El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero llegó este miércoles a la Audiencia Nacional con la intención de demostrar su inocencia, pero no logró convencer al juez instructor José Luis Calama. Las explicaciones del exdirigente socialista no consiguieron "desvirtuar los indicios" que le sitúan en el "vértice" de una organización dedicada al tráfico de influencias, en palabras del magistrado de la Audiencia Nacional.

A lo largo de tres horas, Zapatero defendió la legalidad de los cobros de empresas señaladas por el juez y negó su influencia en el rescate de Plus Ultra, pero se dejó en el tintero las explicaciones sobre el origen de las joyas que guardaba en su despacho, valoradas en 1,3 millones de euros según la tasación oficial. Según avanzó en su declaración, de acuerdo con fuentes presentes en la misma, su intención es comparecer de nuevo de forma voluntaria en las próximas semanas para explicar cómo obtuvo el ajuar de su caja fuerte.

Por el momento, Zapatero ha tratado de confrontar las conversaciones, los movimientos bancarios y el resto de indicios que llevaron a su imputación. Actualmente, se le investiga por delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude y contrabando. Es posible que próximamente el juez le impute también delitos de falsedad documental y organización criminal, en tanto que considera que fue el cabecilla de una trama organizada cuya principal operación fue favorecer el rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno a la aerolínea Plus Ultra.

Los mensajes que cuestionan la versión de Zapatero

Este fue uno de los asuntos que quiso rebatir el exjefe del Ejecutivo. Aseguró que el primer contacto directo que ha tenido nunca con un directivo de Plus Ultra fue una reunión con el presidente de la aerolínea, Julio Martínez Solá, en 2024 —es decir, tres años después del rescate—. Según fuentes jurídicas, Zapatero afirmó igualmente que nunca contactó con ningún funcionario o autoridad pública para influir en la concesión del préstamo que el Consejo de Ministros autorizó en marzo de 2021.

El informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que motivó la imputación de Zapatero contiene varios mensajes que ponen en cuestión la declaración del expresidente. Entre ellos, uno que envió en abril de 2020 el principal accionista de la compañía, Rodolfo Reyes. En él, el empresario venezolano afirmó que Zapatero había mantenido una conversación de 11 minutos con Martínez Solá, a quien el expresidente afirma haber conocido en 2024.

Además de este, existen otros tantos whatsapps comprometedores localizados en el teléfono de Reyes, incautado por el departamento Homeland Security Investigations (HSI) de los Estados Unidos en 2021 y remitido a España en marzo de esta año. Las conversaciones en poder de la Audiencia Nacional no incluyen al propio Zapatero, pero reflejan como la aerolínea trató de "llegarle a ZP" a través de su amigo y socio Julio Martínez Martínez, con intención de asegurar el rescate aunque hiciera falta "pagar un poquitín". "Nuestro pana Zapatero detrás", afirmó en una ocasión Rodolfo Reyes, haciendo ver que el préstamo estaba asegurado.

Las mordidas y la relación con Julio Martínez

Además de estas conversaciones, los pagos a José Luis Rodríguez Zapatero se presentan en la causa como un indicio más de su posición al frente de una trama de tráfico de influencias. Una trama en la que los "principales beneficiarios" fueron él y sus hijas, que facturaron cientos de miles de euros a través de su agencia de marketing, Whathefav SL.

El exdirigente socialista aprovechó este miércoles para tratar de rebatir esta última apreciación del instructor Calama. Dijo que las cantidades que cobraron él y la empresa de sus hijas de las empresas presuntamente implicadas en la trama se correspondían con trabajos reales. En su caso eran labores de consultoría y asesoría, mientras que sus hijas cobraban por trabajos de marketing y maquetación. Por otro lado, Zapatero negó poseer ninguna sociedad, ni en España ni en el extranjero, y se desvinculó de la empresa off shore que según la UDEF se creó en Dubai para canalizar mordidas bajo las instrucciones del expresidente del Gobierno.

La cuestión de las contraprestaciones es probablemente la más afianzada en la investigación, de modo que hasta el propio Rodríguez Zapatero reconoce los pagos que se le imputan. El único desencuentro entre Zapatero y Calama es que el expresidente asegura que recibió el dinero a cambio de un trabajo real. El juez al contrario, habla de mordidas millonarias.

Entre ellas están los pagos que realizó una de las compañías de Julio Martínez Martínez, Análisis Relevante: 490.780 euros a Zapatero y 239.755 euros a Whathefav SL. La agencia de marketing de las hijas de Zapatero cobró otros 561.440 euros de Inteligencia Prospectiva SL, propiedad de los hermanos Domingo y Guillermo Amaro Chacón. La UDEF sitúa a esta compañía "con escasos ingresos y un volumen muy elevado de gastos" como una pieza más de la trama que servía para que las mordidas acabaran en manos de Zapatero y su entorno.

Durante su declaración ante el juez, el expresidente afirmó que ha tenido una buena relación con Julio Martínez Martínez y con los hermanos Amaro Chacón, con quienes había colaborado en asuntos como asesorías, charlas o conferencias. En total, la UDEF ha hallado pagos de más de dos millones de euros por parte de las compañías supuestamente implicadas en la trama.

Este miércoles, el expresidente defendió en todo momento la legalidad de su actuación y tampoco aclaró el asunto de las facturas falsas que elaboraba su secretaria, Gertrudis Alcázar, por indicación suya y con intención de "articular la apariencia documental" de las presuntas mordidas. De acuerdo con el juez instructor, desde la oficina de Zapatero se llevó a cabo "una operativa de facturación desvinculada de la realidad económica, únicamente dirigida a generar un soporte documental".

La cuestión de las joyas

La cuestión de las joyas se quedó sin respuesta en la comparecencia de Zapatero, que solicitó más tiempo para preparar su defensa frente a un hecho por el que se le imputan delitos de contrabando y fraude fiscal. La UDEF registro el despacho del expresidente en la calle Ferraz el 19 de mayo y encontró allí el ajuar, que según ha constatado una joyería estaría valorado en más de 1,3 millones de euros.

El resultado de la tasación llevó al juez a abrir una pieza separada el pasado viernes e investigar en ella el origen "en estos momentos no justificado" de las alhajas. Zapatero solicitó que este asunto se tratara en una declaración posterior a la que estaba fijada esta semana, pero el juez se negó. De modo que la defensa del expresidente ha seguido una estrategia sencilla: indicar a Zapatero que se negara a declarar a las preguntas sobre el ajuar y solicitar más adelante una declaración voluntaria. Será dentro de unas semanas, tal y como ha expresado el exdirigente en su declaración, según fuentes presentes en la misma.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha rechazado imponer las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares para mitigar el riesgo de fuga del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. El magistrado no ha acordado ni retirarle el pasaporte y obligarle a comparecer cada 15 días en el juzgado —como solicitaban Anticorrupción, el PP y Ciudadanos— y tampoco ha decretado su ingreso en prisión provisional —como han propuesto Vox, Hazte Oír, Iustitia Europa y Liberum—. En el auto dictado este miércoles al mediodía, el juez razona que Zapatero es una persona de "notoriedad pública" y, por tanto, le sería complicado sustraerse de la justicia.

Esta es la decisión que ha tomado el instructor, pese a concluir que las explicaciones dadas por el exdirigente socialista a lo largo de cerca de tres horas no han servido para "desvirtuar los indicios" que obran contra él. En su escrito, Calama destaca que "la adopción de una medida cautelar personal exige un juicio especialmente riguroso, porque supone una restricción anticipada de derechos fundamentales".

Para justificar una medida así, prosigue el juez, se requieren "indicios fundamentales de criminalidad", pero también un "riesgo procesal real y acreditado". Este debe ser un riesgo "específico, no una inferencia genérica basada en la gravedad del delito o en la alarma social".

En el presente caso, el magistrado de la Audiencia Nacional expresa que el investigado es "una persona de pública notoriedad, circunstancia que dificulta de manera evidente que pueda situarse en una posición de ilocalización o sustraerse discretamente al procedimiento". "Su visibilidad pública y manifiesto arraigo en el territorio, unidos a la ausencia de cualquier indicio de intención evasiva", llevan al juez a concluir que no es necesario imponer ninguna medida cautelar al expresidente.

El magistrado tampoco cree que exista un riesgo de "ocultación o destrucción de fuentes de prueba", dado que "los elementos relevantes ya han sido intervenidos y la investigación no depende de actuaciones que el investigado pudiera obstaculizar".

Es por ello que Calama ha descartado las propuestas de la Fiscalía y las acusaciones populares, por mucho que aprecie indicios contundentes contra quien fuera presidente del Gobierno de España. En su escrito destaca la importancia de los indicios hallados en los dispositivos incautados al socio de Zapatero, Julio Martínez Martínez, y el resto de implicados a los que la UDEF detuvo a finales del año pasado.

Apunta también que se ha logrado trazar "diversas transferencias entre las cuentas" de Zapatero "en relación con fondos procedentes de la ayuda pública concedida por el Gobierno a la mercantil Plus Ultra". Además, el juez destaca la importancia de los mensajes hallados en el teléfono del venezolano Rodolfo Reyes, el exaccionista de Plus Ultra cuyo teléfono incautaron las autoridades policiales estadounidenses. Por último, el juez se refiere a las joyas que la UDEF encontró en el despacho de Zapatero, tasadas en 1,3 millones de euros. En su escrito, Calama explica que "a día de hoy" Zapatero no ha acreditado cuál fue el "origen" de las alhajas ni "su correspondiente liquidación tributaria y aduanera".

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha asegurado este miércoles ante el juez que nunca contactó con ningún funcionario o autoridad para influir en el rescate de Plus Ultra. De este modo, el exdirigente ha negado haber cometido el tráfico de influencias que le imputa el juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional, junto a delitos de blanqueo de capitales, contrabando y fraude. Según fuentes presentes en su declaración como investigado, el exjefe del Ejecutivo ha negado igualmente el cobro de mordidas y se ha desvinculado de la trama societaria que supuestamente controlaba su amigo Julio Martínez Martínez para canalizar las presuntas dádivas.

Zapatero, que ha llegado a la Audiencia Nacional en medio de una gran expectación mediática, ha defendido que los pagos de la trama a la empresa de marketing de sus hijas, Whathefav SL, se correspondían con servicios reales y no con comisiones. El exdirigente del PSOE se ha limitado a contestar al extenso interrogatorio del magistrado instructor y a las preguntas de su abogado, y se ha negado a responder a la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares. Según fuentes jurídicas, ha rechazado hablar sobre el origen de sus joyas, tasadas en 1,3 millones de euros, y ha avanzado que lo hará en las próximas semanas.

Tras comparecer a lo largo de cerca de tres horas ante la Audiencia Nacional, el expresidente ha remitido un comunicado en el que defiende la limpieza de su actuación. "Cuando uno se sabe completamente inocente, como es mi caso, y confía directamente en la justicia, lo más doloroso es saber que mucha gente puede sentirse defraudada si cree las cosas que se afirman de mí", recoge el escrito de Zapatero, que este miércoles se ha convertido en el primer expresidente del Gobierno en sentarse ante un juez como imputado.

En línea con lo expresado en este comunicado, el expresidente ha negado en la sala haber tenido ningún contacto con directivos de Plus Ultra, a excepción del presidente de la aerolínea, Julio Martínez Solá, a quien dice que conoció en 2024, tres años después de concederse el rescate, según las fuentes jurídicas consultadas. En el sumario de la causa consta una conversación en la que el principal accionista de Plus Ultra señala que Solá y Rodríguez Zapatero mantuvieron una conversación de 11 minutos en abril de 2020, si bien se desconoce el contenido de la misma.

Tras su declaración se ha celebrado una vista para decidir sobre la imposición de medidas cautelares. La Fiscalía Anticorrupción y dos de las acusaciones populares —el PP y Ciudadanos— han pedido que se retire el pasaporte del exlíder socialista y que se le obligue a comparecer cada 15 días en el juzgado. En la sala solo estaba presente el letrado del PP, Alberto Durán, que lleva la dirección letrada de todas las acusaciones populares. No obstante, como portavoz del resto de acusaciones, el abogado ha trasladado la petición de Vox, Hazte Oír, Iustitia Europa y Liberum de decretar el ingreso en prisión provisional de Zapatero, de acuerdo con fuentes jurídicas. Finalmente, el magistrado ha rechazado imponer medida cautelar alguna.

Trata de justificar los cobros

El exdirigente socialista ha tratado de justificar los cobros de empresas presuntamente vinculadas a la trama exponiendo que fueron pagos por servicios reales. Entre ellas está Análisis Relevante, una de las compañías de Martínez Martínez que pagó más de 490.000 euros al expresidente y más de 239.000 euros a la agencia de sus hijas. Según el expresidente, la compañía de sus hijas cobró esta cantidad a cambio de servicios de maquetación de informes. Zapatero ha afirmado que tenía una buena relación con Julio Martínez Martínez y ha explicado que cobró de Análisis Relevante por servicios de consultoría, de acuerdo con las fuentes consultadas.

Ha subrayado que nunca firmó ningún contrato escrito con la compañía de Martínez, que le hacía encargos verbales y le pagaba por ellos al final de cada año. También ha admitido los cobros de Inteligencia Prospectiva, propiedad de los hermanos Domingo y Guillermo Alfredo Amaro Chacón. Esta mercantil pagó 561.440 euros a Whathefav SL y 266.000 euros a una compañía llamada Gate Center, que a su vez abonó más de 350.000 euros a Zapatero y más de 171.727 euros a la agencia de sus hijas.

En su declaración como investigado, el expresidente del Gobierno ha explicado que tiene una relación desde hace años con los hermanos Chacón y ha enmarcado los pagos de Inteligencia Prospectiva en el cobro de trabajos de análisis y asesoría. En cualquier caso, Zapatero ha expuesto que no tiene ninguna sociedad, ni dentro ni fuera de España. Con lo cual, se ha desvinculado de la empresa Landside Dubai, Fzco, que según la UDEF se constituyó bajo las instrucciones del expresidente con el objetivo de canalizar las mordidas.

Por otro lado, Zapatero ha admitido que mantuvo un encuentro con el entonces ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en septiembre de 2020. Coincide en las fechas con el momento en que Plus Ultra estaba intentando que se aplazase la deuda de la aerolínea con la Seguridad Social para lograr que se concediera el rescate. Sin embargo, el expresidente ha afirmado que aquella reunión tuvo lugar porque Escrivá quería conocerle. Así lo afirman las fuentes jurídicas consultadas, y exponen que Zapatero ha desligado su reunión con el actual gobernador del Banco de España de la gestión de la deuda de Plus Ultra.

José Luis Rodríguez Zapatero se dispone este miércoles a hacer algo que nunca ha hecho ningún expresidente del Gobierno de España: declarar como investigado ante un juez. Sobre su cabeza pende la imputación de hasta seis delitos: tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal y contrabando. Todo apunta a que el juez podría imputarle también delitos de organización criminal y falsedad documental. Pero este miércoles y este jueves Zapatero tendrá la posibilidad de aclarar ante el instructor de la Audiencia Nacional José Luis Calama muchas cuestiones.

Tras la declaración, el juez deberá decidir sobre la posible imposición de medidas cautelares a Zapatero, que podrían ir desde la retirada del pasaporte o la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado hasta el ingreso en prisión provisional.

La tesis del juez es que Zapatero estuvo en el "vértice" de una organización criminal, influyó para que el Gobierno concediera a la aerolínea Plus Ultra un préstamo de 53 millones de euros y obtuvo mordidas millonarias a través de sociedades interpuestas. Además, existen indicios de que el dinero concedido por el Ejecutivo a Plus Ultra se puso al servicio de una red internacional de blanqueo de capitales con clientes vinculados a casos de corrupción y tráfico de oro en Venezuela.

La cantidad de documentación que compone el sumario de la causa es tan ingente que, tras conocer su imputación el pasado 19 de mayo, la defensa del expresidente solicitó aplazar la fecha inicial de su declaración para poder estudiar el caso. En un principio, Zapatero debía comparecer ante el juez el 2 de junio, pero el instructor José Luis Calama estimó la solicitud del abogado del expresidente, Víctor Moreno, y fijó como nueva fecha los días 17 y 18 de este mes.

No obstante, en los últimos días ha sucedido un hito relevante para la causa. Después de que el 19 mayo la UDEF encontrara un ajuar de joyas en la caja fuerte del despacho de Zapatero, una joyería se encargó de hacer la tasación oficial y concluyó que el valor de las alhajas ascendía a 1,3 millones de euros. De modo que el pasado viernes, el juez José Luis Calama acordó abrir una pieza separada para indagar en el origen, "de momento no justificado" de esta fortuna en poder del expresidente del Gobierno.

El instructor de la Audiencia Nacional acordó en ese mismo escrito imputar al exjefe del Ejecutivo dos nuevos delitos —fraude fiscal y contrabando— y estableció que el asunto de las joyas se abordaría en la declaración de esta semana.

Esto llevó al letrado de Zapatero a presentar un nuevo escrito en el que solicitó que la parte de la declaración de su representado relativa al origen de las joyas se aplace, de nuevo con la intención de poder armar una estrategia de defensa frente a las nuevas imputaciones. Esta vez, el juez ha rechazado la solicitud de Víctor Moreno.

Ello no implica que el expresidente Zapatero esté obligado a contestar a las preguntas que formulen las partes sobre las joyas de su caja fuerte. Dado que acude a declarar en calidad de investigado, puede negarse a responder a cualquier pregunta. También puede decidir contestar tan solo a su abogado defensor, o negarse a atender a las preguntas del juez, la Fiscalía, las acusaciones populares o las defensas del resto de investigados.

Con todo, fuentes del PSOE que aseguran estar en contacto con José Luis Rodríguez Zapatero afirman también que el expresidente acudirá a la Audiencia Nacional con intención de defenderse de todos los indicios que obran contra él. "Va a entrar a todo", explican en la sede de Ferraz.

Los mensajes sobre su influencia en el rescate

En primer lugar, Zapatero debe hacer frente a los indicios que le sitúan como autor de un delito de tráfico de influencias. En el sumario constan varios mensajes de empresarios y directivos que apuntan a la mediación del expresidente en favor del rescate de Plus Ultra y al cobro de comisiones a cambio de la gestión. Las conversaciones muestran como la compañía buscó la "ayuda a Zapatero" a través de su "lacayo" y amigo, el empresario Julio Martínez Martínez.

La clave está en el teléfono móvil que las autoridades policiales de Estados Unidos intervinieron al empresario Rodolfo Reyes en 2021 y entregaron a sus homólogos españoles en marzo de este año. Una de las estrategias que ha dejado entrever el letrado de Zapatero consiste en buscar la nulidad de esa prueba indagando en la legalidad de la intervención del móvil de Reyes, que era el principal accionista de Plus Ultra. El juez Calama ha solicitado a Estados Unidos que permita la incorporación formal de los mensajes en la causa para su utilización como prueba documental en un eventual juicio.

Los chats intervenidos demuestran que el empresario venezolano Rodolfo Reyes sugirió acceder a Zapatero con la intención de hacer "lobby político" en favor de Plus Ultra. Lo hizo en conversación con Ramón Gordils, embajador de Venezuela en Noruega, que contestó a Reyes, en marzo de 2020: "Yo busco como llegarle a ZP". Ese mismo día, Reyes informó de esta conversación al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Solá, que contestó elocuentemente: "Como dice un amigo, vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín". En el sumario constan indicios de la mediación con Julio Martínez Martínez e incluso una conversación de 11 minutos entre el presidente de Plus Ultra y el expresidente del Gobierno.

Las mordidas y el entramado empresarial

En el sumario constan igualmente una serie de movimientos económicos que sitúan a Zapatero y a sus hijas como los máximos beneficiarios de la trama. Será una de las cuestiones más difíciles de rebatir para el expresidente. La empresa clave de la red de contraprestaciones es Análisis Relevante, de Julio Martínez Martínez, que abonó 490.780 euros al ex líder socialista, según ha afirmado públicamente Zapatero a cambio de labores de consultoría.

Esta misma empresa abonó 239.755 euros a Whathefav SL, la agencia de marketing de las hijas de Zapatero. En total, la UDEF apunta que el expresidente facturó más de cuatro millones de euros en el periodo investigado, de los cuales 1,57 millones procedían de empresas al margen de la trama.

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, ha reconocido haber mantenido encuentros con la supuesta fontanera del PSOE Leire Díez, si bien los ha desvinculado de la presunta operación de Díez contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. "No se ha adoptado jamás por mi parte ninguna medida de presión contra la UCO, ni contra la Unidad de Delincuencia Económica, ni contra cualquier unidad de la Guardia Civil, ni influenciada por la señora Díez, ni por ninguna otra persona", ha aseverado en repetidas ocasiones González.

Por otro lado, la directora general ha explicado que en mayo de 2025, tras trascender públicamente las primeras maniobras de Leire Díez, mantuvo una reunión con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. En esas fechas se conoció que Díez había tratado de obtener información contra el teniente coronel de la UCO Antonio Balas. El 29 de mayo, González mantuvo un primer encuentro con Balas para mostrarle su "apoyo personal" e informarle de que ella misma se había visto varias veces con Leire Díez, ha relatado.

Al día siguiente, "esa misma reunión se repitió con el ministro del Interior en la sede del ministerio", ha explicado la directora del Instituto Armado. Hace semanas, al conocerse en los informes de la UCO los encuentros de González y Leire Díez, el ministro del Interior los negó, si bien acabó retractándose unos días después.

Durante su declaración ante la Comisión de Interior del Senado, a la que ha sido convocada tras trascender sus contactos con la supuesta fontanera, González ha negado cualquier implicación en las presuntas cloacas y ha recibido los ataques del Partido Popular y Vox. Ambos partidos han acusado a González de estar implicada en la trama investigada en la Audiencia Nacional. El senador popular Luis Santamaría ha señalado a la directora del cuerpo por abrir investigaciones internas para "purgar" a los miembros de la UCO encargados de investigar al Gobierno, al PSOE o al entorno familiar de Pedro Sánchez.

Ella ha admitido la apertura de distintas "informaciones reservadas" del Instituto Armado, unas investigaciones que los informes de la UCO vinculan a la supuesta estrategia de Leire Díez para atacar a esta unidad. No obstante, ha asegurado que esas actuaciones nunca se han dirigido contra "ningún" miembro de la Guardia Civil.

Santamaría no ha dado ninguna credibilidad a la compareciente, a la que ha situado "al frente" de las cloacas. El senador popular ha asegurado que González "se contradice" con los propios informes elaborados por la UCO en la causa dirigida contra las presuntas cloacas del PSOE. En dichos informes se habla de varios encuentros de Díez con Mercedes González y se recogen mensajes en los que la supuesta fontanera presume de su "confianza" con la directora de la Guardia Civil.

Los informes contenidos en el sumario de la causa que dirige el juez Santiago Pedraz señalan que Leire Díez "habría conseguido instigar" a Mercedes González para que "iniciara actuaciones administrativas contra la UCO". La directora del Instituto Armado, habiendo trascendido estos informes, ha reconocido este martes sus encuentros con la presunta fontanera.

Pero ha querido restar peso a las reuniones y ha negado que en ellas se hablase de "ninguna investigación abierta". Según ha explicado, conoció a Leire Díez cuando la supuesta fontanera era directora de Relaciones Institucionales de Correos y ella trabajaba como delegada del Gobierno en Madrid. En aquella época no se vieron "personalmente", pero años después Leire Díez le llamó para pedirle "tomar un café". "Quedamos en una cafetería cercana a la Dirección General de la Guardia Civil", ha expuesto, consciente de que la UCO ha localizado que Díez estuvo en esa zona coincidiendo con el día en que apuntó la reunión.

Mercedes González ha asegurado que ese encuentro y los posteriores fueron breves y que ella interpretó que Díez pretendía tomar "contacto" con ella de cara a alguna "solicitud" o para tenerla en su "agenda" como "periodista". "En ningún momento habló de nada relacionado con investigaciones en curso", ha afirmado la directora de la Guardia Civil.

Pese a negar que Díez influyera en ella para atacar a la UCO, González ha reconocido la apertura de informaciones reservadas que la UCO vincula con las presiones de Díez. Según ha expuesto, se trata de "actuaciones administrativas" que "nunca se dirigen" contra ningún Guardia Civil. Ha explicado que la primera se produjo en diciembre de 2024 tras publicarse una filtración de un informe policial relacionado con la causa del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez. González ha aseverado que aquella actuación se archivó al cabo de semanas y "no derivó en ningún expediente sancionador contra nadie".

La segunda información reservada se produjo en mayo de 2025, según ha expuesto la directora, tras publicarse los whatsapps de José Luis Ábalos con Pedro Sánchez. De acuerdo con la compareciente, en esta ocasión "no llegó a practicarse ninguna diligencia" y se cerró la actuación al cabo de 14 días. Sobre la última información reservada, González ha señalado que se inició a finales de agosto de 2025 tras publicarse en un medio una información sobre "supuestas intromisiones e injerencias del director adjunto operativo" del Cuerpo.

"En esta información reservada sí se tomó declaración al general de Policía Judicial, al coronel jefe de la UCO, al teniente coronel jefe del departamento de delincuencia económica y al jefe de la oficina de comunicación, siempre en calidad de testigos, nunca en calidad de investigados", ha reconocido la directora general, si bien ha añadido que la actuación "quedó archivada el 6 de octubre sin ninguna responsabilidad".

Después de que Mercedes González diese estas explicaciones, el senador del Partido Popular ha puesto en cuestión que estas iniciativas de informaciones reservadas coincidieran en el tiempo con los encuentros que mantuvieron Leire Díez y la directora de la Guardia Civil. Santamaría lo ha explicado de la siguiente manera: "Según reconoce la UCO Leire 'la del PSOE' quería hacer una purga en la Guardia Civil porque había mucho subversivo. El plan consistía en entrar en la Guardia Civil como un "elefante en una cacharrería", ¿habló usted de ello con Leire? Si no es así, ¿por qué coinciden las purgas y las informaciones reservadas con sus conversaciones con 'Leire la del PSOE'?".

Después, en el turno de réplica, la compareciente se ha referido a esta parte de la intervención del senador. Se ha dirigido al portavoz popular y le ha dicho: "Dígame dónde está la purga. ¿Dónde estaba el teniente coronel [de la UCO Antonio] Balas cuando yo llegué y dónde está ahora? En el mismo sitio, haciendo su trabajo escrupulosamente".

Finalmente, Santamaría le ha replicado a la compareciente que se había dedicado a "dibujar los mundos de yupi" y ha aludido a exdirigentes socialistas como José Luis Rodríguez Zapatero, Santos Cerdán o José Luis Ábalos, que "negaron lo que negaron" y ahora están implicados en causas de corrupción. Fuentes del Partido Popular avanzan ya que "ante la falta de respuestas a las preguntas" del senador Luis Santamaría, la formación convocará de nuevo a Mercedes González. Esta vez lo harán en la comisión de investigación del caso Koldo, que desde su inicio ha ido incorporando a sus sesiones todo el resto de causas judiciales que perjudican al Gobierno.