El pleno de las Corts ha dado el carpetazo definitivo a la comisión de investigación de la dana con la aprobación gracias a los votos del PP y de Vox del dictamen final calificado como “fake” por las asociaciones de víctimas mayoritarias, cuyos representantes han presenciado la sesión desde la zona de invitados del hemiciclo. También ha estado en su escaño y ha votado a favor junto al resto del grupo popular el expresidente, Carlos Mazón.

Aunque la votación de las conclusiones se ha abordado en la sesión vespertina, por la mañana, al inicio del pleno, la portavoz adjunta de Compromís, Isaura Navarro, ha pedido que se retirara del orden del día argumentando que el chat del grupo de Whatsapp del Consell, que se conoció días después del cierre de la comisión de investigación, invalida el dictamen. Tanto el PP como Vox se han opuesto, lo que ha posibilitado su aprobación por la tarde. En los mencionados mensajes se evidencia que desde primera hora de la mañana los responsables de la Generalitat eran conscientes del peligro que podía darse aquella trágica jornada del 29 de octubre de 2024.

Precisamente, el portavoz de coalición valencianista, Joan Baldoví, ha protagonizado uno de los momentos más tensos durante la mañana cuando ha recordado lo que escribió el expresidente, Carlos Mazón: “A las 8.00 de la mañana del 29 de octubre de 2024 Carlos Mazón dijo vamos a inundar a los medios de datos, desprende sensación de estar alerta que te cagas, después desapareció y se encerró en un reservado mientras morían 230 personas”, momento en el que Mazón, al escucharlo desde su escaño ha soltado una carcajada.

Ya por la tarde, antes del debate de aprobación del dictamen, la presidenta de la Asociación Víctimas Mortales dana del 29 de octubre, Rosa Álvarez, ha considerado “una vergüenza” el cierre de la comisión de investigación de Les Corts sobre la gestión de la dana, y ha criticado que Carlos Mazón siga ocupando un escaño en Les Corts y siga “riéndose de las víctimas”.

Las tres asociaciones mayoritarias de víctimas han sido invitadas por el PSPV y Compromís al pleno de Les Corts Valencianes para presenciar la aprobación definitiva del dictamen de conclusiones de la comisión de investigación parlamentaria de la dana presentado por el PP y por Vox.

“Queremos presenciar la vergüenza de que cierren una comisión de investigación que desde el primer momento dijimos que era una investigación 'fake'” porque no se ha llamado a declarar a las dos personas investigadas en la causa judicial: la exconsellera Salomé Pradas y el secretario autonómico Emilio Argüeso, ha dicho Álvarez quien también ha pedido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que “se deje de las joyas de la abuela [en referencia a Zapatero] y se centre en que aquí hay 230 víctimas que necesitan respuesta” y que Mazón “esté fuera de la política”.

Indignación del PSPV y Compromís

El PSPV y Compromís han defendido sus votos particulares al dictamen, que han sido rechazados, en los que denuncian que el PP y Vox han instrumentalizado la comisión para proteger al Consell, que no ha habido interés por investigar la gestión de la dana y que la comisión se ha cerrado de forma precipitada y sin justificación, y exigen la constitución de una verdadera comisión de investigación.

La socialista Alicia Andújar ha asegurado que esta comisión “no pasará a la historia por intentar esclarecer la verdad sobre la muerte de 230 personas”, sino por ser “una comisión de exculpación” y para “encubrir” la gestión del Consell del Carlos Mazón, y ha advertido de que esta comisión es “ilegal”.

Isaura Navarro (Compromís) ha considerado “inviable” hacer un dictamen con la documentación aportada y las comparecencias llevadas a cabo; ha afirmado que el PP y Vox “nunca han querido saber la verdad”, y ha prometido que ganarán las elecciones y reabrirán la comisión “para que se sepa toda la verdad”.

El síndic del PP, Fernando Pastor, ha defendido el dictamen porque “no nace en un despacho ni de una consigna o de un relato”, sino de las comparecencias, del trabajo y de la documentación recibida en una comisión que, según ha destacado, ha hecho “el ejercicio de participación más amplio” y en el que “no ha habido vetos”.

El síndic de Vox, José María Llanos, ha celebrado que la comisión haya llegado a su fin y haya podido presentar sus conclusiones, pese a que sus trabajos han estado “mermados por la ausencia de comparecientes e información por parte del Gobierno de España”.

Los bulos del dictamen aprobado por el PP y Vox

Como informó elDiario.es, el documento de PP y Vox, de 126 páginas, señala que existía cobertura legal para que el Estado hubiera asumido la dirección de la emergencia y critica tanto las “deficiencias” en la información meteorológica e hidrológica transmitida durante la emergencia como la falta de ejecución por el Gobierno central de infraestructuras hídricas en zonas de riesgo.

Además, dedica gran parte de las conclusiones a derivar la responsabilidad de la gestión de la catástrofe al Gobierno por no haber declarado la emergencia nacional que se puede activar a petición de la autonomía o de oficio por el ejecutivo central, algo que no hizo porque el expresidente Carlos Mazón se opuso. De hecho, en su comparecencia para presentar su dimisión afirmó que uno de sus errores fue no pedir la declaración de emergencia nacional, reconociendo además que hizo caso omiso a la recomendación de su líder Alberto Núñez Feijóo.

A ello se une que tanto la jueza instructora como la Audiencia de Valencia han avalado por activa y por pasiva que la Generalitat Valenciana era la responsable de gestionar la catástrofe. De hecho, en uno de sus autos, la magistrada del juzgado de Catarroja que investiga el caso afirmó que “las víctimas no necesitaban la emergencia nacional sino la acción de la Administración autonómica”, es decir, que se les avisara con tiempo.

Las conclusiones también recurren al bulo del apagón informativo, amplia y reiteradamente desmontado por ambas instancias judiciales: “A lo largo de la Comisión, existe una coincidencia al concluir que la toma de decisiones se desarrolló en un contexto de elevada incertidumbre, derivado de deficiencias en la transmisión de datos hidrológicos, limitaciones en los sistemas de predicción y problemas en la integración de la información en tiempo real. Esta situación ha sido descrita como un auténtico apagón informativo, especialmente en relación con la información procedente de la Confederación Hidrográfica del Júcar”.

Sin embargo, en base a la misma información, la Universitat de València suspendió sus clases, lo mismo que diversos ayuntamientos como el de Utiel, y la Diputación de Valencia mandó a todos sus funcionarios a casa por las previsiones de la Aemet, las mismas que sirvieron a la embajada de Japón para recomendar el 28 de octubre, un día antes de la dana, a sus ciudadanos ubicados en la provincia que se preparan para una situación de emergencia,

Además, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) mandó a Emergencias numerosos correos de pluviometría y de caudales por superación de umbrales. Uno de los primeros ingenieros en declarar como testigo en el juzgado, en concreto el ingeniero de caminos de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), Francisco Vallés, destacó el papel de la Aemet: “Sus predicciones tenían que haberse tenido en cuenta. Hay que tomarse en serio a Aemet, que hizo un gran papel avisando desde días anteriores”.

Por último, atribuye también el escrito de conclusiones un amplio apartado para las obras hidráulicas no ejecutadas. Si bien es cierto que atribuye a la responsabilidad a “los sucesivos gobiernos de la nación”, la realidad es que como evidenció el vicepresidente para la Recuperación Económica y Social, Francisco José Gan Pampols, el Gobierno de Mariano Rajoy (2011-2018) dejó sin ejecutar las obras de encauzamiento por los recortes derivados de la crisis económica, lo que, en consecuencia, hizo caducar la declaración de impacto ambiental y obligó a tramitarla de nuevo.

“¡Y encima se ríe, encima se ríe! ¿Se reiría delante de las víctimas? ¿No les da vergüenza mantener a una persona así, subirle el sueldo, darle coche oficial, enchufar a todos sus asesores?. Cómplices de Vox, ¿no les da vergüenza mantener a este tipo aquí?”.

El portavoz de Compromís en las Corts, Joan Baldoví, se ha mostrado así de indignado en la sesión plenaria que se celebra este miércoles tras observar las carcajadas del expresidente, Carlos Mazón, cuando le ha recordado los mensajes que mandó al grupo de Whatsapp del Consell el día de la dana a primera hora (ver vídeo).

“Mire si son peligrosos que a las 8.00 de la mañana del 29 de octubre de 2024 Carlos Mazón dijo vamos a inundar a los medios de datos, desprende sensación de estar alerta que te cagas, después desapareció y se encerró en un reservado mientras morían 230 personas”, ha comentado Baldoví.

Justo en ese momento, las cámaras de las Corts han enfocado a Mazón quien ha soltado una carcajada mientras manipulaba su teléfono móvil.

Rechazas las enmiendas al presupuesto

La situación se ha dado en un momento del debate por el que el PP y Vox han rechazado las enmiendas de totalidad del PSPV-PSOE y de Compromís contra los presupuestos autonómicos, que pedían su devolución al Consell.

El proyecto de ley presupuestario asciende a 33.305 millones de euros, un 3,1 % más que el año anterior, y fue aprobado por el pleno del Consell el pasado 29 de mayo, tras al acuerdo alcanzado entre el PP y Vox para sacar adelante las que serán las terceras cuentas de esta legislatura y las primeras de Juanfran Pérez Llorca como president.

Durante el debate, Compromís y el PSPV han afirmado que los presupuestos son “una farsa”, están hechos “a medida de Vox” y debilitan los servicios públicos, mientras que el PP ha defendido que responden al compromiso del Consell con la ciudadanía y Vox ha acusado a la oposición de querer “generar inestabilidad” con estas enmiendas“.

El conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, ha abierto su intervención defendiendo que estos presupuestos son “útiles y justos”, pensados para el bienestar de los ciudadanos y el fortalecimiento de la Comunitat Valenciana, elaborados “en un contexto de deuda y liquidez muy adverso marcado por la injusta infrafinanciación”, y ha agradecido el apoyo de Vox para sacarlos adelante.

Los problemas no dejan de crecer en el seno de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) que dirige la presidenta Mar Chao. En este caso, viene motivado por un expediente abierto por la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI), un organismo público estatal de carácter independiente, que podría finalizar en una sanción administrativa de hasta 1 millón de euros por irregularidades en las cláusulas del contrato adjudicado a la empresa Asesores Forenses y Financierso, SL (GPartners) para la gestión del canal interno de denuncias.

Según ha averiguado elDiario.es, a raíz de una denuncia anónima, la AIPI abrió una investigación preliminar que ha concluido en la apertura de un expediente y su traslado al departamento de procedimiento sancionador por posibles incumplimientos de la Ley 2/2023 de Protección del Informante. Si la conducta se calificara finalmente como una infracción muy grave, tal y como pone de relieve la denuncia, la multa podría situarse entre 600.001 y 1.000.000 euros, al tratarse de una entidad pública equiparada a una persona jurídica.

La denuncia cuestiona la independencia y la correcta gestión del sistema de alertas interno incluido en el buzón de denuncias de la entidad portuaria, una función que habría delegado en una empresa externa a la que además se le atribuyeron funciones de investigación reservadas legalmente al responsable interno del sistema, es decir, a la APV. La investigación de la AIPI concluye que existen indicios suficientes para abrir un expediente sancionador específico contra la Autoridad Portuaria de Valencia.

Según la denuncia, la APV habría actuado de forma contraria a la Ley 2/2023, hasta el punto de que su conducta podría constituir una infracción administrativa grave o muy grave, especialmente en lo relativo a la independencia, imparcialidad y gestión adecuada de los expedientes del buzón interno.

El núcleo del problema se sitúa en el contrato que la APV formalizó en mayo de 2023 con la empresa Asesores Forenses y Financieros, S.L. (GPartners) por importe de 74.959 euros (IVA incluido) y por un plazo de tres años para gestionar el canal interno de denuncias. La ley permite encargar a un tercero la gestión técnica del canal (por ejemplo, la plataforma informática o la recepción inicial de las comunicaciones), pero limita esa externalización a funciones instrumentales, reservando la investigación de fondo y la valoración de los hechos al responsable interno del sistema.

Para la AIPI, el contenido del contrato y de su pliego técnico se excede en las competencias atribuidas a la empresa, ya que incluye servicios de análisis de las denuncias, determinación de si existen evidencias razonables, recomendación del alcance de las investigaciones internas e incluso la emisión de informes motivados y servicios de investigación. En la práctica, esto habría convertido al proveedor externo en un actor central en la instrucción de los expedientes, desdibujando el papel del responsable interno del sistema y comprometiendo la independencia que exige la Ley 2/2023.

La AIPI concluye que se ha incumplido la Ley 2/2023 en lo relativo a la configuración del sistema interno de información, el papel del responsable del sistema y los límites a la externalización de la gestión del canal. Jurídicamente, encuadra los hechos en el régimen de infracciones previsto en el artículo 63.1.g de la ley que considera infracción muy grave cuando se incumple de forma sustantiva la obligación de disponer de un sistema interno de información conforme a los requisitos legales.

Del informe a la posible sanción

Con la fase de comprobación ya cerrada, la AIPI ha finalizado las actuaciones del expediente y lo ha remitido al procedimiento sancionador, al apreciar que los hechos podrían ser constitutivos de infracción administrativa. Esto significa que, a partir de ahora, se abrirá un expediente específicamente sancionador en el que se valorará si la Autoridad Portuaria de Valencia es responsable y qué tipo de infracción (leve, grave o muy grave) se le imputa finalmente.

Por su parte, fuente de la APV han confirmado que “a raíz de una denuncia anónima presentada ante la AIPI ésta, en el marco de sus competencias y en fase de comprobación, solicitó información en relación al funcionamiento del Canal de Denuncias de la APV. Por Resolución de 14 de abril de 2026 se declaró concluida la fase de comprobación e instrucción, sin que conste el inicio de procedimiento sancionador alguno”, una situación que se da porque aún no hay pronunciamiento de este departamento al respecto.

La Autoridad Independiente de Protección del Informante es un organismo público estatal, de carácter independiente, creado a raíz de la Ley 2/2023 para proteger a las personas que informan sobre infracciones normativas y luchar contra la corrupción en el sector público y privado. Entre sus funciones están gestionar el canal externo de comunicaciones, adoptar medidas de protección frente a represalias y tramitar procedimientos sancionadores por las infracciones previstas en dicha ley, entre ellas la de no constituir los canales éticos en las empresas u organismos o, constituidos, que estos no funcionen conforme a ley.