En 2012, una adolescente de Minnesota empezó a recibir cupones de descuento para ropa de bebé y cunas. Su padre, furioso, acusó al supermercado Target, que se los estaba enviando, de incitar a su hija a quedarse embarazada. Al final tuvo que disculparse: la chica estaba embarazada. A pesar de que ella no se lo había contado a nadie, Target lo sabía. ¿Cómo? Un algoritmo había detectado cambios en sus compras de cremas hidratantes y suplementos vitamínicos, un patrón que suele verse en mujeres que se han quedado embarazadas.

La inteligencia artificial generativa no nace del vacío. Es la descendiente del modelo anterior, uno que ha convertido la vida, el comportamiento humano y el entorno en una mina de datos, explotada por un enorme sistema industrial que se lucra comerciando con esa información sin apenas límites legales. A nivel estructural, la IA no supone una ruptura con esas lógicas. Al contrario, representa una evolución, gracias a nuevas técnicas de análisis como las redes neuronales y el músculo computacional de los centros de datos hiperescalares.

Poco importa que los fines políticos y los marcos regulatorios de cada país difieran; la IA se ha desarrollado en esta dirección incluso en sistemas opuestos. Tanto en las democracias liberales como en la autocracia china, el avance de esta tecnología ha traído consigo una mayor capacidad de observación y predicción del comportamiento del individuo y de la sociedad. Más que un plan maligno, es una consecuencia técnica: la IA mejora cuanto mayor es su acceso a los datos, por lo que existen incentivos económicos y políticos para derribar las barreras de privacidad que le puedan cortar el paso.

En comparación con el capitalismo de la vigilancia de Occidente, ¿en qué consiste el «Sistema de Crédito Social» chino?

La arquitectura de control en Occidente es soterrada: se defiende la libertad individual, pero se pone a prueba cientos de veces al día con constantes notificaciones e impactos publicitarios afilados con precisión neurocientífica. En China, en cambio, la fusión militar-civil hace que la vigilancia sea explícita. Los ciudadanos saben que todo lo que escriban en conversaciones «privadas» de WeChat, lo que busquen en Baidu o lo que compren en AliPay puede llegar al Partido Comunista. La misma tecnología que más allá del «Gran Cortafuegos» chino se usa para personalizar anuncios por miles de empresas, en China se usa de manera centralizada para asegurar la «armonía social», como lo denomina el régimen.

A diferencia de las democracias liberales occidentales, el sistema político chino ha priorizado históricamente la gestión preventiva del conflicto frente a su resolución pública y la confrontación abierta: neutralizar la semilla de la disidencia antes siquiera de que brote. En el gigante asiático, la capacidad de control y predicción que ofrece la inteligencia artificial pasa de ser un producto comercial a una herramienta de gobernanza. El reconocimiento facial, el seguimiento de la movilidad, la censura automática y el análisis del comportamiento colectivo son facultades de la administración social, no castigos coercitivos.

Con todo, conviene huir de la caricatura. El famoso «Sistema de Crédito Social» chino no es, según el consenso académico más reciente, el ojo orwelliano y centralizado que a menudo se describe fuera de sus fronteras. Se parece más a un conjunto de listas negras burocráticas sin conexión real entre sí. La acumulación de impagos, por ejemplo, puede provocar una prohibición para la compra de billetes de avión o trenes de alta velocidad, artículos de lujo o acceso a otros préstamos. En algunos lugares, el castigo alcanza la imagen pública, exponiendo la cara y el nombre del infractor en pantallas por las calles.

Que no responda a esa caricatura no lo hace menos invasivo ni menos real para quienes lo sufren, sino que opera de una forma distinta a la que suele imaginarse en Occidente. Este sistema nació antes de la inteligencia artificial y, aunque se ha visto potenciado por ella, no tiene una base de datos única en todo el país ni cruza datos entre diferentes agencias estatales. De nuevo, es necesario contextualizarlo como parte de una cultura que penaliza la desviación individual de manera mucho más severa que la occidental, más allá de la tecnología de control que utiliza.

Este es el motivo por el que la inteligencia artificial no es vista por la gran mayoría de los ciudadanos chinos como una red opresiva, sino como el precio de la estabilidad, la eficiencia y la «armonía social» en un país de 1.414 millones de habitantes. Así lo recogen informes como el Artificial Intelligence Index Report elaborado por la Universidad de Stanford, basado en las encuestas internacionales de Ipsos, que señalan que el 85 por ciento de los chinos afirma que esta tecnología tiene «más ventajas que desventajas». Es la cifra más alta del mundo, casi 50 puntos por encima de los estadounidenses y más de 30 respecto a los españoles.

Hay que leer esas cifras con cautela: en la China actual, mostrarse contrario a la IA puede interpretarse como una forma de disidencia al contradecir la estrategia nacional del Partido Comunista. Con todo, sería un error reducirlo solo a una coerción. Una parte muy importante de la población china percibe beneficios reales en este modelo: mayor sensación de seguridad, eficiencia en servicios públicos digitales o una infraestructura de pagos móviles que funciona mejor que en Occidente. Una arquitectura única y eficiente, pero incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos.

¿Qué pasa cuando le preguntas a una IA china sobre Tiananmén?

China obliga por ley a que toda IA desarrollada en su territorio «defienda los valores socialistas centrales». En la práctica, esto implica que DeepSeek, Ernie, Qwen y cualquier chatbot chino no pueda responder sobre Tiananmén, el Tíbet o Hong Kong. Ellos intentan hacerlo y el usuario ve cómo empiezan a escribir, pero antes de que puedan completar la respuesta, una IA censora entra en acción y los bloquea, invitando al usuario a que pregunte otra cosa. Las tácticas del siglo XVIII pueden sobrevivir en la era algorítmica.

El Partido Comunista tiene otras bazas a su favor. Durante años ha inundado las redes occidentales de propaganda estatal, dirigida a influir sobre los chinos en el extranjero. Esa masiva campaña de desinformación ha contaminado la base de datos de entrenamiento de los modelos que usamos en Europa y América. Según una investigación del American Security Project, es muy habitual que ChatGPT, Gemini (de Google) y especialmente Copilot (de Microsoft) reproduzcan propaganda del Partido cuando se les hacen preguntas en chino. Mientras que en inglés estos sistemas suelen ofrecer respuestas que se alinean con las de los organismos internacionales, en chino pivotan para alinearse con la narrativa de Pekín, afirmando que hay sospechas de que el COVID-19 pudo surgir en EE. UU. u omitir la masacre de Tiananmén o la represión de Hong Kong en sus repasos históricos.

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Inteligencia Artificial. Cartografía de una revolución (editorial Península) se presenta este jueves 18 de junio a las 18.30 horas en la librería Marcial Pons (Plaza del Conde de Súchil 8, Madrid). Está compuesto de 50 preguntas y respuestas, acompañadas de mapas, infografías, biografías de los principales protagonistas y documentos clave sobre cómo esta tecnología está sacudiendo los cimientos políticos, económicos y militares de nuestras sociedades.

Magnific (antes Freepik), la plataforma web referente mundial en la generación de imágenes con IA radicada en Málaga, ha comunicado a sus trabajadores la apertura de un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará al 30% de su plantilla en España, compuesta por unos 350 trabajadores, la mayoría en su sede de la capital de la Costa del Sol. En total, un centenar de puestos de trabajo. Un portavoz oficial de la compañía confirma a este medio que el ERE para “una parte de la compañía” ha comenzado y que se abre un “proceso de negociación” con los trabajadores, pero ha evitado ofrecer más detalles por “imperativo legal”.

Este miércoles estaba previsto que la empresa comunicara a la representación de los trabajadores los perfiles laborales que quiere suprimir, un 30% de la plantilla de Freepik Company S.L.U., la sociedad con sede española. Según la empresa, el ERE no obedece a causas económicas, sino organizativas, vinculadas al cambio de modelo de negocio que comenzó hace ahora tres años, cuando la compañía se reorientó desde lo que era un banco de imágenes hacia la generación de contenido audiovisual con Inteligencia Artificial.

Magnific declara 196 millones de ingresos anuales recurrentes, más de un millón de suscriptores de pago activos y unos cien millones de visitantes mensuales a sus canales. Entre sus clientes están la BBC, Mayoral, Guess o Damm.

En 2020, el fondo sueco de capital riesgo EQT, especializado en invertir en empresas maduras para hacerlas crecer y luego revender, adquirió el 53% de Freepik, valorándola en 225 millones de euros. Sus fundadores mantienen la minoría y la gestión del día a día. Ahora circula la idea de que se la adelgaza para hacerla atractiva para una futura venta, una hipótesis persistente en los últimos años.

De Freepik a Magnific

Magnific, que hace un mes y medio que volteó su identidad corporativa con su nuevo nombre, es una de las grandes referencias europeas de la Inteligencia Artificial, la única con sede en el viejo continente entre las 15 webs y plataformas de esta tecnología más usadas del mundo. Ocupa el puesto once en una relación copada por gigantes estadounidenses como ChatGPT (de OpenAI), Gemini (Google), Grok, Claude (Anthropic) o la china Deepseek.

Lo hace desde Málaga, donde nació hace 15 años como una startup volcada en un sector diferente al que ahora se dedica, el de la puesta a disposición del usuario de un inmenso banco de imágenes con cientos de miles de ilustraciones y fotografías. De ahí su nombre hasta el pasado 29 de abril: Freepik.

Sus fundadores se dieron cuenta de que esa idea original podía quedase corta. “Nos dimos cuenta de que lo que hacíamos ya no tenía mucho sentido si queríamos sobrevivir”, explicaba Joaquín Cuenca, fundador y CEO, en una entrevista con elDiario.es. Así que Freepik evolucionó hasta convertirse en Magnific: una plataforma volcada en la generación de imágenes con IA, segmento de negocio en competencia directa con su mercado original. Magnific ofrece desde su web acceso a los principales modelos generativos de imágenes por Inteligencia Artificial.

El modelo de negocio de la empresa se dirige ahora al desarrollo de herramientas de generación de vídeo que permitan que cualquiera con una idea en su cabeza pueda hacer una película. Un espacio infinito que moldear con la ayuda de su tecnología. “Nuestra tesis es que con la evolución de la IA lo que se va a crear es una industria en torno a la creatividad”, decía Cuenca.

Una nueva filtración de datos personales ha expuesto en Internet información de contacto y la dirección de varias personas investigadas en diferentes casos de corrupción. Entre los afectados están la antigua militante socialista Leire Díez, el ex secretario general del PSOE Santos Cerdán, el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y los empresarios Víctor Aldama y Juan Carlos Cueto.

La información publicada incluye números de teléfono, correos electrónicos y números de DNI. En dos de los casos la publicación incluye también la dirección de domicilios particulares. Tal y como ha avanzado Público y ha podido contrastar elDiario.es, parte de los datos filtrados son verídicos.

Este tipo de ciberataques se denomina doxeo y consiste en la exposición de información privada de la víctima. Es habitual entre ciberdelincuentes, como método para romper su anonimato y dejarlos expuestos al acoso de otros usuarios o a la localización policial. En los últimos años, se ha popularizado su uso también contra políticos y miembros de la esfera pública como el presidente Pedro Sánchez o miembros de su Gobierno.

No obstante, al contrario que cuando se lanza contra personas que intentan ocultar su identidad —como los ciberdelincuentes—, su empleo contra figuras reconocidas no requiere demasiados conocimientos técnicos. Al contrario, los datos filtrados suelen provenir de bases de datos robadas a empresas y expuestos ya en ciberataques previos.

Esa característica no exime de responsabilidad a los autores. En julio de 2025, la Policía detuvo a dos hombres acusados de estar detrás de la campaña de doxeos que a principios de verano afectaron a Sánchez, ministros como Fernando Grande-Marlaska, Óscar Puente, Luis Planas o Diana Morant, y políticos de todos los partidos excepto Vox. En octubre, fueron detenidos dos menores de edad tras otra serie de filtraciones. Los cuatro individuos fueron acusados de delitos de terrorismo y/o contra altas autoridades del Estado.

En esta ocasión, la filtración no alcanza a miembros del Gobierno. El autor avisa de que “es una muestra de lo que se viene” y amenaza con publicar información de las fuerzas del estado, “altos cargos de la UCO” y otros organismos como el CNI. También pide la liberación de ciberdelincuentes condenados, como el joven Alcasec.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que los Estados miembros pueden exigir la verificación de la edad a los usuarios que intenten acceder a páginas webs pornográficas, con el objetivo de evitar el acceso menores. La resolución, publicada este martes, aclara que los países tienen potestad para restringir el acceso a estos portales de contenido para adultos incluso cuando las empresas que los gestionan estén fuera de su territorio.

La decisión responde a una consulta del Consejo de Estado francés, a raíz de los recursos presentados por varias empresas de origen checo. Estas compañías argumentaron que la normativa gala que impone sistemas de control de edad vulneraban las leyes europeas sobre comercio electrónico, que establecen que las plataformas digitales solo deben someterse a la regulación del Estado donde tienen fijada su sede legal.

El tribunal aclara que, aunque dicho principio busca garantizar la libre circulación de servicios en el mercado común europeo, la normativa permite introducir excepciones de orden público o protección de la infancia.

Para aplicar estas restricciones, los magistrados establecen que las medidas deben ser proporcionadas al objetivo que persiguen. “No obstante, antes de adoptar medidas de ese tipo, salvo en caso de urgencia, es necesario, por una parte, solicitar al Estado miembro de establecimiento del prestador de servicios en cuestión que adopte él mismo las medidas adecuadas y, por otra parte, notificar a la Comisión Europea y a dicho Estado miembro la intención de adoptarlas”, explica el TJUE.

La resolución coincide con la tramitación de varias leyes en los países europeos para establecer los marcos normativos para esos controles de edad. Una de ellas es el proyecto español de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales. El Gobierno español ha desarrollado una app denominada Cartera Digital Beta, que comenzó a diseñarse con el propósito original de controlar la edad de entrada a los portales pornográficos y que actualmente se proyecta como el mecanismo para vigilar el límite de uso de las redes sociales para los menores de 16 años.

El desarrollo de este sistema se apoya en el reglamento europeo de identidad digital eIDAS 2, que obliga a los veintisiete países de la Unión a ofrecer a los ciudadanos al menos una aplicación de cartera digital compatible desde este año. La aplicación se basa en un modelo de doble ciego, un mecanismo que permite que el ciudadano verifique su identidad sin que el Gobierno o las páginas web a las que intenta acceder conozcan su identidad, asegura el Ministerio para la Transformación Digital.

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes una inversión de 719 millones de euros del Ministerio para la Transformación Digital en el consorcio público-privado que desarrollará una gigafactoría avanzada de Inteligencia Artificial (IA). Se trata de una gran infraestructura de supercomputación con varios centros de datos y cientos de miles de chips avanzados diseñada para entrenar y operar modelos avanzados de IA a escala industrial.

La Unión Europa ha puesto encima de la mesa 20.000 millones de euros que se adjudicarán a entre tres y cinco gigafactorías repartidas por el continente. El proyecto español opta a ser una de ellas con una candidatura multisede que incluye las ubicaciones de Móra la Nova, en Tarragona, y San Fernando de Henares, en Madrid. “Es una apuesta por la soberanía tecnológica e industrial”, ha defendido la portavoz del Gobierno en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Elma Saiz.

El núcleo privado del consorcio lo forman Telefónica, ACS, el Banco Santander y Multiverse Computing, una startup con Sede en San Sebastián que desarrolla software para hacer más eficientes los modelos de IA usando técnicas inspiradas en la computación cuántica, reduciendo costes y consumo energético sin perder rendimiento.

Banco Santander, ACS y Telefónica, controlarán de forma conjunta el 47% del capital de dicha sociedad, con una participación individual del 15,67% cada uno. Con la entrada de Multiverse Computing, que contará con un 4%, el bloque privado alcanzará el 51% del capital y asumirá el control de la sociedad.

El Gobierno ostentará una participación del 47,99% a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT). Esta entidad, conocida como la SEPI digital, agrupa las diferentes inversiones estatales en empresas tecnológicas de última generación con el objetivo de anclarlas al territorio y evitar la fuga de talento. Una de ellas es la propia Multiverse Computing. La Generalitat de Catalunya también contará con un 1% del capital de la gigafactoría en una fase inicial.

Fuentes del Ejecutivo detallan que aún no se conocen los plazos en los que la UE resolverá las candidaturas a las que adjudicará finalmente los fondos. El primero paso será la publicación del concurso oficial por parte de la Comisión Europea, algo que se espera que ocurra en julio. Hasta entonces, España continúa dando pasos para demostrar su compromiso con el proyecto.