La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) acaba de archivar un expediente disciplinario contra una persona del equipo de Josep María Salas, consejero saliente y díscolo con decisiones recientes del regulador, por sospechas sobre supuesta filtración de información finalmente descartadas. Una “caza de brujas”, según una fuente interna, que ha causado gran malestar en el seno de la institución.

Fuentes con conocimiento directo del proceso aseguran que “la situación ha vuelto a la normalidad” recientemente tras descartarse los “indicios” que manejaba Competencia contra esta persona, con una larga trayectoria en la CNMC, y que según otras fuentes estuvo apartada de sus funciones hasta hace unos días, mientras se resolvía el procedimiento, incoado hace meses a instancias de la presidenta del organismo, Cani Fernández.

Un portavoz oficial de la CNMC rechaza comentar el expediente, por el que elDiario.es preguntó el 28 de mayo. “La CNMC nunca puede hacer declaraciones públicas sobre procedimientos disciplinarios reservados contra trabajadores concretos, ni sobre su estado ni sobre su propia existencia o inexistencia”.

Durante el proceso, explican fuentes conocedoras, se llegó a llamar a profesionales de medios de comunicación para indagar en el origen de informaciones periodísticas sobre actuaciones de la CNMC relativas al histórico apagón eléctrico del 28 de abril de 2025 o la nueva retribución de las redes eléctricas hasta 2031, aprobada a finales del año pasado tras un cisma interno. Salas fue uno de los vocales que se opusieron a las circulares que aprobó la CNMC junto al vicepresidente, Ángel García Castillejo, a su vez presidente de la Sala de Supervisión Regulatoria, y María Jesús Martín (la anterior directora de Energía). 

Salas también ha discrepado en los últimos años en cuestiones como conflictos de acceso a la red, la retribución de las distribuidoras de gas aprobada a finales de 2020 o, este año, un informe del Pleno crítico con un proyecto de Real Decreto para levantar los topes de inversión en las redes eléctricas y que el Gobierno prevé aprobar en breve, según dijo el pasado miércoles en el Congreso la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen.

Sobre ese proyecto, Salas entendía que “la situación actual debe afrontarse regulatoriamente favoreciendo un periodo expansivo de inversiones en redes, dando las señales regulatorias adecuadas para realizar inversiones eficientes y estableciendo un mecanismo de contención de la tarifa”.

La CNMC asegura que “tanto la Presidenta como el consejero desmienten claramente que se haya realizado ninguna actuación como consecuencia de una enemistad personal, desencuentro profesional o represalia entre la Presidenta y el consejero Salas”. “Una noticia con esa tesis podría perjudicar la reputación de todos los implicados y, de forma especial, la de la persona que presta apoyo al consejero, fácilmente identificable, respecto de las que se publicaría una información no veraz que afectaría a sus derechos profesionales”, dice ese portavoz.

Las empresas del sector ya han recurrido la nueva retribución de las redes, cuya tramitación propició la inédita destitución, en diciembre, de Ismael Bahíllo, hasta entonces subdirector de Regulación Económico-Financiera y Precios Regulados de la CNMC. Definido en algún medio como “hombre clave del supervisor para los asuntos económicos del sector energético”, su sustituta, Henar Soto, está casada con el director técnico de la patronal de pequeñas distribuidoras eléctricas ASEME, David Trebolle, con una larga trayectoria como lobista para el sector.

La “posición” de Competencia sobre este expediente disciplinario, dice ese portavoz, es que “todas las actuaciones y decisiones de la CNMC adoptadas en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas por el ordenamiento jurídico vigente se tramitan de conformidad con la normativa procedimental aplicable, incluyendo el estricto cumplimiento de la normativa en materia de personal”.

“En garantía de los derechos de los interesados, la CNMC tramita todos sus expedientes con la debida reserva y confidencialidad, no siendo posible la comunicación ni divulgación de la información contenida en los mismos. Se constata además que desde la aprobación de las circulares referidas no se ha abierto ningún expediente disciplinario”.

“Deber de guardar secreto”

Recuerda ese portavoz que “todos los empleados públicos de la CNMC están sujetos a un estricto deber de guardar secreto, incluso después de cesar en sus funciones, de cuanta información de naturaleza confidencial conozcan en el ejercicio de las mismas, en particular aquella de carácter sensible que pueda afectar al correcto funcionamiento de los mercados y a la protección de los consumidores”.

El consejero Salas está considerado cercano a ERC, que baraja sustituirlo por su exdiputado Joan Capdevila, con amplia experiencia en temas energéticos, según Cinco Días. Su mandato de seis años vence el próximo martes, como el de Cani Fernández, y el Gobierno está negociando el nombre de sus sustitutos, que debe validar el Congreso.

Hasta su cese, Salas seguirá ejerciendo como representante de la CNMC en la asociación de reguladores de energía europeos ACER. Se prevé que le sustituya la directora de Energía de la CNMC, Rocío Prieto.

El todavía vocal fue consejero de la Comisión de Expertos de Transición Energética que creó el Gobierno de Mariano Rajoy por encargo del Congreso para analizar escenarios hasta 2030, en el marco de los compromisos de España en el Acuerdo de París de 2015. Fue uno de los tres consejeros que se abstuvo en el informe final entregado en 2018.

Este jueves, la presidenta de la CNMC, gran experta en competencia, hacía balance de su mandato de seis años, marcado por acontecimientos extraordinarios como la pandemia, la guerra en Ucrania o el apagón, reconociendo “errores” que no precisó y lamentando la “crítica injusta” al organismo, muy cuestionado por su lentitud en aprobar un procedimiento para controlar la tensión eléctrica que llevaba años desfasado y que, según muchos expertos, podría haber evitado el histórico apagón.

Una etapa que cierra “con orgullo”, “con aciertos y con errores porque nadie atraviesa seis años de decisiones complejas sin equivocarse alguna vez”, y con “momentos de crítica justa y de crítica injusta. He aprendido a leer la prensa desapasionadamente”.

Sin concretar esos errores, Fernández subrayó que “la técnica tiene sus tiempos”, y que el apagón, del que “hemos aprendido todos enormemente” y “también a nivel europeo”, mostró que es necesario “seguir avanzando en la regulación” para que la creciente incorporación de energías renovables “sea segura” y un colapso así “no vuelva a ocurrir”.

Según dijo, el ámbito que “ha llevado más tiempo” en estos años ha sido con diferencia la energía, un “Everest regulatorio” que “ha exigido técnica, temple y sentido de Estado” porque “no es un sector más. Es la factura de una familia, es el coste de una fábrica”, define la autonomía estratégica y la seguridad del suministro. “Por eso ha llevado tanto tiempo, porque había que hilar fino”, “escuchar al sector sin dejarse capturar” y sin “precipitación”.

La todavía presidenta alabó “a todos los trabajadores” del organismo y quiso “reconocer especialmente a quienes han trabajado en la CNMC en energía”, con “un escrutinio público como pocos” y “con rigor, con entrega y con una serenidad que no siempre se ha reconocido lo suficiente”. “He visto cansancio, he visto presión, he visto discrepancias”.

La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, ha hecho balance este jueves de su mandato, que acaba la próxima semana, admitiendo “errores” que no ha concretado, pero lamentando la “crítica injusta” al organismo, muy cuestionado por su lentitud en aprobar un procedimiento para controlar la tensión eléctrica que llevaba años desfasado y que, según muchos expertos, podría haber evitado el histórico apagón del 28 de abril de 2025.

Durante su intervención en el Foro Nueva Economía, Fernández ha dicho que cierra “con orgullo” esta etapa, “con aciertos y con errores porque nadie atraviesa seis años de decisiones complejas sin equivocarse alguna vez”, y con “momentos de crítica justa y de crítica injusta. He aprendido a leer la prensa desapasionadamente”.

Sin citar ejemplos concretos, ha subrayado que “la técnica tiene sus tiempos”, la seguridad jurídica es “una garantía democrática” y “la CNMC solo sirve a España si decide con rigor, con transparencia”. El cero peninsular, del que “hemos aprendido todos enormemente” y “también a nivel europeo”, mostró que es necesario “seguir avanzando en la regulación” para que la creciente incorporación de energías renovables “sea segura” y un colapso así “no vuelva a ocurrir”.

Fernández ha dicho que el ámbito que “ha llevado más tiempo” en estos años ha sido con diferencia la regulación energética, un “Everest regulatorio” que “ha exigido técnica, temple y sentido de Estado porque la energía no es un sector más. Es la factura de una familia, es el coste de una fábrica”, define la autonomía estratégica o la seguridad del suministro.

“Por eso ha llevado tanto tiempo, porque había que hilar fino”, “escuchar al sector sin dejarse capturar” y sin “precipitación”. Ha querido “reconocer especialmente a quienes han trabajado en la CNMC en energía”, con “un escrutinio público como pocos” y “con rigor, con entrega y con una serenidad que no siempre se ha reconocido lo suficiente”.

“He visto cansancio, he visto presión, he visto discrepancias”, ha dicho la presidenta de la CNMC, que ha tenido un cariñoso recuerdo para el fallecido ex vicepresidente Ángel Torres, fallecido en 2023, y ha alabado “a todos los trabajadores” del organismo. “Ellos son la CNMC, no son titulares”. Las instituciones son una “mezcla de inteligencia, paciencia y decencia que permite que un país funcione un poco mejor”.

Con un discurso con referencias a Baltasar Gracián, aragonés como ella (apelando a la “prudencia activa”, que “es pensar antes de decidir”), ha citado a Quevedo, porque “poderoso caballero es don Dinero”, aunque debe estar sujeto a “reglas”, y a Cervantes, al glosar “la libertad como uno de los bienes más preciosos”.

A su sucesor o sucesora le ha pedido “que mantenga la calidad técnica de los servicios” y “eso implica cuidar sobre todo a las personas” porque la competencia para captar talento es “durísima”. Ha pedido que la persona elegida para sustituirla, que el Gobierno debe pactar con los grupos políticos, tenga dos cualidades: “capacidad técnica” y “sentido común”, con “conocimiento de competencia” porque “su función diaria” es presidir esa Sala (la de Regulación la encabeza la vicepresidencia de la CNMC). Su último día “no sé cuándo será”, ha deslizado, aunque su mandato acaba el próximo martes.

Fernández se ha felicitado de la “victoria” de haber aprobado una mayor desregulación en el sector de las telecomunicaciones tras 30 años de liberalización, y por la mayor competencia en ferrocarril. Ha dicho que deja una CNMC “más sólida, más cohesionada, más internacional, más consciente de su papel y más preparada”, y con un “futuro claro” para las carreras profesionales de su plantilla. Ha definido su mandato como “mi propia odisea”: “No se trata de obtener una recompensa al final del camino porque no la hay”.

“Mi Ítaca”, que “no ha sido un puerto fácil”, era dejar una institución “más fuerte, más útil, más independiente, más respetada, más humana”. “Ha sido un honor inmenso” y la etapa “más intensa, más exigente y más feliz de mi vida profesional”.

Entre los retos de futuro de la CNMC, ha citado continuar el despliegue de la transición energética, la “transformación digital acelerada” o el impacto de la Inteligencia Artificial. Ha lamentado que no se haya revisado la Ley de Defensa de la Competencia en materia de cárteles. Cuando tomó posesión “estaba clarísimo” que se iba a actualizar, pero “a fecha de hoy sigue sin aprobarse”.

Preguntada por cuál sería la decisión que destacaría, ha citado la prohibición, a finales del año pasado, de la compra de la catalana Irab por parte de Curium en el mercado de radiofármacos contra el cáncer. Ha recordado que esta empresa acaba de ser adquirida por un fondo francés especializado en el sector sanitario para desarrollar su negocio de radiofármacos en toda Europa.

Fernández ha sido presentada por Rafael García-Valdecasas, abogado del Estado y juez del Tribunal General de la Unión Europea (1989-2007), que ha explicado cómo le “impactó la inteligencia que mostraba” la hoy presidenta de la CNMC cuando la conoció recién licenciada y cómo en 1994 tuvo “la inmensa suerte” de que aceptara el puesto de jefa de su gabinete cuando él estaba en el TJUE, hasta que en 1997 volvió al bufete Cuatrecasas cuando le ofrecieron ser socia en Barcelona de ese despacho, en el que ha desarrollado buena parte de su trayectoria profesional.

Según García-Valdecasas, “en este puesto tan difícil yo creo que ha sido capaz de controlar con eficacia y con tacto” el funcionamiento de la competencia en un mercado donde hay “operadores con un gran poder”. Y ha confiado en que una vez expire su mandato “el Gobierno sea consciente del potencial de Cani” y “la sitúe en un puesto acorde con su valía”.

El director de la Oficina de Asuntos Económicos y G20, Manuel de la Rocha, ha afirmado este martes en el Congreso que “jamás” pidió la dimisión del anterior presidente de Indra, Ángel Escribano, y que la posible fusión de esta cotizada con Escribano Mechanical and Engineering (EM&E), empresa familiar de Escribano, “corresponde” a Indra. También ha negado “ningún contacto” con la exmilitante socialista Leire Díez, la denominada fontanera del PSOE, en cuya agenda figura una “llamada con M. de la Rocha”.

“Aparece mi nombre aparentemente en la libreta de esta señora. Yo he mirado en mi agenda, yo me he visto con miles de personas en estos ocho años. He revisado con mi equipo ocho años de reuniones porque me puede fallar la memoria. No tengo ninguna constancia de haberme reunido, saludado, hablado o intercambiado ningún mensaje con esta señora. Aun así he hecho un esfuerzo para ver si por casualidad estaba en alguna reunión y el resultado es que no, no he tenido ningún contacto con esta señora”.

En comparecencia ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional para abordar la frustrada operación de Indra y Escribano, De la Rocha ha reconocido que se reunió con Ángel Escribano dos semanas antes de su dimisión en abril “para analizar la situación de la empresa pero jamás solicité, pedí, amenacé al señor Escribano su dimisión. Jamás he amenazado ni a él, ni a ningún CEO, ni a nadie en mi vida”. “Dos semanas después, el señor Escribano tomó la decisión de dimitir y lo explicó en una carta pública”, decisión por la que ha expresado “respeto absoluto”.

Ha asegurado que la decisión de retomar la fusión con EM&E “corresponde” a Indra y ha recordado que su nuevo presidente no ejecutivo, Ángel Simón, ya ha dejado “la puerta” abierta a hacerlo. Del ex consejero delegado de Criteria, considerado cercano al PSC, ha dicho que es una “persona reconocida y respetada en España” y ha expresado su “respeto” por el todavía consejero delegado, José Vicente de los Mozos, que “ha dejado una buena impronta”. Su sustitución se enmarca “en el ámbito normal de la empresa” cuando acababa su mandato de tres años. Y su sustituto, Josep Maria Recasens, es “una persona con amplia experiencia profesional e industrial” y “tiene las condiciones para ser un magnífico consejero delegado. El tiempo lo dirá”.

Ha firmado que el Gobierno no interfiere en las decisiones de Indra “en ninguna forma” y que es “difícil sostener que la empresa anda sin rumbo” cuando su cotización se ha disparado en los últimos años y ha pasado de 46.000 a 62.000 empleados, con una evolución “muy positiva”.

Reuniones con “miles de empresas”

Ha explicado que, como responsable de prestar asesoramiento y apoyo técnico al presidente del Gobierno en materia económica, “me reúno y converso con numerosos ejecutivos y ceos de empresas españolas y extranjeras así como fondos de inversión y asociaciones empresariales de todos los sectores”. “En la mayoría de los casos” a petición de las empresas. “En estos ocho años me he debido reunir con miles de empresas dentro de mis responsabilidades”, pero “entre mis funciones no están las de cesar a ningún ejecutivo o CEO de ninguna empresa”.

“Esas funciones las realizan los órganos de gobernanza de las empresas de acuerdo a la normativa”. En el caso de Telefónica, la SEPI ejerció sus derechos políticos “siempre pensando en el interés de la compañía” y en el “interés público”. A principios de 2025 llegó el momento de la “renovación o relevo natural” en la presidencia y los principales accionistas nacionales de referencia, la SEPI y Criteria, “de acuerdo” con la saudí STC, acordaron prescindir de José María Álvarez Pallete, al que ha expresado su “gratitud” por su gestión, para iniciar una nueva etapa y “lograr una compañía más fuerte, más solida y a la altura de los retos estratégicos a los que se enfrenta un sector clave como el de las rtelecomunicaciones”.

De la Rocha ha reconocido reuniones con Iván Redondo, ex jefe de Gabinete de Pedro Sánchez y hoy asesor de la estadounidense General Dynamics y de la vasca SAPA (primer accionista privado de Indra), pero “no me consta que haya habido ninguna influencia en la actuación del Gobierno de ese señor en la actuación de Indra”.

“Yo me he reunido con los principales directivos de casi todas, si no todas las empresas del sector de la defensa en los últimos años: Sapa, Itp, Oesía, Rheinmetall, con todas, y también con los altos directivos de General Dynamics”.

Respecto a su participación en un seminario organizado por Análisis Relevante, la empresa de la trama de supuesta corrupción del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, intervino “como hice en más de 50 actos virtuales presenciales en Madrid y por toda España en un momento en el que estábamos promoviendo y explicando los fondos europeos”.

El responsable de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno ha dicho que no quería “entrar en el barro” pero ha empezado su réplica contestando al diputado popular Rafael Hernando, que se había referido a él como “M. de la Rocha” y “fontanero” de Moncloa.

“Mire usted, señor R. Hernando: yo no soy ningún fontanero de ninguna cloaca”. “Llevo 30 años de experiencia profesional, he trabajado en tres organismos internacionales en cuatro países, llevo ocho años al frente de la oficina económica de Presidencia del Gobierno. Nunca, nunca he estado en ninguna reunión donde se haya tocado ningún tema ajustado a la legalidad”.

“Nunca en toda mi carrera profesional nadie se ha dirigido a mí en términos ni remotamente similares”, ha lamentado, y ha pedido la retirada de esas palabras del Diario de Sesiones. La presidenta de la comisión, la popular Edurne Uriarte, se ha negado por estar amparadas “en la libertad de expresión”.

Comité de inversiones estratégicas

De la Rocha ha confiado en que “a la vuelta del verano”, una vez esté listo un informe del Consejo de Estado, esté operativo el comité de inversiones estratégicas diseñado para “coordinar” la atracción de capital ante la “competencia feroz” entre países y cuyo objetivo no va a ser “controlar empresas” sino ofrecer a los grandes inversores “una puerta de entrada clara, ágil y previsible”.

Ha defendido el “notable” aumento de la inversión en defensa y seguridad con el Gobierno de Pedro Sánchez, al pasar del 0,9% del PIB en 2018 al 2,1% en 2025, con 14.000 nuevos integrantes a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Ha recordado que 24 de los 27 estados miembros de la UE tienen ya mecanismos de control de las inversiones extranjeras. Ha glosado el “eficaz” funcionamiento del llamado escudo antiopas, que empezó como medida “de emergencia” en 2020 y se ha venido prorrogando (la última vez, hasta finales de este año). Este instrumento, ha recordado, ha permitido controlar desde 2022 operaciones presentadas por 386 inversores extranjeros. Solo en 2025 se analizaron 130 operaciones, de las que 116 se autorizaron sin condiciones y 14 “con compromisos”. Y sirve para “proteger nuestros activos estratégicos no es proteccionismo”, sino preservar la seguridad y la soberanía.

La presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, ha defendido este martes en el Congreso la actuación de este organismo y el papel del fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas lanzado para hacer frente a la pandemia en 2020, que “salvó 62.000 empleos en un momento en el que el país tenía dificultades enormes” y tenía unas condiciones “muy exigentes”. “SEPI cumplió con su papel, el fondo de solvencia hizo su trabajo”, ha dicho a los diputados, en respuesta a las investigaciones judiciales sobre los rescates de Plus Ultra, Air Europa y Tubos Reunidos.

Gualda comparecía en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional para informar sobre las instrucciones dadas a los miembros del consejo de administración de Indra ante los ceses y nombramientos de la sociedad o el posible conflicto de interés en la operación de compra de Escribano. Pero la judicialización de varios rescates del FASEE ha copado gran parte de su intervención, tras conocerse el lunes que un juez ha admitido una querella del PP y Vox por el rescate de Air Europa y ha citado como investigado al vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, que lleva décadas en el holding público.

Gualda, que preside el holding público desde marzo de 2021, ha subrayado que “la SEPI no ha sido registrada en ningún momento”, aunque ha recibido “muchos requerimientos” de la UCO y la UDEF en relación con esas investigaciones, que “respetamos profundamente”. “Estamos colaborando absolutamente con la Justicia. Es una prioridad para mí y para la organización”. Y “vamos a tener contundencia” contra “cualquier persona” que haya podido cometer un ilícito si se demuestra en esos procesos judiciales, que “nos tomamos muy en serio”.

Ha recordado que el funcionamiento del fondo lo regulaba “una ley que se aprobó en el Congreso” y “todos” los órganos que han “fiscalizado” los expedientes, del Tribunal de Cuentas al Tribunal de Justicia de la UE, han determinado “que las ayudas estaban bien otorgadas”. Había “enorme preocupación” entre las empresas por la judicialización “de una de las ayudas” y desde patronales o partidos políticos se trasladó “la necesidad” de que “continuara” ese instrumento, que “no es un rescate, es un préstamo”.

“Sepi cumplió con su papel, el fondo de solvencia hizo su trabajo”. “Entiendo sus preocupaciones, estamos colaborando con la justicia”. “La SEPI que yo presido en estos cinco años ha velado por el interés general”.

La presidenta de la SEPI ha señalado que el fracaso del proyecto europeo FCAS (Futuro Sistema Aéreo de Combate) para desarrollar un avión caza de sexta generación entre España, Alemania y Francia, tras años de negociaciones ante las diferencias existentes entre los socios, “podría no ser una buena noticia” y SEPI hará “lo posible” por que “lo que se plantee o replante no tenga ninguna merma para la autonomía estratégica” europea. El holding ha pedido a Indra, que participa en este proyecto y en la que es primer accionista con un 28%, “que analice y nos traslade su análisis inmediato” del impacto de esta decisión, que ha propiciado una caída del 5% en la cotización de la empresa.

Sobre la abortada fusión de Indra y su ex accionista Escribano, la empresa del anterior presidente de la cotizada, Ángel Escribano, ha dicho que “tuvo mucha literatura” y ahora Indra “verá ventajas e inconvenientes” de esa eventual operación si vuelve a ponerse sobre la mesa, aunque ha instado a “esperar” al nuevo plan estratégico que está preparando la nueva dirección de Indra, una vez se incorpore el nuevo consejero delegado, José María Recasens.

Ha recalcado la “importante experiencia” del nuevo presidente de Indra, Ángel Simón, cuyo rol, ha recalcado, no es ejecutivo, y ha señalado que el trabajo de la comisión ad hoc creada el pasado verano por Indra para analizar la fusión “no había sido suficiente” para evitar el conflicto de interés que existía por ese papel de Escribano a ambos lados de la mesa.

Gualda ha subrayado que las operaciones corporativas “se gestan en el seno de las propias empresas”, a las que corresponde “definir la estrategia” en sus órganos societarios, que SEPI contribuye a orientar “desde una perspectiva institucional”, con visión “a largo plazo” y velando por el “interés general”. Ha recordado que SEPI trasladó en marzo al mercado su preocupación por la incidencia que “a pesar de las importantes medidas de mitigación” adoptadas estaba teniendo ese conflicto de interés en Indra, que el holding público pidió que se “despejase definitivamente”. Pero luego la “retirada” de la oferta por parte de Escribano hizo que se paralizara la operación.

La presidenta de la SEPI Ha instado en fijarse en la revalorización de Indra en los últimos tres años, con una subida del 188% solo en 2025. “Lo importante es la estabilidad de los proyectos, no las personas que vamos pasando por los puestos de responsabilidad, Indra ha dado un salto de escala impresionante con un récord de cartera”.

Evitar una opa hostil

Ha subrayado que la SEPI representa una herramienta imprescindible de colaboración público privada para afrontar los desafíos de nuestro tiempo y ha defendido la vuelta del Estado a Telefónica con un 10%, “una inversión que ya se ha revalorizado, que sigue siendo un activo propiedad de todos los españoles”, da “protección” y “evita una opa hostil de inversores o de intereses particulares que puedan poner en peligro una empresa sistémica para nuestra seguridad nacional”.

Gualda ha defendido que SEPI opera “respetando siempre la gobernanza y las reglas de mercado” y “con criterios de interés público”. En sus participaciones mayoritarias en 14 empresas públicas (de Correos a Navantia o la Agencia EFE), entre otras, “tiene el papel determinante” de fijar la estrategia en unas sociedades que en 2024 tuvieron una cifra de negocios de 6.355 millones, un 36,4% más que en 2020, y cuentan con más de 87.000 empleados, tras un “trabajo de salto de escala y de reconversión industrial” en los últimos años.

En las 11 empresas en las que SEPI tiene participaciones minoritarias (Telefónica, Indra, Airbus o Redeia, entre otras), presentes en ámbitos “de especial relevancia estratégica”, el valor de esa cartera se ha “duplicado” desde 2020, hasta 13.400 millones. Esas empresas, ha subrayado, tienen una cifra de negocios de 155.000 millones, un 125% más que en 2020, 300.000 empleados, “en un contexto marcado por sucesivas crisis”, y han aportado a la SEPI 1.406 millones en dividendos en estos años.

En Navantia, que Gualda presidía antes de ser nombrada presidenta de la SEPI, “me encontré con un agujero de 1.500 millones” y “ha duplicado sus ingresos anuales” en cinco años, con un equilibro financiero “muy cercano” después de “muchos años en pérdidas”. En Correos, “hemos conseguido después de diez años de pérdidas, reconducir la reconversión” y lograr su “equilibrio financiero” “con un proyecto estratégico que ha apoyado SEPI” para convertir sus oficinas en “ventanillas” del Estado para los ciudadanos.