En el PSOE ya pocos descartan que el Comité Federal del próximo 27 de junio se convierta en la primera gran válvula de escape del malestar que atraviesa al partido. A medida que se acerca la cita, gana fuerza la convicción de que algunos dirigentes aprovecharán el máximo órgano entre congresos para verbalizar, aunque sea de forma medida, inquietudes y críticas que hasta ahora, y salvo alguna excepción, solo se han expresado en privado. En Ferraz dan por hecho que será un encuentro "revuelto" y, por ello, ya se preparan para intentar contener ese descontento. La estrategia pasa por contraponer a la crisis que golpea a la dirección una imagen de fortaleza institucional poniendo en primer línea a dirigentes como Salvador Illa y subrayando que el PSOE de hoy no es el mismo que el de hace un año. El objetivo es exhibir respaldo orgánico frente a quienes cuestionan el rumbo del partido. "Tenemos la otra cara de la moneda", resumen desde la Ejecutiva Federal.

El malestar y la "incomodidad" que recorren el PSOE hace tiempo son un secreto a voces. En Ferraz son plenamente conscientes de ello. El Comité Federal del 27 de junio se convocó inicialmente para encauzar la respuesta interna al batacazo electoral en Andalucía, pero la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y las revelaciones del caso Leire han alterado el escenario. La preocupación ya no está tanto en gestionar las consecuencias de unos malos resultados electorales como en evitar que la contestación interna por los presuntos casos de corrupción sea incontrolable. "Seguro que habrá críticas, pero para eso está el Comité Federal", minimizan fuentes de la dirección socialista.

En la cúpula socialista también dan por hecho que el encuentro será "revuelto". Al Comité Federal acudirán los principales dirigentes del partido, desde los miembros de la Ejecutiva hasta los líderes territoriales y presidentes autonómicos, entre ellos Salvador Illa, Emiliano García-Page, María Chivite o Adrián Barbón.

Pocos dudan de que García-Page aprovechará la cita para volver a marcar distancias con Ferraz. El presidente castellano-manchego lleva semanas reclamando públicamente un adelanto electoral y es uno de los dirigentes que con más claridad ha expresado su preocupación por el desgaste que provocan los casos de corrupción. Pero las miradas no estarán puestas únicamente en él. En distintas federaciones tampoco descartan que otros dirigentes puedan intervenir para verbalizar un malestar que hasta ahora se ha expresado sobre todo en privado.

No necesariamente a través de una crítica frontal a Pedro Sánchez o a la dirección del partido, sino mediante mensajes que pongan el foco en la necesidad de actuar con contundencia ante cualquier sospecha de corrupción y en el impacto electoral que la crisis puede tener sobre los territorios. Algunas fuentes apuntan, por ejemplo, a dirigentes que afrontan las elecciones autonómicas y municipales de 2027 y que no siempre han mantenido una alineación plena con Ferraz, como el nuevo secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, o el propio Adrián Barbón.

Más que cuestionar abiertamente el liderazgo de Sánchez, algunas intervenciones podrían girar en torno a la necesidad de volver a fortalecer el partido desde los territorios y evitar que la crisis que golpea a Ferraz termine condicionando las expectativas electorales de quienes se juegan su futuro político en las autonómicas y municipales de 2027. "Todos lo pintarán de tal forma que no parezca que estén quitando respaldo a Sánchez, pero que en un tiempo puedan decir 'Yo ya lo dije', es decir, sin mojarse demasiado", dibujan desde una federación del PSOE.

Además, sobre el Comité Federal planea otro asunto que difícilmente pasará desapercibido: la irrupción de ReActivaPSOE, la plataforma crítica que reclama una regeneración interna del partido. Sus impulsores aseguran que, en apenas unos días, han pasado de reunir a cerca de un centenar de militantes, exdirigentes y cargos territoriales en un acto en Madrid a sumar alrededor de un millar de apoyos.

En este sentido, algunas voces creen que podría aparecer de forma indirecta en determinadas intervenciones como reflejo del malestar que existe en parte de la militancia, algo que tampoco descartan desde el propio movimiento. "Hay mucha gente disgustada, esto va a ir a más y no me sorprendería que hubiera alguna alusión a lo que estamos planteando", sostiene uno de sus portavoces.

"La otra cara de la moneda"

Desde la dirección del PSOE restan importancia a las críticas que puedan aflorar en el Comité Federal y sostienen que, precisamente, ese es el foro en el que deben producirse este tipo de debates. En Ferraz aseguran que llegarán a la cita con la intención de poner el foco en cómo ha cambiado el partido en el último año y reivindicar las medidas adoptadas para reforzar los controles internos tras los distintos escándalos de corrupción.

La cúpula socialista presentará un informe con los cambios organizativos y los mecanismos de supervisión implantados durante los últimos meses, especialmente después de la remodelación desencadenada por la caída de Santos Cerdán, que abandonó la Secretaría de Organización antes de ingresar en prisión provisional por el caso Koldo. El mensaje que la dirección quiere trasladar es que el PSOE de hoy no es el mismo que el de hace un año y que el partido ha reaccionado ante la crisis con reformas y depuración de responsabilidades.

El objetivo pasa por proyectar una imagen de normalización y fortaleza orgánica. Frente a quienes empiezan a deslizar la necesidad de una nueva etapa, Ferraz apuesta por cerrar filas con el presidente y contraponer al malestar la voz de dirigentes plenamente alineados con la dirección.

En ese papel destaca especialmente el president de la Generalitat, Salvador Illa, al que en la Ejecutiva identifican como "la otra cara de la moneda": la de un PSOE que, pese a la crisis que atraviesa Ferraz, sigue exhibiendo poder territorial e institucional. Tampoco se descarta que intervengan otras voces de peso, como la del ministro de Transportes, Óscar Puente, uno de los dirigentes más activos en la defensa política de Sánchez en los momentos de mayor presión.

Moncloa ha encontrado en el calendario presupuestario uno de los pocos sostenes que le quedan para intentar dotar de contenido político a una legislatura ya condicionada por los frentes judiciales y las dudas sobre la capacidad del Gobierno de lograr mayorías parlamentarias. Con el cerco judicial estrechándose y los socios cada vez más escépticos, Moncloa intenta poner el foco en los pasos previos a presentar los Presupuestos con la intención de transmitir que la legislatura sigue en pie. En este sentido, el vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, anunció este miércoles que aprobará el cuadro macroeconómico el próximo 23 de junio, apenas un día antes de que Pedro Sánchez comparezca en el Congreso por los casos de corrupción. A ello se sumará la senda de déficit, otro paso más para la elaboración de las cuentas, que en Moncloa prevén llevar a las Cortes durante la segunda quincena de julio, a las puertas del parón estival.

El Gobierno intenta así convertir el calendario presupuestario en una suerte de balón de oxígeno, al menos hasta el parón de agosto. Sin embargo, los antecedentes invitan a la cautela. El Ejecutivo de Sánchez lleva toda esta legislatura con los Presupuestos prorrogados y el hecho de activar los primeros pasos del proceso no garantiza, ni mucho menos, que las nuevas cuentas lleguen a materializarse. De hecho, el Gobierno ya ha aprobado en otras ocasiones el cuadro macroeconómico —la última vez a finales del año pasado— sin que eso implicase la presentación de un proyecto presupuestario.

Lo mismo ocurre con la senda de déficit, que ha sido remitida al Congreso en distintas ocasiones sin que ello se tradujese en avances reales hacia unos nuevos Presupuestos. En esta ocasión, además, la operación tiene una evidente carga política: más que certificar que las cuentas saldrán adelante, permite a Moncloa trasladar la imagen -sobre todo de cara a sus socios- de que la legislatura sigue en marcha y que mantiene la voluntad de agotar el mandato pese a que el cerco judicial y político se estrecha por momentos.

Cuando PNV y Junts empezaron a reclamar a Pedro Sánchez una salida electoral, el presidente respondió poniendo sobre la mesa esta carta política: los Presupuestos Generales del Estado. Moncloa anunció entonces la inminente publicación de la orden de elaboración de las cuentas como una señal de que el Gobierno seguía dispuesto a llegar hasta 2027. Sin embargo, el movimiento apenas alteró el estado de ánimo de sus socios, que recibieron el anuncio con escepticismo después de una legislatura marcada por los Presupuestos prorrogados y varios intentos fallidos de reactivar el calendario presupuestario.

Tampoco consiguió desplazar el foco político. Las informaciones sobre los distintos casos judiciales que cercan a Moncloa han seguido acumulándose en las últimas semanas, aumentando la presión no solo sobre el Ejecutivo, sino también sobre los partidos que sostienen la mayoría parlamentaria al seguir descartando, por ahora, una moción de censura.

Ahora, con el llamado caso de las cloacas del PSOE avanzando y con el juez poniendo el foco en los contactos mantenidos con miembros de la Guardia Civil y de la Fiscalía, Moncloa vuelve a recurrir al mismo argumento. En una sesión de control especialmente áspera en el Congreso, marcada por los reproches de la oposición sobre la corrupción, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, anunció que el Consejo de Ministros aprobará el cuadro macroeconómico el próximo 23 de junio, primer paso formal para intentar elaborar unas nuevas cuentas públicas. El mensaje de fondo es el mismo: proyectar que la legislatura mantiene recorrido y ofrecer a los socios un horizonte político distinto al de la crisis permanente que domina la agenda.

Pero en Moncloa parecen decididos a exprimir hasta el final esta baza. Tras meses evitando una nueva votación sobre la senda de déficit —que el Congreso ya ha tumbado en tres ocasiones durante la legislatura—, el Ejecutivo vuelve a colocar este trámite en el calendario y prevé llevarlo a la Cámara en la segunda quincena de julio, cuando el curso político esté prácticamente agotado y a las puertas del parón estival.

El objetivo es ganar algo de oxígeno parlamentario hasta agosto, un mes que tradicionalmente actúa como una tregua política. Sin sesiones de control, sin actividad ordinaria en el Congreso y sin la sucesión semanal de Consejos de Ministros, la presión política tiende a rebajarse y eso es exactamente lo que busca el PSOE. Para un Ejecutivo que atraviesa una de las crisis más complicadas de la legislatura, llegar al verano con el debate presupuestario abierto supone una forma de mantener una cierta iniciativa política y evitar que toda la conversación pública quede monopolizada por los frentes judiciales.

Eso no significa, sin embargo, que el recorrido presupuestario vaya necesariamente a seguir avanzando a partir de septiembre. La experiencia de esta legislatura demuestra que una cosa es activar los trámites y otra muy distinta reunir una mayoría suficiente para culminarlos. Aun así, el Gobierno podría utilizar la vuelta del verano para reactivar las negociaciones con unos socios que, por ahora, se muestran más preocupados por marcar distancias con las investigaciones que afectan al PSOE que por comprometerse con unas nuevas cuentas públicas.

El calendario puede estirarse durante meses, encadenando reuniones, contactos y trámites parlamentarios que permitan mantener la expectativa de un acuerdo. Todo el tiempo que quiera el Gobierno de Sánchez. Pero cuando las cuentas lleguen al Congreso, si es que finalmente lo hacen, la votación adquirirá inevitablemente una dimensión más. En la práctica, será interpretada como una suerte de cuestión de confianza no declarada. Si el Gobierno constatara entonces que carece de apoyos suficientes, el fracaso presupuestario podría convertirse en el argumento político para activar el botón electoral y justificar un adelanto de las elecciones.

El primer 'cara a cara' entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, desde que se conoció el sumario de las llamadas 'cloacas' del PSOE ha resultado especialmente bronco. Feijóo ha preguntado a Sánchez "cuánto tiempo va a estirar esta basura" antes de convocar elecciones y le ha acusado de "practicar delincuencia de Estado" y de tapar la corrupción que cerca al Gobierno. "Señor P.S., si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción y, si no lo sabía, por incompetente", le ha lanzado. Por la contra, Sánchez ha dicho que "reconoce" sus "errores", pero que "jamás" va a asumir el "grado de hipocresía" del PP, al que ha afeado sus casos de corrupción. Además, ha vuelto a insistir en que la legislatura llegará hasta 2027 "y más allá" a pesar de su "oposición marrullera".

"Doce sumarios, diecisiete delitos y casi un centenar de imputados de los casos de corrupción que afectan a su partido, a su gobierno y a su familia", le ha reprochado el líder de la oposición, quien ha pronosticado que Sánchez pasará a la historia como "inductor, financiador y beneficiado" del caso de corrupción "más grave de la democracia". Feijóo le ha acusado de practicar "delincuencia de Estado" a través de su "gestapillo" para tapar todos los citados casos. Ha precisado que la misma no será recordada "por su pericia ni por sus éxitos", pero los tribunales, los jueces, la Fiscalía Anticorrupción, la UCO y la UDEF "sí serán respetados por la España decente y democrática".

Dos días después de la visita del papa León XIV al Congreso, Alberto Núñez Feijóo ha aprovechado la sesión de control para cuestionar el protagonismo que Pedro Sánchez ha dado al viaje y vincularlo con la situación judicial que rodea al Gobierno y al PSOE. El líder del PP ha reprochado al presidente haberse sumado a la visita papal con "tantísimo fervor" y le ha lanzado una advertencia: "Ya sabrá que se puede pecar o delinquir por acción y por omisión".

Feijóo ha insistido además en que el Ejecutivo ha perdido el respaldo político y social necesario para continuar antes de volver a reclamar un adelanto electoral. "La mayoría de esta Cámara le pide elecciones", ha sostenido.

Sánchez ha respondido reivindicando que asume sus "errores", pero ha rechazado cualquier "lección" de un Partido Popular al que ha acusado de practicar "hipocresía" con los casos de corrupción que afectaron a sus gobiernos. El presidente ha enumerado escándalos como Gürtel, Púnica, Kitchen o la denominada "policía patriótica" y ha recuperado uno de los argumentos que acostumbra a utilizar frente a Feijóo: su fotografía con el narcotraficante Marcial Dorado. "No voy a aceptar lecciones del partido de Marcial Dorado", le ha espetado desde la tribuna. También ha acusado al líder popular de ejercer una oposición "marrullera" y de no haber asumido todavía el resultado de las elecciones generales de 2023. "Dan lecciones de legitimidad mientras tapan la corrupción", ha afirmado.

Lejos de abrir la puerta a cualquier escenario electoral, el jefe del Ejecutivo ha reivindicado la legitimidad de las urnas y ha defendido que los españoles ya se pronunciaron "hace menos de tres años". Por ello, ha vuelto a asegurar que el Gobierno agotará la legislatura y seguirá gobernando hasta 2027. "El problema no es que el pueblo no tenga voz, que la tiene. El problema es que usted no tiene voz propia", ha respondido a Feijóo, al que ha acusado de representar los intereses de determinados poderes económicos incómodos con las políticas impulsadas por el Ejecutivo.

Sánchez ha defendido medidas como la subida del salario mínimo, la revalorización de las pensiones o el fortalecimiento del Estado del bienestar como prueba de que el Gobierno mantiene su agenda política pese al desgaste provocado por los distintos frentes judiciales. Y ha puesto el punto final a su respuesta asegurando que, pese a las "maniobras" del PP para desgastar al Ejecutivo, el Gobierno seguirá "gobernando todos los años que quieran los españoles".

Además, también ha respondido a las referencias de Feijóo a las siglas que aparecen en las investigaciones sobre las presuntas cloacas del PSOE recurriendo a los papeles de Bárcenas. "Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy", le ha lanzado. Tras reivindicar, como suele hacer en cada sesión de control, los datos económicos y de empleo de España para sostener que el país atraviesa "el mejor momento de su historia democrática", le ha espetado a Feijóo que él es "el peor jefe de la oposición de esta democracia".

El cierre de filas en torno a Pedro Sánchez tras conocerse las anotaciones que la exmilitante socialista Leire Díez realizaba sobre él en su agenda es absoluto. En Moncloa no contemplan que el presidente pueda acabar imputado en la presunta trama de las cloacas del PSOE y sostienen que no existe ningún indicio ni prueba que le vincule con las maniobras investigadas. Pero la aparición de esos apuntes ha provocado además un nuevo ajuste en el relato gubernamental: el Ejecutivo vuelve a abrazar la tesis inicial de que Díez actuaba por libre y recupera incluso una definición que había quedado aparcada en los últimos meses: la de una suerte de "friki" que exageraba o fantaseaba con una influencia de la que en realidad carecía y que proyectaba esa supuesta cercanía al poder en sus propias anotaciones.

Todo ello a raíz de una agenda personal de Leire Díez en la que figuran varias anotaciones con las siglas "PS" y referencias a "Pedro". En Moncloa restan importancia a esos apuntes y subrayan que en las mismas páginas aparecen muchos otros nombres. Su tesis es que las anotaciones reflejan una actuación tan improvisada y carente de sentido que nunca llegó a traducirse en hechos concretos. Sobre esa idea sustentan su rechazo a cualquier vínculo entre Sánchez y la presunta trama destinada a influir en investigaciones judiciales que pudieran afectar al propio presidente. De hecho, no contemplan ni que el presidente ni que el PSOE puedan acabar investigados por esta supuesta trama. "A nivel jurídico no hay indicios de que el presidente conociese a Leire Díez", remarcan fuentes gubernamentales.

El contraste con el discurso de hace apenas unos días es significativo. Cuando comenzaron a trascender los detalles del sumario y el juez situó a Díez en el epicentro de la supuesta operación, tanto en Moncloa como en Ferraz optaron por la cautela y reclamaron tiempo para analizar la documentación. Entonces el esfuerzo se centraba en circunscribir el caso a posibles "comportamientos individuales" y evitar conclusiones precipitadas. No era una tarea sencilla: la UCO contabilizó 35 reuniones entre Díez y el entonces secretario de Organización, Santos Cerdán, y recogió además tres contratos vinculados al PSOE que beneficiaron a la exmilitante.

Pero una vez conocido el contenido de la agenda, el Gobierno parece haber abandonado la prudencia inicial para pasar al contraataque. En Moncloa se ha impuesto la tesis de que todo responde a la actuación desordenada de una exmilitante que exageraba su relevancia y proyectaba una influencia de la que en realidad carecía. Fuentes del Ejecutivo aseguran que las anotaciones no les generan ninguna inquietud y sostienen que podrían ser simples apuntes elaborados por Díez a partir de informaciones publicadas en los medios de comunicación.

Otros miembros del núcleo de confianza del presidente van incluso más allá y muestran un abierto escepticismo sobre las conclusiones que algunos pretenden extraer de las referencias a "PS", "Pedro" o de otras anotaciones contenidas en la agenda. "Desde Mata Hari no se veía nada parecido", ironizan en privado sobre la capacidad de influencia que tenía Leire Díez.

La estrategia de defensa no pasa únicamente por restarle credibilidad. En el Gobierno han incorporado además un segundo argumento: que, incluso en el supuesto de que hubiera existido una intención de interferir en investigaciones judiciales que afectaban al presidente o al PSOE, el intento habría sido completamente ineficaz. Algunas fuentes recurren incluso a una figura jurídica para explicarlo, la de la "tentativa inidónea" o el llamado "delito imposible", que se produce cuando alguien trata de cometer una infracción utilizando medios incapaces de lograr el resultado perseguido. En Moncloa ilustran la idea con un ejemplo: "Es como intentar matar a alguien con una pistola de agua".

Con ello buscan trasladar que, más allá del ruido político y mediático, las actuaciones atribuidas a Díez no habrían tenido capacidad real para alterar ninguna investigación ni para proteger a nadie de sus consecuencias judiciales. Eso sí, de momento Ferraz no ha dado el paso de querellarse contra la exmilitante a pesar del evidente daño reputacional causado en el partido por utilizar, según su propia tesis, el nombre del presidente para cuestiones que él no avalaba.

En todo caso, en Moncloa no quieren dar portazo a esta opción y se dan tiempo asegurando que los servicios jurídicos del PSOE están trabajando en ello. Se basan ahora en que tomarán acciones más contundentes cuando los indicios sean "sólidos".

Fisuras en el respaldo a la directora de la Guardia Civil

Respecto a los nombres que han quedado directamente salpicados por la investigación, el Gobierno mantiene públicamente el respaldo tanto a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona —citada a declarar el 11 de julio por sus conversaciones de WhatsApp con Leire Díez— como a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González.

Aunque no todos dentro del Ejecutivo comparten esa posición. Ya hay voces que consideran que González debería apartarse. "Cada uno sabe lo que tiene que hacer", deslizan estas fuentes, que sostienen que, ante una figura a la que ahora describen como una "friki", lo lógico habría sido "huir" de ella y no mantener hasta tres encuentros, como ha reconocido la propia directora de la Guardia Civil.

No obstante, tanto el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, siguen respaldado a Mercedes González. Todo ello, a pesar de que, en un principio, desde Interior se negó cualquier tipo de reunión para poco después tener que recular añadiendo que se referían que a que no existieron reuniones relacionadas con la causa.

Lo cierto es que, en el último de estos encuentros, Leire Díez le pidió rehabilitar al comandante Rubén Villalba, que había sido apartado de su puesto por estar investigado por el caso Koldo. A pesar de ello, Moncloa se ampara en que Mercedes González cortó la conversación en ese instante y que nadie está exento de que le pidan algo "extraño".

El Gobierno ha negado este martes de forma tajante que el presidente, Pedro Sánchez, mantuviera reunión alguna con la exmilitante socialista y presunta 'fontanera' del PSOE Leire Díez, después de que trascendiera una agenda personal de esta última en la que aparecen varias anotaciones con las siglas "PS" y referencias a "Pedro". Moncloa trata así de cortar de raíz cualquier intento de vincular al jefe del Ejecutivo con las maniobras atribuidas a Díez. "Desmentimos rotundamente cualquier encuentro", ha asegurado la ministra portavoz, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Saiz ha respaldado -y parafraseado- las palabras del presidente del Gobierno el pasado viernes al asegurar que él "nunca ha conocido, ni ha avalado, ni ha sido informado de las andanzas de Leire Díez", unas actuaciones que, según ha recalcado, el presidente "nunca hubiera tolerado". Precisamente, Sánchez ya dijo entonces que no conocía las "andanzas" de Leire Díez, al tiempo que mostró su apoyo y respaldo a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, que se reunió hasta en tres ocasiones con la exmilitante, a la que la UCO sitúa como brazo ejecutor de esta presunta trama de las cloacas del partido.

Fuentes gubernamentales sostienen en que no hay nada "ilegal" en tener el teléfono de Leire Díez e incluso hablar con ella. En el caso de estas reuniones, que en un principio desmintió el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pero que la Guardia Civil terminó reconociendo, aseguran que se produjeron en un contexto privado y no como directora de la Guardia Civil. No obstante, en el último de ellos González admite que Leire Díez le pide rehabilitar al comandante Rubén Villalba, que había sido apartado de su puesto por estar investigado por el caso Koldo. A pesar de ello, Moncloa se ampara en que Mercedes González cortó la conversación en ese momento y que nadie está exento de que le pidan algo "extraño".

Moncloa también respalda a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, a quien el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado a declarar como testigo en la causa tras hallar la UCO conversaciones con Leire Díez. Fuentes del Gobierno defienden que "no hay nada de malo en esa conversación" que, en todo caso, no han querido comentar a viva voz en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros porque es "privada".

"Dará todas las explicaciones", señalan estas fuentes sobre la testifical de Narbona, prevista para el 10 de julio. En todo caso, insisten, hay "pleno respaldo" porque la conversación de WhatsApp es, a su juicio, "muy razonable". Otras fuentes del Gobierno incluso hablan de la "moralidad intachable" de la presidenta del partido, que dan por seguro que no ha hecho nada "ilícito" ni "inmoral" porque, además, "no es su papel".

La UCO se ha personado en el Ministerio de Justicia por orden del juez Santiago Pedraz para requerir información sobre el estado de la solicitud de nacionalidad española de Nervis Villalobos, que fue viceministro de Energía de Venezuela entre 2001 y 2006. El magistrado de la Audiencia Nacional investiga si la supuesta fontanera Leire Díez intentó mediar para que se tramitara el expediente de nacionalidad de Villalobos. La UCO halló mensajes en el teléfono de Díez sobre este extremo, entre ellos uno en el que Villalobos le envió capturas de pantalla de su solicitud y ella contestó: "Lo he mandado para que lo miren".

Tras alzarse el secreto del caso Leire y recibir un informe de la UCO, la Fiscalía Anticorrupción solicitó al magistrado Santiago Pedraz la práctica de una serie de diligencias. Entre ellas estaba requerir al Ministerio de Justicia para que informase sobre la tramitación de un expediente de nacionalidad de Villalobos, investigado en varias causas judiciales. El magistrado aceptó la práctica de estas pesquisas y, según fuentes gubernamentales, la UCO se ha personado este martes en la sede del Ministerio de Justicia. De acuerdo con estas fuentes, la cartera de Félix Bolaños ha entregado los expedientes a los agentes de la Guardia Civil.

Desde el ministerio de Bolaños confirman que se concedió la nacionalidad a Nervis Villalobos, pero no a través del expediente por el que ha preguntado Pedraz. El venezolano solicitó la nacionalidad en una primera ocasión en 2017, pero aquel intento fue frustrado en 2020. De modo que Villalobos lo intentó de nuevo en abril de 2024, a través del expediente por el que se ha interesado el magistrado de la Audiencia Nacional. Sin embargo, a su vez realizó otra solicitud en la que se acogió a la ley de Memoria Democrática, y fue esta última vía la que le permitió obtener la nacionalidad en abril de 2025.

De acuerdo con la cartera de Bolaños, esta última solicitud fue "examinada y estimada con criterios jurídicos por cuatro funcionarios: hay un dictamen de una consejera; un visto bueno del jefe de servicio; la propuesta del subdirector general y la resolución de la directora general".

Los mensajes de Leire sobre Villalobos

Sin embargo, diversos mensajes apuntan a que Leire Díez pudo influir, o intentar influir, en la solicitud de Nervis Villalobos, investigado en el caso Duro Felguera. Lo relata la UCO en uno de los informes presentes en el sumario del caso Leire, al que accedió este periódico. "A finales de 2024, Leire Díez mantuvo una serie de conversaciones" con el exabogado de Koldo García, Ismael Oliver, también presuntamente implicado en las supuestas cloacas del PSOE. "Necesito hablar contigo de la nacionalidad de Nervis. Y ya se me ha escapado ayer Félix", escribió Díez el 19 de diciembre de 2024, si bien la UCO no concreta en su informe "a quién se refieren como Félix".

La supuesta fontanera y Oliver hablaron del asunto al día siguiente y Díez informó: "Ayer me dijo Santos [Cerdán] que le había dicho Félix que el motivo era por la causa en la AN [Audiencia Nacional] en la que le piden 9 años". Se refería a la causa judicial de Duro Felguera. De acuerdo con la UCO, Oliver sacó a colación el tema "varias veces iniciado el año 2025", y pidió a Leire Díez "una reunión con el gobernador del Banco de España José Luis Escrivá o alguien de su confianza". Se da la circunstancia de que, en torno a esas fechas, Leire Díez anotó en su agenda: "Pedir cita Escribá (sic) o alguien que designe".

Tal y como explica la Guardia Civil, Leire Díez contactó con "Hana", posiblemente la eurodiputada socialista Hana Jalloul Muro. Después, la supuesta fontanera informó al abogado de que la eurodiputada había contactado con Escrivá y este había solicitado que remitieran "un escrito explicando lo que ha pasado, en qué entidades tiene el dinero y demás para que lo estudien".

La UCO recoge toda esta información en un epígrafe concreto que culmina con el siguiente párrafo: "Tras la consulta de las bases policiales, se ha podido comprobar que Nervis Villalobos dispone actualmente de DNI, así como que procedió a la apertura de una cuenta bancaria en la entidad Santander, si bien la misma se encuentra actualmente cerrada".

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha calificado de "claro" y "valiente" el discurso pronunciado por el papa León XIV en el Congreso y ha destacado dos de sus principales mensajes, en los que, según ha asegurado, el Gobierno está "absolutamente alineado": la necesidad de reforzar la cooperación internacional para afrontar "el drama migratorio" y su defensa de la paz frente al rearme. Respecto a los asuntos en los que existen "diferencias", en referencia al rechazo al aborto y la eutanasia —que el Papa expresó al afirmar que "toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural"—, Bolaños ha señalado que respeta "todas las posiciones políticas". "Hay diferencias, claro que sí, pero las abordamos como en democracia, con respeto al otro, escuchando e intentando entendernos", ha dicho en declaraciones en el Congreso cuando ha terminado la visita del Papa.

Bolaños ha preferido poner el acento en los ámbitos de entendimiento entre el Ejecutivo y la Iglesia católica, también en el trabajo conjunto para avanzar en la reparación a las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia. A su juicio, el discurso en la Cámara, que se ha llevado una larga ovación por parte de las autoridades presentes en el hemiciclo, ha sido "claro" en la apuesta por la paz, el multilateralismo y la defensa de las personas migrantes y su acogimiento en países "ricos". "Nos interpela a todas las personas que estamos en el Gobierno y en el Parlamento", ha subrayado.

En todo caso, los "dos grandes debates" que ha querido destacar Bolaños son los de la paz y la migración. "Hay que apoyar la paz, la diplomacia, los derechos humanos, el derecho internacional, no dejarse llevar por la ley del más fuerte", ha dicho sobre el discurso del Papa el ministro, que también ha hecho hincapié en que hay que apoyar la migración que se desplaza a Europa y a Estados Unidos a "buscarse la vida". Tras reivindicar que el del Papa ha sido un discurso "histórico" porque por primera vez lo hace en la sede de la soberanía popular, también ha ensalzado la "organización impecable y milimétrica" de la misma. "Todas las horas están dando todo el resultado de un éxito sin paliativos, el cariño es indiscutible y nos interpela desde la visión cristiana y católica, pero también humanista", ha puntualizado.

Respecto a las palabras del Pontífice contra la eutanasia y el aborto, que coinciden en un momento en el Gobierno trata de blindar el derecho al aborto en la Constitución con una reforma que se tramita en el Congreso, Bolaños ha dicho que "por supuesto" que respeta "todas las posiciones políticas" y que las aborda como se hace en democracia, "con respeto al otro, escuchando e intentando entendernos". Eso sí, ha querido poner en un primer plano que "en los grandes debates", que son la defensa del derecho internacional y de la dignidad humana, la posición es "totalmente concordante".

De hecho, Bolaños ha puesto el foco en el clima de entendimiento entre el Ejecutivo y la Iglesia católica. Para ello, ha subrayado que de los cuatro acuerdos suscritos entre ambas partes desde 2006, todos se han firmado en los últimos cinco años, ya bajo los gobiernos de Pedro Sánchez, algo que, a su juicio, refleja una relación basada en el "respeto mutuo" y la capacidad de alcanzar consensos pese a las diferencias existentes en algunas materias.

Entre esos acuerdos, ha destacado especialmente el que articula un sistema mixto de reparación para las víctimas de abusos sexuales cometidos en el ámbito eclesiástico, una cuestión que también ha estado presente en el discurso de la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Según Bolaños, este modelo está siendo observado con "admiración" fuera de España porque supone que la propia Iglesia asume la responsabilidad de reparar a las víctimas.

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha apelado este lunes ante el papa León XIV al multilateralismo y a la restauración de un orden internacional basado en las leyes y no en la "fuerza y la sinrazón": "Es urgente posicionarse en el lado correcto", ha afirmado durante un discurso en el Congreso marcado por las referencias a los conflictos internacionales, la paz y la defensa de los derechos humanos. Ante diputados y senadores de todos los grupos salvo Podemos y BNG, Armengol ha advertido además de que la "polarización" amenaza con debilitar las democracias y ha subrayado que la visita del Pontífice se produce en un momento de "especial relevancia" por la necesidad de reforzar los "espacios de encuentro" en un contexto de creciente incertidumbre global.

La intervención se ha producido en una jornada histórica, ya que León XIV es el primer pontífice en dirigirse a las Cortes Generales. Antes de su discurso, Armengol ha reivindicado en su intervención el "entendimiento entre instituciones, culturas y pueblos" como una condición "imprescindible" para afrontar los grandes desafíos de nuestro tiempo. La presidenta del Congreso ha dibujado un escenario internacional marcado por la incertidumbre y el deterioro del orden global, una época, ha dicho, "atravesada por cambios profundísimos y aquejada de una drástica inquietud", en la que "los más fuertes imponen la masacre de miles de los débiles con total impunidad", alejándose de "aquellas normas que pretendieron restablecer la convivencia tras la desolación".

Ante este contexto, Armengol ha defendido que "no queda más remedio" que volver a reunirse "en torno a lo esencial" y reformular medidas que permitan construir "un mundo más justo". "La paz ha de ocupar de nuevo el centro de la acción política internacional", ha pronunciado la presidenta de la Cámara Baja. Ha insistido en que hay que restaurar el orden internacional y ha dicho que el "multilateralismo" es "una garantía" frente a la "fragmentación, el aislamiento y la imposición de la fuerza y la sinrazón".

La presidenta del Congreso ha sostenido que la visita del Pontífice "constituye un momento de especial relevancia para nuestro país y para nuestras instituciones", ya que, en un contexto de "incertidumbre global y de una polarización que amenaza con debilitar las democracias", son más necesarios que nunca los "espacios de encuentro" capaces de reunir a la sociedad en torno a lo que comparte: la "lucha por la dignidad humana, la justicia y la esperanza". "Sus palabras, las primeras de un Pontífice en esta Cámara, serán recordadas como un pertinente símbolo: ante la adversidad, nuestra fortaleza descansa en la unión y en el acuerdo", ha afirmado.

También ha reivindicado el papel del Congreso como espacio donde se articula una democracia "plural y abierta", construida sobre el respeto a la "libertad de conciencia y el valor del diálogo". A su juicio, ambos son "artífices fundamentales" de la libertad de las sociedades y requieren de la "confianza" ciudadana en unas "instituciones públicas sólidas, cercanas y transparentes", un elemento que ha considerado esencial para garantizar la "estabilidad" democrática.

Desde esa convicción, Armengol ha dado la bienvenida a León XIV y ha aprovechado para reivindicar la "lucha contra la pobreza, contra la precariedad y contra las violencias", en referencia expresa a la violencia de género, la violencia racista y aquella "que premia el privilegio frente a la vulnerabilidad".

Armengol también ha tenido una breve apelación a los abusos en la Iglesia y la necesidad de avanzar en la "reparación y la indemnización a las víctimas", una "tarea concreta" que, según ha recordado, el propio León XIV definió como una "llaga abierta". La presidenta del Congreso ha vinculado esta cuestión al debate que se ha desarrollado en las Cortes Generales tras la publicación del informe del Defensor del Pueblo sobre los abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia.

También se ha referido al "desafío" que plantea la Inteligencia Artificial, a la que el Papa se refirió en su encíclica, y que Armengol ha descrito como un "escenario enormemente disruptor". En este contexto, ha defendido que la razón de ser de esta herramienta debe ser la "búsqueda de la dignidad de todas las personas y el bien de los pueblos", y no "el enriquecimiento de unos pocos" ni la "encarnizada lucha de poder".

También ha apelado a la encíclica del Papa para reivindicar la necesidad de luchar contra las "desigualdades". "Tal y como Su Santidad ha escrito en la encíclica Magnifica humanitas: que en la pluralidad de voces y visiones que a veces recuerda la dispersión de las lenguas, existe, sin embargo, una posibilidad luminosa: la de edificar juntos, transformando la diversidad en un recurso y haciendo de la escucha y del diálogo el terreno común en el cual hacer crecer la justicia y la fraternidad", ha señalado.

"Hoy, recibiendo a Su Santidad con respeto y con gratitud, nos aliamos en una responsabilidad compartida, una que allane el necesario camino hacia la esperanza", ha zanjado la presidenta del Congreso antes de escuchar el discurso del Pontífice ante los altos representantes del Estado presentes en el Cámara Baja.