La Junta de Andalucía ha anunciado que solicitará al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anule la licencia de obras del hotel de El Algarrobico, sustituyendo así al Ayuntamiento de Carboneras, que es el primer obligado a hacerlo pero no lo hace. Con esta actitud, el Consistorio viene incumpliendo de manera reiterada la sentencia del propio TSJA de 2021, firme desde diciembre de 2022; la última vez este mismo miércoles, cuando volvió a retrasar la votación en el Pleno municipal para desbloquear la situación y proceder a la demolición.

La solución que pretende adoptar ahora el Gobierno andaluz es la misma que los ecologistas piden desde hace años, y a la que la Junta se opuso en marzo de 2025, pocos días antes de que el Gobierno central anunciase por sorpresa su intención de expropiar los terrenos de dominio público sobre los que se asienta el polémico hotel.

La portavoz del Gobierno andaluz y consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social en funciones, Carolina España, ha avanzado este miércoles que la Junta de Andalucía solicitará ahora a los magistrados que anulen la licencia de obras del hotel de El Algarrobico. Es una posibilidad prevista por la ley de forma supletoria, para aquellos casos en que el obligado no cumple las sentencias. Los jueces tienen entre sus funciones “juzgar y hacer ejecutar lo juzgado”, si es necesario y en última instancia, actuando ellos mismos.

En este caso, el obligado es el Pleno de Carboneras, que aprobó la licencia de obras en 2003 (delegando en una comisión), y debe ahora revisarla de oficio para cumplir con el mandato judicial. Es el último paso del expediente administrativo, después de que el Consejo Consultivo informara favorablemente a la nulidad de la licencia, por ubicarse el edificio en dominio público marítimo-terrestre y en pleno Parque Natural de Cabo de Gata.

La solución, “anular la licencia”

Sin embargo, el Pleno ha acordado posponer la votación, con el voto a favor de los cinco ediles del PSOE y los dos no adscritos, el voto en contra del alcalde Salvador Hernández (Ciudadanos) y los cuatro del PP, y la ausencia de uno de los ediles. Hernández ha asegurado que desconocía que esto fuera a suceder, mientras que el PSOE de Almería ha anunciado la apertura de un expediente a sus cinco ediles.

Los concejales que han secundado esta propuesta –cinco del PSOE y dos no adscritos– han justificado este paso en la necesidad de contar con informes sobre el impacto económico y patrimonial de la medida, alegando que puede poner en riesgo el equilibrio financiero del municipio. El Consistorio carbonero trasladará ahora al TSJA así como al Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) la decisión municipal de aplazar esta votación. En varias ocasiones los magistrados han advertido al alcalde con multarle si el expediente no avanzaba.

La sorpresa de que este miércoles no se anulara la licencia, como estaba previsto, ha cambiado el paso al Gobierno andaluz, que ahora va a pedir que los jueces intervengan directamente. La portavoz del Ejecutivo andaluz, que se ha mostrado “enormemente” sorprendida por la decisión del Pleno del ayuntamiento carbonero, ha insistido en que la solución es anular la licencia, frente a la vía de la expropiación que abandera el Gobierno central, pero ya no se opone a que sean los jueces los que lo hagan, como ocurrió hace año y medio.

Tal y como contó entonces elDiario.es Andalucía, el 7 de febrero de 2025, tres días antes de que el Gobierno anunciara su intención de expropiar, los letrados de la Junta en el incidente de ejecución de la sentencia remitieron un escrito al TSJA subrayando que debía ser el Ayuntamiento de Carboneras el que tramitara el procedimiento de revisión que por entonces aún ni había arrancado. El letrado de la Junta defendía que sólo Carboneras puede acometer la revisión porque la sentencia impone la obligación al Consistorio, y subrayaba el principio de que las sentencias deben ejecutarse “en sus propios términos”.

La Junta se oponía así a un escrito de la promotora Azata del Sol que, coincidiendo con la reivindicación de los ecologistas, había pedido a los jueces que declararan ellos la nulidad de la licencia, previsiblemente para facilitar la interposición de una reclamación económica al Ayuntamiento.

La “traición” del PSOE

La postura favorable de los concejales socialistas al nuevo retraso en esta historia interminable en torno al símbolo de la depredación del litoral ha dado munición al PP andaluz. Para España, supone una “paradoja” que haya sido el propio PSOE –al que ha llegado a acusar de “traición”– “el que haya bloqueado este acuerdo en el Pleno” pese a sus manifestaciones para avanzar hacia el derribo del hotel. En este sentido, ha añadido que se está “estudiando” si existe alguna “responsabilidad penal” de los ediles que han obligado con su voto a aplazar el acuerdo de pleno.

También los ecologistas exigen abrir la vía penal. Greenpeace ha pedido ya a los jueces que deduzcan testimonio a la Fiscalía para que investigue a los responsables municipales, mientras que Salvemos Mojácar ha anunciado la interposición de una querella por prevaricación.

José Luis Amérigo, alcalde de Carboneras de 2019 a 2023 y actual portavoz del grupo municipal socialista, es sobrino de Cristóbal Fernández (el alcalde que concedió la licencia en 2003). Amérigo ha dicho que no se opone a cumplir las sentencias, pero ha argumentado su postura en que el expediente “carece de información esencial” sobre las consecuencias económicas para el Ayuntamiento de anular la licencia. Durante su mandato, el Ayuntamiento no avanzó en el cumplimiento de las sentencias que le obligan a declarar que el suelo es no urbanizable (algo que el TSJA no dio por cumplido el pasado febrero, a pesar de que la sentencia data de 2016 y es firme desde 2018) y a revisar la licencia.

“¿Por qué ha permitido la señora Montero y el PSOE-A que los concejales voten en contra del pleno para anular la licencia?”, se ha cuestionado España, quien se ha preguntado además si el PSOE tiene algo que esconder al haberse mostrado “en rebeldía con la justicia” a partir de esta decisión.

“Está claro que hay que acabar cuanto antes con ese atropello medioambiental y yo espero que los socialistas no vuelvan a poner más impedimentos para esa demolición”, ha añadido la consejera. “No solo crearon el problema en su momento, sino que ahora están evitando que se pueda solucionar”, ha añadido.

La Junta se abre a convocar una reunión con el Gobierno

No es el único viraje del Gobierno andaluz. La titular en funciones de Hacienda ha avanzado también que convocará en los “próximos días” la reunión de la comisión mixta Junta-Gobierno, creada en 2011 para repartir las tareas de demoler y recuperar el paraje natural de Cabo de Gata. Hasta ahora, el Gobierno de Moreno había dado largas a las prisas del Ejecutivo central para convocar a este órgano, argumentando que antes debía celebrarse el Pleno para revisar la licencia. Ahora, España dice que lo convocará para “exigir explicaciones”, “soluciones” y “responsabilidades” a los socialistas sobre lo ocurrido.

Por su parte, el delegado de Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha insistido este miércoles en la postura del Ejecutivo y del PSOE para avanzar en la demolición del hotel de El Algarrobico. “Desconozco exactamente de forma pormenorizada qué es lo que ha podido ocurrir”, ha manifestado Fernández en relación con la actitud de los concejales socialistas, ha esgrimido como argumento cuando ha sido preguntado por la cuestión en Sevilla.

No obstante, el delegado ha insistido en que el Gobierno y el PSOE apoyan con “absoluta contundencia” la nulidad de la licencia concedida a Azata del Sol en enero de 2003 –bajo mandato del socialista Cristóbal Fernández, tío del actual portavoz socialista– para dar cumplimiento a las sentencias que obliga a la revisión de oficio del permiso municipal que posibilitó la construcción en terrenos protegidos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

“La demolición tiene que llegar y tiene que llegar ya, lo antes posible, para que de una vez por todas borremos de nuestra imagen ese desmán urbanístico, ese auténtico atentado al patrimonio ambiental de ese espacio tan sumamente representativo de nuestras costas como es Cabo de Gata”, ha insistido Fernández.

Magnific (antes Freepik), la plataforma web referente mundial en la generación de imágenes con IA radicada en Málaga, ha comunicado a sus trabajadores la apertura de un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará al 30% de su plantilla en España, compuesta por unos 350 trabajadores, la mayoría en su sede de la capital de la Costa del Sol. En total, un centenar de puestos de trabajo. Un portavoz oficial de la compañía confirma a este medio que el ERE para “una parte de la compañía” ha comenzado y que se abre un “proceso de negociación” con los trabajadores, pero ha evitado ofrecer más detalles por “imperativo legal”.

Este miércoles estaba previsto que la empresa comunicara a la representación de los trabajadores los perfiles laborales que quiere suprimir, un 30% de la plantilla de Freepik Company S.L.U., la sociedad con sede española. Según la empresa, el ERE no obedece a causas económicas, sino organizativas, vinculadas al cambio de modelo de negocio que comenzó hace ahora tres años, cuando la compañía se reorientó desde lo que era un banco de imágenes hacia la generación de contenido audiovisual con Inteligencia Artificial.

Magnific declara 196 millones de ingresos anuales recurrentes, más de un millón de suscriptores de pago activos y unos cien millones de visitantes mensuales a sus canales. Entre sus clientes están la BBC, Mayoral, Guess o Damm.

En 2020, el fondo sueco de capital riesgo EQT, especializado en invertir en empresas maduras para hacerlas crecer y luego revender, adquirió el 53% de Freepik, valorándola en 225 millones de euros. Sus fundadores mantienen la minoría y la gestión del día a día. Ahora circula la idea de que se la adelgaza para hacerla atractiva para una futura venta, una hipótesis persistente en los últimos años.

De Freepik a Magnific

Magnific, que hace un mes y medio que volteó su identidad corporativa con su nuevo nombre, es una de las grandes referencias europeas de la Inteligencia Artificial, la única con sede en el viejo continente entre las 15 webs y plataformas de esta tecnología más usadas del mundo. Ocupa el puesto once en una relación copada por gigantes estadounidenses como ChatGPT (de OpenAI), Gemini (Google), Grok, Claude (Anthropic) o la china Deepseek.

Lo hace desde Málaga, donde nació hace 15 años como una startup volcada en un sector diferente al que ahora se dedica, el de la puesta a disposición del usuario de un inmenso banco de imágenes con cientos de miles de ilustraciones y fotografías. De ahí su nombre hasta el pasado 29 de abril: Freepik.

Sus fundadores se dieron cuenta de que esa idea original podía quedase corta. “Nos dimos cuenta de que lo que hacíamos ya no tenía mucho sentido si queríamos sobrevivir”, explicaba Joaquín Cuenca, fundador y CEO, en una entrevista con elDiario.es. Así que Freepik evolucionó hasta convertirse en Magnific: una plataforma volcada en la generación de imágenes con IA, segmento de negocio en competencia directa con su mercado original. Magnific ofrece desde su web acceso a los principales modelos generativos de imágenes por Inteligencia Artificial.

El modelo de negocio de la empresa se dirige ahora al desarrollo de herramientas de generación de vídeo que permitan que cualquiera con una idea en su cabeza pueda hacer una película. Un espacio infinito que moldear con la ayuda de su tecnología. “Nuestra tesis es que con la evolución de la IA lo que se va a crear es una industria en torno a la creatividad”, decía Cuenca.

La organización ecologista Greenpeace ha dado un paso más en su batalla judicial contra el hotel de El Algarrobico, solicitando a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que exija responsabilidades penales tras el último movimiento del Ayuntamiento de Carboneras, en Almería. En un escrito presentado este 17 de junio , la ONG ha reclamado que se traslade el caso a la Fiscalía por el “reiterado y palmario incumplimiento” de la sentencia que obliga a revisar y anular la licencia de obras del polémico edificio.

La denuncia de Greenpeace se produce después de que el Pleno del Ayuntamiento de Carboneras (Almería) haya decidido aplazar este miércoles la votación prevista para este mismo miércoles, en la cual debía declararse la anulación de la licencia municipal concedida en el año 2003 a la promotora Azata del Sol.

El argumento esgrimido por el pleno para posponer la decisión ha sido la “extraordinaria complejidad jurídica, urbanística, patrimonial y económica” del expediente, así como la supuesta necesidad de recabar nuevos informes jurídicos para evaluar las posibles responsabilidades patrimoniales a las que podría enfrentarse el municipio.

Que el TSJA anule la licencia de obras

Ante esta dilatación, la representación legal de Greenpeace exige que, conforme al artículo 112 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se “deduzca testimonio” de particulares para depurar responsabilidades penales ante la Fiscalía. Asimismo, la organización ecologista solicita que, amparándose en el artículo 108.1.a de la misma normativa, sea la propia Sala del tribunal la que asuma y ejecute directamente el expediente de nulidad ante la inacción del consistorio.

Este aplazamiento supone un nuevo obstáculo en un proceso histórico que parecía encarar su recta final. El pasado 22 de mayo, el Consejo Consultivo de Andalucía había dictaminado que la licencia de construcción resulta “nula de pleno derecho” al invadir los cien metros de la servidumbre del dominio público marítimo-terrestre y por ubicarse en el suelo no urbanizable protegido del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

Cabe recordar que la anulación oficial de esta licencia por parte del Ayuntamiento es el requisito indispensable que espera la Junta de Andalucía para poder convocar una comisión mixta con el Estado. Esta comisión tiene como objetivo materializar el derribo del inmueble de 20 plantas y proceder a la recuperación integral del paraje natural.

De forma paralela, el Gobierno central, que acaba de personarse en el proceso para anular el permiso, mantiene un pulso por la vía de la expropiación ofreciendo 16.500 euros a la promotora por los terrenos, cifra que choca con los 44,5 millones de euros que exige Azata del Sol al otorgar valor a lo ya construido.

La licencia de obras de El Algarrobico sigue en vigor. Con todas las miradas puestas en la posibilidad de que hoy, 23 años después de que se concediera, quedase anulada la licencia para levantar la mole, el Pleno del Ayuntamiento de Carboneras ha pospuesto la votación hasta la próxima sesión debido a la “extraordinaria complejidad jurídica, urbanística, patrimonial y económica” del expediente, que podría conllevar una responsabilidad patrimonial para el municipio.

Sin resistencia, el alcalde Salvador Hernández (Ciudadanos) ha aceptado que antes de votar la revisión había que votar para que la revisión de la licencia “se quede sobre la mesa”. Él y los concejales del PP han votado en contra de posponer, pero la propuesta ha salido a favor con el apoyo de los concejales del PSOE y no adscritos. No hay fecha para el nuevo Pleno, pero se condiciona a contar con tres nuevos informes sobre el impacto para el municipio de anular la licencia.

A la salida del Pleno, Hernández ha asegurado que no contemplaba el escenario, lamentando lo ocurrido: “Lo que procedía hoy era anular la licencia con ese dictamen preceptivo del Consejo Consultivo y no ir más allá”.

Fuentes municipales señalan que no es posible saber ahora cuándo se convocará el nuevo Pleno. Los siguientes pasos son plasmar lo que ha ocurrido en el acta y elevar esta al TSJA que tutela los pasos que se dan para ejecutar su sentencia.

La revisión de la licencia, ordenada en sentencia del Tribunal Superior de Andalucía en 2021 (firme desde 2022), estaba más cerca que nunca después de que el Consejo Consultivo de Andalucía resolviera a finales de mayo que es “nula de pleno derecho” por ubicarse el edificio en dominio público marítimo-terrestre y en pleno Parque Natural de Cabo de Gata.

Era el penúltimo trámite en el expediente administrativo que tramita el Ayuntamiento para cumplir la sentencia que le obliga a ello, tras advertencia de los jueces. Tras este dictamen, el Pleno (responsable de conceder la licencia en su día, aunque delegó en otro órgano) debía pronunciarse para resolver el expediente, pero en lugar de eso, ha adoptado una moción para retrasar la votación, presentada por el exalcalde Felipe Cayuela (PP), que ha obtenido el voto favorable de los cinco ediles del PSOE (liderados por el exregidor José Luis Amérigo) y de la otra concejala no adscrita antes en el PP, Ángeles Carrillo.

De esta forma, el Pleno ha aprobado por siete votos a favor y cinco en contra (los del alcalde Salvador Hernández -Ciudadanos- y los cuatro del PP) la propuesta de Cayuela, quien ha solicitado aplazar la deliberación hasta la próxima sesión debido a la “extraordinaria complejidad jurídica, urbanística, patrimonial y económica” del expediente, del que se podrían derivar responsabilidades “patrimoniales”.

Minutos después de conocerse este nuevo retraso, Greenpeace ha solicitado al TSJA que se deduzca testimonio y dé traslado a Fiscalía para investigar a los miembros de la corporación por el “reiterado y palmario incumplimiento” de la sentencia. También ha reiterado una petición que lleva años formulando: que sean los jueces quienes ejecuten directamente, a la vista de que el Ayuntamiento siempre tropieza, queriendo o sin querer, con algún obstáculo.

También Salvemos Mojácar, la organización que logró en 2006 la paralización de la obra, ha anunciado que presentará “hoy mismo” una querella por prevaricación contra quienes han votado a favor o se han abstenido para posponer el Pleno, y ha pedido al PSOE que expulse a sus ediles en el municipio.

Los ecologistas llevan años denunciando las maniobras dilatorias del Ayuntamiento, sus alcaldes y concejales, hasta el punto de pedir el amparo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. También lo ha denunciado la Junta de Andalucía, y los propios tribunales han advertido a los sucesivos alcaldes por multas por retrasarse en esta sentencia y en la que obliga a clasificar el paraje como no urbanizable (firme desde 2021 y dada por cumplida el pasado febrero), sin llegar nunca a imponer sanciones. En marzo de 2025 dieron un mes de plazo al alcalde para ejecutar su sentencia, bajo advertencia de denunciarlo si no a Fiscalía.

Falta de “información esencial”

El expediente para cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Andalucía (TSJA) de julio de 2021, firme desde diciembre de 2022, lleva tramitándose casi año y medio. El Ayuntamiento lo abrió a la fuerza en marzo de 2025, tras iniciarse un procedimiento de ejecución judicial por la falta de ejecución voluntaria. Desde entonces, se han acumulado retrasos y errores que han llevado a los magistrados con advertir de que impondrían multas a los responsables municipales si no se cumplía su sentencia. La pasada semana el Gobierno central se personó en este procedimiento de ejecución, al entender que guarda conexión con la expropiación de la parcela que impulsa desde el año pasado.

Tras la lectura del informe de la secretaria, favorable a votar la nulidad de la licencia, ha tomado la palabra José Luis Amérigo, portavoz del PSOE, alcalde de Carboneras entre 2019 y 2023, y sobrino de Cristóbal Fernández, el alcalde cuando se concedió la licencia. Amérigo ha insistido en que no se opone a cumplir las resoluciones, pero ha asegurado que no podía votar a favor porque el expediente “carece de información esencial” sobre las consecuencias económicas para el Ayuntamiento de anular la licencia. Amérigo echa en falta estimación económica, informe de intervención e informe jurídico sobre la eventual responsabilidad patrimonial.

Ha sido Felipe Cayuela (no adscrito) quien ha pedido que “el expediente quede sobre la mesa” “hasta una próxima sesión”, una vez que los concejales tengan varios informes: uno económico-financiero sobre los riesgos patrimoniales; otro jurídico sobre las posibles responsabilidades de otras administraciones públicas que contribuyeron al impulso del edificio legal; y otro informe técnico para evaluar las posibles consecuencias urbanísticas de anular la licencia. El objetivo del aplazamiento sería, ha dicho, que la Corporación disponga de “toda la información necesaria” para valorar las consecuencias para el Ayuntamiento y los vecinos antes de votar una resolución definitiva.

La propuesta que debían votar contempla posibles responsabilidades económicas. Según Cayuela, el Ayuntamiento ni siquiera tiene medios para entrar a un estudio en detalle de estas cuestiones. A su salida del Pleno, ha resaltado que Carboneras no puede votar a favor de dar un “cheque en blanco”.

Sólo Lorenzo González Belmonte, concejal de Urbanismo (PP) ha defendido votar a favor de la nulidad de la licencia “por obligación y responsabilidad”, como “acto debido” obligado por la sentencia y el dictamen del Consultivo. González Belmonte ha cargado las culpas de El Algarrobico sobre el PSOE, que gobernaba la Junta y el municipio cuando se otorgó la licencia. “El grupo popular de Carboneras no se está posicionando a favor o en contra de El Algarrobico, sino siendo responsable y dando cumplimiento a la sentencia”.

La revisión de oficio de la licencia, que era el acuerdo propuesto inicialmente a Pleno, contaba con el informe favorable de la secretaria municipal, y había quedado fijada para un Pleno extraordinario este miércoles, que tenía esa cuestión como único punto del orden del día. La propuesta de resolución que finalmente no se ha votado declaraba el “vicio de nulidad” del acto administrativo que concedió la licencia de obras al Hotel Azata del Sol.

El acuerdo que se iba a votar también recogía un punto relativo a la “obligación de indemnizar” a la promotora que obtuvo la licencia, señalando que era “necesario deducir a posteriori” un procedimiento específico para “evaluar económicamente las cantidades que eventualmente pudieran derivarse”, asegurando que en este momento el Ayuntamiento no puede asumir ese estudio.

El Pleno del Ayuntamiento de Carboneras es el que tiene las competencias para iniciar el procedimiento para resolver la licencia; un paso al que espera la Junta de Andalucía para convocar la comisión mixta con el Estado en la que se abordará el derribo del inmueble y la recuperación del paraje ubicado en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar conforme a los compromisos adquiridos en 2011 por ambas administraciones.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha aceptado la petición del Estado para personarse en el procedimiento de ejecución de la sentencia que obliga desde 2021 a la revisión de oficio de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico en Carboneras (Almería). La licencia fue concedida por el Ayuntamiento en 2003, y con ese permiso la promotora Azata del Sol levantó un hotel de 21 plantas y más de 400 habitaciones en la playa de El Algarrobico, en pleno parque natural de Cabo de Gata y en zona de dominio público marítimo terrestre. En febrero de 2006 un juez paralizó cautelarmente la obra, congelada desde entonces, pendiente de una resolución definitiva de los tribunales durante diez años, y de la ejecución de las sentencias que declaran su ilegalidad desde hace ya una década.

En una providencia dictada el pasado 10 de junio, la Sala de lo Contencioso-administrativo de Granada permite a la Abogacía del Estado, en nombre de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, sumarse ahora a la pieza destinada a ejecutar la sentencia que ordena revisar la licencia.

Si todo discurre como está previsto, ese proceso judicial debería estar a punto de cumplir su cometido. Es el Ayuntamiento, que concedió la licencia, el que debe cumplir el mandato judicial para revisarla y, eventualmente, declararla nula. Y eso podría ocurrir este miércoles 17 de junio, cuando está convocado el Pleno para dar cumplimiento del mandato judicial.

Además, en otra resolución dictada el 5 de junio, a la que ha tenido acceso elDiario.es, el TSJA rechaza la pretensión de Azata de que los magistrados se abstengan de impulsar la nulidad y se limiten a tutelar la “revisión de oficio”, sin considerar el resultado de la revisión. “Esta Sala tiene amplias facultades en orden a la ejecución de Sentencia, inclusive la declaración de nulidad de la licencia, si procediera para dar cumplimiento al fallo”, recuerdan los magistrados a la promotora: “Y sobre todo, tiene la obligación de remover los obstáculos de todo orden que encuentre dicha ejecución”.

El tono abrupto de este inciso sugiere el hartazgo de los jueces y magistrados con este proceso, en el que cuesta años que el Ayuntamiento cumpla las sentencias firmes a pesar de las advertencias de multa a los alcaldes que han lanzado los jueces, nunca efectivas. Los ecologistas han llevado estos incumplimientos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la propia Junta de Andalucía ha subrayado las maniobras “claramente dilatorias” de Carboneras, gobernado en los últimos años por el PSOE, el PP y, ahora, Ciudadanos.

El temor de los sucesivos alcaldes es la posible indemnización que la promotora pueda reclamar al municipio cuando se anule la licencia. La semana pasada el actual regidor, Salvador Hernández (Ciudadanos), pidió “altura de miras” al Gobierno central y a la Junta de Andalucía para dar una “solución definitiva” al “conflicto”, y dijo esperar que se “compense del daño” sufrido por el municipio. Hernández ha defendido en otras ocasiones un acuerdo con la promotora que permita dar a la mole algún tipo de uso.

Cinco años desde la sentencia

Han pasado cinco años desde la sentencia de julio de 2021 que ordena revisar la licencia. La sentencia es firme desde 2022. En vista de la resistencia del Consistorio a cumplirla, el mismo TSJA abrió un incidente para ejecutarla en 2023. Ahora, en un escrito presentado la primera semana de junio, la Abogacía del Estado en Andalucía subraya que la Administración central tiene un “evidente interés legítimo” para formar parte de este proceso, por dos motivos: de un lado, porque la anulación de la licencia está relacionada con la expropiación a Azata del Sol la mitad del hotel, iniciada por el Gobierno en febrero de 2025. Y, de otro, porque el Ministerio ya se ha personado en el expediente de revisión de oficio que tramita el Ayuntamiento de Carboneras.

El movimiento de la Abogacía del Estado, aceptado por los magistrados, tiene el efecto de unir las dos vías abiertas para la demolición efectiva del hotel. De un lado, la declaración de nulidad de la licencia y la revisión de las normas urbanísticas del municipio para declarar que los terrenos no son urbanizables, como obliga la Ley de Costas y la normativa de protección del parque natural. Esta vía tiene todas las sentencias a favor, pero ha estado empantanada durante casi una década por la escasa colaboración del Ayuntamiento. Ahora parece más expedita que nunca, sobre todo después de que el Consultivo de Andalucía se pronunciase a favor de la nulidad hace apenas un mes, y dejase la cuestión a falta del último y definitivo paso: que el Ayuntamiento declare la nulidad, lo que podría ocurrir este miércoles.

La otra vía es la expropiación, abierta por sorpresa por el Gobierno central en febrero de 2025. Esta vía está ahora atascada en la determinación del precio que debería pagar el Estado a Azata por la mitad de los terrenos en zona de dominio público: 44,5 millones pide la promotora, 16.500 euros ofrece el Ministerio.

El Gobierno defiende la estrategia de la expropiación, a la que ha evitado sumarse la Junta de Andalucía, que ha defendido la conveniencia de percutir en la nulidad desde mayo de 2024, cuando se personó en el procedimiento al que ahora se incorpora la Abogacía del Estado.

Aunque son vías separadas, están destinadas a encontrarse porque la eventual nulidad de la licencia facilitaría la expropiación al rebajar las expectativas de indemnización de la promotora. Así lo cree Greenpeace.

Además, la Abogacía recuerda que en la misma Sala del TSJA se sigue un recurso contencioso-administrativo impulsado por la promotora del establecimiento hotelero contra el acuerdo de necesidad de ocupación de los suelos, con el objetivo paralizar la expropiación parcial de los terrenos.

El TSJA ya denegó el pasado diciembre las medidas cautelares que pidió Azata del Sol para suspender la resolución del Gobierno por la que se trazaba el camino destinado a recuperar la mitad de los suelos de la zona de servidumbre marítimo-terrestre, ya que la otra mitad es competencia de la Junta de Andalucía al asentarse en terrenos de especial protección del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

La decisión del alto tribunal andaluz daba al Ejecutivo vía libre para continuar con los trámites encaminados a la expropiación, que se encuentra pendiente de que el tribunal provincial de expropiaciones de Almería fije un justiprecio.

El presidente en funciones de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juan Manuel Moreno, ha manifestado este martes que “no hay nada nuevo” sobre los contactos de su partido con Vox para la gobernabilidad de Andalucía y ha criticado a los partidos de izquierda que, según ha dicho, se habrían “autoexcluido” por no facilitar su investidura.

El PP de Moreno, que necesita de al menos dos abstenciones para lograr una mayoría de investidura (el PP tiene 53 de 109 diputados, a dos de la mayoría absoluta), mantuvo la semana pasada una reunión con Vox, principal y único candidato a prestarle el apoyo que le falta. Fue el único encuentro conocido de unas negociaciones que tardaron en arrancar, para desesperación de los ultras, y que ahora se desarrollan con absoluta discreción, sin que hayan trascendido nuevas reuniones.

Ese encuentro, que duró una hora, se produjo dos días antes de la constitución de la Mesa del Parlamento andaluz, pero no sirvió para que la ultraderecha lograse arañar algo en ese órgano, clave para la ordenación del trabajo legislativo: la falta de acuerdo permitió al PP reeditar la Presidencia en la figura de Jesús Aguirre y obtener una mayoría absoluta en la Mesa que no le dieron las urnas el pasado 17 de mayo. El PP se quedó con cinco de las siete vocalías, y el PSOE con dos. Vox no logró ninguna, aunque el portavoz nacional de Vox aseguró ayer desde Madrid que esa circunstancia puede modificarse si se alcanza un acuerdo global.

Tras la constitución de la Mesa, el siguiente paso en el procedimiento es la ronda de contacto de Aguirre con todos los partidos con representación, antes de la celebración del debate de investidura. Cuando concluya la ronda, el Presidente propondrá candidato. La propuesta debe llegar de candidato antes del 29 de junio, pero el Pleno de investidura puede convocarse para cualquier fecha en los dos meses siguientes. Transcurridos los dos meses sin que se haya investido Presidente, la Cámara quedará disuelta.

Maíllo: “¿Qué va a ofrecer Moreno? ¿El colapso de la sanidad?”

Moreno también ha asegurado que las fuerzas políticas de la izquierda, PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía, se hayan “autoexcluido de manera irresponsable” de un diálogo para abordar alguna “posibilidad de abstención” en su investidura como presidente de la Junta.

Desde Córdoba le ha respondido Antonio Maíllo, coordinador de Izquierda Unida y candidato de Por Andalucía, asegurando que Moreno no le ha llamado, y que si lo hiciera, no ve margen para un entendimiento. “No ha llamado; lo que tienen que decir es lo que quiere hacer y para qué quiere hablar, porque si quiere hablar para seguir con los planes de verano de sanidad o para seguir con la privatización de la formación profesional es muy complicado todo”, ha afirmado este martes en una atención a los medios en Córdoba.

“Ellos quieren construir la forma de tener un pacto como lo tienen ya con la extrema derecha de Vox y quiere hacer una especie de justificación, pero no llama por una razón: ¿qué va a ofrecer Juanma Moreno? ¿El colapso de la sanidad?”.

Por su parte, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha criticado el “puro teatro” de PP-A y Vox con sus negociaciones para la gobernabilidad de Andalucía, cuando la realidad es que se van a “poner de acuerdo” porque “son lo mismo”.

“Vox y la prioridad nacional”

Vox ya prestó su apoyo a la primera investidura de Moreno, en 2018, contribuyendo así a poner fin a 37 años de gobiernos socialistas. Sin embargo, se mantuvieron fuera del Gobierno andaluz, que conformaron PP y Ciudadanos. En 2022 Moreno no necesitó los votos de la ultraderecha, porque logró mayoría absoluta.

Eso ha cambiado ahora, en un contexto en el que Vox ha logrado un peso determinante en los gobiernos de las comunidades que han celebrado elecciones autonómicas en los últimos meses: Extremadura, Castilla y León y Aragón. No sólo ha logrado consejerías relevantes en su discurso (como Desregulación o Agricultura), sino que ha introducido el concepto “prioridad nacional”, que supone una discriminación de los ciudadanos extranjeros en el acceso a ayudas y a servicios públicos, en los pactos suscritos con el PP.

En Andalucía aspira a aplicar ese principio. Este mismo lunes, el portavoz nacional del partido ultra, José Antonio Fúster, respondió que la prioridad nacional “por supuesto, es una obligación, sin ninguna duda”, y aseguró que la negociación con los de Moreno va “despacito” pero “bien”.