La investigación judicial a Leire Díez y su grupo deja un reguero de nombres que apunta en muchas direcciones. Políticos, empresarios, fiscales, guardias civiles y abogados son los protagonistas de las tramas y subtramas de las agendas de la exconcejala socialista. Algunos están imputados o son colaboradores y otros se utilizaron como fuentes de información u objetivos de un entramado supuestamente dedicado a buscar los puntos flacos de las causas judiciales que afectaban al PSOE, al Gobierno o a ellos mismos. Un propósito en el que, a tenor de las investigaciones, fallaron estrepitosamente.

Leire Díez. De concejala desconocida en Vega de Pas a imputada en múltiples causas de supuesta corrupción en la Audiencia Nacional. El juez Santiago Pedraz y la UCO acusan a Leire Díez de ponerse al frente de un grupo dedicado a buscar puntos flojos en causas judiciales o información comprometedora de jueces, fiscales y guardias civiles. La ya exmilitante llegó a acudir a dos reuniones en la Fiscalía General del Estado y mantuvo encuentros y conversaciones que analiza la UCO aunque, por el momento, el sumario no desvela que alguna de sus gestiones tuviera éxito para el PSOE o para el resto de miembros de la trama.

Santos Cerdán. La UCO, el juez y la Fiscalía Anticorrupción creen que Santos Cerdán fue el encargado de abrir las puertas del número 70 de la calle Ferraz a Leire Díez, con la que, según el sumario, ya había mantenido contacto anteriormente. Celebraron más de tres decenas de encuentros y, según los investigadores, se convirtió en el principal interlocutor de Leire y su grupo en el PSOE del cual era secretario de Organización. Los mensajes intervenidos revelan que Leire iba informando a Cerdán –o apuntaba en su agenda que lo hacía– de los pasos que iba dando para desbaratar causas judiciales incómodas para el Gobierno, el PSOE o para ellos mismos.

También se le acusa de ser el muñidor de los pagos a Leire Díez, un sistema que habría evitado dar dinero de forma directa a la exmilitante y hacerlo a través de terceros como Gaspar Zarrías. Recientemente ha negado las acusaciones contra él y ha apuntado a la UCO: “Se seleccionan objetivos y luego se dirigen operaciones abiertas contra ellos con la finalidad de encontrar 'algo' que pueda servir para ensuciar su imagen y minar su credibilidad pública”. 

Javier Pérez Dolset. Empresario fundador de Teleline (Terra) y del grupo ZED, conglomerado empresarial responsable, entre otras cosas, del videojuego 'Commandos', uno de los más exitosos de la industria española. Fue detenido y encarcelado de forma preventiva en junio de 2017 en el marco de una investigación sobre un supuesto fraude millonario de subvenciones por parte de sus empresas, de cuyo concurso de acreedores acaba de ser declarado culpable mientras sigue pendiente de juicio en la causa penal. Pérez Dolset, que salió de prisión casi un mes después, lleva años denunciando que fue víctima de una operación corrupta del excomisario José Manuel Villarejo y, entre otros, el fiscal anticorrupción José Grinda. Un fiscal al que no solo acusa de maniobrar ilegalmente para meterle en prisión, sino también de ponerle en peligro al filtrar que había sido testigo protegido en una causa secreta.

Durante años acumuló información y grabaciones sobre las cloacas policiales e intentó, sin éxito, que la Fiscalía y la Audiencia Nacional investigaran su caso desde esa perspectiva. El sumario y sus propias declaraciones revelan que Pérez Dolset fue uno de los grandes colaboradores de Leire Díez, gestionando una carpeta llamada “Operación PSOE” con información sobre las maniobras de Villarejo, entre otros, contra Pedro Sánchez, que el grupo terminó llevando a la calle Ferraz. En su declaración como testigo ante el juzgado de Madrid que investigó en primer lugar a Díez, el empresario detalló cómo se reunió con diversas “víctimas” de la policía patriótica, desde el nacionalismo catalán hasta el PSOE, incluso con Julio Ariza (Intereconomía). “La reunión fue un fiasco absoluto”, dijo sobre su visita a la calle Ferraz, porque la fuente de información de Villarejo estaba en esa misma reunión.

Jacobo Teijelo. Abogado en ejercicio desde 1992, el sumario está trufado de conversaciones de Teijelo con Leire Díez para hablar de numerosos casos judiciales y posibles huecos por los que buscar la nulidad de los mismos. Participó en una reunión con el empresario de los hidrocarburos Alejandro Hamlyn en la que se habló de cargar contra el teniente Antonio Balas y también acudió en dos ocasiones a la Fiscalía General acompañado de Díez. El juez Pedraz se apoya en la UCO para considerar a este abogado como miembro del grupo de Leire Díez y también como uno de los canales usados por el PSOE para pagar a la exmilitante. Tendrá que declarar como investigado el 25 de junio.

Tanto él como el abogado Ismael Oliver son considerados por parte de la UCO como “asesores cualificados en materias jurídicas”, acusando a este segundo abogado de haber canalizado también pagos desde el PSOE hasta Leire Díez. Llegó a asumir temporalmente la defensa de Koldo García, algo que según la Guardia Civil “instrumentalizó” para presentar diversas denuncias contra la UCO que el grupo pretendía, supuestamente, desestabilizar. Otra letrada ha sido citada tanto por el juez como por los informes de la UCO: Leticia de la Hoz. La actual abogada de Koldo García está acusada de ofrecer dinero y un soborno a la empresaria Carmen Pano a cambio de que dejara de afirmar que había llevado dinero en efectivo a la calle Ferraz, una acusación que la abogada ha negado por escrito ante la UCO.

Sandro Rosell. Presidente del FC Barcelona entre 2010 y 2014, momento en que dimitió por la investigación penal en torno al fichaje de Neymar, causa en la que ha sido recientemente absuelto en firme. Rosell pasó 634 días en prisión provisional por orden de la Audiencia Nacional en una causa judicial en la que finalmente fue absuelto y desde entonces ha denunciado las irregularidades que, considera, se cometieron en su caso. El sumario del caso Leire muestra que contactó con el grupo de la exmilitante socialista y participó en los contactos con el fiscal José Grinda para que ofreciera datos confidenciales de su jefe, Alejandro Luzón, y reconociera que su encarcelamiento había partido de una actuación ilegal del Ministerio Público. Compartió un grupo de WhatsApp con Leire Díez y sus colaboradores aunque no consta que, tras los contactos telefónicos, Rosell consiguiera reunirse con el fiscal Grinda.

Gaspar Zarrías. El sumario demuestra que Gaspar Zarrías ya tenía contacto con Leire Díez en 2020, cuando el interés de la exmilitante era indagar en causas judiciales como Aznalcóllar, Isofotón o los ERE de Andalucía que asediaban al socialismo andaluz. Zarrías había sido alto cargo con José Luis Rodríguez Zapatero, pero, sobre todo, había encadenado puestos de gobierno en la Junta de Andalucía y estaba, por entonces, condenado en el caso de los ERE. El juez considera que, tal y como él mismo reconoció ante el juzgado de Madrid como testigo, pagó 16.000 euros a Leire Díez, aunque el magistrado y la UCO consideran que fue otro canal ilegal para camuflar el dinero que llegaba desde el PSOE, algo que Zarrías niega entre denuncias de irregularidades en el registro de su despacho en Madrid.

Nervis Villalobos. Viceministro de Energía Eléctrica en Venezuela con Hugo Chávez entre 2002 y 2007, Nervis Gerardo Villalobos tiene un historial diverso de detenciones e imputaciones relacionadas con el blanqueo de capitales y con el petróleo venezolano tanto dentro como fuera de España. Su punto de encuentro con la trama de Leire Díez, según la UCO, fue su historial de enfrentamientos con Juan Carlos Peinado, de quien el grupo buscaba información y a quien él había vencido en el Tribunal Constitucional por ordenar su encarcelamiento de forma irregular.

El sumario revela que la relación de Villalobos con Leire Díez se fue estrechando. Ella se comprometió a averiguar en qué estado se encontraba su petición de nacionalidad –que finalmente le fue concedida aunque por una vía distinta– y él empezó a conspirar con ella contra José Grinda, uno de los fiscales anticorrupción que le había investigado. Los informes de la UCO desvelan que Villalobos hizo gestiones para que Leire Díez mantuviera contacto con la joven que había denunciado a este fiscal por enviarle vídeos sexuales cuando era menor, la moneda de cambio que el grupo quería usar para que Grinda colaborara con ellos.

Antonio Hernando. Secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando llegó a ser portavoz del PSOE en el Congreso hasta 2017 y ya en 2023 volvió a los altos cargos en el gabinete de Pedro Sánchez en Moncloa. La UCO, tal y como ha reconocido él mismo, ubica a Hernando en una de las reuniones clave de Leire Díez con miembros del partido en Ferraz poco después de la imputación de Begoña Gómez. Él mismo testificó ante el juez de Plaza de Castilla que puso en marcha la primera investigación en torno a la exmilitante socialista. Entonces contó que ese día de 2024 fue convocado por el equipo de Santos Cerdán para escuchar información sobre la “policía patriótica”.

En esa reunión, contó Hernando, Leire Díez y Javier Pérez Dolset ofrecieron documentación sobre las cloacas que afectaban a Pedro Sánchez. “Esa documentación no era novedosa, en cuanto vi la documentación perdí interés porque era conocido”, dijo al juez. En los 20 minutos en que estuvo en la reunión, nadie habló de buscar trapos sucios de jueces, fiscales y guardias civiles: “No se habló de nada de esto, en ningún momento”. Se limitó a pedir a una de las abogadas del partido que insistieran en estos hechos en las causas en las que estaban personados en la Audiencia Nacional.

Alejandro Hamlyn. Nieto del naviero vasco José María López Tapia, Alejandro Hamlyn es un empresario ligado al mundo del petróleo desde hace años. Fundador del holding del sector de los hidrocarburos antes llamado Hafesa y hoy denominado “Haxx” con un nuevo consejero delegado, Hamlyn lleva más de un año instalado en Dubái sin acudir a España a responder en la causa penal de fraude fiscal masivo en la que está imputado en la Audiencia Nacional. No acudió, por ejemplo, al juicio en el que su empresa fue condenada a pagar 159,1 millones de euros. Desde los Emiratos Árabes Unidos, según la investigación y los vídeos recogidos, mantuvo una reunión con miembros de la trama con un objetivo: mercadear con información que pudiera tumbar al teniente coronel de la UCO, Antonio Balas, a quien todos culpaban de sus problemas judiciales. Tanto los acusados en las causas de hidrocarburos como algunos socios del grupo de Leire Díez.

José Manuel Villarejo (y su abogado). En un momento dado Leire Díez decide acudir al hombre que custodia bajo llave un alijo explosivo de secretos: José Manuel Villarejo Pérez. La exconcejala contactó con su abogado, Antonio García Cabrera, para hacer una promesa: la Fiscalía Anticorrupción pactaría con su cliente. A cambio, según los investigadores, el comisario jubilado tendría que abrir el baúl de los recuerdos y filtrar material de interés para el grupo. Algo que nunca sucedió: Villarejo llegó a lamentar que él y su abogado eran los únicos que cumplían su parte del trato después de que el fiscal encargado de su caso rechazara, en varias ocasiones, hablar con su defensa. Lejos de llegar a un pacto con la Fiscalía, Villarejo se sienta esos días en el banquillo por el operativo policial Kitchen, acusado de integrar una operación ilegal de Estado para robar a Luis Bárcenas información comprometedora para el PP y para Mariano Rajoy. Anticorrupción pide 19 años de cárcel para él.

Los fiscales anticorrupción. El grupo, según se desprende del sumario, puso todos sus esfuerzos en llegar a tres fiscales del departamento de Anticorrupción. El objetivo era conseguir información comprometedora sobre Alejandro Luzón, el jefe, después de que facilitara la puesta en libertad de Víctor de Aldama en una carambola entre las dos causas en las que está imputado. Para ello recurrieron sin éxito a dos de sus subordinados: José Grinda e Ignacio Stampa. Los dos rechazaron los diversos ofrecimientos y comunicaron a sus superiores lo que entendieron que era un intento de soborno.

Antonio Balas. La trama supuestamente encabezada por Leire Díez convirtió a Antonio Balas en uno de sus principales objetivos, hasta el punto de escribir que había que “matar” a este teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Su número de identificación está en algunos de los informes policiales más relevantes de los casos de más alto voltaje político del último lustro, entre el fervor de las acusaciones y las críticas de parcialidad de las defensas. El grupo de Díez buscaba desacreditar su trabajo e intentó llegar a él y sus supuestos secretos a través de varios guardias civiles, algunos imputados, y a través del empresario de hidrocarburos Alejandro Hamlyn.

La investigación de la Audiencia Nacional en torno a José Luis Rodríguez Zapatero, su patrimonio y su supuesta relación con el rescate de la aerolínea Plus Ultra en la pandemia se ha encontrado con un esqueje salido de los primeros registros: las joyas encontradas en el interior de una caja fuerte en un despacho del equipo del expresidente del Gobierno en la calle Ferraz. Ahora el juez Calama quiere saber de dónde salieron esas joyas, cuánto valen y si su posesión abre la puerta a nuevas acusaciones contra Zapatero. 

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Guardia Civil entró en la oficina del expresidente el pasado 19 de mayo, a las 8.17 de la mañana. Durante ese registro abrieron una caja fuerte donde Gertrudis Alcázar, secretaria de Zapatero, explicó lo que iban a encontrar: joyas, “algunas” procedentes de la herencia de Sonsoles Espinosa, esposa del expresidente, y “regalos de viajes”, según quedó recogido en el acta de los agentes.

La ramificación central del caso gira en torno a si José Luis Rodríguez Zapatero cobró a cambio de impulsar el rescate de más de 50 millones de euros de dinero público por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a la aerolínea Plus Ultra. Entre otros métodos, el juez José Luis Calama analiza si parte de los pagos se canalizaron a través de la consultora de sus hijas o si la trama planeaba abrir una sociedad en Dubái. 

Las joyas encontradas en la caja fuerte han abierto un nuevo frente y el primer paso del instructor fue pedir un peritaje para calcular su valor. La respuesta de los joyeros ha sido que el ajuar encontrado vale, potencialmente, más de 1,3 millones de euros. Y ese dato se ha convertido en una nueva imputación para José Luis Rodríguez Zapatero. El próximo 17 de junio el expresidente del Gobierno no solo tendrá que explicar su relación con Plus Ultra y Julio Martínez, sino también responder por delitos de fraude fiscal y contrabando. 

Para el magistrado de la Audiencia Nacional es necesario saber si Zapatero pagó los impuestos relacionados con esas joyas y descubrir de dónde las sacó. Solo por el IRPF, dice el juez, el tipo aplicable es del 46% aproximadamente. Si no se pagaron los aranceles necesarios, añade, podría estar ante un caso de contrabando. “La introducción, tenencia o circulación en territorio nacional de joyas cuyo valor global asciende a aproximadamente 1.323.915 euros, sin acreditación del pago de los derechos arancelarios, impuestos especiales o tributos asociados a su importación, constituye un indicio objetivo de que tales bienes pudieron haber accedido al territorio aduanero de la Unión Europea eludiendo los controles y obligaciones fiscales exigibles”, dice el juez.

Herencia familiar y regalos “de viajes”

El exdirigente socialista tendrá que concretar ante el juez la procedencia de los relojes, collares y otros efectos que su entorno ha atribuido en parte a una herencia familiar de Sonsoles Espinosa y en parte a regalos procedentes de “viajes”, así como aclarar si fueron durante su etapa como presidente.

Zapatero mantuvo a lo largo de sus dos legislaturas una amplia agenda internacional con más de 200 viajes, según reveló una petición a Transparencia realizada por Maldita.es en 2020 sobre el uso del avión presidencial. Según esos datos, el expresidente socialista realizó 134 vuelos a países extranjeros entre 2004 y 2011 sin contar cumbres ni consejos europeos. Por ejemplo, viajó en una veintena de ocasiones a países de África (Marruecos, Argelia, Senegal, Egipto...) e hizo 16 visitas a países situados en el continente asiático (China, Kazajistán, Siria, Arabia Saudí...).

En esos viajes se vio con multitud de primeros ministros, presidentes o reyes como Mohamed VI de Marruecos. A este país viajó en cuatro ocasiones: la primera vez fue en 2004 a Casablanca, la siguiente en 2005 a Rabat, mismo destino que en 2007 (para una reunión de alto nivel hispano-marroquí), y la última vez a Uxda y Rabat en 2008.

Zapatero también se reunió durante su etapa como presidente con el Rey Abdulá bin Abdelaziz de Arabia Saudí en la ciudad de Yeda en 2009 o con el entonces líder interino de Túnez Fuad Mebaza en el Palacio presidencial de Cartago en 2011, su último año como presidente. Este último encuentro fue, en realidad, parte de un viaje más amplio que también le llevó a Catar —donde negoció acuerdos bilaterales con el emir y el primer ministro— y a Abu Dhabi y Dubai, en Emiratos Árabes Unidos.

Cuando Zapatero llegó al Gobierno, en 2004, no existía una normativa específica que regulara o limitara los regalos de los servidores públicos, incluido el jefe del Ejecutivo. Pero precisamente su Gobierno aprobó en marzo de 2005 en Consejo de Ministros el llamado “Código de Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado” que, por primera vez, sí recogía una referencia explícita a los obsequios. 

En su artículo tercero, referido a los “principios de conducta”, el Gobierno de Zapatero incluyó el siguiente párrafo: “Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía o préstamos u otras prestaciones económicas que puedan condicionar el desempeño de sus funciones, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal. En el caso de obsequios de mayor significación de carácter institucional se incorporarán al patrimonio del Estado, en los términos previstos en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, de acuerdo con lo que se determine reglamentariamente”.

La orden ministerial se aprobó cuando Zapatero apenas llevaba un año en la Moncloa y estuvo vigente hasta su salida, en 2011, por lo que la limitación estuvo en vigor la mayor parte de su mandato.

El origen y el momento en que las recibió, claves

El origen y el momento temporal en el que el expresidente Zapatero heredó o recibió las joyas como regalo será clave de cara a su posible responsabilidad con la Hacienda pública, si la hubiera. Deberían haberse tributado a través del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, un tributo progresivo que oscila entre el 8% y el 40%, en función del grado de parentesco entre el que da y el que recibe, y el importe de lo recibido. “La deuda tributaria prescribe a los cuatro años y el delito a los cinco, diez en el caso de que sea agravado, pero quien alega prescripción debe acreditar la fecha del regalo, algo muy difícil en joyas entregadas en mano sin rastro documental”, señala Xavier Rubert, socio del bufete Lullius Partners, especializado en derecho tributario.

En el caso de que no existan pruebas documentales que demuestren la prescripción de estas deudas, Hacienda podría incorporar como ganancias no justificadas el valor de las joyas a la declaración del IRPF del expresidente, que sería al tipo máximo en la escala de la renta: el 46%.

A mayores, el valor de las joyas, superior al millón de euros, colocaría a Zapatero en el ámbito del Impuesto sobre el Patrimonio, que cobran las comunidades autónomas, o del temporal para las grandes fortunas, que recauda el Estado central. En el caso de Patrimonio, y siendo residente en Madrid, al menos debería haberlo incorporado en las declaraciones de 2024, 2025 y 2026. No haber declarado las joyas supondría pagar la cuota tributaria con intereses y una sanción de entre el 50% y el 150% de dicha cuota. “Si la cuota defraudada supera los 120.000 euros por impuesto y año, hay delito fiscal: prisión de uno a cinco años y multa de hasta seis veces lo defraudado, que sube de dos a seis años por encima de 600.000 euros o si median testaferros o paraísos fiscales”, asegura el director de Estudios del Registro de Economistas Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas, Rubén Gimeno.

La apertura de esta nueva línea de investigación podría, según los expertos consultados, bloquear una potencial regularización voluntaria del expresidente, en el caso de que estas joyas no se hubiesen declarado con anterioridad. “Mientras no reciba una citación judicial para la investigación de los posibles delitos fiscales, o una citación de la administración tributaria para comprobar su situación, tendría la posibilidad de presentar liquidaciones tributarias, sin ningún tipo de sanción o repercusión penal”, apunta el portavoz de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, José María Peláez, a preguntas de este periódico.