El año 2026 no ha llegado a su ecuador y el Gobierno de la Comunidad de Madrid empieza a mirar a 2027. Porque la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo acaba de poner en marcha la maquinaria presupuestaria para el año que viene al publicar las normas de elaboración de los Presupuestos regionales para 2027. Es una decisión instrumental que cada año se repite por estas fechas, ya que esta orden es clave para la elaboración de las Cuentas regionales que supone poner a trabajar a las diferentes consejerías y otras instituciones y entidades que dependen de las arcas públicas en la elaboración de los ingresos, gastos y proyectos que prevén incurrir el próximo ejercicio.

El objetivo es que los técnicos de Hacienda cuenten con las propuestas de los diferentes órganos a mediados del próximo mes de julio (el día 16) para empezar a trabajar en las mismas de cara a cuadrar las necesidades y objetivos de unos y otros en un anteproyecto de Presupuestos. "Los criterios de presupuestación para el ejercicio 2027 se inspiran en la línea seguida por todos los presupuestos aprobados en la presente legislatura", se lee en la orden elaborada en el seno del área que lidera Rocío Albert, que ha liderado la confección de las tres últimas Cuentas regionales.

"Se prioriza el gasto social, especialmente el vinculado a las políticas más sensibles al envejecimiento de la población", expresa el documento publicado esta semana en el Boletín Oficial, una referencia de nuevo cuño porque no aparecía en la orden de 2026. Igualmente, el texto alude a otra circunstancia novedosa para la preparación del próximo proyecto presupuestario: la finalización de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, también conocidos como fondos MRR.

"Se refuerzan las inversiones públicas, destacando las relacionadas con la mejora de los servicios públicos, como la sanidad y la justicia, así como el despliegue de actuaciones destinadas a la ampliación de la red del transporte público", se expresa en el mismo sentido, una alusión directa a las obras que ya se están desarrollando, como las prolongaciones de las líneas 5 y 11 de metro, y a los nuevos tramos y estaciones que se prevén poner en marcha a lo largo del próximo ejercicio, en el que también llegarán los trenes sin conductor a la Circular (línea 6).

El Gobierno estatal también activó su maquinaria

La activación de la maquinaria presupuestaria en la Comunidad de Madrid ha llegado tan solo unos días después de que el Ministerio de Hacienda aprobara y publicara su orden de elaboración de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2027. "Tendrán una vocación global, compromiso fiscal, rigor social y ambición de ir de nuevo más allá de las columnas de Hércules", dijo Pedro Sánchez sobre esas Cuentas, que de aprobarse serían las primeras (y las últimas) de esta legislatura, en la que el Gobierno central no ha registrado ningún proyecto de ley y ha ido prorrogando los PGE de 2023.

Desde la Comunidad de Madrid se dudó de que la publicación de la orden de preparación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) sea un indicativo de que el próximo año vaya a haber PGE. "Es otro capítulo del teatro político de Sánchez para tratar de ocultar su debilidad y la corrupción", valoró Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia, que aludió a que el Gobierno central ha presentado órdenes preparatorias en 2024, 2025 y 2026 y luego no ha aprobado en el Consejo de Ministros el correspondiente proyecto de ley. "Pedro Sánchez lleva tres años anunciando Presupuestos sin ser capaz de elaborarlos y presentarlos", zanjó el también portavoz del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) ha aprobado un cambio de la normativa para obtener la tarjeta de transporte público personal, la conocida como TTP por sus siglas y que es el soporte de los abonos mensuales, que será efectivo desde el próximo lunes, 15 de junio. A partir de entonces, la expedición de este documento quedará condicionada a que el solicitante acredite que reside en la Comunidad de Madrid, en alguno de los municipios integrados en las zonas tarifarias E1 y E2 o en algunas localidades de Castilla-La Mancha y Castilla y León, con carácter excepcional en base a los convenios de colaboración que mantiene la Administración madrileña con estas autonomías.

El nuevo criterio afectará tanto a la emisión de nuevas tarjetas como a la de duplicados de las que ya existan, lo que significa que las personas que ahora mismo estén en posesión de una tarjeta y no estén empadronadas en la región perderán el derecho a la misma si la extravían, tienen que renovarla —la vigencia es de 10 años— o se les deteriora y tienen que cambiarla. Esto es así porque la normativa en vigor no exige que estar empadronado en la región para obtener la tarjeta de transporte público, unas reglas a las que les quedan apenas dos días de vigencia tras el cambio de los requisitos anunciado este viernes por el Consorcio a través de una publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad.

"La condición de residente se acreditará mediante certificado de empadronamiento en vigor en la que refleje la residencia del solicitante en alguno de los municipios señalados en el apartado anterior", se lee en el anuncio oficial rubricado por el gerente del Consorcio, Pablo Rodríguez Sardinero, el pasado 5 de junio. "El solicitante deberá aportarlo o autorizar su consulta en los casos en que dicha consulta sea posible", se agrega en el texto, que remite a la web del organismo dependiente de la Consejería de Transportes para conocer el listado completo de municipios de Castilla-La Mancha y Castilla y León que estarían incluidos dentro de la medida y que se permitirían excepcionalmente por los convenios que desde hace años firman ambas con la Administración madrileña.

El cambio de criterio comunicado por el Ejecutivo incluye una previsión específica para las familias numerosas. "Con carácter excepcional, por motivos tecnológicos y mientras resulte estrictamente necesario para garantizar la correcta aplicación de los beneficios legalmente reconocidos a las familias numerosas, se mantendrá la posibilidad de expedición de la Tarjeta de Transporte Público Personal para los titulares de título acreditativo de familia numerosa, en los términos previstos en la normativa específica aplicable", se expresa en el anuncio del Consorcio que introduce un cambio profundo en las reglas que hasta ahora se seguían con la TTP.

La exigencia del requisito de empadronamiento para conseguir la tarjeta que soporta el abono mensual y otros títulos de viaje personales afectará directamente a unas 200.000 personas, que son los usuarios del transporte público que no residen en la región, de acuerdo con las estimaciones del Consorcio, que explicita que representan menos del 4% de los viajeros totales del sistema. Los afectados serían, por ejemplo, estudiantes y trabajadores de otras comunidades autónomas que permanecen empadronados en sus lugares de origen porque su estancia en Madrid es temporal; o quienes vienen a Madrid con frecuencia a hacer negocios en el día y se marchan después a sus lugares de residencia. También personas inmigrantes que lleven poco tiempo viviendo en la Comunidad o aquellas que no están empadronadas.

Críticas de Más Madrid y PSOE

La oposición no ha tardado en reaccionar a los cambios ejecutados por el Consorcio. "Mientras pone más trabas a quien viene a estudiar o trabajar, mantiene ventajas fiscales para ultrarricos y fondos buitre", ha señalado Mónica García, previsible cabeza de lista de Más Madrid en las próximas elecciones autonómicas, en referencia a Díaz Ayuso. La decisión del Gobierno madrileño, ha agregado la ministra de Sanidad, "deja fuera" del transporte público "a miles de estudiantes, trabajadores y migrantes". Mientras, Manuela Bergerot, portavoz de la formación progresista en la Asamblea regional, se ha referido a la medida como "prioridad nacional de tapadillo".

Desde el PSOE-M se ha exigido a la Comunidad una rectificación del cambio de criterio. "Sólo gobiernan para hacerle más complicada la vida a la gente, cebándose siempre con los más vulnerables", ha expresado Óscar López, secretario general de los socialistas madrileños y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública. "En cuanto el Papa ha dejado Madrid, han aprovechado para sacar una nueva medida racista y excluyente", ha añadido.

Una medida 'durmiente' desde 2011

Desde el Consorcio han señalado que el requisito de acreditar el empadronamiento en la Comunidad para acceder a la tarjeta de transporte es una exigencia prevista en el ordenamiento regional desde 2011. Fuentes del organismo han explicado que la ley de Medidas Fiscales y Administrativas aprobada a finales de diciembre de ese año bajo el Gobierno de Esperanza Aguirre incluía un artículo para garantizar que sólo fueran objeto de subvención "los abonos de transporte que se expidan a usuarios residentes en la Comunidad de Madrid y en aquellas otras Comunidades Autónomas con las que se hubieran suscrito convenios".

Esta previsión legal se incorporó al cuerpo legislativo regional a través de una modificación de la ley fundacional del Consorcio, que data de 1985. Se incluyó en el texto, pero quedó 'durmiente', sin aplicación práctica, porque no se le ha dado efectividad hasta los primeros días de junio de 2026, 14 años y medio después de ser aprobada por la Asamblea regional.

La Comunidad de Madrid ha aprobado la creación de sus premios de Medio Ambiente. Ha sido en el Consejo de Gobierno, celebrado de forma extraordinaria en Colmenar de Oreja, donde se ha dado el visto bueno a unos galardones de carácter honorífico (sin dotación económica asociada) que tendrán cerca de una decena de categorías y carácter anual. La iniciativa se enmarca en las medidas previstas con motivo de la declaración de 2026 como Año del Medio Ambiente en la Comunidad de Madrid y nace con el objetivo de "distinguir" iniciativas y "actuaciones ejemplares" en materia de "protección del medio natural, la conservación de los recursos y el desarrollo equilibrado del territorio madrileño", según se ha expresado desde el Ejecutivo.

"Estarán dirigidos a personas, empresas, organizaciones e instituciones que sobresalgan por su aportación al conocimiento científico y técnico, la divulgación ambiental y la puesta en marcha de proyectos innovadores", han expresado fuentes de la Comunidad. La Consejería de Medio Ambiente, que ha impulsado la creación de estos galardones, ha optado por establecer distinciones en ocho categorías: economía circular; agua y aire; energía; biodiversidad; gestión forestal activa y sostenible; territorial y comunicación ambiental; conservación y restauración del territorio, y medio rural.

Esta última, han explicado, incluirá el premio especial que llevará el nombre de Santa María de la Cabeza. "Nace para destacar a mujeres que viven y trabajan en municipios rurales de la región y que hayan demostrado una trayectoria de liderazgo y compromiso con la dinamización de estas zonas", han detallado desde el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.

Los premios han quedado aprobados por decreto este miércoles, pero se concederán más adelante. Desde el departamento que dirige Carlos Novillo prevén dar a conocer a los primeros distinguidos hacia el tercer trimestre de este año. Además, se ha informado de que se contempla la posibilidad de otorgar distinciones extraordinarias ante actuaciones de singular relevancia relacionadas con la protección del medio ambiente que no encajen en ninguna de las modalidades establecidas.

El proyecto de ley de Defensa del Contribuyente ha salido este miércoles del seno del Consejo de Gobierno de Isabel Díaz Ayuso rumbo a la Asamblea de Madrid. La iniciativa, que quedará aprobada en la segunda mitad del año, nace para "reforzar" la seguridad jurídica de las relaciones de los ciudadanos con la Administración en todo lo que tiene que ver con sus obligaciones fiscales y garantizar "todos y cada uno de los derechos" de los obligados. Así lo ha destacado el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, desde Colmenar de Oreja, localidad en la que se ha reunido el Ejecutivo de forma extraordinaria.

El proyecto que ahora emana del Gobierno no se aplicará a todos los impuestos que pagan los madrileños: afectará en exclusiva a los tributos cedidos por el Estado cuya gestión corresponde a la Comunidad, entre los que se cuentan el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD), el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el Impuesto sobre el Patrimonio y los Tributos sobre el Juego. Respecto a estas obligaciones, se pondrá en marcha una herramienta novedosa, la carpeta tributaria, que permitirá un acceso a la información más ágil y, también, más comprensible.

"Es una de las novedades más destacadas", han explicado desde el Gobierno, "contendrá toda la información fiscal del ciudadano, que podrá seguir en tiempo real sus expedientes". Además, la Comunidad se compromete a que estos documentos se redacten con "un lenguaje administrativo sencillo y formularios de fácil comprensión". "Esto se encuentra en el ADN del servicio al ciudadano de la Comunidad de Madrid", ha subrayado García Martín, que igualmente ha incidido en que el texto presta una especial atención a los principios de accesibilidad universal e implementa medidas para "romper" barreras para las personas mayores y madrileños con discapacidad.

La posición del obligado tributario frente a la Administración también quedará reforzada a través de la Oficina de Defensa del Contribuyente, un organismo de nueva creación. "Sustituirá al anterior Defensor del Contribuyente para dotar al sistema de una mayor robustez técnica", han precisado fuentes de la Consejería de Economía, que ha sido la encargada de redactar el texto. "Se encargará de tramitar de manera ágil las quejas o sugerencias referidas a demoras indebidas, incidencias electrónicas o deficiencias en el trato", han detallado desde el departamento que dirige Rocío Albert.

La Comunidad ha informado de que la norma, que ya no llega a tiempo para ser aprobada en este periodo de sesiones en la Asamblea por lo que lo hará en el que empezará en septiembre, introduce "mecanismos pioneros de cortesía institucional". Esto, han abundado, se traduce en que la Administración estará obligada "a pedir disculpas formales" cuando una sentencia firme reconozca una vulneración de derechos. Igualmente se "agradecerá" la colaboración ciudadana en inspecciones tributarias que concluyan sin sanción.

El texto también incorpora el principio de buena administración como "criterio inspirador" de la actuación de la Administración madrileña y establece un modelo de asistencia basado en "la confidencialidad, la gratuidad de los servicios y una asistencia adaptada a las circunstancias y necesidades de cada ciudadano".

Nueva caducidad de normas y revisiones periódicas

La futura ley de Defensa del Contribuyente no ha sido la única iniciativa normativa aprobada este miércoles en el Consejo de Gobierno. También se ha validado el proyecto de decreto que establecerá la caducidad en los reglamentos autonómicos de carácter organizativo y la obligación de evaluar todas las normas cada cuatro años para comprobar su eficacia, uno de los compromisos electorales que adquirió Díaz Ayuso en 2023 en su ánimo de "avanzar" hacia "una Administración más eficaz y orientada al ciudadano", según se ha destacado desde su equipo. Este decreto, elaborado por la Consejería de Presidencia, permitirá que el marco jurídico regional esté permanentemente actualizado, dotado de mayor seguridad y adaptado a las necesidades de los madrileños.

"La principal novedad del decreto es la incorporación del criterio de caducidad automática para las normas que regulan la estructura interna de la Administración autonómica, sus órganos, competencias, procedimientos internos y funcionamiento", han explicado fuentes del área que dirige Miguel Ángel García Martín. Esto supone que las disposiciones dejarán de estar vigentes una vez transcurridos cinco años desde su entrada en vigor, salvo que, tras el correspondiente análisis, se determine la conveniencia de mantenerlas.

El nuevo decreto incluye una apuesta por el silencio administrativo positivo en los procesos de relación oficial con ciudadanos y empresas. La consecuencia directa de esto es que si la Administración no se pronuncia en el plazo que tiene establecido se entenderá por autorizada la propuesta del ciudadano. También se introduce un "procedimiento abreviado" para la elaboración de leyes que se consideren simples. "Podrán tramitarse de forma más ágil y abreviada siempre que hayan superado los controles y consultas preceptivos", han expresado desde el Ejecutivo sobre lo que supondrá este mecanismo.

Qué es lo que sembramos como sociedad, qué es lo que florece, qué se marchita silenciosamente y cuánto de todo ello nos sucederá en el tiempo. El papa León XIV llamó este domingo a los españoles a hacerse estas tres preguntas que interpelan directamente con la "herencia" que quedará de hoy a las generaciones futuras. Fue durante el encuentro que mantuvo en el pabellón Movistar Arena con representantes de la cultura, el arte, la empresa o el deporte. Asistieron más de 12.000 personas tan sólo unas horas después de haber convocado a más de 1,1 millones en la plaza de Cibeles durante una misa y una procesión del Corpus Christi históricas.

Bajo el lema ‘Tejer redes’, el Pontífice escuchó de rostros muy conocidos de estos ámbitos lo que significa para ellos la fe para ellos y de vuelta recibieron una invitación a usarla para mejorar la relación de la ciudadanía y, con ella, la sociedad. "Os invito a ser hilos nuevos para tejer redes nuevas que armonicen todos los ámbitos de la vida", instó León XIV a Antonio Banderas, las deportistas Carolina Marín o Teresa Perales y representantes de la patronal y los sindicatos como Antonio Garamendi (CEOE) o los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y UGT, Pepe Álvarez.

"Yo estoy hoy aquí confesando haber sido víctima del hechizo de Dios", proclamó Banderas, el primero en subirse al escenario por el que a lo largo de la tarde desfilaron la bailaora Sara Baras y la cantante Rozalén. La del malagueño fue una de las intervenciones más celebradas por un auditorio formado por más de 12.000 personas que al filo de las 18.00 horas recibieron en pie a León XIV y le regalaron una ovación de varios minutos que acabó por emocionarle. En su discurso, el actor se confesó creyente desde que en su tierna infancia se acercara a la Semana Santa de su tierra natal y subrayó que la relación entre la Iglesia y la cultura ha sido "determinante" a lo largo de la Historia porque la primera ha sido "el mayor productor de arte de la Humanidad".

"Su presencia hoy en Madrid, Santo Padre, no es solo una visita: es un gesto de escucha, de cercanía, de diálogo con la sociedad civil", le dirigió Banderas a León XIV, sentado en el escenario junto al cardenal-arzobispo de Madrid, José Cobo, quien en sus palabras de bienvenida evocó a la sociedad como una "vidriera" que debe estar unida para cobrar sentido. "Si miramos a cada uno de los cristales no encontramos el sentido del color y de la belleza; pero si alzamos la mirada y vemos el conjunto, entonces todo cobra sentido", señaló.

Por la unidad social también abogaron José María Coello de Portugal, que como vicerrector de la Universidad Complutense apostó por centros de enseñanzas superiores "respetuosos con la diversidad, pero también con la verdad», así como «académicamente excelentes"; y los representantes de las esferas económica y laboral. "Las empresas son mucho más que una estructura económica (...) son comunidades humanas donde las personas desarrollan su talento y, con esfuerzo, construyen sus proyectos de vida", afirmó Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales; mientras que Ángela de Miguel, presidenta de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana empresa, expresó la necesidad de "humanizar la técnica y construir la civilización del trabajo".

"Este es el nuevo contrato social", aseguró, un concepto en el que también se detuvieron los representantes de los sindicatos: Sordo reclamó un pacto "para el siglo XXI" que esté basado en la "solidaridad entre anónimos" y que atienda especialmente a los más vulnerables, mientras que Álvarez defendió que ese renovado marco social, en pleno auge de la Inteligencia Artificial, tiene que estar más que nunca centrado en la "humanidad" y su dignidad.

La esfera deportiva la representaron, al alimón, la nadadora zaragozana Teresa Perales y la exjugadora de bádminton Carolina Marín, que antes de abandonar el escenario obsequió al Papa con una raqueta. Ambas destacaron que la resiliencia, la superación o la esperanza como valores que se dan la mano en el deporte y que tienen su eco en la vida de millones de personas aficionadas a él.

El discurso del Papa se alineó con los diferentes sentimientos y puntos de vista que se escucharon en el acto, que duró alrededor de una hora y media y estuvo conducido por los periodistas Lara Síscar y Carlos Franganillo. León XIV incidió en la necesidad de "entramar una sociedad renovada" en la que la cultura "custodie la memoria y favorezca el diálogo", la educación "promueva la búsqueda de la verdad con espíritu crítico", el arte "despierte asombro y genere emociones nobles", la empresa "reconozca la dignidad de la persona" y el trabajo "siga siendo motor de esperanza". "Seamos hilos nuevos", insistió, "en todo ello se juega que, en el porvenir, siga resplandeciendo nuestra magnífica humanidad".