Sobre las 15:00, Jesús Aguirre declaró constituido el Parlamento de la XIII Legislatura. Moreno charlaba con Arenas y Zoido y abrazaba al presidente de la CEA. Entre el público estaba Juan Espadas, ahora senador del PSOE, próximamente posible compañero de bancada de Montero en la Cámara Alta. La portavoz adjunta socialista en el Parlamento, María Márquez, ni confirmó ni desmintió: «El foco debe estar en el atropello de la Mesa del Parlamento». Segundos después se disculpaba ante un reportero porque lo había confundido con el agitador Vito Quiles. «Tengo la vista fatal». Los problemas de visión de la política llamada a que sobre ella recaigan las esperanzas del PSOE-A en un presente futuro –en tanto Montero sólo garantiza ir «partido a partido»– resumen, más allá de la anécdota, el diagnóstico del que fuera el partido hegemónico de Andalucía. El PSOE ha perdido las luces largas y el pulso de la calle. Se cumple un lustro de las primarias en las que Espadas, aupado por Ferraz, consiguió desbancar a Susana Díaz. Dos años y medio antes, el PSOE perdió la Junta tras 36 años de poder y todavía no se ha recuperado.

Espadas empeoró los resultados de Susana Díaz. «Hay quien firmaría ganar como en 2018», dijo en su momento la ex presidenta. Ante la falta de pulso en el Congreso Federal de Sevilla, Pedro Sánchez optó por Montero para sustituir al ex alcalde. La ex vicepresidenta volvió a empeorar los resultados de Espadas. El PSOE, desde el 2-D de 2018, como Jack Sparrow, tiene una brújula que marca lo que desea pero no tiene rumbo.

Espadas pasó de la victoria en las primarias al estancamiento electoral. Comenzó a recorrer las provincias orientales, donde su nombre apenas sonaba, y los barones se conjuraban para «la remontada». Antes de las elecciones de 2022 de la mayoría absoluta de Moreno, Espadas lamentaba que el PSOE iba ahora «sin el aparato» de la Junta. El parche precedió a la herida. En el intento de salvar el suelo del millón de votos, el PSOE-A recurrió a los bots telefónicos. Este año, con Montero, se han denunciado llamadas de supuesto personal del SAS pidiendo el voto contra «la privatización». El suelo del PSOE se ha hecho más profundo: Escuredo sacó 66 escaños (1982); De la Borbolla, 60 (1986); Chaves, 62 (1990), 45 (1994), 52 dos veces (1996 y 2000), 61 y 56 (2004 y 2008); Griñán, 47 (2012), igual que Susana Díaz en 2015; en 2018, Díaz sacó los citados 33; Espadas, 30 (2022); y Montero se quedó en 28 (2026). En este tiempo, Ferraz se ha impuesto del todo ante la pérdida de poder local. Atrás quedaron los tiempos en los que el pulgar de Griñán se posicionaba en contra del aparato apostando por Carme Chacón frente a Rubalcaba, bajo el tamiz de la llamada «neutralidad activa». El partido en Andalucía ha dejado de gestionar más de 1.200 millones con la pérdida de las diputaciones, más allá de Sevilla y Jaén. Lo que antes era una voz de peso en Ferraz, se ha diluido entre decisiones impuestas, liderazgos transitorios y un creciente descrédito territorial.

El PSOE perdió la Junta pero antes había perdido el discurso. Sus banderas históricas cayeron: la de los servicios públicos (que motivó junto a los ERE su fin en la Junta) y el andalucismo ya como hecho compartido, sobre todo tras la reforma del Estatuto a partir de 2004, cuando Arenas salió indemne del sortilegio con el error histórico del 28-F. La mercadotecnia y el olfato –dos elementos infalibles en el partido históricamente– se atrofiaron. La elección de las fechas electorales, cuyo máximo exponente lo protagonizó Griñán salvando la Junta en 2012 con el retraso de los comicios, tampoco fue acertada. El duelo es el proceso de adaptación emocional que sigue a una pérdida. Psicológicamente, tiene cinco fases. El PSOE ya ha pasado la negación, la ira y la negociación. Los socialistas, que ya han pedido comparecencias en el Parlamento y plantearán una oposición dura con las izquierdas sin una abstención que obligue a Moreno a pactar con Vox, arrancan la XIII Legislatura entre la depresión y, por fin, la aceptación.

La Policía Local de Sevilla arrastra una deuda de diez millones en servicios extraordinarios impagados, según trasladó a LA RAZÓN el presidente del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (SPPME) en Sevilla, Luis Val, en un balance que abarca desde la final de la Europa League de 2022 hasta los festivos y la Feria de abril de este año. El dato no es un accidente contable puntual sino un patrón de demora sistemática en el abono de gratificaciones y productividades que, según Val, convive con un desmantelamiento progresivo de las unidades operativas más sensibles del cuerpo.

Diez millones de euros y una plantilla que trabaja con lo que tiene: es la radiografía que el sindicato expone sobre la mesa del Consistorio. La deuda se acumula en capas. Entre los conceptos pendientes de cobro figuran la productividad de noviembre y diciembre de 2025, las elecciones autonómicas de ese año, el Plan Navidad 2024-25, los meses de febrero a mayo de 2026, los festivos del ejercicio en curso, la Semana Santa y el exceso de jornada de las Fiestas Primaverales, informó el Sppme. El caso más llamativo por su antigüedad y por su valor simbólico: la final de la Europa League entre el Eintracht y el Rangers, disputada en el Pizjuán el 18 de mayo de 2022. Más de un centenar de policías esperaron cuatro años para cobrar unas horas que el Ayuntamiento ignoró por un error de la propia Jefatura, según reconoció en su momento CSIF, otro sindicato implicado en la reclamación judicial. El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Sevilla condenó al Consistorio a abonar a un agente 239,70 euros más intereses por ocho horas extraordinarias. La aceptación municipal de esa sentencia se extendió finalmente al centenar largo de afectados. Cuatro años para cobrar algo menos de 240 euros: la velocidad de la maquinaria administrativa cuando el acreedor es el funcionario de a pie que vela por la seguridad ciudadana. La cumbre de la ONU celebrada en Sevilla figura también entre los servicios pendientes de liquidar, lo que añade una dimensión de imagen institucional al problema.

Fuentes municipales consultadas por este diario atribuyen los retrasos no a voluntad política sino a los mecanismos administrativos propios de cualquier administración pública, sometida a exigencias de transparencia y control del gasto. Las mismas fuentes señalan que en mayo de 2026 el Gobierno de Sanz llevó al Pleno una ampliación de doce millones de euros destinada a sufragar servicios extraordinarios de personal funcionario, que se sumaban a los 12,36 millones ya consignados en los Presupuestos para productividades y otros cinco millones en gratificaciones. La deuda, no obstante, sigue creciendo mientras se aprueban créditos suplementarios. El problema va más allá de lo económico, denuncia el Sppme en Sevilla. Su presidente Luis Val señala que la plantilla opera con déficits estructurales que comprometen la respuesta operativa en áreas críticas de la ciudad. El Grupo Diana, unidad especializada en violencia de género, cuenta con nueve componentes: cada agente asume el seguimiento de aproximadamente un centenar de mujeres, algunas con menores a cargo. La unidad dispone de un único vehículo y, según el sindicato, sus efectivos deben mendigar ordenadores para poder trabajar. Así funciona una unidad encargada de proteger a las víctimas más vulnerables, recuerda el sindicato. La Unidad de Atestados –inspección de guardia para delitos– está, en palabras de Val, casi desmantelada. Los agentes deben desplazarse a dependencias de la Policía Nacional para tramitar atestados judiciales y gestionar detenidos, una situación que deja en evidencia hasta qué punto la merma de medios tiene consecuencias operativas directas. El Grupo Fiscal de Falsificaciones trabaja con dos policías. La Unidad Turística, encargada de combatir robos y carteristas en el centro, tiene cinco. La Unidad de Venta Ambulante cuenta con 30 agentes cuando la relación de puestos de trabajo establece 70; a la unidad de motos le faltan otros 30 efectivos para completar su dotación reglamentaria, continúa el Sppme. A este cuadro se suman, según Val, oposiciones paralizadas para los rangos de oficial, subinspector e inspector –algo que el Ayuntamiento niega, afirmando que no hay ningún proceso selectivo detenido– y la ausencia de concursos de traslados durante tres años consecutivos. Sin ese mecanismo, ningún agente puede cambiar de destino, las plazas que dejan las jubilaciones en unidades estratégicas quedan sin cubrir y la plantilla queda congelada en una distribución que responde a la inercia y no a las necesidades.

El Ayuntamiento dirigido por José Luis Sanz apeló el pasado 6 de junio a una macroconvocatoria de 150 plazas, que se sumaría a las 220 incorporaciones previstas entre 2023 y 2027. El Gobierno municipal la calificó de «apuesta histórica» y cifró en 370 el total de nuevos policías que se incorporarán a la plantilla actual. En 2026 se sumarán 94 agentes: 18 ya posesionados, 28 que concluyen formación en julio, 39 que lo harán en noviembre y 9 procedentes de movilidad horizontal, según el Ayuntamiento. La promesa es ambiciosa aunque no resuelve, al menos de momento, la deuda que denuncia el sindicato y que el Ayuntamiento no desmiente. Un déficit sobre quienes ya están en la calle. La brecha entre el horizonte y los diez millones impagados pesa sobre los agentes en activo y supone, de momento, la medida de una tensión que vive sus puntos más álgidos con cada evento extraordinario de una ciudad como Sevilla en la que casi cada fin de semana hay un evento o sale un paso.

Vox se ha quedado sin hueco en la Mesa del Parlamento de Andalucía... de momento. El portavoz del partido de Abascal en la Cámara andaluza, Manuel Gavira, se mostró abierto a "un cambio" en la composición del órgano que reparte juego legislativo, "como ha pasado" en otras comunidades en las que Vox alcanzó influencia política, siempre supeditado a "las medidas".

"Primero, las medidas", insistió Gavira tras la celebración del Pleno de conformación de la Mesa, en el que Jesús Aguirre repite como presidente de la Cámara. Gavira apeló a "la humildad" pero también " la firmeza y la convicción" para hacer valer el peso de Vox, cuyos votos son imprescindibles para la investidura de Juanma Moreno al quedar a dos escaños de la mayoría absoluta.

"PP y PSOE copan la mesa", señaló Gavira, contraponiendo la postura de su formación: "Lo importante es acordar las políticas". Gavira señaló que en el primer encuentro con Juanma Moreno predominó "la buena voluntad". También se cerró en banda a ceder carteras como Agricultura, a pesar de que desde las organizaciones del sector se pide continuidad. "Nos llaman agricultores y pescadores y están de acuerdo con nuestras políticas", dijo Gavira. Medidas primero, ya se verá lo demás. Como en el resto de comunidades. Sólo hay un Vox en España", dijo Gavira, indicando que en los próximos días "se cruzarán medidas" para tratar de llegar a un acuerdo y "ya se verá" quién las ejecuta.

Vox definió su posición en el primer Pleno como "un acto de congruencia". El portavoz del PP en el Parlamento, Toni Martín, confirmó que los populares ofrecieron algún puesto en la Mesa a Vox, que fue rechazado. De ahí que la composición final haya sido de cinco cargos para el PP y dos para PSOE. Los populares instaron a todos los grupos "a dialogar" y defendieron la apuesta de Moreno "por la continuidad". Sobre un cambio en la mesa, indicó que "podría ser una posibilidad" pero de momento "no se ha planteado". "Paso a paso". Martín insistió en "la aspiración del PP de gobernar solos".

Por su parte, la oposición apeló al "teatro" de la primera sesión plenaria. La socialista María Márquez habló de "un espectáculo impresentable", criticando que "otra vez sea presidente Jesús Aguirre, el consejero de los cribados y de la privatización de la sanidad". Para el PSOE es "una falta de respeto" que muestra "la soberbia" de Moreno. Como "puro teatro", definió María Márquez la composición de la Mesa del Parlamento, señalando que el Grupo Socialista ya ha registrado la petición de comparecencias, para empezar sobre los incendios en Huelva.

Desde Adelante Andalucía, José Ignacio García insistió en la idea de que las derechas "se entenderán". Para José Ignacio García, "hemos asistido a un psicodrama de las derechas", "un teatrillo". "Veréis cómo se ponen de acuerdo".

Por Andalucía criticó, en palabras de Antonio Maíllo, que la legislatura arranque "como si hubiera mayoría absoluta", con cinco de siete miembros de la Mesa para el PP, lo que consideró "desproporcionado". "Vox es el único interlocutor para Moreno", señaló Antonio Maíllo.

La legislatura empieza fuerte. Con la negociación entre PP y Vox para lograr la investidura de Juanma Moreno abierta, los de Abascal no obtienen representación en la Mesa del Parlamento, el órgano que reparte el juego en la Cámara. Repite Jesús Aguirre como presidente de la institución, el segundo cargo más importante de la comunidad tras el del presidente de la Junta. El PP obtiene dos vicepresidencias y el PSOE, una. Las secretarías se reparten entre Jota Carmona, del PP; Olga Manzano, del PSOE ; y Julia Ibáñez Martínez, del PP.

Pasadas las 12:10 arrancó el Pleno de constiución del Parlamento de Andalucía, con gran expectación y, en principio, con dudas sobre el acuerdo del grupo mayoritario del PP con Vox para la composición de la Mesa. El Pleno, trasladado de la antigua capilla del Hospital de las Cinco LLagas por obras, obligó a celebrar la jornada con el gran parte del público y toda la prensa fuera de la sala. El Pleno de una legislatura que depende en gran medida del apoyo de Vox al PP para conseguir la mayoría, comenzó con un minuto de silencio por las últimas víctimas de violencia de género y por el fallecimiento del que fuera consejero de Universidad José Carlos Gómez Villamandos. Una rosa blanca, como ocurrió en el último Consejo de Gobierno, ocupó el escaño de Villamandos. Sonaba con fuerza el nombre de Patricia del Pozo pero repite como presidente del Parlamento de Andalucía Jesús Aguirre.

La sesión constitutiva del Parlamento de la XIII legislatura arrancó con la constitución de la Mesa de Edad, presidida por el propio Aguirre, como el de mayor edad (70 años) y por los parlamentarios de Adelante Andalucía Javier Montes (número dos por Sevilla, de 26 años) y Luis Rodrigo (número uno por Málaga, de 27 años).

Por Andalucía no presentó candidato a la Presidencia del Parlamento, al igual que Vox y PSOE. Adelante Andalucía sí presentó a Begoña Iza. El PP presentó como candidato a Jesús Aguirre. La primera votación se saldó con un total de 53 votos para Aguirre, que son los escaños que consiguió el Partido Popular en las pasadas elecciones del 17 de mayo. Begoña Iza obtuvo 8 votos y se registraron 48 abstenciones. Al no tener mayoría absoluta, se repitió la votación. El segundo recuento se saldó con el mismo resultado y Aguirre quedó proclamado presidente del Parlamento por mayoría simple.

Patricia del Pozo fue clave en la primera legislatura en las negociaciones para conformar Gobierno con Cs con el apoyo extraparlamentario de Vox y sonó con fuerza, otra vez, como presidenta de la Cámara andaluza. Aguirre es el candidato de mayor edad del Parlamento. Juanma Moreno vuelve a apostar por la seguridad. En la anterior legislatura, Aguirre recibió críticas de la oposición principalmente por no permitir un debate general sobre la sanidad, principalmente tras la crisis de los cribados de cáncer.

Jesús Aguirre pasó a presidir el Parlamento de Andalucía después de ser consejero de Salud en la primera legislatura con Juanma Moreno. Ha sido diputado por Córdoba en la candidatura del Partido Popular; Médico titular A.P.D. (Asistencia Pública Domiciliaria) por oposición desde 1982. Ha trabajado en Peñarroya-Pueblonuevo, Carcabuey, Fuente Palmera y Córdoba. También ha sido delegado de la Junta de Personal del Área Centro de Córdoba del SAS (1996-2003); Vicepresidente del sindicato Médico de Córdoba (1998-2001); Presidente del Iltre. Colegio Oficial de Médicos de Córdoba (febrero 2001-2006); y Vicepresidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España (2006-2008). En el Partido Popular ha sido Senador electo por Córdoba en las Legislaturas IX, X y XII. Es miembro de la Junta Directiva Regional y Local del Partido Popular y miembro del Comité ejecutivo Local del PP.

El Parlamento andaluz, según recogió Ep, ha contado con once presidentes distintos desde su primera legislatura, constituida en 1982, de los que ocho han sido hombres -Antonio Ojeda, Ángel López, José Antonio Marín Rite, Diego Valderas, Francisco Javier Torres Vela, Manuel Gracia, Juan Pablo Durán y Jesús Aguirre-, y tres mujeres; en concreto, María del Mar Moreno, Fuensanta Coves y Marta Bosquet.

Vicepresidencias

Ana Mestre obtuvo 33 votos para la vicepresidencia; Fernando López Gil fue el segundo más votado; vicepresidente tercero fue elegido Manuel Andrés González. Vox se queda sin representación en la Mesa del Parlamento. En Andalucía, a diferencia de otras regiones, es la primera vez que ocurre desde que tienen representación parlamentaria, esto es, desde enero de 2019. Los candidatos de Vox -Beatriz Sánchez-, Adelante Andalucía -Begoña Iza- y Por Andalucía -Esperanza Gómez- se han quedado sin ser elegidas al obtener 15, ocho y cinco votos, respectivamente.

Aguirre, tras la jura o promesa del cargo de los 109 diputados, agradeció la confianza depositada en él. "Comenzamos la XIII Legislatura con una amplio sentido de responsabillidad", señaló, invitando a "dialogar desde el respeto y la cortesía parlamentaria". Aguirre apeló a las palabras del Papa León XIV en el Congreso, sobre el diálogo y "la grandeza del servicio".

La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, mediante su Sentencia núm. 19/2026, con fecha de 16 de abril de 2026, ha ratificado la condena impuesta a un soldado del Ejército del Aire y del Espacio por un delito consumado de maltrato de obra a otro militar en concurso ideal con un delito de lesiones leves. El fallo desestima íntegramente el recurso de casación interpuesto por la defensa , que pretendía anular la condena alegando una vulneración del principio non bis in idem -el derecho a no ser sancionado dos veces por el mismo hecho- y solicitando el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad.

El Tribunal fundamenta su resolución en la consolidada doctrina que interpreta el artículo 49 del Código Penal Militar (CPM). El argumento central del recurrente sostenía que la aplicación conjunta de las penas por maltrato de obra (según el CPM) y por lesiones leves (según el Código Penal común) suponía una doble penalización.

Sin embargo, el Supremo aclara que el legislador ha configurado este precepto bajo el sistema de concurso ideal heterogéneo. Esto significa que, aunque el hecho sea único, lesiona bienes jurídicos distintos: por un lado, la disciplina, la jerarquía y la integridad física en el ámbito militar (protegidos por el artículo 49 CPM); y por otro, la salud e integridad física personal de forma genérica (protegidos por el artículo 147.2 del Código Penal común). La sentencia subraya que el interés jurídico protegido por la norma castrense es "ajeno a las pretensiones subjetivas" del particular y responde a la necesidad de mantener la eficacia de las Fuerzas Armadas.

Asimismo, respecto a la queja sobre la suspensión de funciones previa aplicada administrativamente, el Tribunal recalca que dicha medida "es una situación administrativa, sin naturaleza sancionadora alguna" , por lo que no puede computarse como una pena previa que vulnere el principio non bis in idem. El Tribunal recuerda que la norma prevé mecanismos de compensación y cómputo de tiempo en caso de absolución, confirmando la distinción entre el ámbito sancionador penal y el administrativo disciplinario.

Los hechos probados, que el propio acusado admitió en el juicio oral , ocurrieron el 29 de julio de 2024 en las instalaciones de la Secretaría de la Escuadrilla de Despliegue en Sevilla. Según recoge la sentencia: "El soldado reacciona abalanzándose" sobre el otro soldado, "que se encontraba sentado en su silla de trabajo, llegando a desplazarlo hacia atrás, agarrándolo fuertemente por el cuello, a la vez que lo amenazaba con aplastarle la cabeza si le volvía a llamar tonto".

Como consecuencia de esta agresión, la víctima sufrió un "eritema superficial en cuello y región subclavicular derecha", lesiones clasificadas como leves. Por estos hechos, el tribunal de instancia condenó al acusado a ocho meses de prisión por maltrato de obra a otro militar y a un mes de multa por las lesiones leves. La sentencia del Supremo confirma esta decisión, declarando las costas de oficio , ya que "la actuación de la parte queda limitada a someter a la Sala la posibilidad de adoptar la decisión de plantear tal cuestión (de inconstitucionalidad), posibilidad que será acordada por el órgano jurisdiccional conforme a su libre criterio".