El «caso Leire Díez» ha consolidado las dudas sobre la financiación ilegal y la «caja B» del PSOE. Ya adelantábamos en este periódico la semana pasada que el levantamiento del secreto de sumario del «caso SEPI, del que deriva el «caso cloacas», preveía ser un nuevo clavo judicial para el Gobierno de Pedro Sánchez. Porque, si por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ha conocido que el partido del Ejecutivo financió parte de la actividad orquestada para desestabilizar las causas judiciales que le cercan, se podría dar veracidad –a la espera de que se pronuncie la Justicia– a las pruebas que el comisionista Víctor de Aldama aportó en la Audiencia Nacional sobre la presunta financiación irregular de la formación.

La mayor parte de los comportamientos delictivos que el empresario ha ido señalando han terminado por tener un respaldo policial y jurídico. El comisionista entregó al juez instructor del «caso Koldo» –el magistrado Ismael Moreno– y a la Fiscalía Anticorrupción el pasado mes de marzo el «famoso» sobre que le había supuestamente dado la entonces vicepresidenta ejecutiva de Venezuela Delcy Rodríguez con el membrete de PDVSA, la empresa estatal de petróleo venezolana, y que probaría,a juicio del empresario, una presunta «caja B» del Partido Socialista. Según explicó Aldama, el contenido del sobre solo es un único documento relativo a un cupo de petróleo que tendría que correspondería con el relato del empresario sobre aportaciones a Ferraz y la Internacional Socialista.

Pero esta no es la única referencia que el comisionista de la trama ha hecho respecto a la posible existencia de una «caja B» del PSOE. En su declaración ante el Tribunal Supremo, el pasado mes de abril, Aldama señaló que el exasesor ministerial Koldo García le pedía que consiguiera «donaciones» de constructoras para la «financiación del partido».

Al hilo de esto, cabe no olvidar que le exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán está imputado por el presunto amaño de obras públicas, a cambio de «mordidas».

En esa misma comparecencia ante el alto tribunal, el comisionista llegó a desmenuzar la cantidad exacta que el partido del Gobierno habría ingresado a su caja contable con las comisiones que la «trama mascarillas» habría entregado: un total de 1,8 millones de euros.

Todas aquellas declaraciones del empresario cogen ahora más forma después de conocer que la trama de las «cloacas» encabezada por Cerdán, Díez, y otros tantos miembros, se valía de la logística del PSOE para poner en marcha su actividad presuntamente delictiva. En concreto, entre los pagos que están bajo sospecha tras los registros efectuados por la UCO en la sede de Ferraz y en otros puntos de interés estarían los 4.000 euros mensuales que la exmilitante Díez habría cobrado por tratar de destruir «cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE o del Gobierno».

Se trata de unos montos de dinero que la «fontanera» habría recibido a través de la consultora del exvicepresidente socialista de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y de sociedades ligadas al letrado Ismael Oliver Romero. Para ello, contaban con el beneplácito de la gerente de la Secretaría de Organización del PSOE, Ana María Fuentes Pacheco, también imputada en el procedimiento, que se encargaba de emitir órdenes de encargo sobre las que elaboraba «mendaces facturas» para permitir la transferencia de fondos a Leire Díez.

Otro de los pagos que está bajo el foco de los investigadores es el que la trama destinó a un medio de comunicación vinculado con los miembros de la presunta organización criminal en el marco de una campaña de publicidad de las elecciones europeas del año 2024.

En el sumario del caso se expone que, poco después de la primera reunión de las «cloacas» en Ferraz en abril de 2024, el partido hizo llegar a Crónica Libre una cuantía cercana a los 20.000 euros y que fue supuestamente Ion Antolín, entonces jefe de prensa del PSOE, el encargado de gestionar esta operación.

Este periódico adelantó también la semana pasada que hubo una persona ajena a los miembros de la considerada como organización criminal que les avisó de que ese pago sería «ilegal». Tanto es así, que llegó a aconsejarles que declararan ese pago a Hacienda para no tener «líos».

Hay, no obstante, otra cantidad de dinero en el punto de mira. Según las indagaciones realizadas por la UCO, el letrado que ejerce la defensa de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo, cobró del PSOE «al menos, 125.000 euros» hasta que el exsecretario de Organización fue imputado en una pieza del «caso Koldo», en junio de 2025.

Mientras, el abogado, según pudo saber este periódico, sostiene que ofreció asesoría jurídica a la formación socialista de manera completamente legal y de una forma que está correctamente documentada, pero la UCO apunta a que los pagos «quedaron amparados por un soporte documental aparente y una facturación falaz, cuya confección no habría resultado posible sin la confección de una nota de encargo por Díez a través de Cerdán y rubricada en última instancia por Fuentes, en calidad de directa gerente federal del PSOE».

Por otro lado, hay que tener en cuenta también la declaración en sede judicial de una empresaria imputada en el «caso hidrocarburos», Carmen Pano, que aseguró haber llevado 90.000 euros en efectivo en bolsas de plástico a la sede del Partido Socialista.

En línea con este testimonio, el sumario del «caso Leire» también ha revelado que supuestamente la abogada Leticia de la Hoz, que ejerce la dirección letrada de Koldo García, le ofreció 50.000 euros a cambio de que ésta cambiase su declaración en sede judicial. Esta última cantidad no se sabe si hubiese procedido o no de los fondos de la formación, pero está, en cualquier caso, bajo sospecha de los investigadores, aunque la letrada haya negado este ofrecimiento.

No es de extrañar, por tanto, que el magistrado del procedimiento, Santiago Pedraz, haya accedido a una petición de los agentes para ejecutar una radiografía completa de las cuentas bancarias del partido en los ejercicios 2024 y 2025.

Además, ha solicitado un informe exhaustivo al Ministerio de Hacienda sobre el estado y los movimientos de los productos bancarios del Partido Socialista y de empresas y particulares presuntamente implicados.

Casi un año antes de que el Gobierno de España rescatase, finalmente, al grupo empresarial español de ingeniería y construcción Duro Felguera, miembros de las presuntas «cloacas» del Partido Socialista se reunieron con el que era entonces CEO de la compañía José María Orihuela Uzal y con un expolítico socialista condenado por el «caso ERE».

A principios de abril de 2020, en los peores momentos de la Covid, Orihuela, por parte de Duro Felguera, mantuvo una reunión por Skype con el expresidente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández Guerrero, que había sido cesado en octubre de 2019, tras su imputación en el «caso Aznalcóllar»; con la exmilitante socialista Leire Díez, y con el entonces presidente en funciones del ente dependiente del Ministerio de Hacienda, Bartolomé Lora Toro.

Esa cita, según ha podido saber LA RAZÓN de fuentes conocedoras del encuentro, estaba dirigida a impulsar la concesión de una financiación pública a Duro Felguera para evitar su supuesta quiebra a consecuencia del parón de la pandemia.

El cuarto asistente a esa cita fue el histórico socialista andaluz Francisco Vallejo Serrano, que fue consejero de la Junta de Andalucía y hombre fuerte de Manuel Chaves. Y quien llegó a ser condenado por el «caso ERE» a siete años de prisión.

Finalmente, el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) entregó una ayuda de 120 millones de euros de fondos públicos a Duro Felguera.

Después de que, en marzo de 2021, el Consejo de Ministros así lo acordase en la misma sesión en la que dio luz verde a otro rescate, ahora bajo sospecha de la Justicia. En concreto, el de la aerolínea Plus Ultra, a la que se le transfirieron 53 millones.

Se da la circunstancia de que este pasado lunes, tal y como informó este diario, el titular del Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid ha citado como investigado a Lora, que aún ejerce como vicepresidente de la SEPI, por un delito de prevaricación administrativa en relación a la concesión del rescate a Air Europa, cuya factura para las arcas estatales se situó en los 475 millones de euros.

La compañía asturiana ha querido trasmitir a este periódico, por su parte, que la actual entidad es completamente «distinta a la de etapas anteriores». «Cualquier hecho que pudiera corresponder a gestiones pasadas deberá ser valorado en ese contexto y por quienes tuvieran entonces responsabilidades. La Duro Felguera de hoy está centrada en su continuidad, en su actividad industrial y en los más altos estándares de gobierno corporativo y cumplimiento normativo», ha explicado.

En cualquier caso, esta no fue la única gestión que las presuntas «cloacas» de Ferraz habrían llevado a cabo en favor de esta empresa de ingeniería asturiana. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil explicó en su último informe que las «cloacas» del PSOE ofrecieron al exfiscal Anticorrupción José Grinda una propuesta por la que se le daba un destino en el extranjero, y la retirada de la demanda que le interpuso una joven por un presunto delito de índole sexual, a cambio de que archivara varios casos judiciales.

Entre ellos, el «caso Duro Felguera» que se sigue en la Audiencia Nacional por presuntos sobornos en Venezuela, vinculado a la adjudicación de una central termoeléctrica durante el gobierno de Hugo Chávez.

Además, hay referencias a la empresa asturiana en la famosa agenda «azul» de Leire Díez, en la que esta escribió: «Duro Felguera como antesala a la que se pueda dar en TTRR», en posible referencia a Tubos Reunidos, también rescatada por el Gobierno de Pedro Sánchez el 20 de julio de 2021 con 112, 8 millones de euros y bajo sospecha de los investigadores por el presunto cobro de comisiones ilegales.

Duro Felguera aparece también en el denominado «caso Koldo». Los investigadores hallaron unos mensajes entre el comisionista Víctor de Aldama y la entonces vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez, donde el empresario trató de negociar con la que fuera mano derecha de Nicolás Maduro un plan de 287 millones para impulsar una central térmica de la compañía en Venezuela a cambio de hierro y oro.

En otros mensajes enviados entre Aldama, el exministro Ábalos y su exasesor Koldo García, se desprenden referencias también a Duro Felguera: «La deuda que les dejan está en torno a 140 millones. Duro Felguera ofreció poner en marcha las plantas y cobrar en petróleo la deuda, pues no tiene el país recursos financieros, empezaron negociaciones, pero con los acontecimientos de allí el tema quedó paralizado».

Tales eran las negociaciones con la empresa asturiana, que Aldama coordinó un viaje secreto de Delcy Rodríguez a Madrid en enero de 2020, que incluiría una reunión también con el exCEO José María Orihuela.

Al hilo de la planificación de esta reunión, los agentes detectaron también una conversación entre Koldo y Ábalos del 16 de enero de 2020, donde el exministro socialista le remitió una captura de pantalla a su «hombre para todo» de un mensaje privado que le había enviado a Pedro Sánchez sobre ese viaje de Delcy Rodríguez y la deuda de la compañía en Venezuela.

«La vicepresidenta de Venezuela viene en privado el lunes y quiere verme discretamente como continuación del encuentro que tuve con el ministro de Comunicación (que es su hermano).

La gestión que acordamos en favor de las empresas españolas ha permitido que Duro Felguera haya cobrado una importante deuda», le escribió Ábalos a Sánchez a lo que este respondió con un simple «bien».