Las maniobras de las presuntas «cloacas del PSOE» para articular «diversas vías» con el objetivo de «desestabilizar» los procedimientos judiciales que cercan al Gobierno de Pedro Sánchez llegaron hasta en forma de denuncia ante el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. Se trata de un escrito con el que se pretendía atacar a la magistrada Beatriz Biedma, que instruye las pesquisas contra el hermano del presidente del Gobierno, y, por ende, tratar de destruir el procedimiento.

En este sentido, y según ha puesto ya de manifiesto la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en sus informes, la presunta trama criminal a cuyo frente el magistrado Santiago Pedraz sitúa a Santos Cerdán, se habría servido especialmente del exjuez José Sáenz de Tejada –apartado de la carrera judicial por un caso de violencia de género contra su exmujer– para articular un ataque contra Biedma en forma de denuncia. A cambio, las cloacas le prometieron el reingreso en la judicatura.

El escrito, al que ha tenido acceso este periódico y redactado por Sáenz de Tejada, describe una «presunta organización criminal» en el poder judicial de Badajoz que habría actuado durante años de forma coordinada y con el amparo o la pasividad de distintas instituciones judiciales y fiscales. El exmagistrado, que remitió este escrito a Garcia Ortiz, solicitó la investigación de una supuesta trama de corrupción judicial en la provincia extemeña y cuestionó duramente la actuación de la propia Fiscalía General del Estado tras el rechazo inicial de su escrito.

Pero hay que ir por partes. La denuncia también recoge que siendo él (Sáenz de Tejada) magistrado, ya había denunciado esta trama de «corrupción en el anterior Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)» y que ello sería una de las causas por las que ha sido «gravemente represaliado durante años y a dia de hoy siguen las represalias para impedirme entre otras cosas que pueda solicitar mi reingreso en la carrera judicial».

La denuncia sitúa entre los señalados a varios magistrados y profesionales del Derecho de Badajoz, además de la jueza Biedma, a los que atribuye una actuación conjunta que, según su relato, habría perjudicado a ciudadanos y letrados que intentaron cuestionar determinadas decisiones judiciales.

El abogado sostiene que la denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado el 21 de octubre de 2024 estaba firmada por abogado y procurador y contenía una relación de hechos que, a su juicio, justificaban la apertura de una investigación. Entre los delitos que menciona figuran organización criminal, prevaricación continuada, falsificación en documento público, coacciones, tráfico de influencias, revelación de secretos y represalias contra denunciantes, entre otros.

Las fechas de estas denuncias coinciden con los avances de la instrucción de Biedma, que admitió a trámite el escrito puesto por Manos Limpias en mayo de 2014 para investigar al hermano del presidente del Gobierno. La instrucción se prolongó durante once meses, hasta que a finales de abril la jueza emitió el auto que convertía la instrucción en procedimiento abreviado que dejaba al borde del banquillo a los once imputados y que finalmente han sido juzgados. El caso está visto para sentencia.

En cualquier caso, la denuncia interpuesta por Sáenz de Tejada buscaba ejecutar un ataque directo conta la magistrada Biedma, contra quien las «cloacas» desplegaron una campaña de acoso y derribo y una operación en su entorno más cercano destinada a la búsqueda de trapos sucios.

Hay, no obstante, otro detalle que llama la atención en el escrito del magistrado apartado de la carrera judicial: la respuesta que recibió posteriormente desde la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. Según relata en la denuncia, la fiscal de Sala jefa de la Secretaría Técnica, Ana Isabel García León, contestó a la denuncia mediante un escrito en el que indicaba que los hechos comunicados debían canalizarse a través de un canal facilitado en la carrera judicial para denunciar conductas ilícitas de algunos miembros de la judicatura. Asimismo, señalaba que el Ministerio Fiscal carecía de competencia para iniciar una investigación en ese ámbito concreto.

Esa contestación provocó una reacción inmediata del denunciante. En el nuevo escrito remitido directamente al fiscal general, Sáenz de Tejada califica la respuesta de la Secretaría Técnica como una actuación «insólita e ilegal» y sostiene que la Fiscalía sí dispone de capacidad para impulsar las investigaciones derivadas de una denuncia penal.

Con todo, los agentes de la UCO explican también que Leire Díez fue quien instruyó al exmagistrado condenado para que remitiese la denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra la jueza Biedma, «porque ella consideraba que tenía control sobre la citada institución, y que allí le estarían esperando». «Que se remitieron al menos dos denuncias: una primera que no prosperó, y una segunda que no puede precisar con exactitud si salió adelante», refleja el informe.

En paralelo, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha negado que el exfiscal Álvaro García Ortiz diera instrucciones sobre la denuncia contra la jueza del «caso David Sánchez». Pero hay que recordar que las citas de la exmilitante socialista Leire Díez con la FGE coinciden con el intento de Sáenz de Tejada de personarse como acusación en la causa contra el hermano de Pedro Sánchez.

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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resolverá el próximo 16 de julio las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional, a instancias de Sociedad Civil Catalana y la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (Acvot) en relación con la Ley de Amnistía. Así lo han confirmado fuentes de la corte de Luxemburgo.

La decisión -que puede precipitar el regreso de Carles Puigdemont, pues una vez hable la Justicia europea el Tribunal Constitucional resolverá con rapidez el recurso de amparo del expresident contra la negativa del Supremo a amnistiarle- se conocerá por tanto un año después de la vista celebrada en la sede del TJUE. Allí, los magistrados de la corte europea escucharon los argumentos tanto de las dos asociaciones citadas como de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, el representante de la Comisión Europea y del abogado general de la UE.

Precisamente el abogado general de la UE, Dean Spielmann -cuyo posicionamiento suele anticipar habitualmente el sentido de la resolución del TJUE-, allanó el camino de la amnistía al descartar que se trate de una "autoamnistía", que afecte a los intereses financieros de la Unión y que violente la directiva europea contra el terrorismo.

El abogado general allanó el camino a la amnistía

Y es que las principales dudas planteadas por los dos tribunales españoles hacen referencia a la posibilidad de amnistiar a la treintena de ex altos cargos de la Generalitat encausados por el Tribunal de Cuentas por el supuesto desvío de más de tres millones de euros para financiar el "procés" y por el hecho de que la medida de gracia beneficie también a los miembros de los CDR (Comités de Defensa de la República) procesados por delitos de terrorismo.

Sus únicos reparos se centraban en el plazo máximo de dos meses para aplicar la polémica ley, al levantamiento automático de las medidas cautelares y a que solo se escuchase a la Fiscalía y a los perjudicados directos antes de aplicar la norma, y no al resto de las partes.

En cuanto a la amnistía de delitos de terrorismo, el abogado general descartó que la ley sea contraria a la directiva europea, al entender que no le priva "de su plena eficacia", pues solo aprecia una "desactivación" parcial y temporal de sus efectos, al extinguir la responsabilidad penal "por ciertos hechos determinados, limitados en el tiempo y por su naturaleza", sin afectar a la aplicación general de la directiva contra el terrorismo.

Por contra, el representante de la Comisión Europea alertó a la corte de Luxemburgo de que la medida de gracia enmascaró una autoamnistía para «blindar» a los socios independentistas de Pedro Sánchez a cambio de los votos necesarios para su investidura, por lo que concluyó que la norma "no es compatible" con los valores de la Unión Europea.

Frente común de la Fiscalía y la defensa de Puigdemont

En la vista celebrada el 14 de julio del pasado año en Luxemburgo, defensas de los encausados en el Tribunal de Cuentas y de los CDR coincidieron con la Fiscalía y la Abogacía del Estado (que representó los intereses del Gobierno) en que la amnistía no vulnera el principio de igualdad porque no se amnistía solo a políticos independentistas, sino también a policías (73, según la Fiscalía).

Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont defendió que la Ley de Amnistía "no es una amenaza para Europa" pues persigue "pacificar un conflicto" y "reparar fracturas". "Aquí no ha habido crímenes de ningún tipo. Solo hubo urnas", dijo.

Por su parte, el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Manuel Martín Granizo, insistió en que "no se vieron afectados los fondos de la UE, ni siquiera fondos españoles". Secundado por la abogada del Estado, quien hizo suya la valoración del Tribunal Supremo en la sentencia del "procés": la independencia fue «una ensoñación» que no puso en peligro los fondos comunitarios.

También en defensa de la amnistía, la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez, incidió en que la ley busca la "reconciliación" a través de "la normalización institucional, social y política en Cataluña", haciendo hincapié en que no hay riesgo de que la ley se aplique a más procedimientos terroristas.

Sociedad Civil Catalana y Acvot, en contra

Mientras, el abogado de Sociedad Civil Catalana (SCC), Juan Chapapría, denunció la "desigualdad ante la ley" que supone la aplicación de la amnistía, porque en su opinión "erosiona la confianza legítima de los ciudadanos" en la Justicia y "pone en riesgo" la efectividad del Derecho europeo. Según puso de relieve en su intervención, se trató de un "pacto político" entre el Gobierno y sus socios independentistas a cambio de los votos necesarios para la investidura de Pedro Sánchez.

"Me da pánico el antecedente que pueda suponer esta sentencia para el futuro de Europa", advirtió el letrado de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (Acvot), José María Fuster Fabra, para quien "el terrorismo no se puede amnistiar". El abogado rebatió la previsión de la ley de amnistiar delitos de terrorismo salvo cuando implica graves violaciones de derechos humanos. "Todo terrorismo es contrario a los derechos humanos", recalcó Fuster-Fabra, para quien la ley fue aprobada por el Gobierno "en interés propio".

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La Fiscalía General del Estado (FGE) ha negado que el exfiscal Álvaro García Ortiz diera instrucciones sobre la denuncia contra la jueza del "caso David Sánchez", Beatriz Biedma, que interpuso el exjuez Luis José Sáenz de Tejada. En un comunicado, la institución ha asegurado que recibió el 21 de octubre de 2024 una denuncia presentada contra cuatro jueces y un abogado de Badajoz, pero que el escrito fue inicialmente archivado por defectos formales al haberse presentado al amparo de una normativa destinada a canalizar denuncias internas sobre posibles infracciones cometidas por miembros de la carrera fiscal.

Hay que recordar que, tal y como ha contado este periódico, que las citas de la exmilitante socialista Leire Díez con la FGE coinciden con el intento de Sáenz de Tejada de personarse como acusación en la causa por tráfico de influencias que instruía la magistrada Beatriz Biedma contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, a cuenta de su supuesto enchufe en la Diputación de Badajoz.

En la denuncia se invocaba una normativa que prevé un canal interno para denunciar posibles infracciones de miembros de la carrera fiscal por parte de otros fiscales. En este caso, según explica la FGE, ni el denunciante ni los denunciados eran fiscales. La denuncia fue archivada por la Secretaría Técnica de la FGE por defectos formales. "El archivo y su motivación se notificó al denunciante", añaden.

"Ante ello, el denunciante dirigió una queja por burofax al Fiscal General del Estado quien, a su vez, siguiendo el trámite establecido y habitual, la remitió a la Secretaría Técnica de la FGE para que le diese el curso oportuno. En el burofax se solicitaba que se tramitara la denuncia en la forma que se considerase adecuada, independientemente de la normativa que el denunciante alegó en su primer escrito", apuntan.

La Secretaría Técnica de la FGE, cuyos dos miembros se reunieron con Leire Díez, optó entonces por remitir la denuncia el 29 de noviembre de 2024 a la Fiscalía territorialmente competente, que era la Fiscalía de la Comunidad autónoma de Extremadura, puesto que en la FGE no se realiza ningún tipo de actuación procesal.

Eso sí, aseguran con contundencia que, la FGE no dio ningún tipo de directriz a la Fiscalía competente sobre cómo proceder.

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El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha abierto una pieza separada del "caso Plus Ultra" para investigar a José Luis Rodríguez Zapatero por delito fiscal y de contrabando en relación con las joyas halladas en el registro practicado el pasado 19 de mayo en la oficina del expresidente del Gobierno, cuyo origen -apunta el instructor- "en estos momentos no está justificado" y cuyo valor ha sido tasado de forma preliminar en 1.323.915 euros. Según el entorno de Zapatero, esas piezas -alguna de las cuales ha sido tasada en 278.000 euros- corresponden a una herencia familiar de su esposa, Sonsoles Espinosa, y a regalos de viajes.

En el auto en el que adopta la medida, el magistrado acuerda comunicar la imputación a Rodríguez Zapatero a través de su representación procesal, para que pueda tomar conocimiento de esta decisión y ejercer su derecho de defensa. Por lo tanto, el exlíder del PSOE también será interrogado en relación con estos hechos en su comparecencia judicial como investigado los próximos días 17 y 18.

Calama indica que, una vez recibida la tasación preliminar de esas joyas por parte de la joyería Ansorena, y sin perjuicio de una pericial posterior, la posesión de bienes de lujo de elevado valor, junto a la ausencia de una prueba documental sobre su adquisición, constituye "un indicio objetivo y racional de la posible existencia de una defraudación tributaria relevante, en tanto que la adquisición de joyas del valor indicado genera necesariamente obligaciones fiscales, ya sea en concepto de IVA, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, e IRPF, según la naturaleza del negocio jurídico".

Supuesto fraude de más de 120.000 euros

Para el magistrado, la posible falta de acreditación sobre la adquisición de las joyas podría facultar a la Agencia Tributaria para imputar una ganancia patrimonial no justificada en el IRPF de Zapatero, resultando aplicable un tipo marginal en torno al 46%. De esta forma, añade, la inexistencia de declaración o pago de cualquiera de estos tributos permite inferir la posible existencia de una cuota defraudada superior a 120.000 euros, la línea roja que marca la existencia de delito fiscal.

Además, Calama argumenta que la actuación del expresidente del Gobierno podría suponer también un delito de contrabando, "en la medida en que la introducción, tenencia o circulación en territorio nacional de joyas cuyo valor global asciende a aproximadamente 1.323.915 euros, sin acreditación del pago de los derechos arancelarios, impuestos especiales o tributos asociados a su importación, constituye un indicio objetivo de que tales bienes pudieron haber accedido al territorio aduanero de la Unión Europea eludiendo los controles y obligaciones fiscales exigibles".

El magistrado añade que la ausencia de documentación aduanera, de facturas de importación o de cualquier justificante de despacho de aduanas impide descartar que las joyas hubieran sido introducidas en España al margen de los procedimientos de control aduanero, superando ampliamente el umbral cuantitativo de 150.000 euros previsto para que esa actuación sea penalmente reprochable.

En este sentido, emplaza a Zapatero a ofrecer en su comparecencia judicial de la próxima semana las explicaciones que estime pertinentes y a aportar la documentación que "pudiera disipar la indiciaria ilicitud de la posesión de los efectos intervenidos, ya sea acreditando su lícita adquisición, o su correcta importación".

Todo ello, le recuerda, sin perjuicio de que, conforme a su derecho constitucional a no declarar, "pueda optar igualmente por guardar silencio si así conviene a su defensa, sin que tal decisión pueda ser interpretada en su perjuicio".

Pieza separada del "caso Plus Ultra"

Calama opta por deslindar esta investigación de la pieza principal -por delitos tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad documental y organización criminal, entre otros-, por lo que acuerda tramitarla en una pieza separada para evitar así la innecesaria complejidad de la causa y la "elefantiasis procesal" que a menudo acarrea que las investigaciones judiciales se eternicen.

En sustento de su decisión, argumenta que estos hechos estarían vinculados únicamente a Zapatero.

Para el juez, existen elementos suficientes para investigar lo relacionado con las joyas en una investigación autónoma, sin perjuicio de las diligencias que se puedan acordar para determinar su origen y eventual relevancia penal.

Las joyas intervenidas

El pasado 19 de mayo, durante el registro de su despacho en la calle Ferraz, los agentes de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de la Policía) hallaron las siguientes joyas: un collar de color plateado con 13 piedras de color azul; otro igualmente de color plateado con cinco piedras de color granate; un tercero con dos piedras de color verde; una pulsera de color plateado con dos piedras de color rojo, otra con tres piedras verdes y una más con siete piedras azules; dos pendientes y una sortija de color plateado con piedras verdes; un conjunto de pendientes y sortija plateados con piedras azules; un conjunto de pendientes y sortija plateados con piedras rojas; un conjunto de tres collares de color verde, cruz dorada y plateada y dos brazaletes dorados; un reloj de color dorado marca Krono DC6067 con la inscripción "tus compañeros"; otro reloj dogma con correa de piel marrón y uno más Lorenz Theatre con la inscripción "251749000".

Asimismo, hallaron una bolsa con la inscripción "presidencia del gobierno", en cuyo interior había tres pares de pendiente dorados con bolas blancas, un brazalete con bolas blancas y piedra color verde, una sortija plateada con una bola blanca, un reloj redondo color dorado con la inscripción "Longines", una sortija plateada con una piedra de color violeta, un reloj dorado Omega con un colgante con el número 13, una cruz de color dorado y plateado, un brazalete dorado con un conjunto de piedras de color blanco, un collar de color dorado con tres formas doradas, un alfiler de color dorado, una cadena de color dorado, un cordón de color plateado, una bola blanca y un pendiente dorado forma ovalada.

Entre los efectos intervenidos también había un collar de piedras blancas, dos juegos de pendientes y un collar con bolas grises, un collar con bolas blancas y broche plateado, un collar de bolas blancas con tela negra y un collar con bolas grandes blancas, así como una caja de color rojo que contenía pendientes y una sortija de color plateado, cinco pares de pendientes pequeños de color dorado, una caja azul con dos collares de bolas blancas, un collar color dorado con placa "José Luis R.Z", un par de pendientes con tres bolas blancas, un gemelo nacarado, un alfiler dorado con tres bolas blancas, un alfiler dorado con inscripción alba, una cruz dorada con inscripción alba, un par de pendientes dorados con bola blanca y una cruz con bolas blancas y un colgante color dorado.

De igual modo, se incautaron de dos relojes de color plateado marca Certina y correa de cadena, reloj de color dorado marca Pierre Balmain, dos anillos plateados con bolas blancas, cuatro pendientes plateados con bola blanca, dos pendientes de color dorado con piedras rojas, un broche de color plateado con piedra ámbar y una cadena de color y broche dorados con piedras de colores.

Y, por último, dos pulseras de color dorado, dos pulseras de color dorado con piedras blancas, un par de pendientes de color dorado con forma redonda medalla de color dorado, dos pendientes dorados pequeños con piedras granates y un pendiente con forma ovalada de color dorado.

© La Razón

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El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz -que investiga la ofensiva de las "cloacas del PSOE" para desactivar causas judiciales incómodas para el Gobierno y el partido que lidera Pedro Sánchez- ha citado a declarar como investigado el próximo día 25 al letrado Jacobo Teijelo, abogado de Santos Cerdán, el exsecretario general del PSOE a quien el instructor sitúa al frente de esa supuesta organización criminal.

La decisión del magistrado se produce 48 horas después de que la Fiscalía General del Estado haya confirmado, a preguntas de Pedraz, que entre el 6 de marzo y principios de abril tanto Teijelo como la conocida como "fontanera del PSOE", Leire Díez, se reunieron con el en esas fechas mano derecha del fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, el teniente fiscal de la Secretaría Técnica Diego Villafañe. Según puso de relieve la Fiscalía General, Díez fue presentada como "compañera de despacho".

En la resolución en la que acuerda la medida, Pedraz da cuenta de que ya ha recibido de la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía Superior de Extremadura toda la información sobre la tramitación de la denuncia del exjuez Luis José Sáenz de Tejada contra la juez Beatriz Biedma y otros magistrados de Badajoz, que la responsable de la Secretaría Técnica rechazó y que, posteriormente, el entonces fiscal general Álvaro García Ortiz (a quien se dirigió el denunciante, según la UCO uno de los puntales de las "cloacas del PSOE" para intentar desactivar la investigación de Biedma a David Sánchez) remitió de nuevo. Lo que llevó a la Secretaría Técnica a remitir esa denuncia a la Fiscalía de Extremadura, que la archivó de plano sin practicar diligencia alguna.

El PSOE pagó a Teijelo al menos 125.000 euros (a razón de mensualidades de 15.000 y 25.000 euros) por trabajos de asesoría jurídica de los que la Unidad Central Operativa (UCO) sospecha, pues la Guardia Civil sostiene que la presunta trama recurrió a "facturas mendaces" del PSOE para enmascarar los pagos a las "cloacas".

El contrato con el letrado lo firmó en noviembre de 2024 la gerente del Partido Socialista, Ana María Fuentes, también imputada en este procedimiento.

Dos reuniones en marzo y abril de 2025

La primera reunión de Teijelo en la sede de la Fiscalía General -a la que también asistió la fiscal Beatriz López Pesquera- se produjo el 6 de marzo de 2025 y la segunda entre finales de marzo y principios de abril. A ambas asistieron Teijelo y Leire Díez, aunque esta última con "una intervención menor", según la propia Fiscalía, que señaló que se enteró de su identidad a posteriori por los medios de comunicación.

García Ortiz fue informado "a posteriori de ambas reuniones", según Fiscalía General del Estado, que incidieron en que ni Villafañe ni López Pesquera , recibieron "indicación alguna" del entonces máximo representante del Ministerio Público (renunció al cargo en noviembre de ese mismo año tras ser condenado a dos años de inhabilitación por revelación de secretos por la filtración de datos reservados del novio de la presidente madrileña Isabel Díaz Ayuso).

En esas citas Teijelo habría trasladado a ambos fiscales "hechos presuntamente cometidos por terceras personas que podrían tener relevancia penal", así como "su voluntad de interponer varias denuncias en Fiscalía relacionadas con aquellos hechos". Pero según la versión de la Fiscalía General, Villafañe y López Pesquera entendieron que esas alegaciones estaban "carentes de cualquier tipo de sustento probatorio concreto".

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La Asociación Liberum, una de las acusaciones populares del "caso Zapatero" -aglutinadas bajo la representación procesal del PP- reclama a la Audiencia Nacional que garantice un acceso "real, ordenado y actualizado" a la ingente documentación incorporada al procedimiento judicial para afrontar en igualdad de armas la declaración como investigado del expresidente del Gobierno la próxima semana.

El letrado de la acusación, Francisco Ramón Perona, ha trasladado este petición al órgano jurisdiccional tras conocerse "nuevos datos sobre aspectos relevantes del procedimiento, entre ellos los mensajes procedentes del dispositivo del exdirectivo de Plus Ultra Rodolfo Reyes, cuya utilización probatoria aparece vinculada a información remitida desde Estados Unidos, y la tasación de las joyas intervenidas en el despacho del expresidente, cuyo valor habría sido cifrado en torno a 1,3 millones de euros".

Liberum considera que debe clarificarse el "acceso efectivo a la documentación" de la causa para evitar "que una parte formalmente personada tenga que conocer por informaciones públicas extremos que deberían poder localizarse de forma clara" en las actuaciones.

"Resulta esencial"

Sin embargo, en su escrito no solicita la suspensión de las declaraciones ni formula denuncia por las supuestas filtraciones sino que centra su reclamación en una cuestión estrictamente procesal, "conocer qué documentación obra efectivamente en la causa, dónde se localiza, qué anexos acompañan a cada actuación y si existen documentos cuya incorporación haya sido acordada pero que todavía no resulten accesibles o localizables para las partes".

Según pone de relieve la acusación popular, el acceso formal a una carpeta digital "no siempre equivale a un acceso efectivo" pues en una causa con documentación policial, económica, patrimonial, gráfica y procedente de fuentes internacionales "resulta esencial poder localizar no solo los documentos principales, sino también sus anexos, soportes, inventarios, actas, informes de tasación y documentos de incorporación".

La asociación se refiere especialmente al material vinculado a Homeland Security, que aglutina la información compartida por Estados Unidos en relación al exdirectivo de Rodolfo Reyes. A este respecto, en relación con la carpeta con los mensajes y conversaciones de su móvil pide que "se identifique con claridad la documentación soporte que permita situar la entrada de ese material en la causa: oficios, comunicaciones, diligencias de remisión o documentos de incorporación".

Y en cuanto a las joyas y efectos intervenidos, reclama que se precise "la ubicación exacta o se incorporen, si obran en autos, las actas, inventarios, reportajes fotográficos, documentos de custodia, informes de tasación y demás soportes asociados a esos efectos". Sobre todo, subraya, tras "la publicación de imágenes, valoraciones y referencias a la tasación".

No pide suspender la declaración

"No se trata de suspender la declaración ni de valorar el fondo de la causa, sino de garantizar que una parte personada pueda acceder de forma real y ordenada a la documentación necesaria antes de una diligencia clave", asegura Perona.

Y es que para Liberum disponer de toda esa documentación antes de la declaración de Zapatero los próximos días 17 y 18 "no es una cuestión meramente formal, sino una garantía básica para preparar preguntas, contrastar antecedentes" y ejercer su posición procesal "con conocimiento suficiente".

Por todo ello, pide al juez José Luis Calama -que investiga una supuesta "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias", a cuyo frente sitúa a Zapatero, cuyo objetivo sería "la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra"- que antes de esa declaración "se clarifique la última actualización efectiva" del procedimiento y se indique "la ubicación exacta de los documentos ya incorporados", facilitando el acceso "a aquellos bloques documentales que deban estar disponibles para las partes".

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Las citas de la exmilitante socialista y el letrado de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo, con miembros de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la sede de la institución acerca la posibilidad de que el magistrado Santiago Pedraz acuerde nuevas declaraciones. Sobre todo, las comparecencias en calidad de testigos que empiezan a perfilarse como un escenario difícilmente evitable son las del entonces teniente fiscal de la Secretaría Técnica y actual fiscal del Tribunal Supremo Diego Villafañe y la de la ahora fiscal de la Audiencia Nacional Beatriz López Pesquera, que fueron quienes se reunieron con ambos y quienes también reportaron al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz el contenido de las citas.

Fuentes jurídicas consultadas por LA RAZÓN aseguran que, por ahora, no se plantea la opción de citar a estos miembros de la Fiscalía a declarar como testigos. Hay que tener en cuenta que la ronda de comparecencias en el marco de estas diligencias comienza el próximo día 26 de junio y no termina hasta el 14 de julio con la declaración en calidad de investigada de la letrada Leticia de la Hoz –que ejerce el derecho de la defensa de Koldo García–. Sin embargo, otras fuentes consultadas de Hazte Oír, que ejerce la acusación popular en los principales casos de corrupción que cercan al PSOE, han confirmado a este periódico que solicitarán al Partido Popular –que lidera la acusación popular– que se presente un escrito solicitando la testifical de Villafañe, López Pesquera e incluso García Ortiz.

El criterio de la acusación popular coincide con lo solicitado por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que ve pertinente la testifical de estos miembros de la carrera fiscal en aras de un ejercicio de «transparencia» y de conocer la verdad «oculta» que aún impera en la realidad de esos encuentros. De hecho, los fiscales tienen aún muchos interrogantes que resolver: cuál fue el motivo de dichas reuniones, qué objetivo perseguían y por qué no se informó a la Fiscalía Anticorrupción sobre su contenido.

APIF ve necesario que testifiquen

Esta organización explicó ayer en un duro comunicado que veía insuficientes las explicaciones dadas por la Fiscalía General para justificar sus citas con Leire Díez y que esta secuencia de hechos apuntaban «indiciariamente a una posible cooperación» de la Fiscalía General «para apoyar las estrategias de influencias, corrupción y falsedad de los citados investigados en perjuicio del servicio a la Administración de Justicia y del impulso de determinadas causas judiciales».

En líneas generales, los fiscales tanto de esta organización como aquellos agrupados bajo el paraguas de la mayoritaria Asociación de Fiscales han arremetido contra la institución porque, a su juicio, estas citas acumulan demasiadas anomalías para ser consideradas un trámite ordinario. Para ellos, esta secuencia de hechos resulta difícil de explicar por varios motivos. Primero, porque es «anómalo» que se reciba a dos «particulares» en la sede de la institución. Segundo, porque estos intentan poner unas denuncias supuestamente carentes de fundamento, pero cuya información se pone en conocimiento del fiscal general del Estado. Y, tercero, porque no consta expediente ni registro administrativo alguno de aquellas visitas que ya definen sin «amparo legal». «Es precisamente esa concatenación de circunstancias lo que provoca extrañeza», señalan.

«La Fiscalía es una institución básica en un Estado de Derecho y, por tanto, no solo debe funcionar de manera independiente, sino que, además, debe parecerlo. Estos comportamientos nos alejan seriamente de esa apariencia de neutralidad política y de independencia», han añadido.

© EFE

Las anotaciones de la agenda de Leire Díez en febrero de 2025 y las dos reuniones reconocidas por la Fiscalía con la conocida como «fontanera del PSOE» y el abogado Jacobo Teijelo en marzo y abril de ese mismo año coinciden con fechas clave de la ofensiva de las «cloacas» socialistas para intentar despeñar la investigación judicial al hermano de Pedro Sánchez.

Leire Díez anotó en su agenda del día 19 de febrero de 2025 «Reunión FGE». Según ha podido constatar este periódico, ese mismo día el exjuez Luis José Sáenz de Tejada intentó personarse como acusación en la causa por tráfico de influencias que instruía la magistrada Beatriz Biedma contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, a cuenta de su supuesto enchufe en la Diputación de Badajoz.

Además, Leire Díez y Teijelo se vieron con el entonces número dos de Álvaro García Ortiz, el jefe de la Secretaría Técnica Diego Villafañe y con la fiscal Beatriz López Pesquera el 6 de marzo de ese mismo año –según ha admitido la Fiscalía General del Estado–, tan solo 24 horas después de que la instructora del «caso David Sánchez», Beatriz Biedma, denegase al exmagistrado la posibilidad de personarse en el procedimiento.

Esta es una de las causas, según la investigación que lidera el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que las «cloacas del PSOE» tenían en el punto de mira para intentar desactivarlas (como la de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez). Y según ha puesto ya de manifiesto la Unidad Central Operativa (UCO) en sus informes, la presunta trama criminal a cuyo frente Pedraz sitúa a Santos Cerdán, se habría servido especialmente de Sáenz de Tejada para articular «diversas vías» con el objetivo de «desestabilizar» el proceso judicial en el que estaba siendo investigado David Sánchez (que acaba de ser juzgado por la Audiencia de Badajoz).

La personación del exjuez

La primera ofensiva, precisamente, pasaba porque el exmagistrado –apartado de la carrera judicial tras ser condenado por violencia de género– se personase como acusación particular «para producir una parálisis en el procedimiento» –esgrimiendo, como efectivamente hizo, un auto de la Audiencia de Badajoz de 2015 en el que sustenta esa «enemistad manifiesta» de Biedma hacia su persona)–.

En esa resolución de 5 de junio de 2015, la Sala estimó por «mera prudencia» la recusación planteada por el exmagistrado al considerar que el hecho de que Biedma se hubiera reservado la posibilidad de ejercer acciones legales contra Sáenz de Tejada por comentarios que la propia Audiencia Provincial de Badajoz calificó como «intolerables», «irrespetuosos» y «al margen de su estricto derecho de defensa» podía comprometer su «apariencia de imparcialidad».

Una vez asegurada su presencia en el procedimiento (a la que la fiscal del caso se opuso), el objetivo era poner sobre la mesa esa «enemistad manifiesta» para apartar a Biedma de la causa.

Y es precisamente ese día en que se formaliza la petición de ser parte del procedimiento como acusación cuando Leire Díez anota en su agenda: «Reunión FGE».

«Vía» clave contra Biedma

Si esa reunión se produjo o no es una incógnita, pues la Fiscalía solo reconoce dos reuniones con la «fontanera del PSOE» y el abogado de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo, a quien Ferraz pagó al menos 125.000 euros por trabajos de asesoría jurídica de los que la Unidad Central Operativa (UCO) sospecha, pues considera que la presunta trama recurrió a «facturas mendaces» del PSOE para enmascarar los pagos a las «cloacas». Pero solo una de esas reuniones tiene fecha, el 6 de marzo del pasado año, dado que la otra la sitúa entre finales de marzo y principios de abril de ese mismo año.

En todo caso, como se ha apuntado, esa reunión reconocida por la Fiscalía General del Estado el 6 de marzo de 2025 también está vinculada estrechamente con el «caso David Sánchez» y los intentos de la presunta trama de desestabilizarlo. No en balde, 24 horas antes, el 5 de marzo, Biedma había rechazado la personación del exjuez Sáenz de Tejada, con lo que esa primera «vía» de las «cloacas» para poner patas arriba la investigación judicial al hermano de Pedro Sánchez estaba condenada al fracaso salvo que la Audiencia de Badajoz diese la razón al exmagistrado (algo que no hizo).

La recusación de Biedma

De la segunda reunión de dos de los supuestos puntales de la «trama» con el círculo más próximo a García Ortiz no se conoce la fecha, pero la Fiscalía General del Estado la sitúa entre finales de marzo y principios de abril, cuando todavía estaba abierta esa ofensiva contra Biedma para intentar echar por tierra la investigación judicial a David Sánchez.

Es en esas fechas cuando, por ejemplo, se estaba sustanciando la recusación de Biedma por parte de Sáenz de Tejada (la presentó el 19 de marzo) o, incluso, el intento de personación (visto que la vía del exjuez no prosperaba) de la hermana de Sáenz de Tejada, a quien Biedma fijó una fianza de 10.000 euros.

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El Tribunal Supremo no ve razones que justifiquen el indulto a Álvaro García Ortiz. La Sala que condenó al ex fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación por revelación de secretos por la filtración de datos reservados del empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ha informado, por mayoría, en contra de la concesión de la medida de gracia solicitada para él por varios ciudadanos al no apreciar razones de justicia, equidad o utilidad pública que la sustenten.

Para el tribunal, los hechos por los que fue condenado "fueron graves" y han provocado "una afectación importante de la institucionalidad del Ministerio Público por la relevancia de su función, como promotor de la Justicia, garante de la independencia judicial y del ejercicio de los derechos de los ciudadanos de acuerdo a la legalidad”.

Según exponen los magistrados, "la contravención de la norma referida al mantenimiento del secreto y confidencialidad de sus actuaciones es un hecho grave, que, declarado en sentencia firme, debe ser ejecutado, aunque sea con una consecuencia jurídica de escasa relevancia".

Además, añaden que tampoco han constatado "una actuación posterior del condenado que suponga un reconocimiento de la vigencia de la norma y un acatamiento al orden jurídico".

"Se indultan las penas, no el delito"

El tribunal aprecia una sustancial falta de contenido del indulto que se solicita para García Ortiz y recuerda que "se indultan las penas, no el delito". Y a este respecto precisa asimismo que "no se indultan las penas ya cumplidas sino sólo las que están en ejecución", según la propia Ley de Indulto.

La "pérdida de relevancia de la consecuencia jurídica" de la condena (la inhabilitación para ejercer el cargo, dado que ya fue designada su sucesora en el mismo, la actual fiscal general Teresa Peramato, para un periodo de cuatro años, no pudiendo ser cesada salvo por causas tasadas por ley) es puesta de manifiesto -recuerda el Supremo- por el Ministerio Fiscal (que sí respalda el indulto). La Sala recalca que "también es procedente afirmar esa pérdida de relevancia respecto al indulto que se propone".

En este caso, recuerdan los magistrados, únicamente está pendiente de ejecución la pena de inhabilitación para el ejercicio del cargo de fiscal general del Estado (García Ortiz renunció al puesto en noviembre del pasado año, una vez hecha pública la sentencia, anticipándose a su ejecución).

Por ello, la Sala acuerda informar desfavorablemente la petición de indulto. Al mismo tiempo, señala que los proponentes del derecho de gracia no justifican en modo alguno, ni informan sobre las supuestas razones de justicia, equidad y de utilidad pública que justificarían la adopción de la medida.

Ahora, el alto tribunal envía su informe a la presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, quien será la encargada de remitirlo al Ministerio de Justicia para que el Gobierno adopte la decisión al respecto.

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Los fiscales han alzado la voz en contra de las explicaciones que ha ofrecido la Fiscalía General del Estado (FGE) respecto a las dos reuniones de la exmilitante socialista Leire Díez en la sede institucional. Este jueves la Asociación de Fiscales (AF) expresaba en un comunicado su desconcierto ante el hecho de que dos "particulares" -Leire Díez y el letrado de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo- se reunieran y dieran cuenta del contenido al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Ahora, a sus reproches se ha sumado la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que ha emitido otro duro comunicado en el que ha expresado su "preocupación" por las reuniones del entonces Teniente de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe, y miembros de las ya denominadas "cloacas" del PSOE.

La organización considera que estos encuentros generan serias dudas sobre la independencia y la apariencia de neutralidad política de la institución fiscal. Más aún, que estas reuniones se conozcan cuando aún se están "recuperando de la situación vivida por el Ministerio Fiscal que tuvo que presenciar cómo su Jefe, el Fiscal General del Estado, sin dimitir de dicho cargo, tenía la condición de acusado y se sometía a un procedimiento penal en la Sala Segunda del Tribunal Supremo y, finalmente, fue condenado por la comisión

de un delito en el ejercicio de su cargo".

En el documento, la Asociación recuerda que la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado es el órgano encargado de asesorar al Fiscal General y de elaborar documentos doctrinales de obligado cumplimiento para todos los fiscales del país. Por ello, la asociación se pregunta cuál fue el motivo de dichas reuniones, qué objetivo perseguían y por qué no se informó a la Fiscalía Anticorrupción sobre su contenido.

Para la organización, estos interrogantes "no han sido contestados por la FGE" y esto produce "una lógica intranquilidad porque tiñe a estas reuniones de fines espurios, de fines que no pueden explicarse porque no tienen amparo legal".

"La Fiscalía, el Ministerio Fiscal, es una institución básica en un Estado de Derecho y, por tanto, no sólo debe funcionar de manera independiente sino que además debe parecerlo. Estos comportamientos nos alejan seriamente de esa apariencia de neutralidad política y de independencia", aseguran.

En su comunicado, APIF sostiene que las informaciones conocidas sobre estos encuentros perjudican la credibilidad de la institución, profundizan el descrédito que afecta al Ministerio Fiscal, y va en contra de las manifestaciones de la actual fiscal general del Estado, Teresa Peramato, de "curar heridas" y "pasar página". Al contrario, dicen, "nos hunde aún más en un descrédito que no nos merecemos y, mucho menos, se merecen los ciudadanos".

Como medida inmediata, la asociación solicita a la Fiscalía General del Estado que ordene la apertura de diligencias de investigación para esclarecer los hechos. Asimismo, pide que se tome declaración a diversos fiscales que habrían tenido relación con los encuentros y con las circunstancias investigadas como son Álvaro Garcia Ortiz, Diego Villafañe y la fiscal de la Audiencia Nacional Beatriz López Pesquera.

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La Audiencia Provincial de Barcelona tiene previsto decidir el próximo 3 de julio si ordena reabrir la investigación contra [[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/espana/mossos-fuga-puigdemont-ven-solo-sospechas-conjeturas-intento-reabrir-causa_202605266a155ecd339dd32ea9967008.html|||tres mossos dEsquadra]] por haber auxiliado supuestamente a Carles Puigdemont a esquivar la orden de detención en vigor contra él el 8 de agosto de 2024 y huir de nuevo a Bruselas tras reaparecer en Barcelona con motivo de la investidura de Salvador Illa.

Así consta en una diligencia de ordenación, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, en la que la letrada de la Administración de Justicia de la Sección 7ª del citado tribunal fija esa fecha para "la deliberación, votación y fallo" de los recursos interpuestos por la Fiscalía, Hazte Oír y Vox contra la decisión de la instructora de archivar el procedimiento el pasado 27 de abril al no apreciar indicios de delito tras casi dos años de investigación.

El ponente de la resolución (encargado de redactar el fallo) será el magistrado Pablo Díez Noval, según consta en ese mismo escrito.

Aunque coinciden en que la investigación judicial debe proseguir, Fiscalía y acusaciones populares discrepan sin embargo respecto a los delitos que deben imputarse a los tres mossos encausados -Jordi Rodrigo, Xavier Manso y David Goicoechea-. El Ministerio Público únicamente aprecia indicios suficientes para seguir investigándoles por omisión del deber de perseguir delitos, pero no por encubrimiento. Por contra, tanto Vox como Hazte Oír no ven motivos para apartar de la causa este último delito.

El fiscal no ve encubrimiento

Según las dos acusaciones populares, el encubrimiento no precisa de una intervención material directa "sobre el desplazamiento físico" de Puigdemont, ni la ejecución de "actos visibles de ocultación en sentido estricto". Es suficiente, según pusieron de manifiesto, cualquier conducta "objetivamente orientada a favorecer" que el expresidente de la Generalitat consiguiese "sustraerse a la acción policial o evitar su captura". No obstante, el fiscal descarta el encubrimiento, pues señaló que los tres mossos no actuaron "con abuso de funciones públicas".

Para la Fiscalía, existió una "actuación coordinada y organizada" entre los tres mossos para ayudar a Puigdemont a sortear la orden de detención contra él cursada por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa del "procés". Según pone de manifiesto en su recurso, llevaron a cabo un comportamiento "colaborador y activo".

Y ve tan claros los indicios de la omisión del deber de perseguir delitos por parte de los tres mossos que aboga por el procesamiento de los agentes. Al margen de que no estuvieran de servicio ese día, argumenta, "continuaban sometidos a todas las obligaciones inherentes" a su condición de funcionarios de policía. "Un policía es policía, lleve su uniforme o no", hizo hincapié el fiscal en contra del criterio de la magistrada María Antonia Coscollola, titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Barcelona.

Tampoco considera determinante que no se hallasen comunicaciones telefónicas entre los mossos y el líder de Junts en esas fechas, pues pudieron "ponerse de acuerdo de muy diversos modos y en momentos anteriores" (Puigdemont había anunciado con antelación que acudiría a la investidura de Illa).

"Plan elaborado"

El fiscal aprecia la existencia de un "plan elaborado" para "permitir la aparición pública" del líder independentista y "facilitar la huida del mismo impidiendo el cumplimiento de la orden de detención dictada por el Tribunal Supremo, cuya existencia y dictado era conocida por cualquier ciudadano residente en el territorio nacional, dada la enorme cobertura informativa de la que fue objeto".

Por su parte, Hazte Oír atribuye a los tres mossos "una intervención activa, organizada y consciente" en la fuga de Puigdemont "que es justamente lo opuesto a la conducta debida por funcionarios policiales conocedores de una orden de detención en vigor sobre quien tenían delante". "Resulta de muy difícil argumentación que tres agentes en activo del Cuerpo de Mossos d’Esquadra desconocieran la existencia de la orden de detención", argumenta en sus alegaciones el letrado de la acusación popular, Javier María Pérez-Roldán.

"La orden era pública y notoria, ampliamente difundida por los medios de comunicación, y vinculaba a la totalidad de los cuerpos policiales", destacó en su escrito, en el que resaltaba que "su propia condición funcionarial, sus cauces internos de información y la cobertura mediática del asunto excluyen toda hipótesis de ignorancia". No obstante, exponía, "lejos de cumplir su deber" optaron "por acompañar a Puigdemont, ampararle físicamente y favorecer su ulterior salida del lugar".

Las defensas: solo "sospechas" y "conjeturasa"

Pero para las defensas de los mossos investigados, las acusaciones quieren reabrir la causa solo con "sospechas" y "conjeturas". En los recursos contra la decisión de archivarla, se quejan, no se identifican nuevos indicios, enarbolando "una construcción hipotética basada en posibilidades abstractas" sobre una "coordinación previa" de los investigados con Puigdemont y meras "especulaciones sobre teléfonos no intervenidos, comunicaciones no detectadas o planes no acreditados". "No basta una concatenación de sospechas" para reabrir el procedimiento, insisten.

"Ninguna grabación muestra actos típicos de ocultación, ayuda material o facilitación efectiva de la fuga", recalcan las defensas. "No existe comunicación acreditada con el president Puigdemont en esas fechas", destacan, al tiempo que ponen de relieve que tampoco consta "ninguna orden recibida por los investigados".

A este respecto señala que estaban "fuera de servicio". "No estaban ejerciendo funciones operativas, no recibieron orden concreta de actuar, carecían de competencia funcional para ejecutar la detención y no consta, por tanto, conducta omisiva", subrayan las defensas en el escrito en el que se oponen a las peticiones de reapertura.

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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha constatado tras un exhaustivo análisis de correos electrónicos y llamadas telefónicas que la asesora de Moncloa Cristina Álvarez contactaba "de forma habitual" con los patrocinadores de la cátedra de Transformación Social Competitiva que codirigía en la Universidad Complutense Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En esas "labores de asistencia" a Gómez en sus actividades privadas, los agentes inciden en que las comunicaciones se centran sobre todo en el desarrollo del software para una plataforma dirigida a las pymes del que supuestamente se había apropiado la esposa de Sánchez pese a que fue costeado con dinero público.

Hasta el punto de que, dadas las "funciones de gestión y auxilio a la dirección de la catedra" que desarrolló, la Guardia Civil le considera "integrada en el equipo de trabajo de la cátedra". "Independientemente de la ausencia de una relación formal con la universidad", queda acreditada que llevó a cabo "una gestión activa" en el marco de la misma, como atestigua el examen de sus comunicaciones.

Así, la UCO ha hallado más de 200 correos en los que -bien como remitente, destinataria o en copia- se aborda el desarrollo del software. Entre otros, un total de 58 correos, entre noviembre de 2022 y diciembre de 2023, con Deloitte, a la que se adjudicaron dos contratos de consultoría para el desarrollo de esa herramienta digital asociada a la cátedra. Comunicaciones entre las que se incluye, entre otras personas, a la propia Begoña Gómez.

En esos correos se abordan, por ejemplo, cuestiones relativas a reuniones de la cátedra para el proyecto del software (ocho correos entre el 23 y el 30 de noviembre de 2022), reuniones por videoconferencia (cinco correos para esas citas a las que es convocada entre diciembre de 2022 y enero de 2023) o la firma de convenios.

Los agentes contabilizan más de una veintena de correos desde finales de febrero a primeros de julio de 2022 relacionados con el desarrollo de ese software (con copia a la esposa de Sánchez).

95 correos con veinte empleados de Telefónica

En cuanto a los contactos con Telefónica, que aportó "material humano para el desarrollo de un módulo" de esa herramienta digital, el informe de la UCO señala que veinte empleados de la compañía "mantuvieron comunicaciones vía correo" con Álvarez, la mayoría vinculados con el desarrollo de la plataforma digital de medición de impacto social. En total, se intercambiaron 95 correos.

A su vez, Telefónica aportó 66 correos entre el 14 de enero de 2022 y el 1 de marzo de 2023 centrados en la convocatoria de reuniones a través de Zoom para el desarrollo de esa plataforma, entre cuyos destinatarios figura Begoña Gómez pero no su asesora.

Con Indra, figura como destinataria (o en copia) de 37 correos, aunque en la gran mayoría la Guardia Civil no aprecia una "intervención directa" de la asesora en las cuestiones tratadas sobre el software (salvo las gestiones para que Gómez se reuniera con el directivo de la compañía Ángel Bonet.

Con otra de las empresas que colaboraron con la plataforma, Making Science, los agentes han constatado un intercambio de comunicaciones en relación a tres reuniones celebradas entre enero de 2023 y febrero del año siguiente (cuando la sociedad realizó una oferta para una segunda fase del proyecto que finalmente no cuajó).

Los correos intercambiados con las distintas empresas implicadas en el proyecto son numerosos: Google (26 de mayo de 2022 a mayo de 2023); Devoteam (29 comunicaciones para reuniones de seguimiento, a una de las cuales fue convocada Álvarez)

Las llamadas telefónicas

La UCO cumplimenta así el encargo del juez Peinado de julio del pasado año, cuando el instructor encargó a la Guardia Civil el análisis de las llamadas efectuadas o recibidas desde su teléfono móvil con empresas vinculadas a la cátedra que codirigía Begoña Gómez en la Complutense, con la propia universidad y con el empresario Juan Carlos Barrabés y su grupo de sociedades.

Tras analizar la documentación remitida por Telefónica, Vodafone, Indra y Google, entre otras, los agentes concluyen que Cristina Álvarez "formaba parte de forma habitual en diferentes comunicaciones efectuadas con los colaboradores" de la cátedra de la esposa del presidente del Gobierno (empresas que aportaron los correos electrónicos analizados).

Los investigadores no han hallado rastro de llamadas vinculadas con la Organización Mundial del Turismo (OMT), pero si una comunicación de noviembre de 2024 con el Círculo de Bellas Artes, constando en agosto de 2021 la participación de la cátedra en un foro de innovación en artes y humanidades celebrado en la sede de la institución en Madrid.

Cristina Álvarez también se dirigió a dos de las empresas vinculadas a la cátedra, Numintec Comunicaciones (que asumió el pago de 6.000 euros a la cátedra) y Conpymes. Igualmente, constan contactos telefónicos con la Fundación La Caixa, una de las entidades que suscribieron el convenio de creación de la cátedra codirigida por Begoña Gómez, con personal de la Complutense (en particular, con el codirector de la cátedra, José Manuel Ruano), pero no con Barrabés y sus empresas.

© Jesús G. Feria / LA RAZÓN