuentan con “indicios sólidos de corrupción” y consideran que el teniente coronel habría cometido los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, fraude en la contratación pública, cohecho, falsedad documental y, eventualmente, delitos contra la Hacienda Pública o blanqueo de capitales.
El investigado, perteneciente al Cuerpo Militar de Intervención y doctor en Derecho, “poseía el control discrecional de la adjudicación y la validación de obras, actuando simultáneamente como gestor de los fondos y beneficiario de los mismos”, según Asuntos Internos. Miguel Ángel E. T., apostilla el informe, “utilizó su posición de jefe de la UGE para favorecer a una red de empresarios que, en contrapartida, asumieron los costes de adquisición, reforma y equipamiento de su patrimonio inmobiliario privado, generando un beneficio patrimonial ilícito financiado por fondos públicos”.
El teniente coronel se aprovechó de su posición jerárquica para propiciar “sobrecostes sistemáticos y facturación de obras no ejecutadas” con una red de mercantiles contratistas que le abonaban presuntas mordidas, especialmente Carlos G. M., cuyas firmas llegaron a obtener adjudicaciones por un importe de casi un millón de euros.
“Relación de amistad muy fuerte” con el empresario
El jefe de la UGE de la VI Zona de la Guardia Civil encomendaba las obras en cuarteles “directamente” a Carlos G. M. (vinculado a las mercantiles Destino Empresarial SL y Works Pretor SL), con fraccionamiento sistemático de las facturas y “desmedidos sobrecostes” respecto al precio real de la ejecución, además de partidas por trabajos “nunca realizados”. El empresario, por su parte, “extraía parte del excedente y se lo entregaba al teniente coronel, eliminando así cualquier rastro en sus activos bancarios”.
Rares L., el albañil subcontratado por el empresario, confesó que Carlos G. M. mantenía con el teniente coronel Miguel Ángel E. T. una “relación de amistad muy fuerte” desde hace más de tres décadas. También declaró que el empresario y el guardia civil planeaban “montar” una mercantil juntos una vez el segundo se jubilara. De hecho, la investigación de Asuntos Internos ha acreditado que el teniente coronel y el contratista se alojaron en 2018, con sus respectivas parejas, en un hotel de cuatro estrellas en el Mar Menor de Murcia.
El albañil confirmó que el teniente coronel “daba el visto bueno” a los importes contenidos en los presupuestos. Además, aportó mensajes de WhatsApp con alusiones al reconocimiento de deudas por supuestas obras privadas facturadas a la Guardia Civil. De otros mensajes intervenidos por los investigadores —“Me dice que 500 son de él”— se desprende que el teniente coronel “recibía cantidades de dinero en efectivo del entramado”.
Fragmento del informe de Asuntos Internos de la Guardia Civil.
“La mecánica del fraude se fundamenta en la discrepancia premeditada entre la realidad física de las obras y su ficción documental”, remacha el informe.
La investigación también obtuvo un correo electrónico e informes fotográficos sobre fondos cobrados por Carlos G. M. por obras no realizadas. El albañil manifestó que fue “instruido” por el empresario para simular obras con el fin de “repartir el sobrante” del presupuesto anual de la unidad y “financiar reformas privadas” del teniente coronel, que también mantenía una “doble” relación profesional y personal con la firma Hermanos Tronchoni Navarro SL y con Gustavo William R. R.
Sin embargo, Carlos G. M. fue el contratista que más fondos recibió en obras adjudicadas por la Guardia Civil: 952.664,89 euros desde 2008. El 82% de los ingresos totales de sus empresas provenían “exclusivamente” de contratos gestionados por el teniente coronel investigado, que mantenía un “conocimiento directo y detallado de la operativa ilícita”, según abunda Asuntos Internos.
Desvío de 144.730 euros para compra y reforma de viviendas
Los informes periciales elaborados por la Agencia Valenciana Antifraude (AVA), en funciones de auxilio judicial a la Fiscalía Anticorrupción y a la jueza instructora, detectaron un desvío de fondos por un importe de 144.730 euros para la adquisición y reforma de tres viviendas en la localidad de Siete Aguas, situada en la comarca de la Hoya de Buñol.
Asuntos Internos cuenta con evidencias del “uso recurrente de dinero en efectivo de origen desconocido” en la adquisición de los bienes. También halló una “discrepancia masiva” entre los costes reales de las obras y los importes declarados, “confirmando el aprovechamiento ilícito de recursos públicos”. En definitiva, el informe ve una “operativa de prevalimiento y fraude orientada a la transformación de activos personales con fondos del erario” (de ahí que le impute indiciariamente un presunto delito de blanqueo de capitales).
Miguel Ángel E. T. compró en 2020 una vivienda en “ruina técnica”, construida en 1900 y con una superficie de parcela de 115 metros cuadrados, por 15.000 euros, sin que conste movimiento bancario alguno en sus cuentas que justifique su adquisición, por lo que “se desconoce” el origen de esa cantidad.
La ejecución de la reforma se hizo a cargo de la empresa Hermanos Tronchoni Navarro SLU, adjudicataria de 19 contratos de la Guardia Civil por un monto total de casi 100.000 euros. La firma usó una “infrarepresentación de costes masiva” (declaró 15.919 euros a pesar de que, según la tasación pericial de Antifraude, el valor real de la obra fue de 104.505,35 euros).
Además, “la vivienda fue acondicionada por una red de contratistas recurrentes de la Guardia Civil”, afirma el informe de Asuntos Internos. Cinco de los siete proveedores de la reforma (de rejas, ventanas, armarios, muebles de cocina y salón o de aire acondicionado) no recibieron abono alguno por parte del teniente coronel. Por el contrario, fueron adjudicatarias de un total de 102 contratos públicos.
“La reformamos y a ganar dinero”
La segunda vivienda en el mismo municipio (en “claro estado de deterioro”) fue adquirida un año más tarde, en 2021. Se trata de un inmueble construido en 1910 en una parcela de 150 metros cuadrados y adquirida por un total de 12.000 euros (2.000 euros fueron entregados en efectivo en concepto de arras), con un “componente especulativo” para su reventa tras la “reconstrucción casi total”. En una conversación intervenida en el marco de la investigación, el teniente coronel afirmaba ante su familia: “La reformamos y a ganar dinero... Luego la vendemos”.
Asuntos Internos detectó que la vivienda, una vez reformada, fue finalmente puesta a la venta en un conocido portal inmobiliario por 115.000 euros. De nuevo, el informe destaca que fue adquirida originalmente con fondos de origen desconocido, a tenor del análisis de las cuentas bancarias del investigado.
Los proveedores de la reforma sumaron 66 contratos públicos durante las obras privadas en el inmueble adquirido por el teniente coronel. La valoración pericial de la vivienda reformada cifró su valor en 67.428 euros (en ese periodo la empresa Hermanos Tronchoni Navarro SLU se hizo con 25 contratos públicos por un importe de 92.295 euros).
La tercera vivienda, un corral de uso industrial en una parcela de 115 metros cuadrados construido originalmente en 1898, fue adquirida en 2021 por el teniente coronel y su esposa, Subirana P., por un precio de 3.000 euros, abonados íntegramente en efectivo, siguiendo el “mismo esquema de irregularidad financiera y aprovechamiento directo de fondos públicos”, según Asuntos Internos. Se repitió el “patrón” de las reformas anteriores, esta vez con trabajos encargados a Gustavo William R. R.
Cuando la Guardia Civil registró la vivienda reformada se topó con enseres cuyas facturas originales de una conocida superficie comercial habían sido cargadas al erario. El investigado abonó 2.500 euros por los trabajos de reforma, a pesar de que la valoración técnica los cifró en 4.243 euros.
Sobrecostes por “puertas inexistentes”
Los fondos, presuntamente, fueron birlados al presupuesto de la Guardia Civil para obras en sus instalaciones. Antifraude también analizó los “sobrecostes sistemáticos” en los contratos de obras ejecutadas en varios acuartelamientos del Instituto Armado.
Fachada del cuartel de Benimaclet, en una imagen de archivo.
En el cuartel de Benimaclet, sede de la VI Zona de la Guardia Civil, detectaron sobrecostes “extremos” de un 348%, mientras que en las viviendas logísticas del edificio de Fuente de San Luis, también en València, fue de un 72% (entre actuaciones en el subsuelo no verificables o “puertas inexistentes”).
En la residencia de descanso Almardá de Sagunt, la AVA destapó sobrecostes del 122%, con facturación de desbroce sobre arbolado “inexistente”.
Asuntos Internos constata un “entorno de impunidad” propiciado por el teniente coronel Miguel Ángel E. T., con facturación de “actuaciones repetidas o concurrentes” o un “excesivo número de horas de trabajo respecto a la entidad real de las obras”, entre otros mecanismos para hinchar el fraude cometido contra el Instituto Armado.
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