Las maniobras de las presuntas «cloacas del PSOE» para articular «diversas vías» con el objetivo de «desestabilizar» los procedimientos judiciales que cercan al Gobierno de Pedro Sánchez llegaron hasta en forma de denuncia ante el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. Se trata de un escrito con el que se pretendía atacar a la magistrada Beatriz Biedma, que instruye las pesquisas contra el hermano del presidente del Gobierno, y, por ende, tratar de destruir el procedimiento.

En este sentido, y según ha puesto ya de manifiesto la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en sus informes, la presunta trama criminal a cuyo frente el magistrado Santiago Pedraz sitúa a Santos Cerdán, se habría servido especialmente del exjuez José Sáenz de Tejada –apartado de la carrera judicial por un caso de violencia de género contra su exmujer– para articular un ataque contra Biedma en forma de denuncia. A cambio, las cloacas le prometieron el reingreso en la judicatura.

El escrito, al que ha tenido acceso este periódico y redactado por Sáenz de Tejada, describe una «presunta organización criminal» en el poder judicial de Badajoz que habría actuado durante años de forma coordinada y con el amparo o la pasividad de distintas instituciones judiciales y fiscales. El exmagistrado, que remitió este escrito a Garcia Ortiz, solicitó la investigación de una supuesta trama de corrupción judicial en la provincia extemeña y cuestionó duramente la actuación de la propia Fiscalía General del Estado tras el rechazo inicial de su escrito.

Pero hay que ir por partes. La denuncia también recoge que siendo él (Sáenz de Tejada) magistrado, ya había denunciado esta trama de «corrupción en el anterior Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)» y que ello sería una de las causas por las que ha sido «gravemente represaliado durante años y a dia de hoy siguen las represalias para impedirme entre otras cosas que pueda solicitar mi reingreso en la carrera judicial».

La denuncia sitúa entre los señalados a varios magistrados y profesionales del Derecho de Badajoz, además de la jueza Biedma, a los que atribuye una actuación conjunta que, según su relato, habría perjudicado a ciudadanos y letrados que intentaron cuestionar determinadas decisiones judiciales.

El abogado sostiene que la denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado el 21 de octubre de 2024 estaba firmada por abogado y procurador y contenía una relación de hechos que, a su juicio, justificaban la apertura de una investigación. Entre los delitos que menciona figuran organización criminal, prevaricación continuada, falsificación en documento público, coacciones, tráfico de influencias, revelación de secretos y represalias contra denunciantes, entre otros.

Las fechas de estas denuncias coinciden con los avances de la instrucción de Biedma, que admitió a trámite el escrito puesto por Manos Limpias en mayo de 2014 para investigar al hermano del presidente del Gobierno. La instrucción se prolongó durante once meses, hasta que a finales de abril la jueza emitió el auto que convertía la instrucción en procedimiento abreviado que dejaba al borde del banquillo a los once imputados y que finalmente han sido juzgados. El caso está visto para sentencia.

En cualquier caso, la denuncia interpuesta por Sáenz de Tejada buscaba ejecutar un ataque directo conta la magistrada Biedma, contra quien las «cloacas» desplegaron una campaña de acoso y derribo y una operación en su entorno más cercano destinada a la búsqueda de trapos sucios.

Hay, no obstante, otro detalle que llama la atención en el escrito del magistrado apartado de la carrera judicial: la respuesta que recibió posteriormente desde la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. Según relata en la denuncia, la fiscal de Sala jefa de la Secretaría Técnica, Ana Isabel García León, contestó a la denuncia mediante un escrito en el que indicaba que los hechos comunicados debían canalizarse a través de un canal facilitado en la carrera judicial para denunciar conductas ilícitas de algunos miembros de la judicatura. Asimismo, señalaba que el Ministerio Fiscal carecía de competencia para iniciar una investigación en ese ámbito concreto.

Esa contestación provocó una reacción inmediata del denunciante. En el nuevo escrito remitido directamente al fiscal general, Sáenz de Tejada califica la respuesta de la Secretaría Técnica como una actuación «insólita e ilegal» y sostiene que la Fiscalía sí dispone de capacidad para impulsar las investigaciones derivadas de una denuncia penal.

Con todo, los agentes de la UCO explican también que Leire Díez fue quien instruyó al exmagistrado condenado para que remitiese la denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra la jueza Biedma, «porque ella consideraba que tenía control sobre la citada institución, y que allí le estarían esperando». «Que se remitieron al menos dos denuncias: una primera que no prosperó, y una segunda que no puede precisar con exactitud si salió adelante», refleja el informe.

En paralelo, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha negado que el exfiscal Álvaro García Ortiz diera instrucciones sobre la denuncia contra la jueza del «caso David Sánchez». Pero hay que recordar que las citas de la exmilitante socialista Leire Díez con la FGE coinciden con el intento de Sáenz de Tejada de personarse como acusación en la causa contra el hermano de Pedro Sánchez.

Las citas de la exmilitante socialista y el letrado de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo, con miembros de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la sede de la institución acerca la posibilidad de que el magistrado Santiago Pedraz acuerde nuevas declaraciones. Sobre todo, las comparecencias en calidad de testigos que empiezan a perfilarse como un escenario difícilmente evitable son las del entonces teniente fiscal de la Secretaría Técnica y actual fiscal del Tribunal Supremo Diego Villafañe y la de la ahora fiscal de la Audiencia Nacional Beatriz López Pesquera, que fueron quienes se reunieron con ambos y quienes también reportaron al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz el contenido de las citas.

Fuentes jurídicas consultadas por LA RAZÓN aseguran que, por ahora, no se plantea la opción de citar a estos miembros de la Fiscalía a declarar como testigos. Hay que tener en cuenta que la ronda de comparecencias en el marco de estas diligencias comienza el próximo día 26 de junio y no termina hasta el 14 de julio con la declaración en calidad de investigada de la letrada Leticia de la Hoz –que ejerce el derecho de la defensa de Koldo García–. Sin embargo, otras fuentes consultadas de Hazte Oír, que ejerce la acusación popular en los principales casos de corrupción que cercan al PSOE, han confirmado a este periódico que solicitarán al Partido Popular –que lidera la acusación popular– que se presente un escrito solicitando la testifical de Villafañe, López Pesquera e incluso García Ortiz.

El criterio de la acusación popular coincide con lo solicitado por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que ve pertinente la testifical de estos miembros de la carrera fiscal en aras de un ejercicio de «transparencia» y de conocer la verdad «oculta» que aún impera en la realidad de esos encuentros. De hecho, los fiscales tienen aún muchos interrogantes que resolver: cuál fue el motivo de dichas reuniones, qué objetivo perseguían y por qué no se informó a la Fiscalía Anticorrupción sobre su contenido.

APIF ve necesario que testifiquen

Esta organización explicó ayer en un duro comunicado que veía insuficientes las explicaciones dadas por la Fiscalía General para justificar sus citas con Leire Díez y que esta secuencia de hechos apuntaban «indiciariamente a una posible cooperación» de la Fiscalía General «para apoyar las estrategias de influencias, corrupción y falsedad de los citados investigados en perjuicio del servicio a la Administración de Justicia y del impulso de determinadas causas judiciales».

En líneas generales, los fiscales tanto de esta organización como aquellos agrupados bajo el paraguas de la mayoritaria Asociación de Fiscales han arremetido contra la institución porque, a su juicio, estas citas acumulan demasiadas anomalías para ser consideradas un trámite ordinario. Para ellos, esta secuencia de hechos resulta difícil de explicar por varios motivos. Primero, porque es «anómalo» que se reciba a dos «particulares» en la sede de la institución. Segundo, porque estos intentan poner unas denuncias supuestamente carentes de fundamento, pero cuya información se pone en conocimiento del fiscal general del Estado. Y, tercero, porque no consta expediente ni registro administrativo alguno de aquellas visitas que ya definen sin «amparo legal». «Es precisamente esa concatenación de circunstancias lo que provoca extrañeza», señalan.

«La Fiscalía es una institución básica en un Estado de Derecho y, por tanto, no solo debe funcionar de manera independiente, sino que, además, debe parecerlo. Estos comportamientos nos alejan seriamente de esa apariencia de neutralidad política y de independencia», han añadido.

Las anotaciones de la agenda de Leire Díez en febrero de 2025 y las dos reuniones reconocidas por la Fiscalía con la conocida como «fontanera del PSOE» y el abogado Jacobo Teijelo en marzo y abril de ese mismo año coinciden con fechas clave de la ofensiva de las «cloacas» socialistas para intentar despeñar la investigación judicial al hermano de Pedro Sánchez.

Leire Díez anotó en su agenda del día 19 de febrero de 2025 «Reunión FGE». Según ha podido constatar este periódico, ese mismo día el exjuez Luis José Sáenz de Tejada intentó personarse como acusación en la causa por tráfico de influencias que instruía la magistrada Beatriz Biedma contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, a cuenta de su supuesto enchufe en la Diputación de Badajoz.

Además, Leire Díez y Teijelo se vieron con el entonces número dos de Álvaro García Ortiz, el jefe de la Secretaría Técnica Diego Villafañe y con la fiscal Beatriz López Pesquera el 6 de marzo de ese mismo año –según ha admitido la Fiscalía General del Estado–, tan solo 24 horas después de que la instructora del «caso David Sánchez», Beatriz Biedma, denegase al exmagistrado la posibilidad de personarse en el procedimiento.

Esta es una de las causas, según la investigación que lidera el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que las «cloacas del PSOE» tenían en el punto de mira para intentar desactivarlas (como la de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez). Y según ha puesto ya de manifiesto la Unidad Central Operativa (UCO) en sus informes, la presunta trama criminal a cuyo frente Pedraz sitúa a Santos Cerdán, se habría servido especialmente de Sáenz de Tejada para articular «diversas vías» con el objetivo de «desestabilizar» el proceso judicial en el que estaba siendo investigado David Sánchez (que acaba de ser juzgado por la Audiencia de Badajoz).

La personación del exjuez

La primera ofensiva, precisamente, pasaba porque el exmagistrado –apartado de la carrera judicial tras ser condenado por violencia de género– se personase como acusación particular «para producir una parálisis en el procedimiento» –esgrimiendo, como efectivamente hizo, un auto de la Audiencia de Badajoz de 2015 en el que sustenta esa «enemistad manifiesta» de Biedma hacia su persona)–.

En esa resolución de 5 de junio de 2015, la Sala estimó por «mera prudencia» la recusación planteada por el exmagistrado al considerar que el hecho de que Biedma se hubiera reservado la posibilidad de ejercer acciones legales contra Sáenz de Tejada por comentarios que la propia Audiencia Provincial de Badajoz calificó como «intolerables», «irrespetuosos» y «al margen de su estricto derecho de defensa» podía comprometer su «apariencia de imparcialidad».

Una vez asegurada su presencia en el procedimiento (a la que la fiscal del caso se opuso), el objetivo era poner sobre la mesa esa «enemistad manifiesta» para apartar a Biedma de la causa.

Y es precisamente ese día en que se formaliza la petición de ser parte del procedimiento como acusación cuando Leire Díez anota en su agenda: «Reunión FGE».

«Vía» clave contra Biedma

Si esa reunión se produjo o no es una incógnita, pues la Fiscalía solo reconoce dos reuniones con la «fontanera del PSOE» y el abogado de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo, a quien Ferraz pagó al menos 125.000 euros por trabajos de asesoría jurídica de los que la Unidad Central Operativa (UCO) sospecha, pues considera que la presunta trama recurrió a «facturas mendaces» del PSOE para enmascarar los pagos a las «cloacas». Pero solo una de esas reuniones tiene fecha, el 6 de marzo del pasado año, dado que la otra la sitúa entre finales de marzo y principios de abril de ese mismo año.

En todo caso, como se ha apuntado, esa reunión reconocida por la Fiscalía General del Estado el 6 de marzo de 2025 también está vinculada estrechamente con el «caso David Sánchez» y los intentos de la presunta trama de desestabilizarlo. No en balde, 24 horas antes, el 5 de marzo, Biedma había rechazado la personación del exjuez Sáenz de Tejada, con lo que esa primera «vía» de las «cloacas» para poner patas arriba la investigación judicial al hermano de Pedro Sánchez estaba condenada al fracaso salvo que la Audiencia de Badajoz diese la razón al exmagistrado (algo que no hizo).

La recusación de Biedma

De la segunda reunión de dos de los supuestos puntales de la «trama» con el círculo más próximo a García Ortiz no se conoce la fecha, pero la Fiscalía General del Estado la sitúa entre finales de marzo y principios de abril, cuando todavía estaba abierta esa ofensiva contra Biedma para intentar echar por tierra la investigación judicial a David Sánchez.

Es en esas fechas cuando, por ejemplo, se estaba sustanciando la recusación de Biedma por parte de Sáenz de Tejada (la presentó el 19 de marzo) o, incluso, el intento de personación (visto que la vía del exjuez no prosperaba) de la hermana de Sáenz de Tejada, a quien Biedma fijó una fianza de 10.000 euros.