© Haiyun Jiang/The New York Times
Leire Díez podría haber escrito en las pirámides, o en un recetario del seguro, o podría ser la autora del manuscrito Voynich, que nadie ha descifrado aún. El caso es que no somos capaces de imaginar qué puede ser “P.S.”, eso que escribió ella varias veces en su libreta un poco nigromántica o extraterrestre. “Reunión con P.S.”, “hermano de P.S.”… Ni siquiera podemos alcanzar a imaginar a qué puede referirse todo lo que hay allí, cómo encaja, qué sentido tiene ni qué misión cumple, si son anotaciones de una mafia, de una mercería o de un marciano trompetero. “Puede ser Paco Salazar, Pedro Solana…”, aventuraba en Malas Lenguas Loreto Ochando, tirando de navaja de Occam o de gafa gorda. Incluso podría ser “Paquita Salas”, llega a decir en otra ocasión la misma periodista, especie de ogro trotaconventos de la profesión (sigan sus ecos sobre los deneíses de Peinado o la bomba lapa contra Sánchez), y que yo veo especialista en los misterios sin misterio, en las conspiraciones de lo evidente y en otros espiritismos y sospechas siempre alrededor del interés del Gobierno. Es verdad que en ese momento la pararon: “No, Paquita Salas no, vamos a ser serios”, la cortó Jesús Cintora, que con esa cosa suya de zagal con zamarra de La hora chanante terminó haciendo de esto lo más cómico y absurdo de la conversación.
Yo creo que todo esto tendrían que pasárselo a la Nave del Misterio de Iker Jiménez, ahora en Horizonte, que ya no busca fantasmas en los relojes de péndulo sino en el sanchismo, que tiene más. Por ejemplo, los 61 periodistas de la cuerda que menciona Jacobo Teijelo. Aunque alguno de ellos, como Mateo Balín, ya se nos descubrió cerrando el círculo de la cloaca: las grabaciones de Villarejo en las saunas del suegro de Sánchez, compradas por la trama, fueron explicadas por Balín, también en Malas Lenguas, como maniobras parapoliciales contra Sánchez ya en aquellos primeros tiempos, haciendo pensar o malpensar en una UCO patriótica en pañales o con albornocito. Pero la verdad es que no hay tanto misterio. Si uno mira la agenda de Leire, y aquel manifiesto “contra el golpismo mediático y judicial”, o simplemente mira lo que tiene delante, limpiándose antes la gafa gorda, enseguida desaparecen casi todas las conspiraciones y telarañas.
Marc Giró es de chistera como María del Monte es de peineta, la lleve o no. Los dos, incluso, tienen su público acorde, uno con chistera imaginaria y otro con peineta imaginaria. Igual que María del Monte se coloca la peineta en casa, como un samurái sevillano, me parece que Marc Giró se puso enseguida la chistera, y la chistera de combate, nada más ver que el papa León XIV atacaba la polarización como a gorrazos de bonete. Con la chistera con cañonera ya puesta de casa, Mar Giró se fue luego a su programa como a la ópera (él va a su programa como a la ópera de él mismo, igual que Frasier) y se dispuso a ser el antipapa con chistera que defendería la polarización, que es buena y progresista, contra una loca iglesia de matices y boina. Yo nunca había visto a Giró en acción y me lo imaginaba entre Buenafuente y La Trinca, pero la verdad es que es más bien un Mr. Bean sin pilas, sin poderes de Mr. Bean, sin gracia y sin vida, un Mr. Bean congelado que más bien sería ya un Mr. Potato. La crítica y el humor se quedaban en una severidad expresada con asquito y en unas muecas que parecían su asfixia en una bolsa de plástico. Pero además las falacias le llegaban al copete, y así no hay posibilidad ni de humor ni de seriedad. Este Mr. Potato a cachos parece un infiltrado puesto ahí para que nos deshagamos del humor y de la inteligencia como de las orejas y los ojos.
Con coreografía de Rocky, para que doliera la cosa moral o lógica en el hígado, Mar Giró nos pretendía convencer de que la polarización es sólo seguridad y convicción, ese sí o ese no rotundos a las grandes preguntas, porque uno no se puede poner a matizar sobre el feminicidio, claro. Pero no, eso no es polarización, eso es binarismo lógico o un test de revista de la pelu. La polarización es otra cosa, es el conmigo o contra mí, es la construcción de un dualismo tribal por adhesión emocional y lealtad ciega; es que no hagan falta ni las preguntas ni las respuestas, ni la verdad ni el análisis porque basta la adscripción a una de las dos tribus. Pero incluso con dos boxeadoras por allí, americanas o goyescas, la cosa daba para poca sangre, así que Giró pisaba la cara de una actriz disfrazada de obrera para equiparar además el no polarizar con el silencio sumiso. Era como esas performances macabras de los indepes con harapos, antorchas y jubilados de la clase de expresión corporal. A lo mejor ése es su público.
La polarización es sólo la táctica de Sánchez para intentar salvar el pellejo dándole la vuelta a todo después de haber volado la democracia
La polarización no sólo no es la verdad, ni la convicción, ni la justicia, sino que es justo lo contrario. Ahora, en realidad, es sólo la táctica de Sánchez para intentar salvar el pellejo dándole la vuelta a todo después de haber volado la democracia (llegó a decir Giró que lo de Leire pasaría como lo del pequeño Nicolás, que aquí hay mucho Lazarillo, y yo creo lo decía que sin ironía, que no era posible la ironía en su congelación). El monólogo de Marc Giró también le daba la vuelta a todo para llevarte al final, como el test de la revista te lleva a la boda o a la dieta, hacia la trinchera de siempre. A un lado, machistas, asesinos, franquistas, terraplanistas y comedores de jamón, (¿la “fachosfera”?), y al otro lado, ellos. Ellos, quizá con un tal P.S. y hasta un Mr. Potato que vive en la congelación. Bueno, si a eso se le puede llamar vida, que peor que no tener orejas, ni ojos, ni cintura, ni sangre, ni chistera de verdad, es no tener humor ni dos dedos de frente.
Pedro Sánchez ha estado de misa, de festivales, de manisero del progreso y de pintor de angelitos negros de Machín, y no le hemos notado ni más ni menos vivo ni muerto por Leire ni por Zapatero Romanov o Zapatero Nefertiti (las joyas “de escaso valor” del cajón de la abuela, que te sacaban en TVE como si fueran collares de picapica del carrito de las chuches, ya saben ustedes lo que valen). A Sánchez ya le hemos hecho la comparación con Dorian Gray, lo que pasa es que su retrato no es un retrato sino que la sombra y la podredumbre las va dejando por sus ministros, sus tertulianos y sus heraldos. Todo lo que no se le nota a Sánchez se le nota a Marlaska, por ejemplo, que colapsó el otro día cuando le preguntaron por las contradicciones en las reuniones sin reunión, sin importancia o sin tema de Leire con la directora de la Guardia Civil. Marlaska tartamudeando, Marlaska encasquillado en un glitch o en un tic, como si fuera Millán Salcedo, era algo que no nos imaginábamos en el ministro más longevo y quemado. Al tertuliano Pedro Vallín, que suele hablar como desde una tarimita o una farola de desprecio y condescendencia, también lo hemos visto temblar verdadera y físicamente, como el barbero de Al Capone, cuando Ferreras le volvió a sacar su foto con Leire.
Y lo de Wyoming, el gran Gran Wyoming, que es como ese cura que hace él, pero de la izquierda conventual, es casi más espeluznante porque fue como si Wyoming renunciara a Wyoming. Al menos, cuando la UCO registraba Ferraz se permitía hacer gags de policías fardones registrando los ojetes a la gente. O nos decía que lo mejor para confiar en la justicia es “no ver lo que hacen ciertos jueces”. O, ante una foto de Aznar y Rato como si estuvieran en el monte Rushmore, nos sacaba eso de que “la derecha gestiona mejor las cloacas”. Pero luego dijo una frase con la que a mí me pareció que se derrumbaba, siquiera a su manera. “Un Gobierno progresista no puede ni debe responder al lawfare con las armas que tanto hemos criticado”. No era ya sólo que Wyoming asumiera el lawfare, que sabemos que lo hace, ni que admitiera que la trama Leire es del Gobierno. Es que era una frase totalmente seria. Era la decepción, la derrota, la muerte de tener que renunciar al humor, al personaje, a la máscara, al truco, a los policías del ojete y a las fontaneras de mocho enfrentadas a los James Bond de Colón. Sí, Sánchez está igual porque se pudre o se desmorona en todos los que le rodean. Wyoming serio era aún más descorazonador que Marlaska tartaja.
El Mundial de 2026 se sitúa como una oportunidad para México demostrar su capacidad de organizar eventos mundiales con seguridad y garantías. De la misma manera que en clave americana, sirve como excusa para que Canadá y México tejan una alianza estratégica después de los desplantes de Donald Trump. Y es que, para Estados Unidos, el tercer organizador del Mundial, la situación se ha vuelto hostil después del veto del árbitro somalí Omar Artan, los registros a diferentes federaciones nacionales y las amenazas con vetar la participación de Irán.
Anteriormente, en 2018 la Copa del Mundo de fútbol sirvió a Rusia para aparentar normalidad. En 2022 Qatar la usó para proyectarse como un país aliado de Occidente después del apoyo a facciones islamistas en Siria e Irak.
En esta ocasión, Canadá y México están actuando como un solo bloque respecto a la coordinación de todos los evento. También coinciden a la hora de abordar los asuntos polémcos. EEUU vetó a la federación de Irán, pero México los acoge sin problema. Sobre el veto a Omar Artán, Canadá ya se ha ofrecido para que arbitre los partidos allí.
A pesar de ser una Copa del Mundo organizada a tres, parece ser que realmente son dos y otro que se ha sumado. Estados Unidos parece que está más centrado en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028. Los mexicanos están siendo unos grandes anfitriones, y Canadá está acogiendo todas las federaciones nacionales con esmero. No pasa lo mismo en EEUU: vetos, registros, federaciones incómodas, etcétera...
Pero esto trasciende a los organizadores, y también afecta a los participantes. La inclusión de selecciones como Irak, Irán, Senegal, Egipto, Uzbekistán, Turquía o Curazao en el Mundial 2026 desborda lo deportivo para convertirse en un acto de afirmación colectiva. En un torneo ampliado a 48 equipos, donde el mapa futbolístico se ensancha hacia África, Asia y el Caribe, estas naciones encarnan algo que ninguna potencia tradicional puede ofrecer: la emoción de existir, por una vez, en el centro de la atención mundial.
El caso más elocuente es el de Curazao, que con apenas 156.000 habitantes se convierte en la nación más pequeña en clasificarse para un Mundial en toda la historia. Que un territorio diminuto del Caribe comparta cancha con Alemania o Costa de Marfil demuestra que el fútbol sigue siendo uno de los pocos lenguajes globales donde el tamaño no condena de antemano. Algo parecido sucede con Uzbekistán, debutante absoluto: su clasificación significa que Asia Central finalmente tiene su momento en el escenario mundial. Así se da voz futbolística a toda una región históricamente periférica en el imaginario deportivo.
En otros casos, el orgullo nace del reencuentro. Irak regresa a la cita planetaria por primera vez desde 1986, y lo hace además en medio de dificultades logísticas y políticas para viajar, lo que convierte la presencia de su selección en un símbolo de continuidad nacional frente a la adversidad. Turquía vuelve tras más de dos décadas de ausencia. Recupera así el recuerdo de su histórico tercer puesto en 2002. Egipto, con la generación de Salah, prolonga una tradición que conecta al país con el fútbol africano más reconocible. Senegal e Irán, ya habituales, consolidan un prestigio que la aleja del papel de meros comparsas.
En contextos de fragilidad institucional, conflicto o invisibilidad, el equipo nacional funciona como una representación condensada de la comunidad"
Para estos pueblos, vestir la camiseta nacional ante el mundo opera como ritual de pertenencia. La bandera, el himno y los colores adquieren una densidad emocional difícil de igualar por otras instituciones. En contextos de fragilidad institucional, conflicto o invisibilidad internacional, el equipo nacional funciona como una representación condensada de la comunidad: durante noventa minutos, la nación entera se reconoce en once jugadores. El Mundial, en este sentido, no premia solo la excelencia técnica, sino que distribuye dignidad simbólica.
La presencia de estos países recuerda que el orgullo nacional no es patrimonio exclusivo de las grandes potencias, sino una experiencia compartida que se renueva cada cuatro años allí donde una afición puede, al fin, decir "nosotros también estamos". Frente a quienes ven en la expansión una mera operación comercial, su participación recuerda la dimensión más noble del fútbol: la de ofrecer a comunidades pequeñas, golpeadas o periféricas un espacio de igualdad y dignidad compartida.
En conclusión, el Mundial deviene así un espacio de igualdad simbólica donde naciones marcadas por el conflicto, la fragilidad institucional o la invisibilidad internacional encuentran, siquiera transitoriamente, una sede de dignidad colectiva. Y es precisamente ahí, en esa capacidad de hacer existir a un pueblo ante la mirada del mundo, donde reside el orgullo nacional que estas participaciones suscitan. No en la victoria, sino en el acto mismo de estar y de ser reconocidos.
Guillem Pursals es doctor en Derecho (UAB), máster en Seguridad (UNED) y politólogo (UPF), especialista en conflictos, seguridad pública y Teoría del Estado.
A Leire Díez (unos 50 años, natural de Portugalete) ahora no le importa aparecer ante el público como si fuera medio tonta. Su aspecto ayuda. En una conversación con Manuel Jabois en El País le dijo que era "una bocazas". "Sueltas esas cosas porque necesitas ganar la confianza de la gente que está enfrente", añadió para restarse importancia a sí misma. Ella, que llegó a atribuirse ser "la mano derecha" de Santos Cerdán, "una mano derecha que no aparece".
Lo sospechoso en este cambio de actitud es que cuadra con la versión que más le conviene al PSOE y a Pedro Sánchez, a quienes ella quería proteger abortando los casos judiciales en los que están envueltos algunos dirigentes del partido y familiares directos del presidente. "No es Mata Hari", dijo un ministro esta semana. Es más bien Antoñita la Fantástica. Pero el PSOE todavía no se ha querellado contra ella. Pedro Sánchez nos quiere hacer creer que ni siquiera sabía quien era.
Pero esa imagen de Lina Morgan en su papel en La tonta del bote, ese personaje que parece inventado por Carlos Latre, no tiene nada que ver con la realidad, con la auténtica Leire Díez, la fontanera de Ferraz.
Ninguna militante de medio pelo tiene la capacidad para reunirse con la directora de la Guardia Civil, ni para que la recibiera en su despacho el número dos de la Fiscalía General del Estado, ni mucho menos para ser recibida por el secretario de Organización del PSOE 22 veces en su guarida de la calle Ferraz. Lo que investiga el juez Santiago Pedraz no son las bravuconadas de una indocumentada lenguaraz. Lo que indaga el instructor es si surtieron efecto las amenazas de las que dejó rastro abundante. Ver el vídeo de la conversación que mantuvo en febrero de 2025 con el empresario de hidrocarburos Alejandro Hamlyn (acusado de defraudar 154 millones a Hacienda) despeja cualquier duda respecto a su papel como número dos de las cloacas.
Sus agendas no se corresponden con los apuntes de una ignorante, sino con la planificación de tareas de alguien que tenía acceso a información sensible, no para ser denunciada ante la Fiscalía, sino para extorsionar a los que podían poner trabas en esos procesos judiciales que inquietan a Moncloa, desde el fraude de hidrocarburos a las comisiones de las mascarillas. Su obsesión con el teniente coronel Balas de la UCO y el juez Peinado no tiene nada que ver con un impulso personal, sino con una misión concreta, que se planificó en una reunión celebrada en abril de 2024 en Ferraz y a la que asistió, además de Cerdán, el jefe de Gabinete del presidente, Antonio Hernando.
En sus agendas hay reuniones, gráficos, nombres, datos que alumbran sobre la personalidad de una mujer que tal vez podría haber hecho grandes servicios al Estado de haberse dedicado a otra cosa. Son una especie de radiografía de la cloaca. El rastro de sus pasos para amedrentar al fiscal Grinda, sus contactos en la Guardia Civil para "matar" a Balas, su influencia en la Fiscalía ("acción con Álvaro y Villafañe") o sus esfuerzos para convencer al fiscal Stampa de que buscara trapos sucios con los que frenar al jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón. Fue Stampa quien grabó el encuentro en el que Leire Díez y Javier Pérez Dolset le explican que su misión está bendecida por el presidente del Gobierno y que su puesta en marcha coincide con la imputación de Begoña Gómez. Ese fue el argumento que usó con el ex secretario de Estado de Interior, Francisco Martínez.
Si se hubiera tratado de una bocazas, Ferraz o Moncloa le habrían tapado la boca hace mucho tiempo. Sabían como hacerlo.
Leire Díez tiene que decidir si quiere comerse ella sola el marrón o contar la verdad. Tiene la oportunidad de demostrar que no es una cobarde
Díez no es una militante de base, sino alguien que lleva mucho tiempo haciendo trabajos sucios para el PSOE. Su protector fue desde el principio Santos Cerdán. El PSOE nunca ha aclarado por qué le pagó 45.000 euros por sus "labores como periodista". Eso, al menos, es lo que pone en las facturas mensuales que aparecen en el sumario.
Las fechas de sus agendas demuestran que ya antes de que Sánchez llegara a Moncloa, trabajaba en descubrir escándalos que afectaran al PP. Hay rastros de su afán por alimentar el caso Kitchen, o por desacreditar al juez que instruía la causa, Manuel García Castellón.
Fueron esos trabajillos inconfesables, pero que dieron al PSOE munición para atacar al Gobierno de Rajoy, los que la hicieron ascender desde la concejalía de una aldea de Cantabria a un puestazo como jefa de comunicación de Enusa (Empresa Nacional del Uranio), compañía en la que ha terminado recalando el gerente del partido, Mariano Moreno Pavón. Y de ahí, en 2019, saltó a otro cargo aún más importante y mejor remunerado en Correos, a la sombra del que fuera jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, Juan Manuel Serrano. Vamos, lo típico de una militante de base.
El partido llegó a financiar el medio (Crónica Libre) que Leire Díez había creado junto a Patricia López para airear los escandalillos que ayudarían a aflojar la resistencia de los que se negaban a colaborar con los fines de la cloaca.
Probablemente Leire se equivocó cuando dio aquella esperpéntica rueda de prensa en la que se autodefinió por oposición: "Ni fontanera, ni cobarde". Tal vez necesitaba verse reconocida como alguien importante, rodeada de periodistas, de cámaras de televisión, aunque fuera para mentir y dar la versión de que sus trabajos tenían que ver con las investigaciones que había hecho para escribir un libro.
Pero ese afán por ser la protagonista de algo importante en la vida no le resta valor a su trabajo como fontanera mayor de este PSOE que apesta. No hay que caer en la trampa de despreciar el papel de Leire Díez. Su osadía no es incompatible con su capacidad para convencer a mucha gente de que tenía la cobertura del partido y del presidente. ¡Cómo no creerla si hemos visto cómo se las gastaban Koldo y Ábalos, si hemos descubierto que ya Cerdán estaba en tratos con Antxon Alonso antes de aterrizar en Madrid, si hasta el ex presidente Zapatero ha sido imputado por delito fiscal y contrabando de joyas! Ella no desentona en ese cuadro del terror. Es una pieza más del mismo. Un peón eficiente.
Por eso reivindico el valor de Leire, su habilidad como fontanera, como alguien con el suficiente aplomo como para sentarse delante de todo un fiscal y prometerle cosas si, a cambio, ofrecía material para destruir a su jefe.
De tonta no tiene un pelo. Ahora, sólo le queda a Leire decidir si se va a comer ella el marrón, asumiendo que lo que hacía lo hacía por su cuenta, o va a contar la verdad. Ahora tiene la oportunidad de demostrar que no es una cobarde.
President Donald Trump got two reminders this week about the limits of his influence.
Despite serving two terms in the White House, remaking the Republican Party in his image and wielding powers that many of his predecessors never enjoyed, Trump encountered setbacks in his efforts to extend that dominance into the cultural sphere.
The most visible moment came at Madison Square Garden, where the president was met with loud boos while attending Game 3 of the NBA Finals. Less dramatic but perhaps equally symbolic was a federal judge’s decision to reverse an effort to add Trump’s name to the Kennedy Center, forcing the institution to remove it from its branding.
The two episodes represented Trump’s attempts to influence both ends of the cultural spectrum — from the sporting event watched across the country to one of the nation’s premier cultural institutions in Washington.
A lot of people see these as distractions, an attempt to get voters riled up about a side issue while the real fights happen out of sight.
I don’t. I’ve said for years that the culture wars aren’t a distraction; they are the playbook.
Culture shapes identity. It shapes belonging. It shapes what people view as normal, acceptable and true. Long before elections are won or lost, culture helps shape the lens through which people understand politics itself.
Long before he got into politics, Trump sought that cultural legitimacy, making cameos in TV and movies, starring in pizza ads and whining when he didn’t win an Emmy.
When he first became president, it sometimes seemed like he was more excited about the trappings of the office than the tremendous powers at his command. But even as he’s learned to flex those powers in his second term, he still seems to crave cultural legitimacy.
That helps explain the fight over the Kennedy Center.
The battle was never really about a building. It was about what the institution represents. The Kennedy Center occupies a unique place in American civic life, and association with it carries a kind of prestige and legitimacy that politics alone cannot provide.
The same dynamic is visible in America’s upcoming 250th anniversary celebration.
This should be a moment for the country. A chance for Americans to reflect on our history, our triumphs, our failures and the unfinished work of our democracy.
Instead, the line between celebrating the nation and celebrating the president is becoming increasingly blurred.
That is not accidental.
If you can shape the symbols, institutions and narratives that define national identity, you gain influence that extends beyond any election cycle.
And the pursuit of that influence does not stop with sports, celebrities or national celebrations — it extends to the institutions that help Americans make sense of public life.
It’s no coincidence that Trump’s attempts to inject himself into the nation’s cultural discourse are happening as so many of its institutions are under attack, from CBS News to the Smithsonian to our most prestigious colleges.
Trump may have his own personal reasons for craving this legitimacy, but the movement behind him understands its power.
If a political movement can control which facts are reported as news, whose history is highlighted in our museums and what perspectives we’re taught at our colleges, it will have control over our culture itself.
That control is ultimately about determining whose story gets told. Who gets to define what is considered true and what is treated as normal. Who gets heard, and who does not.
Don’t forget to subscribe to “MS NOW Presents: Clock It,” Symone Sanders Townsend’s new podcast series with Eugene Daniels on the latest political news, the catchiest cultural moments and how they converge. Listen to the latest episode here.
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“On July 17, 2025, at around 6 o’clock in the evening, President Trump’s top officials filed into the White House Situation Room.” Thus begins the latest article based on New York Times correspondents Maggie Haberman’s and Jonathan Swan’s upcoming book about the Trump White House. The officials, according to the Times’ reporting, did not use the Situation Room to discuss a terrorist threat or a looming war, but “a very different kind of crisis threatening to engulf the presidency: the Epstein files.” Haberman and Swan chronicle how many senior Trump officials thought the issue would blow over with his MAGA base, only for Trump to reluctantly sign a bill ordering the files’ release.
The same day the Times published Haberman and Swan’s article, Rep. Nancy Mace, one of just a few Republicans who forced a vote on that bill, finished fifth in the South Carolina gubernatorial primary. Republican voters may have convinced the White House last year that they wanted to see some accountability regarding Epstein, but their actions since have shown considerably less interest in justice.
A new Reuters/Ipsos poll found 66% of Republicans agreed that “the federal government is hiding information about the clients of accused sex trafficker Jeffrey Epstein.”
Drawing from hundreds of interviews conducted for the book, Haberman and Swan report that “senior officials, including [White House chief of staff Susie] Wiles and [then-deputy chief of staff James] Blair, were initially unconvinced about the reach of the Epstein crisis.” They believed the story was “amplified by noisy online influencers who didn’t represent a meaningful bloc of voters.” Others, like Vice President JD Vance and FBI Director Kash Patel, insisted the story carried far more weight.
The latter group was correct. First, then-Attorney General Pam Bondi’s handout of binders to conservative influencers backfired when it turned out almost all of the binders’ contents had been previously released. A July 2025 Justice Department memo attempting to close the case made things even worse. “By late summer,” Haberman and Swan write, “it was plainly apparent to the president’s top aides that the Epstein saga was not the same as the countless other crises they had weathered during their service to Trump.” In November, a discharge petition for a House bill to force the release of the files reached 218 signatures – 214 Democrats and four Republicans. Within a week, Trump reluctantly signed the bill.
“The Epstein crisis had exposed something that some of Trump’s closest advisers spent months refusing to see,” Haberman and Swan conclude. “He could not, it turned out, make Jeffrey Epstein disappear.” The Justice Department released millions of documents, with embarrassing revelations for Trump and Commerce Secretary Howard Lutnick. Just this week, a new Reuters/Ipsos poll found 66% of Republicans agreed that “the federal government is hiding information about the clients of accused sex trafficker Jeffrey Epstein,” while 82% agreed the files “show that powerful people in the U.S. are rarely held accountable for their actions.”
But Mace will not be in the next Congress; she says her push for the Epstein files bill cost her Trump’s endorsement. Nor will Rep. Thomas Massie, R-Ky., the main GOP mover behind the discharge petition; he lost to a Trump-backed opponent in the most expensive primary in House history. A third signer, former Rep. Marjorie Taylor Greene, R-Ga., resigned earlier this year. Only Rep. Lauren Boebert, R-Col., will remain – but not for lack of trying of Trump’s part. The president threatened to withdraw his endorsement of Boebert after she campaigned with Massie, but the filing deadline for Colorado’s primaries has passed.
Each of the three departures, in isolation, can be blamed on factors besides the Epstein files. Massie frequently broke with his party on many issues, and pro-Israel groups spent millions against him. Greene clashed with Trump on tariffs and foreign policy, and by the end seemed most interested in securing her congressional pension. Mace faced difficult odds in the gubernatorial primary, and public incidents like a confrontation with Charleston International Airport staffers did not help her campaign.
Does that mean Trump will weather this storm? It’s too early to say.
Taken together, though, the pattern is impossible to ignore. Meanwhile, more than two million Epstein files are still unreleased — and lawmakers have questioned the extensive redactions to the 3.5 million that have been released. And in the same Reuters/Ipsos poll where 66% of Republican voters say the federal government is currently concealing information about Epstein’s clients, 69% agree that “it’s time for the country to move on from talking about the Epstein files.”
For months, it seemed that the files might be the rare instance where the Republican base broke with the president. But the primaries suggest otherwise.
Does that mean Trump will weather this storm? It’s too early to say: Democrats are likely to take at least one house of Congress this year, and the investigative powers that come with the majority. But Republican voters are happy to let him captain the ship, even if it sinks.
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The Tea Party movement in the early 2010s was, at its core, a lot of things — some noble, some embarrassing, and some that involved people dressed as colonial militia members in an Applebee’s parking lot shouting about the Federal Reserve. But beneath the tricorn hats and misspelled protest signs was a genuine constitutional anxiety: that President Barack Obama was accumulating executive power in ways that should frighten anyone who had read past the preamble.
When Obama left office, The New York Times noted he had “sought to reshape the nation with a sweeping assertion of executive authority and a canon of regulations that have inserted the United States government more deeply into American life.”
The authors observed Obama had resorted to “bureaucratic bulldozing,” and “once Mr. Obama got the taste for it, he pursued his executive power without apology, and in ways that will shape the presidency for decades to come.”
Now we have “No Kings,” and the wheel has turned. The same energy that had conservatives dressing up as founding fathers 16 years ago is now manifesting as progressive protesters holding signs with crowns crossed out in red. And, again, there is a real constitutional anxiety underneath it — there is no doubt President Donald Trump’s behavior is genuinely more lawless, more contemptuous of institutional constraints, and more brazenly self-interested than what Obama or Biden were doing. But it also has deep roots in the administrations of Democratic presidents of yore.
So both sides are right about the problem. They are just selectively right about it.
Obama’s use of executive action to, for example, grant effective legal status to millions of undocumented immigrants through DACA was not a law passed by Congress — it was a president deciding that certain laws simply would not be enforced against certain people. His administration’s aggressive use of “guidance documents” to effectively rewrite federal regulations without going through the notice-and-comment process that actual rulemaking requires was a deliberate end run around legislative accountability. Tea Partiers screamed about this constantly, and then proceeded to nominate and elect Trump, who immediately demonstrated that the executive pen Obama had wielded could also be used to make policy more to their liking.
But here is the problem that the No Kings movement has yet to answer: if consolidating power in the executive branch is the definition of “king-like” behavior, why is the proposed Democratic remedy more consolidation?
Both sides are right about the problem. They are just selectively right about it.
President Joe Biden used executive action to cancel hundreds of billions of dollars in student loan debt — a massive transfer of wealth that Congress never authorized, affecting tens of millions of people — enacted entirely by presidential decree. When the Supreme Court told him he couldn’t do this, his supporters treated the ruling as an outrage rather than as the constitutional system functioning as designed. The logic for the past three presidents has been uniform: Congress won’t act, so the president must. That is not a constitutional principle. It is an argument for whatever executive you happen to prefer.
The problem is that presidential power is a ratchet. Each turn is very difficult to reverse. When Obama normalized the use of DACA-style executive action, he didn’t create a policy — he created a template. Trump used that template. Biden used it again. And now, as Democrats begin assembling their 2028 primary field, the candidates positioned to lead the party are not running on restoring congressional authority. They will run on promising to do more of everything, faster, by executive action, because the legislative process is slow and the opposition is obstructionist and there are problems to solve right now.
They will promise, in other words, to be better kings.
Take, for instance, Gavin Newsom, who, as governor of California, issued executive orders banning gasoline cars, regulating AI data centers to protect the state’s workers, and directing cities to clean up homeless encampments. The man knows his way around a unilateral order.
This is the trap that the No Kings energy is in danger of walking directly into. The movement’s implicit theory seems to be that executive power is acceptable when deployed for acceptable ends — forgiving debt, protecting immigrants, expanding benefits — and becomes tyrannical only when deployed by someone with different values. This is not a principle. This is a preference dressed up as a principle, which is exactly what the Tea Party was doing when they decided Obama’s phone and pen were an imperial scepter (though conservatives stayed mostly silent as Bush expanded surveillance and presidential war powers in the years prior).
If No Kings is going to be more than a slogan — if it is going to be the genuine constitutional reckoning that this moment arguably requires — it has to mean something beyond “no kings who disagree with me.” It has to mean reducing the power of the office itself, restoring congressional authority, and accepting that the policies you want might have to actually pass through the legislature to become law.
Otherwise, you’re not opposing the throne. You’re just auditioning for it.
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