El Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, quiere que otros ejecutivos autonómicos cofinancien que los estudiantes no empadronados de estas regiones usen la tarjeta de transporte público autonómica. El modelo a seguir son los convenios ya firmados con Castilla y León y Castilla-La Mancha. Estas regiones han calculado un gasto de siete millones entre 2022 y 2026, y de 39,4 entre 2026 y 2030, respectivamente, para que los estudiantes y trabajadores de determinados municipios se beneficien de los descuentos en el transporte madrileño. Madrid, por su parte, también hace aportaciones millonarias como fruto de ambos acuerdos, que explicitan que los pagos primero se presupuestan y luego se realizan solo en función de viajes hechos. Que ese tipo de pactos se vayan ahora a extender a otras regiones es producto de una rectificación de Díaz Ayuso, que ha pasado de exigir el empadronamiento para tener la tarjeta de transportes a abrirse a firmar convenios para eximir del requisito a los estudiantes de otras regiones.

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La apuesta de la Comunidad de Madrid por condicionar la tarjeta de transporte a que el solicitante esté empadronado en la región, lo que en este momento deja fuera del sistema a 200.000 estudiantes de otras provincias y migrantes sin este documento, acabará en los tribunales. Así, Izquierda Unida registrará próximamente un recurso contencioso-administrativo en el que pedirá la suspensión cautelar de la medida, según explica su líder madrileña, Carolina Cordero. Además, Más Madrid y el PSOE autonómico estudian qué pasos legales tienen a su disposición. Finalmente, el Ministerio de Transportes, que dirige Óscar Puente, analiza la controversia desde una “óptica legal”, según una fuente gubernamental del máximo nivel. Tras desvelar EL PAÍS la polémica, este lunes la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció un cambio: se firmarán convenios con otras regiones para que el requisito no afecte a estudiantes de otras provincias. Eso deja como principales afectados a los trabajadores residentes en otras comunidades, y a los migrantes, que se enfrentan a un sistema colapsado para darse de alta en el padrón de la capital. El Ayuntamiento de Madrid reconoce el problema y por ello ha habilitado la vía telemática.

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