La presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha mostrado este viernes su “absoluto respaldo y apoyo” a los integrantes de la carrera judicial que “se ven afectados por actuaciones y presiones”. Durante su intervención en el acto de clausura de las XXXIV Jornadas de presidentes de Tribunales de Instancia —los antiguos jueces decanos—, Perelló ha dicho que ese tipo de manifestaciones “no respetan” el marco de lealtad institucional, que es “un deber implícito en la Constitución”. 

Las palabras de la también presidenta del Tribunal Supremo se producen semanas después de que diferentes miembros del Gobierno salieran en tromba contra el juez Juan Carlos Peinado tras su decisión de proponer sentar en el banquillo de los acusados a Begoña Gómez por cuatro delitos carentes, por ahora, de base probatoria y en contra del criterio de la Fiscalía, que ha solicitado de forma reiterada el archivo de esa causa.

En la mañana de este mismo viernes, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido en una entrevista en Espejo Público (Antena 3) su derecho a criticar a Peinado y ha negado que sus manifestaciones supongan ninguna forma de “presión” contra el magistrado.

Así, el ministro ha reiterado que su opinión que tiene sobre la instrucción del juez Peinado “es muy negativa”, pues considera que “no es normal que haya 15 revocaciones” de la Audiencia Provincial en una fase de instrucción y que el Tribunal Supremo también haya “tumbado instrucciones”. El alto tribunal frenó el intento del juez de implicarle a él mismo en la causa. 

“Injerencia externa”

Horas después, en su discurso ante los antiguos jueces decanos, la presidenta del CGPJ ha llamado a defender la “independencia” de los jueces “frente a cualquier forma de injerencia externa, venga de donde venga”. “Los jueces necesitan ejercer su función con plena autonomía de criterio, guiados únicamente por el Derecho”, ha aseverado. 

“Ni la mejor organización, ni las mejores leyes, ni los medios mejor dotados servirían para dar respuesta a la sociedad si no contáramos con el factor humano que representan todos los integrantes de la Carrera Judicial”, ha afirmado Perelló. 

Además, la presidenta ha hecho alusión a las palabras que pronunció la semana pasada el presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), Mattias Guyomar, durante su visita al alto tribunal español. Guyomar afirmó que “cada vez que se ataca a un juez por lo que ha hecho en el ejercicio de sus funciones, es el Estado de Derecho lo que se pone en tela de juicio”, según ha recordado Perelló, que también se ha referido a las advertencias de la Comisión Europea de que los poderes ejecutivo y legislativo deben evitar caer en críticas que minen la independencia del Poder Judicial o la confianza pública en este.

Críticas a la reforma de Bolaños

En las jornadas que ha clausurado Perelló, los presidentes de Tribunales de Instancia han suscrito un escrito de conclusiones crítico con la reforma que sustituye los antiguos 3.900 juzgados unipersonales por 431 Tribunales de Instancia organizados por jurisdicciones y secciones especializadas. Así, cuestionan los mensajes “optimistas” sobre ese cambio legal y denuncia que se ha llevado a cabo con “desorganización”, “sin medios”, “sin tiempo suficiente” y “sin escuchar” a los operadores jurídicos. 

En este sentido, sostienen que los tribunales siguen careciendo de los recursos materiales y personales necesarios, lo que obliga a los profesionales a trabajar con un “notable sobreesfuerzo personal” debido a las “tímidas inversiones” por parte de la Administración. Y exigen al Ministro de Justicia que su promesa de crear nuevas plazas judiciales vaya acompañada de “la debida dotación de recursos personales y materiales”. “No es asumible que la creación de una Plaza Judicial no se acompañe del incremento proporcional de personal al servicio del Tribunal de Instancia”, recoge el escrito. 

La implementación progresiva del nuevo modelo se inició en julio de 2025 y culminó el 1 de enero de 2026, hace apenas tres meses. El asunto fue abordado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que concluyó en un informe que la reforma “no ha provocado suspensiones o demoras, más allá de casos puntuales”. El documento, no obstante, sí apreciaba problemas de “insuficiencia de personal”, de falta de adaptación de los medios informáticos y de “dispersión” de las sedes, que no se han reformado para ajustarse al nuevo modelo organizativo. 

El Ministerio de Justicia ha defendido, de acuerdo a sus datos oficiales, que en el primer año de la entrada en vigor de la reforma se han empezado a notar los efectos con un descenso de la litigiosidad y, por primera vez desde 2016, una reducción de los asuntos pendientes. 

En total, la bajada de la litigiosidad en los cuatro órdenes (incluyendo penal, social y contencioso-administrativo) es del 9,9% de abril de 2025 a abril de 2026. Solo en los órdenes civil y mercantil, donde la mediación es obligatoria desde hace un año, el porcentaje de caída llega al 20,4%. En 2024, la litigiosidad creció un 11,4% según datos del CGPJ. Son datos de las comunidades que no tienen la competencia de Justicia transferida: Castilla y León; Castilla-La Mancha; Extremadura; Murcia; Baleares; Ceuta y Melilla, a los que se suman los de Asturias y La Rioja. 

El Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rechaza de nuevo expedientar al juez Juan Carlos Peinado por las quejas que recibió hace meses por su forma de instruir dos casos con repercusión política, según ha publicado El Español y han confirmado fuentes del órgano a elDiario.es. La autoridad disciplinaria ya propuso el archivo en una primera ocasión, el pasado abril, pero la Comisión Permanente lo rechazó y le pidió que completara la investigación. 

Dos de esas quejas las formuló el ministro Félix Bolaños, que denunció que el juez actuó de forma “irregular” cuando le interrogó como testigo en la Moncloa en el caso contra Begoña Gómez y cuando, después, pidió sin éxito al Tribunal Supremo que abriera una causa contra él. El magistrado exigió una tarima para poder colocarse en un plano superior al del ministro, le acusó de contestar con “evasivas” y le llegó a reprochar que sonriera. En su propuesta de archivo, el Promotor afirma que se trata de “decisiones que pueden debatirse, pero que, al margen de su acierto o desacierto, constituyen una manifestación del ejercicio de la función jurisdiccional de la que el denunciado es titular”. 

Las otras dos quejas fueron presentadas por Más Madrid y el diputado del PSOE Guillermo Hita, que denunciaron una “desatención de sus obligaciones judiciales” porque Peinado dictó con dos meses de retraso una prórroga en el caso de presunta malversación del gerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) por pagar un precio desorbitado por un acto a OkDiario. El Promotor también proponía el archivo de la queja presentada por Más Madrid.

La Permanente, que tendrá la última palabra al respecto, está formada por siete miembros: cuatro vocales conservadores, tres progresistas y la presidenta, Isabel Perelló, que tiene voto de calidad en caso de empate.

Además, el Promotor también tiene abiertas otras diligencias a Peinado tras una queja por una filtración a OkDiario de información de la causa que sigue contra Begoña Gómez. Esta queja parte de la defensa de la trabajadora de la Moncloa Cristina Álvarez, asistente de la mujer del presidente.

Su letrado, José María de Pablo, puso en conocimiento del CGPJ un escrito en el que acredita, con varios pantallazos, que el digital que dirige Eduardo Inda publicó el contenido de una providencia dictada por el juez 15 horas antes de que ese documento fuera trasladado a las partes a través de LexNET, la plataforma del Ministerio de Justicia que sirve para comunicarse electrónicamente con los juzgados y tribunales. La filtración, por tanto, solo podía provenir del juzgado, según el escrito.  

La defensa del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha hecho llegar al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama un escrito en el que plantea dudas sobre la obtención y la correcta custodia del contenido del teléfono móvil que fue interceptado por agentes norteamericanos en 2021 a Rodolfo Reyes, empresario que por entonces era socio mayoritario de Plus Ultra.

En el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, el letrado reacciona al auto de Calama por el que emitía una comisión rogatoria a EEUU con el objeto de tener el consentimiento de ese país para poder usar como fuente de prueba de cara a un eventual juicio penal esas conversaciones del empresario. Conversaciones que fueron clave tanto para la imputación del expresidente como para las entradas y registros llevados a cabo por agentes de la UDEF.

Ante la “parquedad de información” proporcionada hasta el momento sobre el origen de estas pruebas, la defensa del expresidente ha solicitado que el requerimiento a EEUU se amplíe con ocho peticiones. Entre ellas, reclama la resolución judicial o administrativa que autorizó la incautación y el clonado del teléfono, así como los detalles del procedimiento abierto contra Reyes en EEUU. A nivel técnico, exigen conocer qué autoridad realizó el volcado, qué software se empleó y, sobre todo, que se aporten los mecanismos de verificación —como códigos hash y actas de desprecinto— con los que se pueda determinar si las conversaciones han sufrido algún tipo de manipulación.

El letrado, Víctor Moreno Catena, explica que con esta ampliación de la información lo que se busca es “garantizar el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales” del expresidente en el procedimiento abierto en la Audiencia Nacional contra él por haber participado, presuntamente, en una trama dedicada al tráfico de influencias. Su defensa entiende que la ausencia de una información completa que arroje luz sobre el método de volcado, la autenticidad de las comunicaciones o la conservación y custodia del dispositivo por parte de la policía norteamericana “permite plantear dudas razonables sobre el respeto del derecho a un proceso con todas las garantías”.

También se muestra preocupado por las circunstancias en las que se ha producido el intercambio de esa información entre los órganos policiales, “sin intervención judicial conocida”. Y explica que estos vacíos de información provocan “graves dificultades sobre las condiciones para el ejercicio del derecho de defensa”. E insiste en que es imprescindible que la defensa pueda disponer “de una posibilidad real y efectiva de discutir y controvertir (...) la autenticidad, integridad, trazabilidad y contexto de todos los materiales que se usan como elementos probatorios de cargo”.

Por eso, además de las peticiones mencionadas, Moreno Catena quiere conocer también el alcance de la extracción (“total, parcial, física, lógica, remota o selectiva”) del contenido del móvil así como el software o la herramienta utilizada para ese fin y la autoridad que llevó a cabo el análisis del dispositivo. Y pide conocer cómo y cuándo se remitieron esas evidencias a las unidades policiales españolas, y las comunicaciones precedentes entre las unidades policiales españolas y el Homeland Security Investigations (HSI). A esto añade que se debe saber si esa cooperación policial contó con la autorización del órgano competente de los EEUU.

Recuerda que, según detalló el juez este pasado martes en un auto, el HSI remitió ese contenido del móvil de Reyes el pasado 18 de marzo de 2026. Cinco años después de que fuera intervenido cuando el empresario trató de acceder a EEUU por el aeropuerto de Miami. Y lamenta que hasta el momento ese volcado “no consta que se haya elevado a la plataforma Cloud” a la que acceden todas las partes del proceso.

En otro escrito de 2 de junio, previo a éste y al auto del juez acordando el requerimiento a EEUU, el abogado ya denunciaba “algunas omisiones relevantes” que afectaban directamente al ejercicio del derecho de defensa porque “hay evidencias digitales que no constan en la causa”. Se refería ya entonces a que no podía consultar dos dispositivos de los que se habían extraído múltiples conversaciones para sustentar los atestados de la UDEF.

Y concretaba que se refería al llamado “disco Crucial” donde se contiene el chat 'Danilo España', y el dispositivo de Rodolfo Reyes que fue facilitado a la policía por la HSI. “Esa circunstancia genera una clara indefensión y vulnera el derecho a un proceso con todas las garantías, pues no cabe espigar o presentar fragmentariamente una comunicación y ocultar su totalidad”, decía.

Por eso, advertía de que o se proporcionaban íntegramente los dispositivos a se debían excluir también por completo, “suprimiendo las referencias a los contenidos que han podido ser examinados por las partes”.

Calama busca asegurar la prueba

En el auto del juez por el que acordaba esa comisión rogatoria a EEUU, se indicaba que el contenido de ese móvil llegó a los investigadores españoles por cauces de colaboración internacional entre cuerpos policiales. Reconocía, al mismo tiempo, que el material incautado a Reyes ya había sido utilizado hasta la fecha “como elemento de investigación”, pero advertía de que, dada su relevancia para el esclarecimiento de los hechos investigados, resultaba necesario “determinar las condiciones de su eventual incorporación al proceso para poder ser utilizado, en su caso, en el plenario, como medio de prueba con plenos efectos procesales”. Es decir, buscaba asegurarse de que su contenido pueda ser usado en el juicio y no sea fuente de posibles nulidades futuras.

En los fundamentos del auto explicaba que esa cooperación entre policías permitió que la UDEF tuviera en sus manos información relevante sobre una investigación transnacional iniciada en 2018 “contra una red de empresarios venezolanos y personas políticamente expuestas dedicada al blanqueo de capitales, corrupción y ocultación de activos mediante estructuras financieras sofisticadas”. Y que esa red usaba empresas pantalla y realizaba operaciones internacionales que incluían sobornos, fraudes y el desfalco de fondos públicos.

El juez apuntaba que esa investigación transnacional se ha realizado en coordinación con las oficinas del HSI de en Nueva York, Tampa, Miami y Boston, y con autoridades de Francia, Suiza, España, Andorra y Portugal. El objetivo era “identificar y desarticular redes que facilitan la circulación global de fondos ilícitos y favorecer la recuperación de activos”. Indicaba que una de las líneas se centraba en Rodolfo Reyes, investigado por blanqueo y evasión de sanciones mediante compañías como Plus Ultra, Capital Bank, Panacorp y Dinosaur Bank. El HSI obtuvo en 2021 una extracción telefónica que, aunque inicialmente estaba orientada a ver si participó en contrabando, reveló comunicaciones con instrucciones para mover fondos ilícitos, gestionar préstamos de rescate y coordinar pagos ilegales. No ha sido hasta 2026 que el HSI ha considerado que podría tener relevancia para la investigación española relativa a Plus Ultra.

La Fiscalía General del Estado ha respondido en la mañana de este miércoles al requerimiento de información realizado por el juez de la Audiencia Nacional que investiga las maniobras de la exmilitante del PSOE Leire Díez contra los jefes de la UCO o de la Fiscalía Anticorrupción que investigaban a dirigentes socialistas. El escrito confirma la existencia de dos reuniones de Leire Díez y el abogado Jacobo Teijelo con el entonces teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe, en los meses de marzo y abril de 2025, tal y como publicó elDiario.es. 

A diferencia de lo que Leire Díez alardeaba ante sus contactos, la Fiscalía General del Estado niega que quien fuera su máximo representante en ese momento, Álvaro García Ortiz, estuviera presente en esas reuniones. Así, el escrito enviado al juez sostiene que el ex fiscal general fue informado “a posteriori” de ambas reuniones.

Además, el informe subraya que ninguno de los dos fiscales recibió “indicación alguna” de García Ortiz y que no se llevó a cabo “ninguna actuación” posteriormente por la Fiscalía, ya que se entendió que la narración efectuada por el letrado Jacobo Teijelo se limitaba a contener una serie de alegaciones carentes de cualquier tipo de sustento probatorio concreto.  

Jacobo Teijelo es ahora uno de los dos letrados que defienden a Santos Cerdán, el ex secretario de Organización del PSOE imputado en el caso de supuesto amaño de obras públicas del Ministerio de Transportes que investiga la Audiencia Nacional. El fiscal Villafañe llegó a estar imputado en el caso que acabó con la condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y su causa fue archivada en la fase de instrucción sin llegar a juicio.

El informe revela, por otro lado, que el 17 de septiembre de 2025, la propia Leire Díez presentó una denuncia contra el fiscal José Grinda, a quien el empresario Javier Pérez Dolset —también imputado en este caso— atribuye sus problemas con la Justicia. Esta denuncia fue archivada en diciembre de 2025 porque solo contenía “meras afirmaciones” sin indicios que justificaran una investigación, según el informe presentado en la Audiencia Nacional. 

Asimismo, el escrito de la Fiscalía General del Estado afirma que Leire Díez tuvo una “intervención menor” en esas reuniones y que “fue presentada como una compañera de despacho” del letrado Jacobo Teijelo. Fue con posterioridad cuando fue “identificada a través de los medios de comunicación” como la exmilitante Leire Díez.

Además, la Fiscalía niega que ninguno de sus miembros haya mantenido ninguna reunión oficial con el citado Javier Pérez Dolset, con el abogado Ismael Oliver o con el letrado del comisario José Villarejo, José García Cabrera. 

La derecha judicial ha arrasado en la renovación parcial de la Comisión de Ética Judicial, el organismo al que pueden dirigirse los jueces cuando tienen dudas sobre si un determinado comportamiento puede comprometer su ética profesional. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones de Junta Electoral, ha proclamado este martes los resultados de las elecciones, a las que está llamada a participar toda la carrera.

Los elegidos para ocupar los tres puestos vacantes tras el vencimiento del mandato de los tres miembros salientes están vinculados a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera y de tendencia conservadora, informan fuentes jurídicas a elDiario.es. Se trata del magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo Manuel Almenar, que fue presidente de la APM; de la magistrada de la Audiencia Provincial de Málaga María Teresa Sáez Martínez, que fue portavoz de esa misma asociación; y del magistrado de la Audiencia Provincial de Sevilla Juan Jesús García Vélez. 

Son los tres candidatos que mayor número de votos han obtenido: Almenar ha recibido 950 votos y Sáez Martínez y García Vélez 858 cada uno. Las votaciones tuvieron lugar por vía telemática entre el domingo y el lunes. Han participado 2.089 jueces y magistrados. La Comisión de Ética Judicial es el único organismo elegido al 100% entre los integrantes activos de la carrera judicial. Este modelo ha provocado que miembros y exintegrantes de las asociaciones conservadoras de la judicatura copen sus principales puestos. 

Entre los candidatos estaban también otros aspirantes vinculados a la Asociación Francisco de Vitoria, que se autodenomina como independiente. Se trata de la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón (723 votos), del magistrado del Supremo Juan Manuel San Cristóbal (695 votos) y del titular del juzgado de instrucción 5 de Roquetas de Mar (Almería), Claudio García Vidales (685 votos). 

Además, se han presentado la magistrada del Supremo Consuelo Uris (349 votos) y Sandra Piñeiro, presidenta de la Audiencia Provincial de Lugo, que ha obtenido 408 votos. Ambas están asociadas a la progresista Juezas y Jueces para la Democracia. También se ha postulado David Ordóñez Solís, del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que ha recabado 128 votos. Este último magistrado no está asociado.

Avaló las manifestaciones con togas contra la amnistía

La Comisión de Ética Judicial es un organismo asesor en materia de comportamiento ético que es independiente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Está compuesta por seis jueces elegidos de forma directa por sus compañeros. Estos seis jueces eligen, a su vez, a un académico experto en ética o filosofía del derecho. 

El proyecto con el que el Gobierno pretende modificar el acceso a la carrera amplía la composición de este órgano con un total de cuatro catedráticos de Ética, Filosofía del Derecho o Filosofía Moral que serán designados por el Congreso y el Senado. Para lograr una mayor representación de los diversos grupos parlamentarios, cada diputado o senador votará a un solo candidato y resultarán elegidos los dos que obtengan el mayor número de votos. Los jueces, que seguirán siendo elegidos por sus compañeros, seguirán siendo mayoría con un total de cinco representantes.

En algunos de sus dictámenes, la Comisión de Ética Judicial ha desaconsejado a los jueces acudir a manifestaciones y mítines políticos para “evitar toda actuación que pueda cuestionar la independencia o la confianza de la sociedad en el Poder Judicial”. No obstante, este organismo avaló las concentraciones de jueces vestidos con togas contra la amnistía. Sus miembros consideraron que si el juez que se manifiesta tiene “un honesto, meditado y sincero convencimiento” de que la ley de amnistía “pueda afectar al Estado de Derecho”, su actuación no merece una sanción disciplinaria.

Vandalizada y con mensajes pintados de vivas a Franco e insultos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Así ha amanecido la maquinaria que se iba a encargar de los trabajos de estudio geotécnico previos al proyecto de resignificación del Valle de Cuelgamuros, máximo exponente de la dictadura. “Franco”, “El Valle no se toca” o “Pedro Sánchez HDP” son algunos de los mensajes que han aparecido en la máquina.

Agentes de la Guardia Civil se han trasladado en la mañana de este martes a la explanada del Valle tras recibir un aviso de lo ocurrido y han realizado una inspección ocular, según confirma un portavoz de la Comandancia de Madrid. El material vandalizado es una máquina de sondeos y penetrómetros (marca Caloysermao, modelo 8010 perteneciente a la empresa Geotecnia in situ Madrid), informan fuentes del Ministerio de Vivienda.

El equipamiento pesado fue trasladado a la zona este mismo lunes para iniciar las actuaciones previas a las obras que convertirán el mausoleo franquista en un lugar de memoria. Las obras de resignificación no se han iniciado, la fase actual es previa, e implica una toma de datos imprescindible para la elaboración del proyecto. El estudio geotécnico tiene como objetivo ocho intervenciones (cuatro sondeos y cuatro penetrómetros). En el momento de la vandalización se había hecho un sondeo y dos penetrometros, indican estas mismas fuentes.

Tras los hechos, se ha trasladado la máquina al taller a peritar para valorar el coste de los daños. La empresa propietaria presentará denuncia en el momento en que un peritaje pueda valorar los daños. Ha aparecido un cuchillo con el que parece que han cortado los cables, añaden desde Vivienda.

Inaugurado por Franco en 1959 para conmemorar su victoria en la Guerra Civil, el mausoleo franquista está cada vez más cerca de su transformación. El pasado noviembre, el jurado del concurso de ideas convocado por el Ministerio de Vivienda seleccionó la propuesta definitiva. 

El proyecto prevé la demolición de la escalinata que actualmente da acceso a la basílica para construir una especie de gran soportal al que se puede entrar de frente y a los lados y, en el centro, alberga gran circunferencia abierta al cielo. Desde ahí, se podrá acceder a la basílica o al centro de interpretación que se construirá de cero y explicará quién, cómo y por qué fue construido Cuelgamuros y qué significó para la dictadura.

La fiscal Begoña García Boró ha solicitado la absolución de David Sánchez en un alegato en el que ha cargado contra las “conjeturas” en las que, a su juicio, se basan el Partido Popular y las acusaciones ultras que sustentan la causa contra el hermano del presidente del Gobierno. También ha defendido el papel de la Fiscalía “en defensa de la legalidad, los derechos de los ciudadanos y el interés público” tras las críticas recibidas por parte de las acusaciones populares, que han calificado de “virulenta” la “defensa” que, a su juicio, ha realizado del familiar del jefe del Ejecutivo. La Fiscalía también pide la absolución del expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo y de los otros nueve acusados.

Respecto al objeto del procedimiento, la representante del Ministerio Público ha asegurado que en los escritos de las acusaciones populares no concretan “ningún acto de influencia” o de “presión” que motivara la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz en 2017. Y que, ante ese vacío, han tratado de “construir” durante el juicio esas “influencias de personas indeterminadas que no están ni siquiera en ese procedimiento”, en una posible alusión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, citado de forma reiterada por los letrados de la acusación popular. 

En el momento de crear la plaza (octubre de 2016), Pedro Sánchez ya había dimitido como secretario general del PSOE en el polémico comité federal del 1 de octubre y cuando se activó el proceso de selección aún no se habían celebrado las primarias que le enfrentaron a Susana Díaz y que acabó ganando. Aún faltaba un año para que el Congreso aprobara la moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy. Pedro Sánchez tenía, cuando se creó la plaza, nulo poder orgánico o político.

Por otro lado, la representante del Ministerio Público ha defendido que no ha quedado acreditado que en el músico “no concurrieran las habilidades y los méritos exigidos en el contrato”. “No hay ninguna prueba de que se haya determinado de una forma grosera, arbitraria, injusticia y legal el nombramiento de David Sánchez como coordinador de las actividades de los conservatorios de música de Badajoz”, ha aseverado. 

La fiscal también ha mantenido, asimismo, que está “documentalmente acreditado” que David Sánchez ejerció su actividad: “Queda acreditado que desempeñó sus funciones, que tenía despacho, que acudía de la forma que se tendría que acudir, que tenía relaciones con los directores de los conservatorios”.

La fiscal se ha referido a los interrogatorios tanto del secretario general como del interventor, que defendieron que el expediente pasó por sus manos y que “no les suscitó ninguna sospecha ni reparo”. La representante del Ministerio Público ha recordado que ambos son funcionarios de la Administración General del Estado, después de que el PP y las acusaciones ultra trataran de atacar la credibilidad de los testigos que contradicen las tesis de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. 

“Son funcionarios habilitados de carácter nacional. No están aquí designados de forma arbitraria, no han concurrido a una oposición de la Diputación, han concurrido a una oposición nacional. No podemos dudar de la veracidad ni poner entredicho lo que aquí se ha declarado y el ejercicio leal de sus funciones”, ha aseverado la fiscal. 

También se ha referido a Francisco Serrano, el representante de CSIF en la Mesa de Negociación de la Diputación pacense que se opuso a la creación de dicha plaza. Según la fiscal, su desacuerdo se debió que quería que fuera ofertada en el ámbito interno de la Administración, no a la generalidad de los ciudadanos“. En este sentido, la fiscal ha mantenido que no hubo ”ninguna alegación, reclamación, advertencia, ni siquiera un recurso posterior“ por parte de los diputados de otros partidos que conformaban el pleno de la Diputación sobre la creación del puesto. 

“¿Se va a condenar a un señor por un chascarrillo?”

Por la tarde ha sido el turno de los informes de las defensas. Emilio Cortés, abogado de David Sánchez, ha reclamado la absolución de su cliente, que se enfrenta a una petición de hasta seis años de cárcel por su contratación en la Diputación de Badajoz en 2017. En una intervención que se ha prolongado durante algo más de media hora, el letrado ha defendido que no hay pruebas de los delitos de prevaricación y tráfico de influencias que se le atribuyen al hermano del presidente del Gobierno. 

Así, ha desdeñado que sea una prueba la inclusión de la palabra “hermanísimo” en el asunto del correo que el exdirector del Conservatorio Superior de Badajoz, Evaristo Valentí, envió el 19 de mayo de 2017 a la entonces directora del Conservatorio Profesional, Yolanda Sánchez, con las bases del proceso de selección, que se hicieron públicas ese mismo día. Ante el tribunal, Valentí dijo que usó ese calificativo porque era “llamativo”, si bien negó que hubiera rumores de amaño de la plaza. 

“¿Se va a condenar a un señor por un chascarrillo que han creado los demás? ¿De verdad que en esas estamos?”, se ha preguntado Cortés, quien en otro momento de su informe ha preguntado directamente a los magistrados si con la “prueba practicada” están en condiciones de decir si se produjo la “presión moral eficiente” que requiere la jurisprudencia para determinar que ha existido un delito de tráfico de influencias. 

El letrado también ha tenido palabras para el Partido Popular y el resto de acusaciones ultra que sustentan la causa, a quienes ha atribuido un “sesgo” absolutamente “unívoco”. “Aquí se acabaron las conjeturas, las filtraciones interesadas, el interés de los medios de comunicación, incluso las ganas de poder derrotar a un Gobierno”, ha aseverado el letrado, quien ha cuestionado el intento de las acusaciones populares de caricaturizar a la Diputación de Badajoz como si de una “banda facinerosa” se tratara y a su cliente como el toro de Miura que “mató a Manolete”. 

Se ha referido, asimismo, al intento de las acusaciones populares de atacar la credibilidad de los funcionarios, técnicos y peritos que, en las últimas sesiones, han puesto en entredicho las deducciones incriminatorias de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. “No sé qué razón hay para poner de manifiesto la vieja máxima de que si no me gustan los testigos, los tiro, que es lo que han dicho aquí, que si tienen miedo, que si tienen represalias, que si mintieron... Si esto fuera así, ganaríamos los pleitos todos los letrados siempre”, ha aseverado.

La defensa de Gallardo carga contra Balas

Previamente había tomado la palabra Juan José Torres Ventosa, el abogado del expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo, acusado de los delitos de prevaricación y tráfico de influencias por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en esa institución. En su informe, el letrado ha cargado contra los informes de la UCO de la Guardia Civil que señalan a Gallardo como el presunto instigador político de las supuestas maniobras para que el músico obtuviera la plaza. 

Torres Ventosa ha afirmado que el teniente coronel de la UCO Antonio Balas hizo en el tribunal una “valoración” de sus atestados que “no coincide o se aparta” de lo recogido en los atestados realizados por esa unidad del instituto armado. En esos informes policiales, la UCO aseguraba desconocer de quién fue la decisión de crear la plaza y, sin embargo, en el juicio señaló directamente a Miguel Ángel Gallardo por una “visión holística” de los oficios y atestados incluidos en la investigación. 

El letrado ha rebatido la tesis expresada por este mando policial, según la cual como el diseño final de la plaza no se parecía a las conversaciones preliminares que había habido en el área de Cultura y el área de Recursos Humanos “carece de autoridad empaque o fuerza suficiente para imponer un diseño determinado”, era “evidente” que la orden debía venir de la presidencia y, por tanto, de Gallardo. 

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga el caso Leire, ha acordado citar como investigada a la abogada Leticia de la Hoz -quien ejerce la defensa del asesor ministerial Koldo García-. Según el auto del magistrado, consultado por elDiario.es, la Audiencia Nacional acepta las múltiples diligencias solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción y señala la citación de la letrada para el 14 de julio. Asimismo, cita a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona el 10 de julio en calidad de testigo. La Fiscalía solicitó esta comparecencia para que explicara la existencia de conversaciones con la exmilitante Leire Díez.

Asimismo, el juez acuerda solicitar a la Fiscalía General del Estado (FGE) que le informe de las reuniones que pudiera haber mantenido con Leire Díez, con el empresario Javier Pérez Dolset, con el abogado del comisario Villarejo y con los letrados investigados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver. En este sentido, se dirige también al Tribunal de Instancia de Majadahonda para que le envíe el procedimiento civil completo relativo al fiscal José Grinda -al que la trama presuntamente tentó con un soborno a cambio de ayuda para acabar con determinadas causas o fiscales-. A la Fiscalía Superior de Extremadura le solicita el destino que le dio a una denuncia presentada por un abogado afín a Leire Díez que buscaba torpedear la labor de la instructora del caso del hermano de Pedro Sánchez.

Por otro lado, acuerda librar mandamiento judicial a la Subdirección General de Nacionalidad dependiente de Justicia para que informe sobre el estado actual de la solicitud de nacionalidad española correspondiente al empresario Nervis Villalobos.

Además de estas diligencias, el juez acuerda una batería de declaraciones testificales que arrancarán el próximo 26 de junio y que incluyen comparecencias como la de la empresaria Carmen Pano y su chófer (29 de junio), la de Miriam Serrano -la joven que denunció al fiscal Grinda por un presunto delito sexual-, la del comandante de la Guardia Civil imputado en el caso Koldo Rubén Villalba, o la del empresario de los hidrocarburos y socio del empresario Víctor de Aldama, Claudio Rivas.

El 13 de julio será el turno de la testifical de quien fuera abogado del exministro José Luis Ábalos, José Aníbal Álvarez. Quien estuvo presente en una reunión en la que participaron Leire Díez y el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez.

De la Hoz y Pano

La abogada Leticia de la Hoz a principios de junio, y después de que trascendiera la resolución del magistrado en la que se indicaba que la presunta trama investigada habría contado con la coordinación del ex número tres del PSOE, dirigió un escrito a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para indicar que ella nunca ofreció un soborno de 50.000 euros a la empresaria Carmen Pano para comprar su silencio y evitar que declarase haber llevado dinero en efectivo a la sede del PSOE. La letrada afirmaba que fue al revés, y que fue Pano la que le pidió 10.000 euros como comisión en un negocio relacionado con los hidrocarburos.

Pano, en su momento vinculada familiarmente a Víctor de Aldama, ha declarado en diversas ocasiones que acudió a la calle Ferraz y entregó 90.000 euros en dos tandas. Algo que ha negado el propio De Aldama y de lo que Pano no ha sabido dar muchos más detalles más allá de que era dinero relacionado con Villafuel y una licencia de hidrocarburos.

Esa supuesta entrega de dinero es pues objeto de investigación en el juzgado de Pedraz, donde se investiga a la exmilitante socialista Leire Díez y el entramado creado para desacreditar a jueces, fiscales y policías implicados en investigaciones que afectan negativamente al partido. Según el juez, el abogado Ismael Oliver y Leire Díez hablaron sobre la posibilidad de “negociar” con Pano e incluso su “compra”. El auto indica que “de forma indiciaria se desprende la materialización de este ofrecimiento a través de Leticia de la Hoz”.

En cuanto a la citación de Narbona, el Ministerio Público formuló esta petición después de en la UCO detallara la existencia de una conversación de WhatsApp entre la exmilitante Leire Díez y la presidenta del partido el 24 de abril de 2024. Los agentes dicen que Leire Díez “habló de 'reconducir' los ataques al presidente, dar ayuda 'cualificada' y dar la vuelta al asunto 'como un calcetín'”. En esta misma conversación, según el informe, Narbona respondió: “Se lo habías contado a Santos [Cerdán] el otro día”.

Tras conocerse el sumario del caso, Narbona aseguró que Leire Díez no llegó a enviarle ningún documento de la información que ofrecía. Asegura que se limitó a ponerla en contacto con el 'número tres' del partido que sí las recibió y revisó y le comunicó a la presidenta del PSOE que “no tenía nada que no se supiese ya”.