La investigación de la Audiencia Nacional en torno a José Luis Rodríguez Zapatero, su patrimonio y su supuesta relación con el rescate de la aerolínea Plus Ultra en la pandemia se ha encontrado con un esqueje salido de los primeros registros: las joyas encontradas en el interior de una caja fuerte en un despacho del equipo del expresidente del Gobierno en la calle Ferraz. Ahora el juez Calama quiere saber de dónde salieron esas joyas, cuánto valen y si su posesión abre la puerta a nuevas acusaciones contra Zapatero. 

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Guardia Civil entró en la oficina del expresidente el pasado 19 de mayo, a las 8.17 de la mañana. Durante ese registro abrieron una caja fuerte donde Gertrudis Alcázar, secretaria de Zapatero, explicó lo que iban a encontrar: joyas, “algunas” procedentes de la herencia de Sonsoles Espinosa, esposa del expresidente, y “regalos de viajes”, según quedó recogido en el acta de los agentes.

La ramificación central del caso gira en torno a si José Luis Rodríguez Zapatero cobró a cambio de impulsar el rescate de más de 50 millones de euros de dinero público por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a la aerolínea Plus Ultra. Entre otros métodos, el juez José Luis Calama analiza si parte de los pagos se canalizaron a través de la consultora de sus hijas o si la trama planeaba abrir una sociedad en Dubái. 

Las joyas encontradas en la caja fuerte han abierto un nuevo frente y el primer paso del instructor fue pedir un peritaje para calcular su valor. La respuesta de los joyeros ha sido que el ajuar encontrado vale, potencialmente, más de 1,3 millones de euros. Y ese dato se ha convertido en una nueva imputación para José Luis Rodríguez Zapatero. El próximo 17 de junio el expresidente del Gobierno no solo tendrá que explicar su relación con Plus Ultra y Julio Martínez, sino también responder por delitos de fraude fiscal y contrabando. 

Para el magistrado de la Audiencia Nacional es necesario saber si Zapatero pagó los impuestos relacionados con esas joyas y descubrir de dónde las sacó. Solo por el IRPF, dice el juez, el tipo aplicable es del 46% aproximadamente. Si no se pagaron los aranceles necesarios, añade, podría estar ante un caso de contrabando. “La introducción, tenencia o circulación en territorio nacional de joyas cuyo valor global asciende a aproximadamente 1.323.915 euros, sin acreditación del pago de los derechos arancelarios, impuestos especiales o tributos asociados a su importación, constituye un indicio objetivo de que tales bienes pudieron haber accedido al territorio aduanero de la Unión Europea eludiendo los controles y obligaciones fiscales exigibles”, dice el juez.

Herencia familiar y regalos “de viajes”

El exdirigente socialista tendrá que concretar ante el juez la procedencia de los relojes, collares y otros efectos que su entorno ha atribuido en parte a una herencia familiar de Sonsoles Espinosa y en parte a regalos procedentes de “viajes”, así como aclarar si fueron durante su etapa como presidente.

Zapatero mantuvo a lo largo de sus dos legislaturas una amplia agenda internacional con más de 200 viajes, según reveló una petición a Transparencia realizada por Maldita.es en 2020 sobre el uso del avión presidencial. Según esos datos, el expresidente socialista realizó 134 vuelos a países extranjeros entre 2004 y 2011 sin contar cumbres ni consejos europeos. Por ejemplo, viajó en una veintena de ocasiones a países de África (Marruecos, Argelia, Senegal, Egipto...) e hizo 16 visitas a países situados en el continente asiático (China, Kazajistán, Siria, Arabia Saudí...).

En esos viajes se vio con multitud de primeros ministros, presidentes o reyes como Mohamed VI de Marruecos. A este país viajó en cuatro ocasiones: la primera vez fue en 2004 a Casablanca, la siguiente en 2005 a Rabat, mismo destino que en 2007 (para una reunión de alto nivel hispano-marroquí), y la última vez a Uxda y Rabat en 2008.

Zapatero también se reunió durante su etapa como presidente con el Rey Abdulá bin Abdelaziz de Arabia Saudí en la ciudad de Yeda en 2009 o con el entonces líder interino de Túnez Fuad Mebaza en el Palacio presidencial de Cartago en 2011, su último año como presidente. Este último encuentro fue, en realidad, parte de un viaje más amplio que también le llevó a Catar —donde negoció acuerdos bilaterales con el emir y el primer ministro— y a Abu Dhabi y Dubai, en Emiratos Árabes Unidos.

Cuando Zapatero llegó al Gobierno, en 2004, no existía una normativa específica que regulara o limitara los regalos de los servidores públicos, incluido el jefe del Ejecutivo. Pero precisamente su Gobierno aprobó en marzo de 2005 en Consejo de Ministros el llamado “Código de Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado” que, por primera vez, sí recogía una referencia explícita a los obsequios. 

En su artículo tercero, referido a los “principios de conducta”, el Gobierno de Zapatero incluyó el siguiente párrafo: “Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía o préstamos u otras prestaciones económicas que puedan condicionar el desempeño de sus funciones, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal. En el caso de obsequios de mayor significación de carácter institucional se incorporarán al patrimonio del Estado, en los términos previstos en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, de acuerdo con lo que se determine reglamentariamente”.

La orden ministerial se aprobó cuando Zapatero apenas llevaba un año en la Moncloa y estuvo vigente hasta su salida, en 2011, por lo que la limitación estuvo en vigor la mayor parte de su mandato.

El origen y el momento en que las recibió, claves

El origen y el momento temporal en el que el expresidente Zapatero heredó o recibió las joyas como regalo será clave de cara a su posible responsabilidad con la Hacienda pública, si la hubiera. Deberían haberse tributado a través del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, un tributo progresivo que oscila entre el 8% y el 40%, en función del grado de parentesco entre el que da y el que recibe, y el importe de lo recibido. “La deuda tributaria prescribe a los cuatro años y el delito a los cinco, diez en el caso de que sea agravado, pero quien alega prescripción debe acreditar la fecha del regalo, algo muy difícil en joyas entregadas en mano sin rastro documental”, señala Xavier Rubert, socio del bufete Lullius Partners, especializado en derecho tributario.

En el caso de que no existan pruebas documentales que demuestren la prescripción de estas deudas, Hacienda podría incorporar como ganancias no justificadas el valor de las joyas a la declaración del IRPF del expresidente, que sería al tipo máximo en la escala de la renta: el 46%.

A mayores, el valor de las joyas, superior al millón de euros, colocaría a Zapatero en el ámbito del Impuesto sobre el Patrimonio, que cobran las comunidades autónomas, o del temporal para las grandes fortunas, que recauda el Estado central. En el caso de Patrimonio, y siendo residente en Madrid, al menos debería haberlo incorporado en las declaraciones de 2024, 2025 y 2026. No haber declarado las joyas supondría pagar la cuota tributaria con intereses y una sanción de entre el 50% y el 150% de dicha cuota. “Si la cuota defraudada supera los 120.000 euros por impuesto y año, hay delito fiscal: prisión de uno a cinco años y multa de hasta seis veces lo defraudado, que sube de dos a seis años por encima de 600.000 euros o si median testaferros o paraísos fiscales”, asegura el director de Estudios del Registro de Economistas Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas, Rubén Gimeno.

La apertura de esta nueva línea de investigación podría, según los expertos consultados, bloquear una potencial regularización voluntaria del expresidente, en el caso de que estas joyas no se hubiesen declarado con anterioridad. “Mientras no reciba una citación judicial para la investigación de los posibles delitos fiscales, o una citación de la administración tributaria para comprobar su situación, tendría la posibilidad de presentar liquidaciones tributarias, sin ningún tipo de sanción o repercusión penal”, apunta el portavoz de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, José María Peláez, a preguntas de este periódico.

El peritaje de las joyas halladas en el despacho del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero abre un escenario que va más allá de los hechos vinculados a la presunta mediación en el rescate de la aerolínea Plus Ultra. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha arrancado este viernes una nueva derivada en el caso e investiga al exjefe del Ejecutivo por un presunto delito fiscal y otro de contrabando, después de que la tasación del ajuar arrojase un valor de 1,3 millones de euros.

A la espera de que el expresidente clarifique si estas joyas, que alegó que formaban parte de una herencia de su esposa así como de regalos recibidos durante sus viajes, están correctamente declaradas ante el fisco, el embrollo fiscal y las posibles consecuencias penales a las que se enfrenta Zapatero pasan por una clave fundamental: el origen y el momento en que se produjo la herencia o el regalo.

El director de Estudios del Registro de Economistas Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas, Rubén Gimeno, explica varios aspectos de la tributación de estas alhajas. El impuesto de sucesiones y donaciones cubre las herencias y los regalos. En el caso de las primeras, la declaración tendría que haberse producido en los seis meses posteriores al fallecimiento del familiar. Mientras que, en el segundo, debería haberse reportado a los 30 días de recibir el regalo.

En estos casos, la prescripción de la deuda tributaria se produce a los cuatro años del hecho imponible. “Es decir, si lo heredó hace más de cuatro años y no lo ha pillado Hacienda, la prescripción tributaria es a favor del contribuyente”, detalla Gimeno.

Para esto es fundamental demostrar temporalmente cuándo se recibieron las pruebas. También para evitar la persecución por un delito contra la Hacienda pública, ya que estos tienen unos plazos de caducidad más extensos. “La deuda tributaria prescribe a los cuatro años y el delito a los cinco, diez en el caso de que sea agravado, pero quien alega prescripción debe acreditar la fecha del regalo, algo muy difícil en joyas entregadas en mano sin rastro documental”, apunta Xavier Rubert, socio del bufete Lullius Partners, especializado en derecho tributario.

Los expertos consultados apuntan que, de no poder demostrar el origen de las joyas y su momento temporal, esas joyas puede imputarse como “ganancia no justificada” dentro de la declaración del Impuesto sobre la renta. Es decir, como si fuera un rendimiento del trabajo. “Hacienda valora el valor de mercado y te hacen tributar al tipo general del impuesto, que puede ser un 45% o 47%, lo que corresponda”, señala Gimeno. 

Además, no importa el hecho de que las joyas fueran presentes en el marco de viajes en el extranjero. “El residente fiscal en España tributa por lo que recibe en cualquier parte del mundo, aunque el regalo se entregue en el extranjero y el donante sea extranjero, conforme a la normativa de su comunidad autónoma”, recuerda el abogado Rubert.

Declaración del Impuesto sobre el Patrimonio

A mayores, el valor de las joyas, superior al millón de euros, colocaría a Zapatero en el ámbito del Impuesto sobre el Patrimonio, que cobran las comunidades autónomas, o del temporal para las grandes fortunas, que recauda el Estado central.

“Mientras se conserven, deben declararse, además, cada año en el Impuesto sobre el Patrimonio por su valor de mercado, porque la ley las excluye expresamente del ajuar doméstico exento”, detalla Rubert. Si bien no es necesaria una tasación formal –el portavoz oficial de Zapatero llegó a hablar de un valor de entre 30.000 y 50.000 euros, cuestión por la que se ha disculpado–, obliga a explicitar ese valor de mercado. “Como las joyas no tienen valor de referencia oficial, fijar ese valor es responsabilidad del contribuyente, y en piezas relevantes es muy aconsejable una tasación gemológica o, al menos, facturas o pólizas de seguro”, insiste.

Si bien el Impuesto de Patrimonio estaba exento en la Comunidad de Madrid hasta 2023, en 2024 el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso lo recuperó para evitar que esa recaudación fuera al Gobierno central a través del tributo a las grandes fortunas. “A menos en esos tres ejercicios, 2024, 2025 y 2026, se debe presentar el impuesto en Madrid, donde reside Zapatero, porque tiene bienes valorados por encima de un millón de euros”, explica Gimeno.

Determinar el origen y el marco temporal será clave para definir si se han cometido uno o varios delitos fiscales. Un mismo hecho puede llevar sanciones o delitos, ya que se consideran de manera individual, en función del impuesto y del ejercicio. No haber declarado las joyas supondría pagar la cuota tributaria con intereses y una sanción de entre el 50% y el 150% de dicha cuota. “Si la cuota defraudada supera los 120.000 euros por impuesto y año, hay delito fiscal: prisión de uno a cinco años y multa de hasta seis veces lo defraudado, que sube de dos a seis años por encima de 600.000 euros o si median testaferros o paraísos fiscales”, insiste Gimeno.

Además, el portavoz de la Asociación de Inspectores de Hacienda (IHE), José María Peláez, señala que, en el caso de que las joyas se hayan introducido en España sin control aduanero, “podríamos estar también contemplando un supuesto delito de contrabando”.

Zapatero declarará por las joyas la semana que viene

El juez Calama ha defendido la apertura de la nueva derivada de la investigación al expresidente Zapatero ante un origen de las joyas que “en estos momentos no está justificado” y tomará declaración al acusado los próximos 17 y 18 de junio, cuando estaba prevista su comparecencia en la Audiencia Nacional.

Esta investigación abierto podría bloquear que el expresidente Zapatero, en el caso que no estuvieran declarados esos bienes, pudiera regularizar, a través de una declaración voluntaria, su patrimonio para incorporar estas joyas. “Mientras no reciba una citación judicial para la investigación de los posibles delitos fiscales, o una citación de la administración tributaria para comprobar su situación, tendría la posibilidad de presentar liquidaciones tributarias, sin ningún tipo de sanción o repercusión penal”, apuntan el portavoz de los inspectores de Hacienda.

El instructor indica que, una vez recibida la tasación preliminar y sin perjuicio de una pericial posterior que abarque otros datos de interés, la posesión de bienes de lujo de elevado valor, unida a la ausencia de trazabilidad fiscal sobre su adquisición, constituye “un indicio objetivo y racional de la posible existencia de una defraudación tributaria relevante, en tanto que la adquisición de joyas del valor indicado genera necesariamente obligaciones fiscales, ya sea en concepto de IVA, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, e IRPF, según la naturaleza del negocio jurídico”.

Además, Calama argumenta que la actuación de Rodríguez Zapatero también podría encajar en un delito de contrabando. Y lo explica “en la medida en que la introducción, tenencia o circulación en territorio nacional de joyas cuyo valor global asciende a aproximadamente 1.323.915 euros, sin acreditación del pago de los derechos arancelarios, impuestos especiales o tributos asociados a su importación, constituye un indicio objetivo de que tales bienes pudieron haber accedido al territorio aduanero de la Unión Europea eludiendo los controles y obligaciones fiscales exigibles”.

De acuerdo con el peritaje realizado por Ansorena, la pieza más notable de cuantas se requisaron en la caja fuerte del despacho es un collar en oro blanco de 18 kilates “cuajado de diamantes” y dos esmeraldas naturales cuyo origen es Zambia. Otro collar, también de oro blanco de 18 kilates y decorado con diamantes de origen tailandés, está tasado en 220.000 euros. Otro collar de similares características pero con rubíes está valorado en 155.000 euros.

El INE ha confirmado este viernes que el Índice de Precios al Consumo (IPC) cerró mayo en el 3,2% interanual, el mismo dato que en el mes de abril, gracias a que las bajadas de los precios de la electricidad y algunos alimentos frescos compensaron las subidas de los carburantes. El dato de mayo, ya definitivo, es el último que conocerá el Ejecutivo antes de decidir si prorroga o amplía las medidas desplegadas para hacer frente a los efectos de la guerra en Oriente Medio, que terminan en apenas dos semanas.

Los datos publicados por Estadística dan un toque de atención importante sobre los efectos que ya está teniendo la subida de los precios en el tejido productivo. La inflación subyacente -es decir, la que excluye de su cálculo los precios de la energía y los alimentos frescos, por ser más volátiles- se situó en el 3%, una décima por encima de lo adelantado a finales de mes y dos por encima del dato de abril. Este dato es el que los economistas denominan 'núcleo' de la economía, y su subida por encima del 3% indica que ya se está trasladando a la actividad más allá del impacto puntual de la guerra sobre los precios de la gasolina o el gasóleo.

Según desglosa el INE, influyeron al alza en el dato de la inflación la subida de los precios de los billetes de avión (que bajaron en mayo del año pasado), ante las dudas por una posible crisis de suministro del queroseno con el que vuelan los aviones, y también los paquetes turísticos, que bajaron menos este año de lo que lo hicieron en 2025.

En sentido contrario, presionaron a la baja la caída de los precios de la ropa (que bajaron, frente a la subida de mayo de 2025) y la de los alimentos y bebidas no alcohólicas, grupo cuya inflación interanual se moderó al 2,2%, cuatro décimas menos que en abril. Esto es porque los precios de las frutas y frutos de cáscara subieron menos que el año pasado, mientras que los precios de las hortalizas, legumbres y patatas cayeron con más fuerza este año que el anterior.

Los precios mensuales -es decir, los de mayo comparados con los abril- avanzaron un 0,1%, empujados por la subida de la hostelería. A la baja influyó la caída del precio de los combustibles, en un mes en el que los precios internacionales del petróleo se moderaron ante la posibilidad de un acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos.

En una valoración remitida a los medios de comunicación, el Ministerio de Economía ha apuntado que monitoriza “minuto a minuto” la evolución de los precios. De hecho, apuntan desde el Ejecutivo que la estabilidad del dato de mayo “confirma que el Plan de Respuesta del Gobierno está cumpliendo su objetivo: amortiguar el impacto del shock externo sobre la inflación general y el poder adquisitivo de los hogares”.

El vicepresidente Carlos Cuerpo ha iniciado una ronda de consultas con los sectores más afectados por las subidas de costes, como el transporte o la logística, para definir qué medidas extender o ampliar a partir del 30 de junio, cuando decae el real decreto-ley aprobado en marzo.

El Gobierno valora que, sin las medidas fiscales aprobadas, la inflación de los carburantes sería cerca del doble de la registrada en mayo, que fue del 15,9%. Los precios de la electricidad y el gas natural, antes de que expiraran las rebajas en estos componentes, ya caían un 5,5% y un 9,7%, respectivamente.

Cinco comunidades autonomas (Madrid, Cantabria, Galicia, Baleares y Castilla-La Mancha) registraron un dato de inflación por encima de la media nacional, en tanto que nueve (Aragón, Cataluña, Andalucía, Melilla, Asturias, Murcia, La Rioja, Extremadura y Ceuta) lo hicieron por debajo. Las cinco restantes (Canarias, Castilla y León, Comunitat Valenciana, Navarra y País Vasco) se situaron en el promedio nacional.

El dato del IPC Armonizado -que utiliza una cesta de productos común y se utiliza para comparar con el resto de la Unión Europea- se colocó en el 3,6%, una décima por encima del registrado en abril, mientras la subyacente fue del 3,2% (dos décimas más).

El impacto de la guerra en Oriente Medio sobre la economía española se va a traducir en un incremento de los precios “más intenso y persistente” de lo anticipado que, a corto plazo, no afectará al crecimiento del producto interior bruto (PIB), pero que provocará una ralentización de la actividad conforme la inflación vaya haciendo mella en las familias y las empresas. Esa es la conclusión principal del Informe España de BBVA Research, el centro de estudios de la entidad, que mantiene su previsión de crecimiento del 2,4% para 2026, pero con una inflación disparada hasta el 3,8%.

Esta subida de los precios –son 0,9 puntos más de lo proyectado en marzo, al inicio de la guerra y 1,1 más que la media de 2025– supondrá una desaceleración en el crecimiento del año próximo: será del 2,1%, tres décimas menos de lo anticipado en marzo. La previsión es que la inflación se modere al 2,8%. 

“El mensaje que queremos trasladar es que, por ahora, los efectos los estamos viendo solo en la inflación relacionada con los combustibles. Vamos a ver cómo se traslada a otros sectores”, ha dicho el economista jefe de la entidad y director de BBVA Research, Jorge Sicilia, durante la presentación del informe.

Según los economistas del banco, si bien la economía aún está aguantando el impacto de la subida de los precios, algunos indicadores de confianza ya muestran un deterioro en la percepción de las familias, con el recuerdo del shock de 2022, tras la invasión de Ucrania, muy presente en los bolsillos. “Si el deterioro se prolonga, podría tener un impacto importante sobre el crecimiento de la demanda interna, particularmente en el gasto de los hogares”, apunta el documento.

El responsable de análisis económico del banco, Rafael Doménech, ha subrayado que el crecimiento económico de España está mostrando una “inercia muy fuerte”, como demuestran los datos de actividad que se van conociendo (singularmente, la afiliación a la Seguridad Social) y que apuntan a un avance trimestral del 0,6% del PIB. El mismo dato que entre enero y marzo, cuando la economía española ya mostró una gran resiliencia ante los primeros impactos de la guerra.

El precio de la vivienda se modera, pero seguirá creciendo

Aunque España está más protegida de la guerra al no depender de la importación de energía del Golfo pérsico, los efectos del conflicto se transmitirán a través de otros canales –no solo precios–, como las exportaciones de bienes o la inversión. BBVA Research apunta que el shock podría restar entre 0,5 y 0,1 puntos de PIB en 2026 y 2027 y elevar la inflación 1,3 y 0,6 puntos, respectivamente. Esto se traduciría en una pérdida de competitividad de los productos españoles, sobre todo para las manufacturas o el sector agroalimentario, muy dependiente de la subida de precios de los fertilizantes.

Además, el empeoramiento económico de los principales socios comerciales de España –Alemania y Francia, singularmente– afectará al dinamismo de las exportaciones, que se espera que caigan un 1,2% este año. Se recuperarían ligeramente (un 2,4%) el año próximo.

La inversión dará un impulso al crecimiento, sobre todo la de la construcción de vivienda, favorecida por la creación de hogares y la subida de los precios. Sin embargo, estos últimos tenderán a moderarse, ante la oferta cada vez más limitada y la subida de los costes de financiación. El precio de la vivienda avanzará un 12% en 2026 y un 5,7% en 2027.

El consumo de los hogares seguirá creciendo gracias al ahorro y a la mejora de las rentas experimentada en los últimos años. La atracción de turistas desde destinos cercanos a la guerra, o encarecidos por la subida de los precios de la energía, también aportará en positivo al crecimiento económico.

Sin embargo, y a pesar de que el ahorro es una fuerza que sustenta el mantenimiento de las previsiones económicas, Doménech ha subrayado que “no está uniformemente distribuido”. “El ahorro se acumula sobre todo en la parte media y alta de los hogares con mayores ingresos, mientras que la capacidad para hacer frente a ese aumento de la inflación con ahorro es inexistente en el 20% más bajo de la distribución”, ha apuntado.

El mercado laboral seguirá creciendo de manera vigorosa: el BBVA anticipa una creación e empleo de 540.000 y 455.000 personas en 2026 y 2027. Esto es gracias a la inmigración, pero también al aumento de la participación en el mercado laboral de los nacidos en España.

El politólogo judío Ernst Fraenkel acuñó, desde el exilio en Estados Unidos, el término “Estado dual” para definir el funcionamiento de la Alemania nazi. El III Reich era, por un lado, un Estado normativo, donde en apariencia primaba el imperio de la ley, pero, por otro, convivía con el Estado prerrogativo, que aprovechaba el sistema para sus tropelías sin ningún contrapeso. Para el abogado estadounidense Robert Amsterdam, que se ha hecho popular en los últimos meses por lanzar una campaña desde el Financial Times donde acusaba a la Agencia Tributaria de “carterista”, el funcionamiento de la Hacienda española es un buen ejemplo de esto mismo.

A solo unos pasos del Congreso de los Diputados, y con la presencia en el público de referentes del turboliberalismo como el economista Daniel Lacalle, el abogado ha presentado este martes su libro Hacienda y el Estado Dual, escrito a cuatro manos con el fiscalista británico Christopher Wales. La portada –un toro de Osborne con la bandera española que proyecta una sombra con forma de mano a punto de agarrar a un ciudadano que huye– es toda una declaración de intenciones.

“Corruptos”, “depredadores”, “mafia” o “criminales” son solo algunos de los términos con los que ambos activistas se han dirigido a Hacienda, la Agencia Tributaria, los inspectores y los gobernantes –de PP y de PSOE–, en una presentación donde, a ratos y caóticamente, han mezclado sus críticas al funcionamiento del fisco con declaraciones sobre política, fondos europeos, los casos de corrupción o el diario El País. No han faltado comparaciones: Corea del Norte, China, Ruanda, Uganda… A pesar de que organismos internacionales como la OCDE, el FMI o la Unión Europea validan el sistema fiscal español.

“En Rusia los abogados son más valientes que en España”, ha dicho Amsterdam durante el coloquio. “Cuando fui detenido en Rusia en 2005 sabía que podía llamar a abogados para defenderme, pero en España no. (...) El miedo en España es algo que no se puede vivir en ningún otro país”, ha asegurado. “Creemos que Hacienda es una mafia. Es un problema de recursos humanos”, ha subrayado.

Contra los Inspectores de Hacienda

Amsterdam ha dicho que, durante 15 años, se dedicó a ejercer la abogacía y la defensa de los derechos humanos. Derechos humanos que estarían amenazados en el país por la labor de la Agencia Tributaria, que se dedica a exprimir a los contribuyentes y a presumir su culpabilidad. El abogado ha puesto a la Hacienda española en el foco de su actividad tras defender a varios contribuyentes inspeccionados tras acogerse a la Ley Beckham. Ahora, prevé una tournée por España para reunirse con patronales y pedir una reforma fiscal en profundidad. Aunque sin números ni cifras, ni opiniones más allá del trazo grueso sobre unos inspectores de Hacienda a los que “pagan por joder”.

Los inspectores de Hacienda ya enviaron un comunicado hace unas semanas en el que, a raíz del revés judicial en el ‘caso Shakira’ y de la campaña desatada por Amsterdam, reclamaron respeto hacia su trabajo, asegurando que las críticas “han traspasado el límite de lo razonable”.

Su compañero de firma, Wales, que en su día asesoró a los laboristas Tony Blair y Gordon Brown en su paso por el Gobierno británico, ha asegurado que “el punto de partida en España, lo que los inspectores hacen, es estar convencidos de que eres culpable de fraude” a la Hacienda pública y que no hay control a labor del fisco, como sí existe en países como Ruanda o Uganda. Países perfectamente comparables con España, claro, según él.

De la IA a 1984, de Orwell

La intrusividad del Estado se va a disparar con el uso de la Inteligencia Artificial que, según Amsterdam, llevará al sistema más allá de las autocracias como el III Reich o la Rusia de Putin… Al mundo del 1984 de George Orwell.

Preguntado sobre por qué si la Hacienda española cae en los estándares de las autocracias, ninguna organización internacional actúa, Amsterdam ha explicado que para los expertos fiscalistas lo importante de un sistema es que recaude. España, lejos de ser un infierno fiscal, recauda mucho menos que otras potencias europeas en relación con el tamaño de su economía.

Insistido por este medio en sus comparaciones con dictaduras y si se plantea acudir a la justicia comunitaria, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Amsterdam ha dado a entender que sí, aunque el problema es que la justicia va muy lenta.

“Puedes apostar a que vamos a acabar con esto. Vamos continuar hasta que esos bastardos corruptos dejen de arruinar vidas”, ha dicho, con la misma solemnidad con la que Escarlata O’Hara puso a Dios por testigo de que jamás volvería a pasar hambre.

“Chris y yo estamos aprovechando que no somos contribuyentes españoles y podemos decir la verdad”, ha zanjado Amsterdam. Los autores dicen que no se llevarán ni un euro de beneficios del libro. Hacienda, al menos, recaudará el IVA, del 4%. Sale a la venta este martes 9. Para cafeteros.

“A ver, corazón, me lo exige la marca. Este piso es sí o sí con Kiron”. Álvaro estaba interesado en un piso anunciado en Tecnocasa por 220.000 euros en el barrio de Las Águilas de Madrid, hasta que la comercial de la inmobiliaria le aseguró que solo se lo vendía si para la hipoteca utilizaba la financiera filial de la empresa, que se llama Kiron. Dos clientes han contado a elDiario.es las presiones de comerciales de la inmobiliaria para contratar la financiera y este medio tiene constancia de al menos dos casos más. Las asociaciones de consumidores y el Ministerio de Consumo coinciden en que se trata de una práctica ilícita. Tecnocasa niega que obligue a contratar la financiera.

Ya se lo había sugerido a Álvaro la comercial con otras palabras menos explícitas, pero a base de preguntarle, la trabajadora acabó reconociendo que si no firmaba con Kiron ni siquiera podría ver la vivienda. “Lo siento, no puedes ver el piso”, “Kiron y Tecnocasa van de la mano”, son algunas de las frases más explícitas de la comercial en las conversaciones de WhatsApp a las que ha tenido acceso elDiario.es. Kiron realiza un estudio de mercado y negocia con las entidades bancarias para cerrar la hipoteca y después cobra unos honorarios de intermediación de entre el 3% y el 4% sobre el valor total.

Las plataformas de consumidores Cecu y Facua coinciden en que se trata de una práctica ilegal. En Facua, de hecho, recibieron una reclamación con un caso parecido, pero el consumidor no siguió adelante con la denuncia. “El consumidor siempre tiene derecho a elegir banco, da igual que compre a una promotora, a un particular o a través de un intermediario”, sentencia Rubén Sánchez, portavoz de Facua, que añade que por ello sería una “cláusula abusiva” y admiten la posibilidad de presentar una reclamación si reúnen pruebas al respecto. 

Desde el CAES, el abogado experto en vivienda Víctor Palomo explica que ha trabajado también con un cliente que, en su caso, accedió a la compra obligado a contratar Kiron.

Cecu apunta al artículo 82.1 del RDL 1/2007, que establece que “se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquellas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato”.

Las cláusulas que “vinculen cualquier aspecto del contrato a la voluntad del empresario” o que supongan la “limitación de derechos del consumidor”, en este caso la elección de una hipoteca, se consideran ilegales. 

Tecnocasa lo niega

Preguntada por elDiario.es, Tecnocasa asegura que “la contratación de Kiron no es en absoluto obligatoria”, lo cual argumenta con el hecho de que solo el 37% de las compraventas realizadas a través de Tecnocasa fueron intermediadas por Kiron. “Cualquier práctica de presión, imposición o vinculación entre la compra de un inmueble comercializado por la red Tecnocasa y la contratación de servicios de intermediación de crédito de Kiron es completamente contraria a la política de la compañía”, añaden.

“Lo que hacen los franquiciados de la red Tecnocasa, cuando detectan que un cliente puede necesitar financiación para adquirir una vivienda, es informarle de la existencia de Kiron para que, si así lo desea, pueda recibir información sobre las opciones de financiación disponibles y la viabilidad de su operación. A partir de ahí, la decisión de contratar o no dichos servicios corresponde exclusivamente al cliente y se adopta siempre de forma libre y voluntaria”, abundan.

La versión choca con los testimonios recogidos por elDiario.es. El de Álvaro no es el único caso en que Tecnocasa ha vinculado estas dos prácticas de manera presuntamente ilícita. Facua tiene una reclamación al respecto y este medio ha contactado con otro caso. Julio, nombre ficticio porque el protagonista prefiere el anonimato, llegó más lejos y firmó en el año 2024 un documento de reserva sin conocer estas condiciones. Además, abogados del CAES explican que se han encontrado con personas que habían firmado con la financiera presionadas por Tecnocasa.

“En una reunión que tuve para firmar el documento de responsabilidad hipotecaria (que esclarece el importe por el que responde un inmueble en caso de impago), me di cuenta de que imponían una cláusula obligatoria para hacer la hipoteca con Kiron”, relata Julio. “Además de eso, me imponían unos nuevos honorarios que no estaban contemplados”, añade. 

“Fue un momento desagradable, una conversación muy tensa y compleja, porque te están forzando a comprar un producto, pero al mismo tiempo tienes miedo a perder el piso. Te ves ante el documento y ya sin tiempo de echarte atrás, notas la tensión en el trato personal”, cuenta. “Lo hacen para impedir la competencia”, añade. 

“No puedo coger ninguna oferta que no sea con Kiron”

En el caso de Álvaro, se disponía a visitar el piso cuando le dijeron que era obligatorio presentar documentación para el estudio financiero antes y también que tendría que realizar la hipoteca con la financiera Kiron. “Me exigen que no puedo coger ninguna oferta que no sea con Kiron por este piso. Lo siento, ya si me sale otra cosa te contacto!”, fue el primer mensaje explícito. 

Incrédulo, Álvaro insistió en preguntar, ya que un compañero de la inmobiliaria sí que le había dicho que podía hacerse por otra vía. “En otra ocasión sí, pero este piso se tiene que cerrar con Kiron”, insistía la comercial, “porque Kiron y Tecnocasa van de la mano”. 

“Lo siento, no puedes venir a ver el piso”, concluye la comercial al ver que Álvaro no accedía, tras lo cual advirtió que hablaría con el Ministerio de Consumo para averiguar si se trataba de una práctica abusiva. “Puedes consultar con consumo”, dice. En respuesta a elDiario.es, fuentes del departamento de Pablo Bustinduy reconocen la práctica como abusiva. 

Nacida en Milán y fundada por Oreste Pasquali, Tecnocasa tiene más de 1.000 oficinas en España, adonde llegó en 1994 con sedes en Madrid y Barcelona. Un año después abrió su financiera Kiron, que hoy tiene más de 100 oficinas en el país y se define en su página web como “el grupo líder en intermediación inmobiliaria y de crédito en Europa”. 

El CEO de Tecnocasa en España es Miguel Ángel Pérez Luna, que ocupa el cargo desde principios de 2018. La empresa facturó 35,4 millones de euros y ganó 12,2 en 2024, últimas cuentas disponibles. Cuenta con cuatro filiales entre las que está Kiron, que facturó 7,8 millones en 2024 y obtuvo 3,7 millones de beneficios.