La comisión del Congreso que investiga la catástrofe de la dana de Valencia de 2024 ha citado para el próximo 22 de junio a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, y al entonces director general del Emergencias de la Generalitat, Alberto Martín Moratilla.

En concreto, la sesión la abrirá la máxima representante del Gobierno central en la comunidad y dirigente socialista, quien ya compareció ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra, que instruye la causa penal por la mortífera riada.

Durante su declaración en el juzgado, Bernabé comentó que advirtió a las 19 horas en el Cecopi del desbordamiento del barranco del Poyo y del que se enteró por la alcaldesa de Paiporta, quien le alertó de que había personas ahogándose.

En ese momento, la delegada pidió a la entonces consellera de Justicia e Interior, la imputada Salomé Pradas, que mandara la alerta a la población (Es-Alert) y la hiciera extensible a toda la provincia tras desbordarse el barranco del Poyo, a lo que ella le contestó que esa situación se estaba dando en otros lugares. Cuando se mandó el mensaje de alerta, a las 20.11, la situación en el Cecopi ya era un “caos”.

También aclaró que había llamado a Pradas a las 12.23 horas para ofrecerle la UME pero que, sin embargo, no se requirió hasta pasadas las 14.54 horas. En una llamada anterior, a las 14.33 horas, la delegada dijo a la exconsellera: “Pídanme la UME, por favor”.

Evitar estampidas

Y ya en sesión vespertina el día 22 llegará el turno del interrogatorio de los comisionados a Alberto Martín Moratilla que el pasado mes de febrero recordó ante la jueza que, a primera hora del día de autos, Pradas le pidió información sobre cómo se preveía la jornada y se interesó por algún lugar en el que la situación fuera “delicada” para ir a verlo “sobre el terreno”, proponiéndole él Carlet. Y después, sobre las 14 horas, al tener noticia de las inundaciones en Utiel le aconsejó que se activara a la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Según su relato, Pradas propuso evacuar los pueblos potencialmente afectados por la rotura de la presa de Forata, de la que se alertó sobre las 18 horas, pero José Miguel Basset --exjefe del Consorcio de Bomberos-- rechazó la idea. “Se propuso avisar a todos los alcaldes de los municipios afectados. Se quería evitar el pánico y que hubiera una estampida”, dijo.

Sobre el Es-Alert, explicó que no se habló del mismo hasta las 19 horas, que Pradas dio el visto bueno al texto definitivo y que tanto ella como Carlos Mazón cuando se incorporó después del Cecopi “solo decía que OK a lo que decían los técnicos”.

La Secretaría de Estado de Función Pública ha aprobado las nuevas instrucciones pactadas con los sindicatos para la jubilación parcial del personal laboral incluido en el IV Convenio Único de la Administración General del Estado (AGE), con el objetivo de desbloquear este procedimiento tras los cambios introducidos en la reforma de pensiones de 2024.

La resolución, publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), sustituye a las instrucciones vigentes desde febrero de 2022 y establece los criterios para tramitar tanto la jubilación parcial ordinaria como para la jubilación parcial anticipada del personal laboral, explica la agencia Europa Press.

Como se recoge en el BOE, la actualización normativa responde a las modificaciones introducidas por la reforma de pensiones de 2024 que reformó la jubilación parcial y del contrato de relevo, con la obligación de que este último se incorporara a su puesto con un contrato indefinido.

Esta modificación bloqueó la disponibilidad de la medida en las Administraciones públicas, con procedimientos más complejos (y sobre todo que llevan más tiempo) para el acceso al empleo fijo. Los sindicatos y el Gobierno han estado negociando meses una salida, acordada ya hace varias semanas, pero no aprobada.

En el cuerpo de la Administración General del Estado la luz verde ha llegado con esta resolución en el BOE, pero se espera aún la aprobación de un real decreto ley para el resto de Administraciones Públicas.

Solución para el personal laboral del Estado

En concreto, la resolución recoge que podrán acceder a la jubilación parcial los trabajadores laborales fijos a jornada completa que cumplan los requisitos de edad, cotización y antigüedad establecidos en la normativa de Seguridad Socialm informa Europa Press.

Asimismo, regula las condiciones de reducción de jornada y la contratación de relevistas en los supuestos de jubilación parcial anticipada, adaptando estos procedimientos a los cambios legales en vigor desde el pasado 1 de abril.

La norma también incorpora los criterios acordados entre la Administración y las organizaciones sindicales en el seno de la Comisión Negociadora y la Comisión Paritaria del IV Convenio Único.

En vigor desde este miércoles

Según recoge el texto, las nuevas instrucciones entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE –es decir, este miércoles–y dejarán sin efecto las aprobadas por Función Pública en febrero de 2022.

Este mismo miércoles, en rueda de prensa, UGT ha asegurado que el problema generado por la aplicación de la nueva regulación de la jubilación parcial para el personal laboral de la AGE ha quedado “desbloqueado” tras la aprobación de esta resolución.

El coordinador general del Convenio Único en UGT, Alberto Pablos, ha señalado que los trabajadores afectados deberán volver a presentar las solicitudes de jubilación parcial que habían quedado paralizadas durante los últimos meses para que puedan ser tramitadas conforme al nuevo procedimiento.

Según ha explicado, los retrasos registrados durante el último año se debieron a la falta de adaptación de Función Pública a los cambios introducidos por el Real Decreto-ley 11/2024 y ha defendido que el nuevo sistema beneficiará tanto a quienes accedan a la jubilación parcial como a los trabajadores que ocupen los contratos de relevo.

El Consejo de Administración de ADM ha acordado la "suspensión temporal de funciones" del director general, Gustavo Fuentes, al que un juez investiga por presuntos abusos sexuales a una reportera del grupo. "En el marco de las actuaciones desarrolladas y tras valorar las circunstancias concurrentes, el Consejo ha acordado la propuesta de suspensión temporal de funciones del director general hasta que se aclare su situación procesal y sin prejuzgar su presunción de inocencia".

Así se recoge en un comunicado remitido a los medios por ADM en el que se relata que el pasado 7 de mayo, el Consejo de Administración de ADM tuvo conocimiento "a través del director general de la compañía" de la "existencia" de una denuncia por acoso sexual presentada a título personal por una empleada en excedencia, sin que constara denuncia previa en los canales habilitados por la empresa".

"Desde ese mismo momento en el que Consejo tuvo conocimiento, se activaron los protocolos internos previstos para este tipo de situaciones y se encargó al departamento de Compliance la evaluación de los hechos y la propuesta de las medidas que resultaran procedentes. Asimismo, y con el objetivo de garantizar la normal operativa de la entidad, el Consejo acordó otorgar poderes al director financiero para la firma de contratos en representación de la compañía", se detalla en el comunicado.

Tras analizar el informe elaborado por Compliance, el Consejo de Administración, el 3 de junio, acordó la adopción de "diversas medidas cautelares", entre ellas, la "separación funcional parcial" del director general en "materias relacionadas con la gestión de personal" y en aquellas decisiones económicas que "pudieran guardar relación con el procedimiento judicial".

Estas competencias pasan a ser asumidas por el Consejo de Administración y, en determinados ámbitos operativos, por la dirección financiera bajo su supervisión. Posteriormente, el 9 de junio, el Consejo de Administración ha celebrado una sesión extraordinaria para "analizar la situación generada tras las informaciones publicadas en distintos medios de comunicación".

El departamento de Compliance continuará realizando el seguimiento del procedimiento e informando al Consejo de cualquier "novedad relevante que pueda afectar a la compañía". El Consejo de Administración ha reiterado su "compromiso con los principios de buen gobierno, transparencia e integridad institucional, así como su pleno respeto a la actuación de la Justicia, al principio de presunción de inocencia y a los derechos y garantías de la denunciante y de todas las personas involucradas en el procedimiento". Asimismo, ha manifestado su "firme rechazo a cualquier forma de acoso, abuso, discriminación o conducta que atente contra la dignidad de las personas".

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto, a propuesta del Ministerio de Presidencia, por el que se nombra a Ana María Robles González nueva gerente del consejo de administración de Patrimonio Nacional, en sustitución de María Dolores Menéndez Company, quien ejercía el cargo desde agosto de 2021.

Robles es licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid, ingresó por oposición en el Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado en 1991. Ha desarrollado prácticamente toda su carrera profesional en el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, en el que, entre otros, desempeñó los cargos de jefa de las unidades de apoyo de la Dirección General de Comercio e Inversiones y de la Secretaría General de Comercio Exterior, de directora de Gabinete de la secretaria de Estado de Comercio (2008-2010) y de directora de Gabinete de los secretarios de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa (2018-2022).

Asimismo, ha sido jefa de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España ante la OCDE (2022-2025). Desde septiembre de 2025, ocupa el cargo de directora de Gabinete de la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva Fernández. También ha sido miembro de los Consejos de Administración de ICEX España Exportación e Inversiones, de Paradores y de la Compañía Española de Seguro de Crédito a la Exportación.