El insoportable calor en las aulas en los últimos días de mayo, cuando la ola de calor elevó las temperaturas hasta 27 grados pese a no haber siquiera llegado a junio, no ha sido óbice para que una diputada de Vox, la expresidenta de las Cortes de Aragón Marta Fernández, se haya mofado de las protestas de la oposición, pero también de los alumnos, de los padres y madres y de los docentes. “Los niños de ahora no son más de mantequilla”, ha manifestado la representante de la extrema derecha en un alegato en el que además ha vuelto a poner en duda el cambio climático.

Ha sido durante una proposición no de ley (PNL) presentada por el PP para solicitar al Gobierno central que cumpla con un compromiso de 2022, anunciado precisamente por la entonces ministra de Educación Pilar Alegría, para invertir 200 millones en la climatización de los centros escolares de toda España. La iniciativa ha salido adelante con el apoyo de los populares y de Vox y, en su explicación de voto, Marta Fernández se ha mofado de las críticas por las altas temperaturas.

“Quería bajar el balón al suelo. No sé si soy la única de este Hemiciclo que en su infancia ha cogido la bicicleta y se ha ido por caminos a 40 grados. Los niños de ahora no son más de mantequilla”, ha proclamado la diputada, quien también ha relativizado el calor registrado: “Esta semana estamos a punto de acabar el cole y precisamente calor no ha hecho. Ustedes [en referencia a la diputada de CHA Isabel Lasobras] ha dicho que en el Gobierno climatizaron algunos colegios, pero el calor yo creo que no viene del año 2015, es algo que ocurre todos los veranos, con más intensidad unos que otros. Y esta semana hemos pasado frío”, ha insistido, en un discurso negacionista habitual en Vox.

La intervención posterior ha sido del diputado socialista Fernando Sabés, que ha puesto el acento en esta cuestión: “Escucho a una diputada que apoya a este gobierno negar el cambio climático”, se ha sorprendido. “Que no se lo cree nadie”, le ha replicado Fernández, según ha repetido el propio Sabés. “Suerte que los micros solo recogen lo que quien está interviniendo dice”, ha repuesto el representante socialista.

“Dejación de funciones”

Antes, la diputada del PP Silvia Casas ha aprovechado para cargar contra Alegría por la promesa de la que las comunidades autónomas siguen “sin tener noticia”. “Los centros docentes no necesitan improvisación”, ha aseverado Casas. Sabés le ha afeado que los populares “solo” miren “al Gobierno de España” y que persistan en “su dejación de funciones”, apuntando que en tres años lo único que han hecho es enviar un cuestionario a los centros educativos “para saber si hace frío o calor”.

Desde CHA, Isabel Lasobras ha anunciado su voto en contra “por dignidad parlamentaria y coherencia política” porque la PNL es “una cortina de humo diseñada para confrontar con el Gobierno de España utilizando la salud como munición electoral”. Pilar Buj, de Aragón-Teruel Existe, ha valorado que se trata de un programa “grave” y ha considerado que la respuesta del Gobierno de Aragón “es claramente insuficiente”.

Finalmente, la diputada de IU Marta Abengochea ha preguntado al Ejecutivo autonómico “qué han hecho hasta ahora”, apuntando que el Departamento de Educación solo ha climatizado 40 aulas con fondos europeos. “Cero gobernar para el Gobierno aragonés y hacer oposición al Gobierno estatal”, ha sentenciado Abengochea.

El informe de la Fiscalía Anticorrupción desvelado esta semana tras levantarse el secreto de sumario del caso Leire Díez pone negro sobre blanco, a partir de conversaciones captadas entre los implicados por los agentes de la Guardia Civil y de la compraventa de empresas, la operativa que la trama planificó con Forestalia para favorecer supuestamente tramitaciones tanto de financiación pública como de parques fotovoltaicos. Entre los aludidos está el propio Santos Cerdán, que concertó una reunión en el domicilio del propietario del grupo aragonés, Fernando Samper, y que urgió a sus socios a que reclamaran una presunta mordida de 200.000 euros.

Pero las contraprestaciones podrían ser muy superiores, ya que la UCO da cuenta de una plusvalía de 6,7 millones de euros a favor del denominado grupo Hirurok –compuesto por la socialista Leire Díez, por el empresario guipuzcoano Antxón Alonso y por Vicente Fernández, expresidente de la SEPI– al adquirir dos sociedades de Forestalia y revendérselas más tarde a un precio muy superior: Anticorrupción sospecha que el millonario beneficio está vinculado con las autorizaciones a dos plantas solares en la provincia de Teruel.

Tal y como consta en la denuncia suscrita por la fiscal Anticorrupción Elisa Lamelas y presentada ante la Audiencia Nacional el pasado 9 de diciembre de 2025, todo nace de un atestado presentado por la UCO unos días antes, el 25 de noviembre, en el que se indicaba que, a raíz de las averiguaciones en el caso Mascarillas, pudieron registrar con autorización del Supremo el domicilio del empresario Antxón Alonso y la sede de Servinabar 2000 SL, participada según la UCO por el exnúmero tres del PSOE Santos Cerdán.

Entonces ya se hablaba de un grupo estructurado formado por los tres principales investigados (Leire Díez, Antxon Alonso y Vicente Fernández) que se autodenominó Hirurok ('nosotros tres', en su traducción del euskera). La fiscal explica que desde 2021 “valiéndose de su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre personas vinculadas a la función pública habría orientado la resolución de diversos expedientes seguidos en la Administración Pública, en beneficio propio o de terceros”. Cifra en cinco las operaciones, que incluirían una de Mercasa y otra de Enusa (participadas por la SEPI), el rescate de Tubos Reunidos, una adjudicación al Parque Empresarial Principado de Asturias y, en último lugar, la relacionada con Forestalia.

La Fiscalía recuerda que los tres investigados se comunicaban por la aplicación Threema en el grupo Hirurok y que desde mayo de 2022 continuaron por otro grupo denominado 'Hirurok Berriro' ('Los tres otra vez').

Reuniones en casa de Samper

En lo relativo al grupo aragonés vinculado con las energías renovables, la fiscal menciona en su informe dos reuniones físicas en el domicilio de Fernando Samper, en la avenida General Militar de Zaragoza, en mayo y julio de 2021; esta última, auspiciada por Santos Cerdán y que contó con la presencia del exsecretario de Organización. Allí supuestamente habrían trasladado al responsable de Forestalia cómo actuar y qué pasos dar para facilitar sendas tramitaciones para Forestalia y Arapellets, en este caso una financiación de 17,3 millones de euros del Sepides, organismo público dependiente de la SEPI, para desarrollos industriales.

De conseguirlo, el grupo Hirurok se llevaría supuestamente una mordida de 200.000 euros. “Vamos a éxito con ellos”, habría afirmado Vicente Fernández en la red Threema, y a continuación insistió, tal y como recogen las conversaciones intervenidas por la Guardia Civil: “Si consiguen la financiación del Fondo FAIPP (SEPIDES) para sus proyectos de FORESTALIA y ARAPELLET, 200.000€ si hay éxito” (sic).

Ante el avance en la tramitación, el 1 de mayo de 2022 el propio expresidente de la SEPI escribió a Alonso que, al haberse “despejado los problemas” y al constatar que el Sepides les iba a “aprobar las operaciones”, “sería bueno” recodar “el tema a Samper”, en referencia a la supuesta mordida. Cinco días después, por si había dudas, Fernández insistió en que Antxón Alonso debía trasladarle a Samper: “Decirle que estamos dándolo todo con sus dos expedientes, esperando tener resueltos ambos en junio”.

No fue hasta enero de 2023 cuando se aprobó la correspondiente ayuda a Arapellets para una planta de pellets en la localidad de Guardo (Palencia). En cuanto al trámite para Forestalia, no se puedo localizar nada en “un sentido o en el contrario”. La Guardia Civil sí que especifica que, pese a que el acuerdo era “a éxito”, no se había podido localizar el abono de los 200.000 euros.

Plusvalía de 6,7 millones de euros

Otra de las líneas de investigación de la Guardia Civil tiene que ver con millonarios intercambios de participaciones en empresas que generaron cuantiosas plusvalías para Antxón Alonso y, frente a esto, un negocio ruinoso para el grupo Forestalia.

La fecha clave es el 17 de mayo de 2022: ese día, dos sociedades –Energías Renovables de Quirón y Energías Renovables de Satet SL– salen del grupo Forestalia y se integran en una estructura administrada perteneciente a Antxón Alonso a cambio de 141.404 euros en total. Apenas año y medio más tarde, el 27 de diciembre de 2024, Forestalia las recupera por casi 6,9 millones de euros.

¿Qué sucedió entre medias? Aunque el informe de Anticorrupción no puede constatar que haya causa y efecto, sí que apunta al hecho de que dos plantas fotovoltaicas que estaba tramitando ambas sociedades en la provincia de Teruel, Masía I y Masía II, estaban apenas en fase de solicitud en el momento de la adquisición, mientras que para cuando las dos empresas volvieron a estar controladas por el grupo liderado por Fernando Samper ya se había aprobado la declaración de impacto ambiental, se habían otorgado las pertinentes autorizaciones administrativas previas y se había autorizado la construcción.

Así, según los investigadores la intervención del grupo Hirurok habría sido clave para que los proyectos vieran la luz, lo que se habría supuestamente compensado con una retribución encubierta. De ahí que los presuntos delitos que la Fiscalía atribuya a los implicados sean tráfico de influencias, cohecho y, potencialmente, delito contra la Hacienda Pública.

La dirección del partido ha tratado de aplacar la rebelión de alcaldes en la provincia de Teruel por el fichaje del presidente del PAR, Alberto Izquierdo, como asesor del jefe del Ejecutivo, Jorge Azcón, con una reunión marcada por el máximo hermetismo como síntoma de un cierre en falso. Porque el malestar entre los populares turolenses continúa, va más allá del paso dado para incorporar al dirigente aragonesista y tiene como trasfondo la sensación de ninguneo desde Zaragoza a la provincia. El presidente provincial, sin embargo, da la polémica por finiquitada.

Horas después del encuentro, celebrado a media mañana en la capital aragonesa, desde la formación ni siquiera confirmaban que la reunión se hubiera efectivamente producido. Junto a Azcón estaban convocados el presidente provincial, Joaquín Juste; su próxima sucesora y alcaldesa de Teruel, Emma Buj; el diputado provincial y alcalde de Camarena de la Sierra, Francisco Narro, y la secretaria general de la formación y diputada nacional Ana Alós. A media tarde, el desconcierto era patente incluso entre los propios ediles 'rebeldes', varios de los cuales trasladaban a este periódico no se les habían dado ninguna explicación sobre el resultado de la reunión, y que por lo tanto daban por hecho que habría sido “negativo”.

A última hora, sin embargo, trascendió que el también alcalde de Libros daba la crisis por sustanciada al trasladar a los medios que Azcón había aceptado consultar con la formación en Teruel los próximos “acercamientos” con el PAR. A cambio, Juste daba por bueno el fichaje de Izquierdo. Mientras, alcaldes consultados por este periódico aseguraban esperar el miércoles a sus explicaciones para adoptar una posición.

La pretensión de los díscolos era clara: que Azcón no incorpore como asesor de la Presidencia –dentro de su propio gabinete– al líder de los aragonesistas, a quien las decenas de cargos locales contemplan como un “enemigo” de la formación popular. “No se entiende que le escoja a él cuando hay mucha gente válida en el partido, y cuando el PAR está prácticamente muerto. Es una persona que ha hecho mucho daño y ha dicho muchas cosas de alcaldes del PP”, resumió este mismo martes uno de estos representantes municipales. En total, son en torno a 50 los alcaldes y alcaldesas que han suscrito la carta crítica con el fichaje de Izquierdo, aunque varios de ellos estarían al frente de pedanías y no de ayuntamientos.

Sin embargo, la crisis va más allá del dirigente aragonesista, y tiene que ver con la escasa representación de la provincia en los ámbitos de decisión, principalmente el hecho de que Teruel ya no esté presente en el Consejo de Gobierno de Jorge Azcón desde la marcha de Manuel Blasco, extitular autonómico de Medio Ambiente. Así, fuera de las tres consejerías de Vox, el reparto provincial en primeros cargos populares es de cuatro para Zaragoza (Mar Vaquero, Octavio López, Ángel Sanz y Eva Valle, a los que se suma el propio Azcón), uno para Huesca (Carmen Susín) y un sexto, el de Roberto Bermúdez de Castro, a caballo entre un territorio y otro.

Segundos niveles

Pero es que incluso en un segundo nivel, en las direcciones generales, la representación de la provincia es mínima: apenas dos altos cargos –Miguel Ángel Lafuente en Relaciones Institucionales y Yolanda Vallés en Energía y Minas–, porque la tercera –Ana Oliván, de Gestión Forestal– tiene las horas contadas ya que Vox se quedó la Consejería de Medio Ambiente. Como apuntaba 'Heraldo de Aragón' este martes, ahora mismo hay más antiguos integrantes del PAR en los principales puestos de decisión del Ejecutivo de Jorge Azcón que del propio PP turolense. En cuanto a visibilidad política, el único rostro reconocible de Teruel es el de la diputada Ana Marín, portavoz del grupo parlamentario, un puesto de mucho más fuste en la oposición que en el Gobierno.

En todo caso, no todos en el PP turolense lo ven así. Un alcalde destacado de los populares en la provincia considera que la polémica se circunscribe a un territorio más concreto, al sur de la provincia, y que la protagonizan representantes de municipios de pequeño tamaño, a los que en todo caso traslada el “máximo respeto”. “Pero hay que tener las miras amplias: el objetivo es echar a Pedro Sánchez y debemos remar todos en la misma dirección. No me preocupa Alberto Izquierdo, me preocupa Sánchez; todo lo demás es jugar al regate corto”, argumenta.

Otros ediles consideran sin embargo que el enfado es muy mayoritario en la provincia. Creen que el fichaje del presidente del PAR supone “la gota que colma el vaso” en cuanto al ninguneo hacia Teruel y, además, achacan a la dirección popular una “falta de comunicación” con la provincia.

Mientras, las aguas tampoco bajan calmadas en el PAR, donde la incorporación de Alberto Izquierdo se observa en algunos ámbitos como una traición al partido. El presidente aragonesista ha participado en la tarde de este martes en una asamblea provincial extraordinaria del partido en Utrillas, un encuentro en el que se ha analizado y debatido el “posicionamiento sobre la situación política actual”, en el contexto de las duras críticas a Izquierdo por haber actuado “al margen del mandato” de los órganos del partido, ante lo que se pide su “dimisión”.

Y hoy el encuentro se traslada a Zaragoza, con otra asamblea extraordinaria provincial, en este caso en Zuera. A esta localidad pertenece uno de los principales apoyos de Izquierdo, el secretario general del partido, Francisco Nasarre.