Cada año, los suizos votan sobre una docena de cuestiones sustantivas: pensiones, infraestructuras, inmigración o fiscalidad. En España, la ciudadanía dispone de una papeleta cada cuatro años y se llama partido. Entre tanto, lo que hay es silencio.

El pasado fin de semana, los helvéticos rechazaron en referéndum la iniciativa "No a una Suiza de diez millones", impulsada por la derecha populista. La propuesta responde a problemas reales —vivienda, congestión, presión sobre los servicios públicos—, pero la mayoría optó por no blindar las fronteras ni tensar las relaciones con la UE. Fue un voto consciente: obligó a debatir sin intermediarios y a elegir entre costes reales. En España, algo así sería ciencia ficción.

No porque los españoles seamos menos capaces, sino porque nuestro sistema está diseñado para que los partidos sean los protagonistas casi exclusivos de la vida política. La Constitución les encomienda canalizar la participación política y les exige un funcionamiento democrático. Al mismo tiempo, limita los referéndums vinculantes de ámbito nacional: los previstos en el artículo 92 son meramente consultivos y solo pueden ser convocados por el Gobierno con autorización del Congreso. Sobre el papel, es una opción razonable para evitar derivas populistas.

El problema real es que la vida interna de los partidos es muy poco democrática y sus estructuras de poder se ponen al servicio del líder. Las primarias plebiscitarias y las listas cerradas y bloqueadas han blindado esta lógica. El diputado debe su escaño al aparato, no al votante. La discrepancia se castiga como traición y el debate interno se sustituye por obediencia ciega. Ha ocurrido en todos los partidos relevantes de las últimas décadas. Hoy sucede en el PSOE de Pedro Sánchez con especial intensidad: las discrepancias han sido silenciadas y el Comité Federal ya ni siquiera se convoca cuando los estatutos lo exigen. El silencio no es consenso; es miedo interno.

Cuando estallan los casos de corrupción, los partidos no depuran, atacan. Cuestionan las investigaciones policiales y cargan contra los jueces. Olvidan que las instituciones no pertenecen al Gobierno de turno: son de todos, y su neutralidad es lo que las hace irreemplazables. Es lo que ocurre ahora mismo en el PSOE con un descaro inaudito, especialmente llamativo en quien llegó al poder en 2018 vendiendo regeneración. Que el PP tampoco pueda dar grandes lecciones no lo disculpa.

Suiza es un caso único en el mundo, también con sus defectos, pero su ejemplo ilumina nuestras carencias. En España, la democracia representativa ha sido secuestrada por la partitocracia. El poder se concentra arriba. La deliberación ha desaparecido abajo. Así opera una democracia de aparatos.