El peritaje de las joyas incautadas en su oficina al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero informa sobre un grupo de piezas de gran valor –la más cotizada es un collar de 278.000 euros– y otras a las que los expertos de Ansorena no ponen precio por tratarse de “bisutería”. La pieza más preciada es un collar en oro blanco de 18 kilates “cuajado de diamantes” y dos esmeraldas naturales cuyo origen es Zambia. El informe al completo se puede consultar al final de este texto.

En el segundo puesto se sitúa otro collar, tambien de oro blanco de 18 kilates y que en este caso va decorado con diamantes de origen tailandés. El precio establecido por los tasadores es de 220.000 euros. Otro collar de similares características pero con rubíes es tasado en 155.000 euros.

En el otro extremo hay un par de collares de perlas “de imitación”, que Ansorena califica como “sin valor” o una pareja de gemelos “de plata y nácar, desparejados”, igualmente sin valor.

Tras este peritaje ordenado por el juez del caso Plus Ultra, José Luis Calama, este ha ordenado abrir una pieza separada para investigar a José Luis Rodríguez Zapatero por delitos fiscal y de contrabando en relación con las joyas halladas en el registro practicado el pasado 19 de mayo en la oficina del expresidente del Gobierno, cuyo origen “en estos momentos no está justificado” y cuyo valor ha sido tasado de forma preliminar en 1.323.915 euros.

Una tercera pieza supera los 100.000 euros. Es un collar, también de oro blanco de 18 kilates, que lleva brillantes y que está tasado en 155.000 euros. A partir de ahí hay varias piezas por debajo de los 100.000 euros. Son pulseras de oro blanco. Una de ellas con rubíes (72.000), otra pulsera con esmeraldas (95.000) y una tercera con zafiros tailandéses (80.000 euros). También hay sortijas y pendientes que rondan ese valor, hasta descender a los 12.000 euros.

A partir de ahí se produce un descenso en los precios y aparecen varias piezas entre los 1.000 y los 12.000 euros. Hay una pulsera con rubíes de 11.800 euros y un collar de tres hilos de amazonitas pulidas con entrepiezas de oro caladas, de 1.200 euros. Hay un reloj de 100 euros y dos cruces de la Sagrada Familia de 100 y 50 euros, respectivamente.

En el apartado de piezas “sin valor” están una pareja de pendientes de metal chapado y perlas de imitación, un alfiler de metal dorado con iniciales y un pendiente de metal chapado en oro con piedras de imitación.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado abrir una pieza separada del caso Plus Ultra para investigar a José Luis Rodríguez Zapatero por delitos fiscal y de contrabando en relación con las joyas halladas en el registro practicado el pasado 19 de mayo en la oficina del expresidente del Gobierno, cuyo origen “en estos momentos no está justificado” y cuyo valor ha sido tasado de forma preliminar en 1.323.915 euros.

En un auto, el magistrado acuerda comunicar la imputación a Rodríguez Zapatero a través de su representación procesal, para que pueda tomar conocimiento de ellos y ejercer su derecho de defensa, al tiempo que señala la declaración por estos hechos para el mismo día para el que ya estaba citado en la pieza principal del denominado caso Plus Ultra, esto es, los próximos 17 y 18 de junio.

El juez indica que, una vez recibida la tasación preliminar y sin perjuicio de una pericial posterior que abarque otros datos de interés, la posesión de bienes de lujo de elevado valor, unida a la ausencia de trazabilidad fiscal sobre su adquisición, constituye “un indicio objetivo y racional de la posible existencia de una defraudación tributaria relevante, en tanto que la adquisición de joyas del valor indicado genera necesariamente obligaciones fiscales, ya sea en concepto de IVA, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, e IRPF, según la naturaleza del negocio jurídico”.

Para el magistrado, la posible falta de acreditación sobre la adquisición de las joyas podría facultar a la Agencia Tributaria para imputar una ganancia patrimonial no justificada en el IRPF de José Luis Rodríguez Zapatero, resultando aplicable un tipo marginal en torno al 46%. De esta forma, añade, la inexistencia de declaración o pago de cualquiera de estos tributos permite inferir la posible existencia de una cuota defraudada superior al umbral típico, que se sitúa en 120.000 euros. Por todo ello, estos hechos, indiciariamente, según el juez, pueden ser constitutivos de un delito contra la Hacienda Pública.

Además, Calama argumenta que la actuación de Rodríguez Zapatero también podría encajar en un delito de contrabando. Y lo explica “en la medida en que la introducción, tenencia o circulación en territorio nacional de joyas cuyo valor global asciende a aproximadamente 1.323.915 euros, sin acreditación del pago de los derechos arancelarios, impuestos especiales o tributos asociados a su importación, constituye un indicio objetivo de que tales bienes pudieron haber accedido al territorio aduanero de la Unión Europea eludiendo los controles y obligaciones fiscales exigibles”.

El magistrado añade que la ausencia de documentación aduanera, de facturas de importación o de cualquier justificante de despacho de aduanas impide descartar que las joyas hubieran sido introducidas en España al margen de los procedimientos de control aduanero, superando ampliamente el umbral cuantitativo de 150.000 euros previsto para la tipicidad penal.

Explica que el investigado dispone de la ocasión procesal adecuada para ofrecer las explicaciones que estime pertinentes y aportar la documentación que “que pudiera disipar la indiciaria ilicitud de la posesión de los efectos intervenidos, ya sea acreditando su lícita adquisición, o su correcta importación”.

Una pieza separada

El auto señala que la aparición de estos hechos autónomos de la pieza principal, que se sigue por delitos tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad documental y organización criminal, entre otros, exige tramitarlos en una pieza separada en línea con la jurisprudencia del Tribunal Supremo para evitar la innecesaria complejidad y la denominada “elefantiasis procesal” que el legislador ha querido corregir.

Para el juez, existen elementos suficientes para investigar lo relacionado con las joyas en una investigación autónoma, sin perjuicio de las diligencias que se puedan acordar para determinar su origen y eventual relevancia penal.

Considera que Los hechos relativos a la intervención de las joyas presentan naturaleza, estructura y posibles responsables distintos de los investigados en la causa principal, pues estos hechos, inicial e indiciariamente, aparecerían vinculados únicamente a José Luis Rodríguez Zapatero.

Por todo ello procede incorporar en esta pieza la documentación y efectos intervenidos y poner en conocimiento del investigado de esta nueva imputación con el fin de pueda ejercer el derecho de defensa en relación con estos nuevos hechos.

Todos los problemas de Alberto González Amador con la justicia se congregan ya en un espacio donde el tiempo discurre con lentitud. Al colapso administrativo que retrasará el juicio por fraude fiscal y falsificación hasta 2027 –después de las próximas elecciones autonómicas– se suma ahora la primera decisión relevante del juez que debe investigarle por corrupción en los negocios: el magistrado Antonio Viejo no autoriza a practicar dos de las tres diligencias que le solicitó la UCO para esclarecer los delitos más graves que habría cometido la pareja de Isabel Díaz Ayuso, entre ellos corrupción en los negocios. 

Viejo ha tardado seis meses en adoptar la decisión y lo ha hecho tres días después de que elDiario.es desvelara una reunión en su despacho el pasado 30 de abril en el que el fiscal y los agentes de la UCO le apremiaron a adoptar una decisión sobre el requerimiento formulado en diciembre pasado, tras habérselo requerido por escrito en varias ocasiones. El magistrado les respondió que resolvería en unos días. Finalmente ha tardado 41.

La jubilación de Inmaculada Iglesias y su marcha del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid desató el pasado verano las especulaciones sobre cómo podía afectar el cambio de instructor a la causa contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Casi un año después, las dudas se han despejado.

Antonio Viejo, el sustituto de Iglesias, ha tardado seis meses en contestar el requerimiento a la UCO para comenzar a investigar. Y cuando lo ha hecho, el juez ha dado permiso únicamente para que los agentes busquen en las 16 cuentas bancarias de González Amador, la otra investigada, Gloria Carrasco, y las sociedades de ambos. El acceso a la información tributaria y societaria deberá esperar. A duras penas arranca la operación Cirbelia, según ha bautizado la UCO sus indagaciones.

Esta pieza separada del caso González Amador investiga la compra en 2020 por parte del empresario de una sociedad que apenas tenía valor, pero por la que pagó medio millón de euros. La anterior jueza, la Fiscalía y la acusación popular sospechan que la compra encubría el pago de una comisión. O, más bien, el pago de parte de una comisión, la que habría obtenido la pareja de Ayuso como intermediario en una compraventa de mascarillas en los inicios de la pandemia. 

La operativa fraudulenta se resume de la forma que sigue. Fernando Camino es director de Quirón Prevención y da trabajo a González Amador desde 2017. Pero Camino también se sentaba en el consejo de administración de Mape, una empresa gallega que compró 42 millones de euros en material sanitario a otra empresa catalana en 2020. Esa empresa catalana había pactado previamente con González Amador una jugosa comisión por cada venta que consiguiera, en este caso dos millones de euros. El amigo de Alberto González habría impulsado la compra del material sabedor de la comisión que se llevaría su amigo. Y de la porción que obtendría él. Para disimular el reparto, el novio de Ayuso habría comprado una sociedad de la mujer de Camino por un precio desorbitado 500.000 euros, el 25%. 

La jueza Iglesias tomó declaración a González Amador y a Gloria Carrasco, la mujer de Camino, dueña formal de Círculo de Bella SL. Iglesias se percató de las contradicciones entre los testimonios de ambos sobre el valor potencial de la sociedad, los mismos con los que intentaban justificar la operación. Antes de jubilarse, la magistrada aceptó la petición de la Fiscalía y la acusación popular y ordenó a la UCO entrar en el caso habida cuenta de la dimensión interprovincial que había adquirido.

En el auto la jueza Iglesias ya daba a entender la posibilidad de que la investigación se ampliara de la corrupción en los negocios y la administración desleal al blanqueo de capitales y el grupo criminal. La magistrada justificaba la intervención de la UCO en la posibilidad de que los investigados formaran “una trama” y que hubieran “transformado” o “disimulado” las ganancias “para ocultar el origen ilícito” de las mismas. El auto tiene fecha de 27 de junio de 2025. Un año después, el nuevo juez, Antonio Viejo, ha autorizado a la UCO a acceder a las cuentas de González Amador, Gloria Carrasco y las sociedades de ambos. 

elDiario.es preguntó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la tardanza de Viejo en impulsar la causa. Un portavoz autorizado apeló a la prioridad de las causas con preso y a otras que afectan a la vida de las personas como las grandes estafas. También aludió a la reforma organizativa de la conocida como 'ley Bolaños' –que cambia la organización de la planta judicial– y a la necesidad del juez de conocer todas las causas de un juzgado al que había llegado en octubre. 

La petición de la UCO era, sin embargo, algo sencillo de resolver. De hecho, el juez dedica la mayor parte de su auto de cinco páginas a recuperar jurisprudencia y ofrecer una explicación garantista de por qué no da permiso a los guardias civiles para acceder a la información tributaria y societaria de los investigados.

Viejo argumenta que primero quiere conocer “el catálogo real de bienes de los investigados y su entorno más cercano, para de este modo vislumbrar si hubieran podido aumentar su patrimonio de manera desmedida y determinar, caso de haberse producido, si dicho enriquecimiento habría podido tener su origen en la investigación aquí llevada”. También dice que, dependiendo de ese resultado, autorizará el resto de peticiones de la UCO. La declaración del director de Quirón Prevención se antoja lejana, si es que algún día llega a darse. 

El primer juicio, para después de las elecciones

Esta investigación en ciernes es una pieza separada de aquella que sentará irremediablemente a Alberto González Amador en el banquillo por fraude fiscal y falsificación de documentos. Los modestos resultados empresariales de la actual pareja de Ayuso se habían disparado en 2020 gracias a una sola operación, una comisión de casi 2 millones de euros por una venta de mascarillas entre dos empresas españolas. El comisionista empleó hasta 17 facturas falsas para hacer creer al fisco que había tenido unos gastos que no eran reales y tributar 350.951 euros menos de lo que debía. 

La cifra superaba el umbral de los 120.000 euros defraudados por ejercicio para alcanzar la categoría de delito y Hacienda dio traslado a la Fiscalía, que presentó la correspondiente querella, desvelada por elDiario.es. El juzgado imputó a González Amador, quien desde el principio buscó un pacto que le asegurara una condena tan baja que no entrara en prisión. El Ministerio Público establece como prioridad recuperar el dinero defraudado y que Estado ingrese también la multa correspondiente. 

Pero en esa voluntad de acuerdo de ambas partes interfirió la acusación popular que ejercen PSOE y Más Madrid. El mismo día en que se iba a cerrar el acuerdo, y tras estudiar la documentación obtenida por la Agencia Tributaria en sus 19 meses de inspección, la acusación popular presentó un escrito en el que pedía ampliar la imputación a González Amador por varios delitos más. En las tripas de la información recabada por la AEAT había operaciones que no cuadraban. 

Y así fue –no sin un primer rechazo de la jueza Iglesias– cómo se abrió la pieza separada por corrupción en los negocios y administración desleal. González Amador se replegó y aguardó a que la Audiencia Provincial aceptara su recurso contra la nueva investigación antes de llegar a un acuerdo por el doble fraude fiscal y la falsificación de documentos. Pero eso no ocurrió. En una decisión clave para el futuro judicial del novio de la presidenta, la Audiencia Provincial de Madrid avaló en marzo de 2025 la pieza separada que se había abierto contra el empresario y comisionista. 

Hasta ese momento, la jueza Iglesias había optado por la prudencia y no había dictado diligencias, a la espera de que resolviera la instancia superior. Con la luz verde de la Audiencia Provincial, la instructora tomó declaración a González Amador y a Gloria Carrasco. Sus contradicciones sobre del valor potencial de Círculo de Belleza adelantaban el siguiente paso, citar a Fernando Camino, el presidente de Quirón Prevención. Pero la jubilación de la jueza dejó sin resolver la petición de la acusación popular en ese sentido. 

Sin embargo, la magistrada aceptó otra solicitud que le había hecho la Fiscalía especializada en Delitos Económicos de Madrid y la acusación popular: el caso había adquirido tal magnitud que necesitaba de una unidad de policía judicial que realizara las pesquisas. La elegida sería la UCO de Guardia Civil. La jueza del auto lleva fecha de 27 de junio de 2025 y los agentes aún no han podido empezar a trabajar. 

La investigación del presunto soborno cometido por Alberto González Amador a un directivo del Grupo Quirón permanece detenida antes de arrancar. Los requerimientos de la Unidad Central Operativa (UCO) al juez Antonio Viejo para que le autorice a acceder a las cuentas bancarias y a la información societaria de la pareja de Isabel Díaz Ayuso cumplen seis meses sin que el magistrado instructor se haya prestado a autorizarlos, informan a elDiario.es fuentes próximas al caso. 

Las últimas semanas de retraso son especialmente llamativas. A instancia de los investigadores, el juzgado de Instrucción número 19 de Madrid albergó una reunión el pasado 30 de abril entre el magistrado Viejo, una representación de los agentes de la UCO y el fiscal del caso. En ese encuentro, Viejo se comprometió a librar los oficios en el plazo de una semana. Un mes y una semana después sigue sin hacerlo. 

La operación ha sido bautizada ya por los agentes de la UCO como ‘Cirbelia’, en alusión a Círculo de Belleza S.L, la empresa cuya compra por González Amador supondría en realidad el pago encubierto de una comisión a Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención. 

Cuando se cumplieron tres meses sin que el juez Antonio Viejo contestara al requerimiento de la UCO para empezar a investigar, un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) trasladó a elDiario.es que el magistrado no había tomado posesión de su nuevo cargo hasta octubre de 2025 y que tuvo que “empezar de cero” revisando todas las causas. 

Según la citada explicación, el juez Viejo habría dado prioridad a las causas con preso o a otras de especial complejidad que afectaban al día a día de las víctimas, como las grandes estafas o las que tienen que ver con herencias. La entrada en vigor de la Ley de Eficiencia en los juzgados, que ha cambiado el modelo que regía los juzgados, habría redundado en ese retraso, alegaba el mismo portavoz. 

La primera jueza del caso, Inmaculada Iglesias, se jubiló el verano pasado. A finales de junio dictó un auto en el que ordenaba a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil actuar como policía judicial del caso debido a la complejidad que había adquirido el mismo. El cambio de titular en el juzgado, que instruye en estos momentos varias causas complejas, retrasó la investigación a Alberto González Amador. El nuevo juez, Antonio Viejo, se incorporó durante el mes de octubre. Hasta el 31 de ese mes no llegó a la UCO la primera parte de la información de la causa por corrupción en los negocios y administración desleal contra la pareja de Ayuso. Una semana después, el 6 de noviembre, el juzgado completó la remisión de documentos a la Guardia Civil, según los datos recabados por elDiario.es.

Ocultar un “soborno”

El empresario y comisionista Alberto González Amador compró en 2020 una sociedad sin apenas valor por medio millón de euros a Gloria Carrasco, una farmacéutica de León casada con Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención. Los dos jueces del caso, la Fiscalía y la acusación popular sospechan que el precio de la sociedad se hinchó para ocultar un “soborno”. 

Dos son las líneas de investigación que se siguen en este sentido. La primera de ellas sostiene que Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, ostentaba otro cargo además del que tiene en la empresa sanitaria. Camino era consejero de una empresa gallega llamada Mape y habría intercedido para que esta comprara 42 millones de euros en material sanitario de protección a una sociedad catalana. Lo habría hecho sabedor de que esa empresa de Cataluña habría acordado previamente pagar una comisión a la pareja de Isabel Díaz Ayuso de un 4,5% por cada venta que obtuviera. 

La compra de la sociedad de la mujer de Camino por parte de Alberto González Amador habría sido la forma de ocultar el porcentaje de la comisión que se llevaría el presidente de Quirón por haber facilitado la operación de compraventa de material sanitario desde su silla en el consejo de administración de Mape. Una cuarta parte de los 1.973.000 euros del pelotazo de González Amador, cerca de 500.000, habrían acabado de esta forma en el bolsillo de Camino. 

La segunda tesis que estableció la primera jueza del caso pasa porque ese medio millón de euros por esa sociedad, llamada Círculo de Belleza SL, podía corresponderse con el “soborno” de Alberto González Amador por el incremento de la facturación a Quirón Prevención, que preside Fernando Camino. La sociedad apenas había facturado 30.000 euros en el ejercicio que precedió a la venta y su capital consistía en tres aparatos de depilación amortizados y un ordenador portátil.

González Amador trabaja con esta división de la empresa sanitaria desde 2017, pero el año que comenzó su relación con Isabel Díaz Ayuso aumentó su facturación por cuatro. El Grupo Quirón es el gran beneficiado de la política de gestión privada de la sanidad pública que desarrolla el Gobierno de Ayuso, con casi 1.000 millones de euros públicos de facturación al año. 

Pese a los indicios recabados en la instrucción, a fecha de hoy solo han declarado en el juzgado por el presunto soborno Alberto González Amador y la antigua dueña de la empresa, Gloria Carrasco, la mujer del directivo de Quirón. Sus comparecencias presentaron serias contradicciones entre ellas, principalmente cuando intentaron dar cada uno su versión de por qué Círculo de Belleza, con tan poco valor, costó medio millón de euros. Esas discrepancias fueron el desencadenante para que la Fiscalía solicitara a la jueza dar un salto en la investigación en implicar a la UCO.

Instrucciones precisas de la primera jueza del caso

Según las fuentes consultadas por elDiario.es, la primera jueza del caso, Inmaculada Iglesias concretó a la UCO dónde quería que escarbara. La magistrada pidió en julio aclarar el “incremento patrimonial” de González Amador, un empresario con discretos resultados hasta que la comisión en 2020 disparó su carrera. Los agentes, detalló la jueza, deberían centrarse en analizar la obtención de esa comisión y el resto de ingresos de Alberto González Amador.

Inmaculada Iglesias es la jueza que instruyó la pieza principal, por el fraude fiscal de 350.951 euros de González Amador, y que abrió una pieza separada a petición de las acusaciones populares, que ejercen PSOE y Podemos. Al poder acceder a todo el expediente tributario, los abogados de los partidos encontraron indicios de otros delitos que trascendían el fraude fiscal. 

Poco antes de abandonar el juzgado por su jubilación, la jueza Iglesias dio una instrucción precisa para que la UCO escudriñara la operación de compra de Círculo de Belleza SL por parte de González Amador a Gloria Carrasco. Con posterioridad a la compra, la pareja de Ayuso rebautizó la empresa con el rimbombante nombre de Masterman & Whitaker. La Agencia Tributaria y la Fiscalía creen que utilizó la sociedad para facturar encargos de Quirón que en realidad realizaba su empresa principal, Maxwell Cremona SL, y obtener así ventajas fiscales de forma irregular. La jueza pedía a la UCO que le informara sobre el posible “uso instrumental” de sociedades de González Amador. 

Asimismo, la jueza Iglesias solicitó a la UCO el análisis de todos los flujos financieros relacionados con González Amador y su empresa así como un posible delito de blanqueo de capitales, precisan las fuentes consultadas. Esta última instrucción de la jueza ofrecía una pista de por dónde puede crecer el caso, ya que esa dinámica delictiva no había sido contemplada hasta ese momento por la jueza. Ocurre igual con la mención a la trama compleja en la que participó presuntamente González Amador y que podría derivar en una nueva imputación por integración en grupo criminal.

El juez Antonio Viejo ha autorizado a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil el acceso a las cuentas bancarias de Alberto González Amador dentro de la pieza que mantiene abierta por el presunto soborno de la pareja de Isabel Díaz Ayuso a un directivo de Quirón, según un auto al que ha tenido acceso elDiario.es. El magistrado accede de forma muy parcial a la petición de la UCO seis meses después de que esta se la formulara formalmente.

Las últimas semanas de retraso para que el juez haya adoptado la decision son especialmente llamativas. A instancia de los investigadores, el juzgado de Instrucción número 19 de Madrid albergó una reunión el pasado 30 de abril entre el magistrado Viejo, una representación de los agentes de la UCO y el fiscal del caso, de la que informó el pasado lunes en exclusiva elDiario.es. En ese encuentro, Viejo se comprometió a librar los oficios en el plazo de una semana. Ha tardado 41 días. La Guardia Civil ya había puesto nombre a su operación, Cirbelia, según desveló este periódico.

En su auto, el magistrado rechaza autorizar a la UCO a acceder a la información societaria y tributaria de González Amador. “De los tres ámbitos de actuación sobre los que los investigadores de la UCO (...) consideran determinantes para el esclarecimiento de los hechos objeto de las presentes diligencias entiende este instructor prioritario y previo el relativo a la información bancaria, sin perjuicidio de que, en su momento, y dependiendo de los resultados pudiera considerarse procedente extender dicho examen a la información tributaria de personas físicas o jurídicas relacionadas, así como los datos obrantes en los archivos de la Tesorería General de la Seguridad Social de las personas relacionadas”, recoge el auto de Viejo.

La autorización de Antonio Viejo afecta a los datos bancarios de los dos investigados, Alberto González Amador y Gloria Carrasco, esta última esposa del presidente de Quirón Prevención. Las cuentas de ellos y sus empresas serán examinadas desde el 1 de enero de 2014 ya que “lo indagado tiene su génesis en relaciones jurídicas sostenidas en el tiempo”. En total, la UCO accederá a 16 cuentas bancarias

La pieza separada que abrió la jueza Inmaculada Iglesias investiga los presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal. El empresario y comisionista Alberto González Amador compró en 2020 una sociedad sin apenas valor por medio millón de euros a Gloria Carrasco, una farmacéutica de León casada con Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención. Los dos jueces del caso, la Fiscalía y la acusación popular sospechan que el precio de la sociedad se hinchó para ocultar un “soborno”. 

Pese a ello, el juez Antonio Viejo despliega en su auto una serie de jurisprudencia para justificar su inacción en la investigación. “Los datos económicos de las personas físicas y jurídicas constituyen un ámbito de intimidad constitucionalmente protegida, aunque no afectan al denominado núcleo duro de la intimidad personal [y cita tres sentencias del TC y el TS]. Su protección, en cuanto a datos de carácter personal, deriva del artículo 18.4 de la Constitución”, continúa el juez.

Afirma el juez en su auto que las diligencias ordenadas “tienen por objeto construir, de manera preliminar, el catálogo real de bienes de los investigados y su entorno más cercano, para de este modo vislumbrar si hubieran podido aumentar su patrimonio de manera desmedida y determinar, en caso de haberse producido, si dicho requerimiento habría podido tener su origen en la investigación aquíe llevada en la presente pieza separada”.

Dos son las líneas de investigación abrió la jueza Inmaculada Iglesias antes de que Antonio Viejo llegara al juzgado. La primera de ellas sostiene que Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, ostentaba otro cargo además del que tiene en la empresa sanitaria. Camino era consejero de una empresa gallega llamada Mape y habría intercedido para que esta comprara 42 millones de euros en material sanitario de protección a una sociedad catalana. Lo habría hecho sabedor de que esa empresa de Cataluña habría acordado previamente pagar una comisión a la pareja de Isabel Díaz Ayuso de un 4,5% por cada venta que obtuviera. 

La compra de la sociedad de la mujer de Camino por parte de Alberto González Amador habría sido la forma de ocultar el porcentaje de la comisión que se llevaría el presidente de Quirón por haber facilitado la operación de compraventa de material sanitario desde su silla en el consejo de administración de Mape. Una cuarta parte de los 1.973.000 euros del pelotazo de González Amador, cerca de 500.000, habrían acabado de esta forma en el bolsillo de Camino. 

La segunda tesis que estableció la primera jueza del caso pasa porque ese medio millón de euros por esa sociedad, llamada Círculo de Belleza SL, podía corresponderse con el “soborno” de Alberto González Amador por el incremento de la facturación a Quirón Prevención, que preside Fernando Camino. La sociedad apenas había facturado 30.000 euros en el ejercicio que precedió a la venta y su capital consistía en tres aparatos de depilación amortizados y un ordenador portátil.

González Amador trabaja con esta división de la empresa sanitaria desde 2017, pero el año que comenzó su relación con Isabel Díaz Ayuso aumentó su facturación por cuatro. El Grupo Quirón es el gran beneficiado de la política de gestión privada de la sanidad pública que desarrolla el Gobierno de Ayuso, con casi 1.000 millones de euros públicos de facturación al año.