No por ser esperado le resulta menos indignante a Isabel García, vecina de Touro (A Coruña) implicada desde 2017 contra la reactivación de la mina de cobre en ese municipio, el aluvión de comunicaciones que la Xunta está remitiendo a personas que presentaron alegaciones al proyecto. Lo que dicen esas notificaciones es que la administración autonómica no las considera personas interesadas en el proceso. Por tanto, sus objeciones van a ser desechadas. La carta les ha llegado a vecinos de Cabo de Cruz, en Boiro (A Coruña), a 55 kilómetros en línea recta del yacimiento y que temen sus efectos a través de las aguas del río Ulla, pero también a residentes que tienen su vivienda a 200 metros de la explotación.

La vía de denegar la condición de interesado a personas que alegan en un proceso administrativo no es nueva: la Xunta revisa en cada caso la pertinencia de las peticiones y responde negativamente si entiende que no está suficientemente justificado. Pero la tramitación de la macrocelulosa de Altri le dio una nueva dimensión a este modo de actuar, con una avalancha de denegaciones que, para organizaciones muy activas contra el proyecto como Greenpeace, era un intento de “silenciar” la enorme oposición que había y que se tradujo también en miles de alegaciones. La historia se repite en Touro. Isabel García, que es miembro de una de las plataformas vecinales que batallan contra los planes de volver a explotar el yacimiento, ve un paralelismo y cree que la intención es desgastar a quienes se oponen: “Hacer esta maniobra con personas que, en muchos casos, no están acostumbradas a lidiar con este tipo de comunicaciones es una táctica para intentar que no se siga adelante”. “Y también buscan tener un argumento de que no hubo tantas personas porque no hubo tantos interesados”, agrega. Meterse en el asunto, dice, es “una carrera de obstáculos”.

“Están usando el mismo modus operandi que con Altri”, sostiene Che Cancelo, portavoz de otra plataforma vecinal contra la mina. Primero, explica, llegaron hace unos meses las comunicaciones que pedían a quienes presentaron alegaciones justificar que son parte interesada en el proceso. Desde hace semanas constan las denegaciones, contra las que se puede presentar recurso de alzada. Cancelo considera que, al analizar los distintos casos, no quedan claras las razones ni los criterios de la Xunta y se queja de que están excluidas personas a las que les expropiarían terrenos, que ella defiende que es un elemento que demuestra que tienen interés en el proceso. Los razonamientos de la administración autonómica en algunos de estos casos de vecinos de la zona, a cuyas resoluciones ha tenido acceso esta redacción, son que la persona “alega de forma genérica posibles pérdidas económicas, psicosociales, culturales, ambientales y de salud que no se evaluaron” y que no se acredita “una relación material unívoca” ni un efecto “cierto” derivado del proyecto.

La ley de procedimiento administrativo común señala que se consideran interesados en un procedimiento quienes lo promuevan como titulares de derechos legítimos, los que tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que se adopte o aquellos cuyos intereses legítimos puedan resultar también afectados y se personen antes de que haya resolución definitiva.

Ricardo Ares es una de las personas que vive en las inmediaciones de los terrenos de la mina, en Arinteiro, un núcleo perteneciente a Touro. Compareció a principios de mes ante la prensa para explicar su caso, junto al Sindicato Labrego Galego. “Las tierras me las llevan todas”, afirmó, pero la respuesta a su petición de ser parte interesada ha sido negativa. Si los planes de Cobre San Rafael reciben el visto bueno, afirma que no podrá vivir en el lugar en el que lo hace ahora. Teme los impactos sobre los manantiales de la zona, en unos terrenos con repetidos episodios de contaminación que han llevado a que la propia Xunta imponga multas. Ares dirigió unas palabras al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda: “Tenga un poco de dignidad y hable con los vecinos”.

El Sindicato Labrego también carga contra la Xunta por una actitud que califica de “oscurantista”. Y otra vecina afectada, Marta Curros, avisa de que esta forma de proceder genera indefensión para ellos. Recuerda que esta es la segunda vez que se registra una solicitud para reactivar la mina y llama la atención sobre que ahora se les está denegando la condición de interesadas a personas a las que sí se les reconoció en 2017. “La administración no es imparcial, está de parte de la empresa promotora”, acusó.

Las trabas desde 2017

También echa la vista atrás hacia la tramitación que empezó en 2017 Isabel García. El contexto del proyecto es inusual: el yacimiento se explotó en los años 70 y 80 para extraer cobre. Fue en 2017 cuando la empresa Cobre San Rafael -de Atalaya Mining- presentó por primera vez sus planes para retomar la actividad. La contestación social fue férrea. En 2020 la Xunta anunció que no superaba el trámite ambiental y descartó la propuesta en 2021. La empresa insistió pocos años después y el Gobierno gallego declaró el proyecto estratégico en 2024. En la actualidad está a la espera de la declaración de impacto ambiental, pero, entretanto, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia falló que la Xunta hizo mal la tramitación que llevó a denegar el primer proyecto -por una cuestión de forma, no de fondo- y anuló aquella decisión. La empresa, no obstante, ha aclarado que no tiene intención de resucitar los planes iniciales, sino de seguir con los actuales.

En cualquier caso, Isabel García, recuerda que en 2017 los vecinos que se organizaron contra la mina ya se enfrentaron al muro burocrático de la administración gallega para que los reconociese como parte interesada. “Entonces no sabíamos reaccionar, pero fuimos aprendiendo”, señala. Explica que el motivo para poner tanto énfasis en esto es que, pasado el trámite de exposición pública, se siguen incorporando informes y documentación al expediente y, si no son persona interesada, no tienen acceso a ellos. “Nos quedamos sin saber qué pasa cuando tenemos una mina a las puertas de casa”, protesta. Hace nueve años, rememora, llamaban al departamento responsable de minas y pedían ver el expediente. “Tras mucho lidiar con la jefatura, nos reconocieron como interesados. Entonces permitían ver el expediente in situ. Había que pedir cita de mañana e ir a A Coruña, lo que a muchos les suponía pedir días en el trabajo. No podías hacer fotos, tenías que solicitar una copia y volver otro día a recogerla pagando una tasa. Fue un agotamiento”, cuenta.

“Vivimos aquí, tenemos propiedades, defendemos bienes”

En el proceso actual las cartas para pedir que demostrasen su interés en el caso empezaron a llegar hace algo más de un año -el periodo para presentar alegaciones terminó el 31 de enero de 2025-. “Nosotros respondimos que lo somos porque residimos aquí, porque tenemos propiedades afectadas y están publicadas en el Diario Oficial de Galicia o porque, sin ser residentes, defendemos bienes afectados como los recursos hídricos o el Camino de Santiago, que es Patrimonio Mundial”, explica. El Icomos (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios), la organización no gubernamental que asesora a la Unesco en materia de patrimonio cultural acaba de elaborar un informe en el que pide anular cualquier permiso para la mina porque no ha habido una consulta previa ante la Unesco y está en riesgo la ruta jacobea.

García asegura que a algunas personas les llegó hasta tres veces el requerimiento para justificar su interés. Y han tenido que responder tres veces. Vuelve a recalcar que hay mucha gente afectada que no está habituada a los trámites de este tipo y señala que, por eso, las plataformas facilitan modelos para responder a las peticiones de la administración autonómica en función de si son vecinos o propietarios de tierras o si su interés deriva de otra cuestión. En el caso de Altri, esta disponibilidad de formularios, tanto en las alegaciones como en las réplicas a los requerimientos, llevó al presidente gallego a afirmar que lo que había era una campaña “orquestada”.

El siguiente episodio empezó hace unas semanas, con las cartas denegando esa consideración de parte interesada. “Piden que aportemos más información. No explican cómo”, se queja. Su conclusión es que el Gobierno gallego “no piensa en las personas”. “Compraron lo que les cuenta la empresa y van para adelante”, dice, sin que ni Rueda ni alguno de sus conselleiros se haya entrevistado con los vecinos: “¿Tienen miedo a conocer las vidas que se van a destruir?”.

La movilización contra el proyecto sigue en marcha y el domingo está convocada una manifestación en A Illa de Arousa (Pontevedra) contra la mina y también contra Altri, cuyos planes no están archivados definitivamente.

Un informe del Icomos (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, la organización no gubernamental que asesora a la Unesco en materia de patrimonio cultural) alerta de que la tramitación del proyecto para volver a explotar la mina de Touro - O Pino (A Coruña) arrastra incumplimientos desde su mismo nacimiento, reclama que se anule cualquier permiso para estos planes y que se vuelva a la casilla de salida para elaborar una evaluación previa de impacto sobre el patrimonio porque hay riesgo de que se vea afectado el Camino de Santiago, el eje sobre el que gira buena parte de la política económica del Gobierno gallego y toda su estrategia de turismo.

El documento, al que ha tenido acceso elDiario.es y figura al final de esta información, enfatiza que la Convención del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural celebrada en París en 1972 estableció que cualquier actuación sobre bienes declarados Patrimonio Mundial [el Camino de Santiago figura en la lista desde 1993], así como en las áreas buffer, que son las que rodean al propio bien, debe ser, “con carácter previo”, consultada a la Unesco o con el propio Icomos. Recalca que la notificación debe ser “lo antes posible (por ejemplo, antes de la redacción de los documentos básicos de proyectos específicos) y antes de que se tomen decisiones difícilmente reversibles”. Así lo recogen textualmente las Directrices Operativas de la Convención. Pero, advierte, el “dato alarmante” es que, en el caso del proyecto minero de Touro, “no consta que se actuase conforme a las directrices expuestas, con el riesgo que ello supone para los bienes inscritos en la lista de Patrimonio Mundial”.

El Icomos elabora su informe, con fecha del 21 de mayo, en respuesta a una consulta hecha por el concejal de Medio Ambiente e Camiño de Santiago del Ayuntamiento de Touro, Darío Rey, que trasladaba su preocupación por los posibles impactos. En el texto, la entidad avisa de que, tras consultar la documentación relacionada con el proyecto, “no existe constancia” de que se hayan solicitado esos estudios de impacto patrimonial ni por parte los ayuntamientos afectados, ni de la Xunta, ni del Estado. Su conclusión es que “se han incumplido diferentes determinaciones de carácter procedimental, algunas de ellas fundamentales”. Y concreta que entre los puntos que no se han respetado está la obligación de “notificar por adelantado al Centro de Patrimonio Mundial de la Unesco, antes de considerar cualquier acción, toda cuanta propuesta pueda tener un impacto en y sobre el Patrimonio Mundial”. “Es decir, y en el presente caso, las autorizaciones concedidas para la explotación minera de la mercantil Cobre San Rafael en el entorno del Camino de Santiago [...] debieran anularse, toda vez que no han sido consultadas previamente con la Unesco”, sostiene.

Además, la organización recuerda que las evaluaciones de impacto patrimonial deben “iniciarse desde el mismo instante en que se considere que cualquier actuación o proyecto de intervención pueda afectar al Patrimonio Mundial” y que ese proceso de comprobación debe ser “continuo en el tiempo” y mantenerse durante el desarrollo y después de ejecutada la acción. “Cualquier decisión debe ser considerada con carácter previo y a través de una evaluación de impacto, que deberá tratar los bienes del Patrimonio Mundial como elementos sensibles y valiosos”, agrega el Icomos, que enfatiza que los análisis deben tener carácter preventivo. Deja, asimismo, un aviso relacionado con la implicación de colectivos y vecinos de las zonas afectadas: la evaluación de impacto “debe promover y fomentar la participación efectiva, inclusiva y equitativa de los titulares de derechos, las comunidades locales y otras partes interesadas”. Y para ello “no basta con el cumplimiento de un proceso de exposición pública a fin de dar conformidad a un derecho establecido por un texto legislativo”.

El informe recuerda que el proyecto estuvo abierto a consulta pública desde el 25 de noviembre de 2024 -el proceso terminó el 31 de enero de 2025- y revela que el 4 de febrero de 2025 Icomos España envió un escrito a la Consellería de Cultura y otro a la de Economía para recordarles que es necesario cumplir las directrices de la Convención de Patrimonio Mundial y para trasladarles su “total y desinteresada colaboración” para crear una mesa de trabajo con la administración y la empresa promotora para proteger el Camino de Santiago. El Icomos supervisa el estado de conservación de los bienes Patrimonio Mundial. Cuando se planteó construir un teleférico entre el centro de Santiago y la Cidade da Cultura, se posicionó en contra. La Unesco terminó por rechazarlo también y el Ayuntamiento paralizó el plan por el riesgo de comprometer la declaración de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad.

El concejal de Touro que motivó el informe con su consulta señala, preguntado al respecto, la preocupación por el impacto del proyecto minero en el territorio y en el patrimonio y recalca que la evaluación previa es “fundamental” en una empresa de este tipo por sus posibles efecgtos en los valores que justifican la protección internacional del Camino. Darío Rey destaca que Icomos ponga el foco en la “participación efectiva de las comunidades locales”. El Ayuntamiento, agrega, dispone ahora de un pronunciamiento oficial del principal organismo asesor de la Unesco en la materia en el que cuestiona “aspectos esenciales de la tramitación” y “refuerza la necesidad de extremar las garantías” en la protección tanto de la ruta de peregrinación como de su entorno.

Un proceso complejo en una mina con fuerte rechazo social

El yacimiento de Touro, que entra también en terrenos del municipio de O Pino, se explotó en los años 70 y hasta mediados de los 80, cuando quedó abandonado, sin que se hiciese una reparación ambiental de los terrenos. Esa contaminación persistente la tenían muy presente los vecinos cuando, en 2017, se presentó por primera vez el proyecto para retomar la extracción de cobre a cielo abierto en el lugar. Después de intensas movilizaciones impulsadas por los vecinos, la Xunta optó por guardar los planes en un cajón en 2020. Lo hizo a través de una declaración de impacto ambiental desfavorable en aquel año y con una confirmación de que le daba carpetazo en 2021. Pero ese no fue el final de un proyecto en el que se abrieron varios frentes judiciales y que ha derivado en una inusual situación.

Con el primer intento fracasado, Cobre San Rafael -empresa detrás de los planes para reabrir la mina y participada por Atalaya Mining- recompuso la documentación y volvió a iniciar los trámites ante la Xunta, que declaró, en 2024, proyecto industrial estratégico la propuesta. Esta figura que aplica el Gobierno gallego implica una tramitación más rápida. No obstante, dos años más tarde, sigue pendiente de la declaración de impacto ambiental. Entretanto, las plataformas vecinales, asociaciones ecologistas y colectivos afectados por los vertidos que ocasionaría la explotación minera, retomaron las movilizaciones -la próxima, convocada para el domingo-. Denuncian que el proyecto es fundamentalmente el mismo que el presentado en 2017 y que tendría un gran impacto ambiental en el terreno y aguas abajo, dado que los arroyos de la zona desembocan en el río Ulla y este, en la ría de Arousa.

En medio del trámite de alegaciones se dio una situación insólita: la empresa envió un comunicado para destacar que, entre los miles de documentos registrados ante la Xunta, había 6.000 que eran a favor del proyecto. Cobre San Rafael ha sido muy activa en estos últimos años en la propaganda de sus planes mineros, colaboraciones con equipos deportivos incluidas.

Una decisión judicial ha añadido complejidad al panorama: en mayo de este año, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anuló la declaración de impacto ambiental negativa con la que la Xunta había tumbado el proyecto en 2020 y, en consecuencia, la decisión del Gobierno gallego de ponerle fin. Las críticas de la Justicia se centran en que, ante un proceso que se dirigía a descartar los planes, la Xunta no diese trámite de audiencia a la empresa que los había presentado y le denegase “la última palabra”. A pesar de esta resolución, Cobre San Rafael no tiene intención de retomar ese proyecto, sino que quiere sacar adelante el actual, el que ha sido declarado estratégico.

Esta es solo una de las derivadas judiciales relacionadas con la mina de Touro, que está pendiente de otras: la declaración de proyecto industrial estratégico fue recurrida y Explotaciones gallegas, que es copropietaria de Cobre San Rafael, afronta una demanda penal por daños al medio ambiente.

El estudio de la empresa

La documentación presentada por Cobre San Rafael para pedir la autorización de la Xunta incluye referencias al Camino de Santiago: indica que el Camino Francés -el más popular- se encuentra cerca de la mina, a unos dos kilómetros de distancia de los límites del proyecto. Lo que denomina “ámbito de respeto del Camino”, sin embargo, llega, en el punto más cercano, a solo 200 metros de la mina. La empresa asegura que la explotación no afecta ni al Camino ni a esa zona alrededor en la que también se deben controlar posibles impactos. Aporta un estudio de la Universidade de Vigo sobre integración paisajística que sostiene que solo la zona noroeste de la explotación es visible desde el Camino de Santiago -cuyas dos últimas etapas pasan al norte de la mina- y que la visibilidad llega a ser elevada en “algunos promontorios”. En el trabajo de campo, dice el texto, “se ha prestado especial atención” al tramo que atraviesa el municipio de O Pino, “desde el que podría existir una relación especialmente sensible”. La conclusión es que “el propio sentido de la marcha, hacia el oeste, limita la percepción sobre la explotación minera, que queda a la espalda del peregrino”.

Cuando anunció la declaración de proyecto industrial estratégico para la mina de Touro en 2024, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó que la inversión que se promete asciende a 200 millones de euros y los puestos de trabajo, a 394. También dio importancia a que se pretende extraer fundamentalmente cobre, un mineral considerado estratégico por la Unión Europea. El Gobierno gallego ha hecho de la minería una de sus apuestas fundamentales en materia industrial y ha manifestado su intención de reactivar explotaciones que tuvieron una fuerte oposición social. Dentro de su estrategia, encargó un informe sobre los recursos mineros de Galicia, firmado por un geólogo que trabaja para la mina de Touro. Ni la empresa promotora ni la Xunta habían contestado, en el momento de elaborar esta información, a las preguntas remitidas.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se pone de perfil en los asuntos que en los últimos meses han cuestionado la buena marcha de los medios públicos gallegos. La última vez que dio un toque de atención a la CSAG, antes CRTVG, fue en noviembre de 2025, como reacción a los malos datos de audiencia. Este lunes ha rechazado pedir explicaciones por la relación entre la TVG y la productora de Roberto Vilar, su estrella televisiva. La empresa ha sido condenada por despido improcedente e impagos a un guionista del programa Land Rober. Rueda le ha quitado importancia: “Seguro que no será el único caso”.

El jefe del Gobierno gallego evitó este lunes dar su opinión sobre el asunto y se remitió a que no conoce los pormenores, a que la cuestión ya ha sido vista por una jueza y a que no hay una relación contractual directa con los medios públicos.

La sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) condena a Destino Bergen, que es la productora de Vilar, a pagar una cantidad superior a 40.000 euros a un guionista de Land Rober-Tunai Show por haberlo despedido de forma improcedente en 2024 y por pagarle menos de lo que fija el convenio estatal del sector audiovisual. La empresa trató de justificar en el proceso judicial que las cantidades asignadas de las arcas públicas para hacer el programa se adjudicaron a CTV, que es otra productora, y que esta subcontrataba después los servicios. La intención era hacer pasar el espacio por uno de tramo medio, dado que el sueldo de los escritores varía según el tramo.

El sindicato de guionistas ALMA ha criticado que esta situación se dé precisamente en los medios públicos, que consideran que deben ser “el ámbito en el que de manera más clara y más pulcra se cumpla con la ley, y el convenio colectivo es parte de la ley”. Rueda no ha hecho comentarios sobre este punto.

“Preocupantes declaraciones”

El sindicato de guionistas ALMA reaccionó a las afirmaciones de Rueda, que calificó de “preocupantes”, recordando que el convenio laboral tiene fuerza de ley y es de obligado cumplimiento. Y le ha pedido al presidente gallego que, si como ha dicho, está seguro de que no es el único caso, tome las medidas de su competencia que eviten estos incumplimientos.

Además, insisten en que las televisiones públicas deben garantizar “con el máximo celo que se respeten los derechos de las personas que trabajan para ellas y bajo su responsabilidad”.