El presidente del Gobierno valenciano realiza un complicado juego de equilibrios para tratar de justificar un rechazo al nuevo modelo propuesto por el Gobierno que viene impuesto por Génova, pero evitando la crítica frontal a sabiendas de que es visto con buenos ojos por la patronal y los sindicatos
España insiste a Pérez Llorca en la reunión bilateral que acepte el nuevo sistema de financiación y la quita de 11.220 millones
La reunión del president de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, con el ministro de Hacienda, Arcadi España, que en principio no iba a ser bilateral ni a abordar la financiación autonómica, acabó siendo precisamente eso. Y ello pese a los esfuerzos del jefe del Consell por relegar este asunto a un segundo plano, como si se hubiera tratado de forma tangencial y a última hora.
No es para menos después de que la dirección nacional del PP anunciara que ningún barón popular —incluido el presidente valenciano— mantendría reuniones bilaterales con el Gobierno para negociar el nuevo modelo de financiación autonómica. Sin embargo, Pérez Llorca ya había solicitado un encuentro con el nuevo ministro valenciano, al que incluso reprochó el retraso en la respuesta.
Finalmente, la reunión llegó y quedó fijada para este lunes. Por ello, el jefe del Consell —que sigue sin estar oficialmente confirmado por Génova como candidato a la Presidencia de la Generalitat en las próximas elecciones— insistió hasta la saciedad en que aquello no era una reunión bilateral. “Hoy no ha habido una reunión bilateral. Ha sido un encuentro que solicité y que, por cierto, ha tardado mucho en producirse, sobre cuestiones de necesidad como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), las entregas a cuenta o los créditos dana. Ellos van a iniciar rondas bilaterales sobre el nuevo modelo de financiación, pero los presidentes autonómicos del PP no van a participar. La Comunitat Valenciana no participará en reuniones bilaterales, sino dentro del Consejo de Política Fiscal. Ahí irá a pedir un sistema justo, equitativo y que sea igual para todos”, dijo Pérez Llorca.
Sin embargo, acto seguido reconoció que sí había trasladado al ministro su posición sobre el nuevo modelo, momento en el que desplegó un complejo ejercicio de equilibrio político para justificar el rechazo impuesto desde Génova sin incurrir en una crítica frontal a una propuesta que, al menos como punto de partida, cuenta con el respaldo de la patronal y de los sindicatos.
De hecho, este mismo jueves, tras reunirse con Pérez Llorca, el ministro de Hacienda aprovechó su visita para mantener encuentros con el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana, Vicente Lafuente, y con los secretarios generales de CCOO PV y UGT PV, Ana García Alcolea y Tino Calero.
Así, el president valoró positivamente que el Gobierno haya puesto sobre la mesa un nuevo modelo a partir del cual empezar a hablar y negociar. “No me parece descabellado”, afirmó. En el caso de la Comunitat Valenciana —la peor financiada de España—, la propuesta supondría una aportación adicional del Estado de 3.699 millones de euros, una mejora tan significativa que resulta difícil justificar, como mínimo, no sentarse a negociar. Además, el plan contempla una quita de más de 11.000 millones de deuda de la Generalitat con el Estado, con la consiguiente reducción del pago de intereses.
De hecho, y anticipando lo que se perfila como la estrategia del PP para frenar un eventual acuerdo, toda la crítica de Pérez Llorca se centró en que el nuevo modelo no puede debatirse si no viene acompañado de un borrador de ley orgánica y de unos Presupuestos Generales del Estado que lo sustenten. Entre otras razones, argumentó, porque no está claro el origen de los recursos adicionales que se repartirían entre las autonomías. En otras palabras: que la propuesta no sería más que fuegos de artificio sin base real.
La exigencia de los populares está condicionada por la debilidad parlamentaria del Gobierno, que atraviesa enormes dificultades para aprobar iniciativas legislativas y, más aún, unos Presupuestos Generales del Estado, cuyo proyecto el Ejecutivo se ha comprometido a presentar una vez más. Pese a ello, Arcadi España aseguró que el objetivo del Gobierno es que el nuevo sistema de financiación entre en vigor el próximo 1 de enero.
El nuevo modelo deberá aprobarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y posteriormente pasar por el Congreso de los Diputados. Allí, todos los grupos —incluidos PP y Junts— tendrán que retratarse.
Más allá de esta crítica, y presionado por las insistentes preguntas de los medios sobre si esos 3.699 millones adicionales constituían un buen punto de partida y a partir de qué cifra podría alcanzarse un acuerdo, Pérez Llorca se limitó a insistir en que cualquier modelo debe incorporar “el criterio de población ajustada” y que, tal y como está planteada la propuesta del Gobierno, esta resulta inaceptable porque “la Comunitat queda por debajo de la media española”.
Se trata de un argumento que no comparten ni los expertos de la Generalitat que trabajan en el nuevo modelo de financiación ni buena parte de la sociedad civil valenciana. Es más, esos 3.699 millones duplican ampliamente los recursos que el propio president reclamó en su primera y única reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Respecto a la condonación de parte de la deuda histórica de la Generalitat —11.220 millones de euros, que previsiblemente se aprobarán en el Congreso—, Pérez Llorca vino a decir que, si finalmente sale adelante, no la rechazará: “Soy respetuoso con las instituciones. Si se aprueba, lo acataremos aunque no lo compartamos”.
Pero la línea política parece clara: la comunidad autónoma gobernada por el PP que más gana con el nuevo modelo de financiación —junto con Murcia— se opone a él. La pregunta es qué harán el resto de autonomías populares. Todo apunta a que acabarán alineadas con las directrices de Alberto Núñez Feijóo. Aunque cueste un dineral a las arcas de la Generalitat.
Login
