El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha descartado este martes en Barcelona la posibilidad de viajar a Waterloo (Bélgica) para negociar con Carles Puigdemont el apoyo de Junts a una hipotética moción de censura para desalojar a Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa. No lo ha hecho de forma expresa, ni en su discurso ante el Cercle d'Economia ni después, a preguntas de los periodistas. “Venga, oye, vamos a hablar de cosas serias”, ha respondido.

El líder del PP ha viajado a la capital catalana para asistir a la Reunión Anual de una de las patronales empresariales más potentes. Es su decimoquinta comparecencia ante el Cercle, como ha recordado él mismo en el arranque de su intervención. Un discurso que prometía abordar la cuestión política más relevante ahora mismo para el PP: cómo echar a Sánchez antes de las elecciones generales, previstas para dentro de más de un año.

El propio Feijóo abonó la teoría con sus primeras palabras. “Hay un elefante en esta habitación”, ha dicho, para presumir de que “algunos han venido a comprobar” si se iba a hablar de dicho “elefante”. “Yo lo haré”, anticipó, porque “cuanto más [se] tarde en abordarlo, más crecerá el elefante”.

Pero Feijóo no ha mencionado la moción de censura de forma explícita. De hecho, ha sido mucho menos claro de lo que fue ayer en una entrevista en Telecinco, en la que planteó expresamente un acuerdo de mínimos para una moción instrumental y la convocatoria inmediata de elecciones. “Parece ser, y quiero ser optimista, que hay algún movimiento, veremos si queda en una burla”, dijo. “Porque fíjese, desde Vox al PNV, pasando por Junts, UPN y por Coalición Canaria, 184 diputados estamos pidiendo elecciones anticipadas e inmediatas. Si los que lo dicen son coherentes y lo hacen, podemos buscar una solución en poco tiempo”.

La respuesta del PNV, por boca de su portavoz parlamentaria, Maribel Vaquero, es que no apoyarán “ninguna moción de censura”. La réplica de Junts tardó un poco más. Su secretario general, Jordi Turull, ha asegurado esta misma mañana: “Él sabe que las reuniones con la máxima dirección se hacen en Waterloo, ya saben como funciona”.

La propuesta no es novedosa, y Feijóo ya la rechazó expresamente en julio de 2025. El líder del PP también sondeó el apoyo de Junts a su investidura en 2023: Feijóo descartó la amnistía, pero sí contempló conceder un indulto a Carles Puigdemont.

En su discurso de este martes, Feijóo ha prometido abordar la situación, pero no lo ha hecho. “España necesita con urgencia lo más elemental, un Gobierno con autonomía para gobernar y una mayoría capacidad de defender el interés general por encima de todo”, ha dicho. “La conversación gira alrededor de sumarios, imputaciones y comisiones. No hay una agenda económica, hay una agenda de tribunales”, ha apuntado.

Para el líder del PP, solo se puede elegir entre “degeneración o limpieza institucional”, para repetir que “184 diputados han exigido elecciones inmediatas a Cortes Generales” porque de la situación por la que transita España “solo se sale devolviendo la voz a la gente” y con un “final digno para una legislatura exhausta”.

El problema, ha apuntado Feijóo, es que “no se acompañan de hechos coherentes las palabras” de quienes desde PNV o Junts, exigen a Pedro Sánchez que convoque ya elecciones.

“Entre la responsabilidad democrática y la convivencia política no hay discusión posible”, ha sostenido. “España necesita una reacción democrática, política y cívica, que devuelva a la vida pública la decencia que tiene que tener”, ha añadido, para reiterar que él hará “todo lo posible”. “Quienes coincidimos en que la situación es insostenible deberíamos hacer todo lo posible”, ha añadido.

Feijóo ha avisado: “Seguiré actuando con aplomo y responsabilidad de acuerdo con mis convicciones en cada momento”. Y ha concluido: “No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar, en todo caso, que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella. No pretendo remover conciencias. No vengo a pedir favores ni regalarlos. Defiendo un proyecto limpio y garantizar”.

Desde el PP aseguran que las palabras de Feijóo no son una respuesta del PP a Junts, y que la referencia a los “favores” no apela a lo dicho hoy por Turull. “Lleva escrito tres días”, concluyen desde su equipo.

El Senado ha superado el máximo histórico de gasto para transporte y viajes oficiales. Y se prepara para aumentarlo. Sin haberse cumplido todavía el tercer año de legislatura, la Cámara Alta ha autorizado hasta ahora el desembolso de más de diez millones de euros para el contrato de “servicios de gestión y asistencia técnica de viajes y visitas”, con tres ampliaciones presupuestarias aprobadas en solitario por el PP. La institución ha abonado ya nueve millones por los desplazamientos de los representantes públicos, más que en las pasadas legislaturas completas. 

El incremento de este gasto ha motivado que el Senado casi triplique la cantidad que prevé gastar a futuro en este capítulo. La Cámara tenía hasta ahora presupuestado un gasto anual de 2,7 millones anuales (IVA incluido) en un contrato que ha venido gestionando El Corte Inglés. Dicho contrato se cerró en 2022, durante la anterior legislatura. La Cámara ha sacado a concurso un nuevo convenio que pasa de esos casi 2,7 millones de euros anuales actuales a 7,8 millones, siempre con el IVA incluido. 

La notable diferencia tiene una causa: el actual Senado ha roto el techo de gastos en viajes oficiales y transporte. La Mesa ha aprobado en los últimos años continuas transferencias de dinero de diferentes partidas presupuestarias para ampliar el crédito disponible para cubrir el desembolso en este capítulo. Siempre con el voto favorable del PP, que controla la institución con su mayoría absoluta, y la abstención del PSOE.

Desde el Senado explican a elDiario.es que “el contrato entró en vigor el día 1 de enero de 2023 y finalizó el día 31 de diciembre de 2024”, pero que las cláusulas permitía su prórroga “por hasta tres veces mediante acuerdo de la Mesa del Senado”. Es lo que ha ocurrido. Con todo, apuntan fuentes oficiales de la Cámara, la última de las ampliaciones aprobada no se ejecutará, ya que, en su lugar, se ha optado por lanzar un nuevo concurso ya con la cantidad prevista triplicada.

Las dos ampliaciones que sí se han ejecutado datan de 2024 y 2025, cuando el Senado aprobó sendas prórrogas del contrato en vigor por un valor de 539.000 euros, IVA incluido, hasta superar los 3,2 millones de euros anuales. En diciembre de 2025 se autorizó una modificación al alza, esta vez por 1,34 millones. Esa es la que no se llegará a ejecutar, según el Senado, aunque de momento no hay acuerdo de la Mesa que lo haya revertido.

Cobertura de gastos

¿Y a qué va destinado ese dinero? El propio Senado aprobó el 29 de agosto de 2023, en el arranque de la legislatura, las “directrices de la actividad internacional” de la Cámara. Ahí se recoge que en todo viaje deberá ser comunicado el lugar del desplazamiento, la composición de la delegación, la duración del viaje oficial y la cobertura de gastos. Cada viaje es autorizado por la Mesa del Senado, aunque aquellos que atañen al propio presidente, Pedro Rollán, o al resto de integrantes del órgano de gobierno de la Cámara se dan por autorizados de antemano.

La página web del Senado recoge una relación de todos los viajes oficiales, más de 100 en lo que va de legislatura. El último, por ejemplo, es un “viaje de una delegación del Senado, encabezada por su Presidente, con motivo de la organización por las Cortes Generales del XII Foro Parlamentario Iberoamericano, 23 a 27 de marzo de 2026”.

La Cámara Alta abona los gastos del transporte y de alojamiento de los senadores que asisten al viaje. Además, se incluyen “dietas por desplazamiento (que tienen por finalidad cubrir gastos distintos de los anteriores como los de traslado a y desde el aeropuerto, almuerzos y cenas durante el viaje oficial)” o “los gastos derivados del uso de la Sala de Autoridades en los aeropuertos” (cuando viaje algún miembro de la Mesa), así como “otro tipo de gastos extraordinarios que se consideren necesarios”, aunque estos “deberán autorizarse específicamente”.

El acuerdo asegura al menos un puesto a los dos grupos mayoritarios (PP y PSOE) en los viajes que organizan las comisiones parlamentarias, y permite que la Mesa pueda autorizar que otras personas ajenas puedan incorporarse a la comitiva.

Los vuelos se contratan, de forma habitual, “en clase preferente”, mientras los trenes “en clase club o similar”. “Como criterio general”, apuntan las normas, “las habitaciones que se reserven serán de categoría estándar, dobles para uso individual y con desayuno incluido”.

Nueve millones en transporte

El gasto en viajes oficiales no es el único que asume el Senado. Ni siquiera es el más oneroso del capítulo. La Cámara también abona los “gastos de los desplazamientos de los senadores” en territorio nacional, un desembolso de dinero público que no ha parado de crecer desde 2014, año a partir del que la ley obliga a publicar los datos.

Descontadas ese primer año (incompleto) y las dos legislaturas sin investidura (en 2016 y 2019), el gasto ha pasado de poco más de 2 millones de euros en 2015 a los 3,57 millones de 2025, último año completo publicado en la web del Senado.

La evolución ascendente solo se ha visto interrumpida por la pandemia, que afectó a los ejercicios de 2020 y 2021. El salto se produce en la presente legislatura, cuando el gasto ha superado los tres millones de euros anuales. 

A diferencia del contrato para viajes oficiales, en este caso se trata del dinero efectivamente gastado, por lo que se publica con cierto decalaje una vez que se ha cerrado la contabilidad. Así, la última actualización es de este mismo mes de mayo, con la aprobación del coste del primer trimestre del año, que ascendió a 935.377 euros.

El total en la presente legislatura, de la que resta más de un año salvo que haya un adelanto electoral, asciende a 9,28 millones de euros. Es más dinero del que se consumió en las anteriores legislaturas completas (8,14 y 6,96, respectivamente).

La “actividad parlamentaria”, la más costosa

¿Y qué gastos se cubren? “El Senado cubre los gastos de los senadores en los medios de transporte colectivo (avión, tren, autobús o barco), para el desempeño de su actividad parlamentaria, para realizar actividades de naturaleza política, sectorial o de representación institucional, así como también los viajes oficiales que se realicen en representación del Senado”, asegura la web de la Cámara Alta. 

Ese primer punto que habla del “desempeño de su actividad parlamentaria” ocupa el grueso del desembolso año tras año, e incluye un reembolso de “0,26 euros por kilómetro, así como, en su caso, los importes de los peajes de autopistas” cuando se utiliza el vehículo propio.

Fuentes oficiales del Senado explican que, precisamente, las modificaciones al alza del contrato “se han realizado debido al aumento de la actividad parlamentaria e institucional de los miembros del Senado, lo que ha incrementado el volumen de servicios inicialmente previsto”. 

Durante esta legislatura, el PP usó su mayoría para ampliar las semanas que se celebran pleno de dos a tres, lo que implica un incremento del gasto de desplazamiento de los senadores, aunque en los seis primeros meses de 2026 solo en uno, abril, se convocaron efectivamente esos tres plenos.

El Senado recurre a sus 'ahorros'

Para asumir el incremento del coste en viajes y transporte el Senado ha tenido que recurrir en los últimos años a la transferencia de fondos de unos conceptos a otros, o incluso a tirar del llamado “Fondo de Remanentes Presupuestarios”, es decir, de los ‘ahorros’ de la Cámara de cada ejercicio que se guardan para financiar gastos extraordinarios o imprevistos. El problema es que la prórroga presupuestaria en la que vive España desde 2023 afecta también a las Cortes Generales, que tienen también prorrogadas sus propias cuentas. Así, las cámaras tienen que ‘mover’ cantidades entre capítulos para cuadrar las cuentas.

Por ejemplo, en los últimos meses se han pasado “140.000 euros, del subconcepto 48000 ‘A instituciones sin conferencias’ al subconcepto 22606 ‘Reuniones” u otros “140.000 euros, del subconcepto 48000 ‘A instituciones sin fines de lucro’ al subconcepto 22606 ‘Reuniones y conferencias”. Son solo algunos ejemplos de las muchas transferencias aprobadas en diferentes reuniones de la Mesa del Senado, que también ha tenido que recurrir al “fondo de remanentes”, a los ahorros, para ajustar los gastos.

Todas estas transferencias fueron votadas a favor por el PP y rechazadas por el PSOE. Fuentes socialistas consultadas por elDiario.es tildan de “vergonzoso que se utilice el dinero público del Senado para pagar las ocurrencias y la propaganda del PP”. 

“A nadie se le escapa que la proliferación de comisiones de investigación ha incrementado significativamente la actividad de una Cámara que, paradójicamente, no cumple con su función territorial y solo es utilizada de manera partidista para atacar al Gobierno y crear desinformación”, sostienen las mismas fuentes.

Desde el PSOE aseguran que han optado por abstenerse en las ampliaciones de los contratos y en las transferencias presupuestarias en que “nunca” se van a “oponer al funcionamiento normal del Senado, que incluye viajes oficiales y gastos de transporte para asistir a plenos y comisiones ordinarias”. “Pero sí nos mostramos contrarios al uso sectario que hace el PP de una institución pública que pagamos entre todos y que hoy se parece más a un circo que a una institución dedicada a mejorar la calidad de vida de la gente”, concluyen.

El PP considera que el Tribunal Constitucional es una de esas instituciones “invadidas” por el ‘sanchismo’. Un órgano tomado al asalto por el PSOE para ponerlo al servicio del Gobierno con sentencias como la de la ley de amnistía. Su principal ‘infiltrado’ es el presidente del órgano, Cándido Conde Pumpido. Su mandato concluyó el pasado mes de diciembre, pero el PP bloquea su renovación desde hace meses. La última prórroga, hasta el 30 de septiembre, se debe a la cántabra Virgen de la Bien Aparecida.

Así figura en las actas tanto de la Mesa del Parlamento de Cantabria como del propio Senado. La asamblea autonómica aprobó el pasado 4 de mayo pedir a la Cámara Alta retrasar la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional hasta después del 15 de septiembre. Ese día es la festividad autonómica de la Virgen de la Bien Aparecida, y el calendario de plenos no suele empezar hasta después de esta celebración. 

La decisión se tomó con el visto bueno de todos los miembros de la Mesa oída la Junta de portavoces. El PSOE aceptó con naturalidad la decisión sin cuestionarse si la demora en la elección responde a un interés político en Madrid, informa Olga Agüero.

En el Senado la votación fue distinta, tal y como figura en el acta de la reunión del 12 de mayo. El PP usó su mayoría absoluta para aprobar una nueva prórroga del plazo para presentar candidatos con el voto en contra del PSOE. El documento recoge las quejas de los representantes socialistas, que consideraron que no se había “ofrecido la debida justificación” y que, en todo caso, el Parlamento cántabro tenía muchas semanas por delante antes del verano para hacer sus deberes. 

El presidente de la Cámara, Pedro Rollán, zanjó el debate sin atender a estos razonamientos y aludió a una hipotética falta de acuerdo en el Parlamento Cántabro que no se había mencionado previamente, según el acta.

Un bloqueo con objetivo político

El Senado acumula así media docena de aplazamientos de la renovación del tribunal de garantías español, pese a que el PP lo ha puesto en su punto de mira como uno de los organismos que Pedro Sánchez ha “asaltado” para utilizarlo en su interés, con su presidente, Cándido Conde-Pumpido, como principal objetivo de las críticas de la derecha.

El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros, y se renueva cada tres años por bloques de cuatro magistrados. Un tercio le corresponde al Congreso, otro al Senado y el tercero se lo reparten Gobierno y Consejo General del Poder Judicial. La elección en las Cortes Generales requiere de una mayoría cualificada de tres quintos de cada Cámara, lo que ha obligado históricamente al entendimiento entre el PP y el PSOE, con momentos de participación de otros partidos.

En el caso del Senado, tres quintos representan 159 senadores. El PP tiene 143 (ha perdido alguno tras cedérselos a Vox en sus pactos autonómicos). Esos 16 senadores de diferencia explican el bloqueo al que la derecha somete al máximo órgano de interpretación de la Constitución española.

El mandato de los magistrados elegidos hace nueve años por el Senado concluyó el pasado mes de diciembre. Entre ellos está el actual presidente del tribunal, Cándido Conde-Pumpido, gran enemigo de la derecha ya desde los tiempos en que fue Fiscal General del Estado con José Luis Rodríguez Zapatero.

El PP ha acusado a Pumpido expresamente de tumbar sentencias o avalar leyes para favorecer al PSOE y al Gobierno (como el ‘caso ERE’ o la amnistía a los líderes del procés, por ejemplo). También la judicatura se ha lanzado contra el presidente del Constitucional por revertir sentencias del Supremo.

El PP tiene la mayoría absoluta del Senado, y cabría pensar que querría sacar a Pumpido lo antes posible de uno de los cargos institucionales más relevantes que existen en España. Pero no. Los de Alberto Núñez Feijóo han hecho lo posible por posponer el relevo con diferentes excusas.

Pumpido mandó una carta al Senado en agosto de 2025 para recordar que debían poner en marcha el proceso de renovación. La Cámara tenía por delante varios meses para hacerlo, pero el PP optó por el bloqueo. 

La primera excusa para posponer la elección llegó al filo de noviembre, María Guardiola anunció la disolución de la Asamblea de Extremadura y la convocatoria de elecciones para diciembre. El Senado elige a los magistrados del Constitucional a partir de las propuestas que le llegan de los parlamentos autonómicos. Y con el extremeño disuelto, el PP pidió la prórroga.

La excusa decae cuando se constata que el Senado esperó al 15 de diciembre de 2025 para abrir formalmente el plazo de presentación de candidaturas, apenas a dos días de la expiración de los mandatos de los magistrados, y sabedores de que el arranque de 2026 estaría plagado de convocatorias electorales autonómicas.

Los comicios extremeños llegaron el 21 de diciembre. En febrero, fueron los de Aragón. En marzo, los de Castilla y León. Y en mayo, los de Andalucía. Cada elección ha dado lugar a su respectiva prórroga, aplicable a todas las regiones pese a que tanto antes como entre medias ha habido oportunidades para que dichas asambleas legislativas cumplieran con su obligación constitucional.

Porque no solo estas cuatro han pedido prórrogas y están pendientes de enviar sus candidatos. La Asamblea de Madrid, por ejemplo, reclamó el pasado 17 de abril retrasar el plazo con el objetivo de disponer de más tiempo para negociar, proponer y consensuar los perfiles entre los grupos parlamentarios. Su petición fue atendida y sirvió para llevárselo a después del verano.

Otros sí han cumplido. El Parlamento Vasco aprobó el pasado 30 de abril nominar para el cargo a Xabier Arzoz Santisteban y a Javier García Roca. Esta es, junto con la catalana, la única cámara autonómica donde el PP es irrelevante a efectos de una mayoría cualificada.

Dar la vuelta a la mayoría progresista

La realidad, expresada por diferentes dirigentes del PP, es que Alberto Núñez Feijóo no quiere pactar con el Gobierno de Sánchez para evitar los ataques de Vox. El líder de la oposición no quiso dar un perfil pactista con “la mafia”, como llaman al Ejecutivo, durante los procesos electorales de la primera parte del año. Así lo han referido altos cargos del PP en los últimos meses cuando se les ha cuestionado por el bloqueo a la renovación. 

Pero la derecha sueña, además, con ampliar su mayoría en el Senado en las próximas elecciones generales, lograr esos 16 escaños que le faltan para alcanzar los tres quintos y elegir los cuatro nuevos magistrados sin contar con el PSOE.

De esta forma, el PP daría la vuelta a la actual mayoría progresista del Tribunal Constitucional y podría elegir al futuro presidente del órgano.

El pasado marzo, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, denunció en el Senado que el PP “incumple la Constitución” por no renovar “en plazo” el tribunal de garantías. “Fijemos día y hora, señora portavoz, señores del Grupo Parlamentario Popular. Nos sentamos esta misma tarde para empezar a hablar de la renovación”, dijo Bolaños.

No ocurrió. Y sigue sin ocurrir, confirman desde el Ministerio de Presidencia, “lo que evidencia la nula disposición del PP”. El departamento de Bolaños asegura a elDiario.es que “queda clara la voluntad expresa de la mayoría del PP en el Senado para incumplir el mandato constitucional de renovar el Tribunal Constitucional en el plazo debido”, y recuerdan que el partido de Feijóo ya lo hizo con “el Consejo General del Poder Judicial por cerca de cinco años”.