El incendio de Padrón (en el sur de la provincia de A Coruña), que ya ha arrasado 330 hectáreas, ha obligado a la Consellería do Medio Rural a activar la Situación 2 como medida de emergencia preventiva por su proximidad a dos núcleos de población de la parroquia de Carcacía, Sobrerribas y Cruxeiras de Abaixo.

Este segundo núcleo ha tenido que ser desalojado al completo, con 10 viviendas en esta situación, según confirma a Europa Press el alcalde de Padrón, Anxo Rei Arca, que ha apuntado que el fuego ha excedido los límites municipales y ya ha entrado en Teo, avanzando hacia Vilar do Bispo.

En este sentido, el departamento autonómico ha confirmado que uno de los flancos del incendio se ha reactivado a lo largo de esta jornada. El fuego, declarado a las 16.01 horas del viernes en la parroquia padronesa de Herbón, ya ha calcinado 330 hectáreas, según las últimas estimaciones.

Además de los desalojos preventivos, en el marco de esta situación, la Guardia Civil ha confirmado al 112 que la circulación está cortada en dos vías: desde la parroquia de Carcacía a Padrón y desde Vilar do Bispo a Lampai, en Teo.

Aunque el sábado por la mañana parecía que avanzaba hacia su estabilización, las altas temperaturas en la comunidad gallega con temperaturas de más de 30 grados y el aire han complicado la situación. “Hay bastante aire, cosa que no pasó el vierno”, ha explicado el regidor. Con todo, no se han producido daños personales o a casas. “El máximo riesgo está en Cruxeiras de Abaixo. Allí está el personal trabajando para que las viviendas no se vean afectadas, pero está cerca”, detalla.

Rei Arca permanece con el personal de Medio Rural de la Xunta mientras se habilita el Puesto de Mando Avanzado. Al mismo tiempo, las brigadas en el terreno se encargan de intentar canalizar el fuego para impedir su avance o, en todo caso, “conducirlo por los lugares medios dañinos”.

Hasta ahora, la Consellería do Medio Rural ha movilizado de forma acumulada a cuatro técnicos, 36 agentes, 47 brigadas, 33 motobombas, tres palas, siete unidades técnicas de apoyo, ocho helicópteros y siete aviones. Además, el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) apoya el operativo con dos aviones anfibios y un helicóptero, que trabajan de forma coordinada con el dispositivo de la Xunta para apoyar las tareas de control y extinción.

La Fiscalía de Málaga acusa a cinco personas por formar parte de una red radicada en la capital malagueña, aunque con ramificaciones en otros países, que supuestamente se dedicaba a la explotación sexual de mujeres migrantes a las que trasladaban a España a cambio de grandes cantidades de dinero.

Según las conclusiones iniciales del fiscal, desde 2010, los procesados formaban una organización, liderada por una de las acusadas, que tenía ramificaciones en otras provincias españolas y en países como Nigeria, de donde procedían la mayoría de las mujeres, Marruecos, Dinamarca y Alemania.

Cada uno de los supuestos miembros, señala la acusación pública en su escrito inicial, al que ha tenido acceso Europa Press, tenía presuntamente una función en esta red, que se encargaba del traslado, alojamiento y régimen de trabajo de las mujeres “con evidente ánimo de lucro”.

Pago de 35.000 euros y ritual vudú

En esta causa se relatan los actos supuestamente realizados por los acusados respecto a dos víctimas, mujeres nigerianas a las que, conociendo “su situación de extrema necesidad y precariedad económica”, convencieron para que vinieran a España a trabajar como peluqueras, aunque en realidad serían explotadas sexualmente.

En uno de los casos, dice el fiscal, la principal acusada sabía que la familia de esta víctima carecía de recursos “incluso para comer” y, antes de partir de su país, se le indicó que debía entregar por el traslado 35.000 euros, además de que “la obligaron a someterse a un ritual de vudú”.

Supuestamente fue obligada a ejercer la prostitución “para así saldar su deuda, de forma que entregaba todo el dinero” e incluso fue enviada a otros países, mientras su hijo pequeño se quedó con esta acusada, amenazándola, supuestamente, con que “no daría de comer al niño si no pagaba y lo entregaría a las autoridades españolas”.

Finalmente, cuando ya no pudo abonar más dinero, dice la Fiscalía, y “dado el temor que sentía por el bienestar de su hijo, acudió a las autoridades alemanas, que finalmente alertaron de la terrible situación de aquélla a la Policía Nacional, que logró que los Servicios Sociales se hicieran cargo del pequeño”.

En cuanto a la segunda mujer, dice el fiscal que también la convencieron dada “la necesidad y precariedad económica” para que viniera a estudiar y trabajar a España como peluquera; un viaje que realizó “en condiciones penosas” hasta Marruecos, donde también la obligaron a prestar “un juramento de juju”.

Según esta acusación, “tras un viaje en condiciones infernales en patera llegó a España”, donde fue obligada por ésta a ejercer la prostitución y como se negara a ello, ya que creía que trabajaría de peluquera, fue golpeada hasta que obligarla, haciendo jornadas de más de diez horas.

17 años de prisión

El fiscal señala en sus conclusiones provisionales que la principal acusada realizó más de 200 operaciones monetarias y recibió “numerosos envíos de dinero de hasta 13 mujeres nigerianas y de tres hombres daneses”. Otro de los procesados es su pareja, que ayuda a los traslados de las mujeres.

Otra acusada, la hermana de la primera, presuntamente también acompañaba a las mujeres y colaboraba en los envíos de dinero, al igual que hacía supuestamente otro procesado; todo esto una vez que las víctimas eran reclutadas en Nigeria por el último de los procesados.

Este juicio está previsto que se celebre este mes de junio en la Audiencia de Málaga. Para el fiscal, los hechos son constitutivos de dos delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y otros dos de trata de seres humanos en concurso con dos relativos a la prostitución.

Así, solicita en total por todos los delitos que se imponga a cada acusado la pena de 17 años de prisión. Además, considera que los procesados de forma solidaria deben indemnizar a cada una de las víctimas con 25.000 euros.